Zapatea y zapatea al ritmo de la canción “Adelante Monimbó”. En su mano derecha sostiene una bandera de Nicaragua que mueve al compás de la música. El sacerdote salesiano César Augusto Gutiérrez danza bajo el abrasador sol y finaliza con una reverencia. Baila en la Placita de Monimbó el pasado 7 de julio, posterior a una de las tantas marchas cívicas que se realizaron en Masaya.

Ahora, tiene más de un mes de exilio forzado por amenazas de muerte. En esta entrevista contestada por correo electrónico, asegura que los jóvenes promovieron el despertar de ser pueblo, que los monimboseños descubrieron con dolor que Daniel Ortega se convirtió en dictador, que la Iglesia siempre va a estar con el pueblo, pese a que los llamen “golpistas” y, finalmente, le dice al dictador que renuncie.

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Usted vivía en el Colegio Salesiano, ubicado enfrente a la Placita de Monimbó, ¿cómo vivió la represión policial y paramilitar?

Las balaceras y las bombas me daban miedo. Durante la primera fase del conflicto, nos tocó pasar noches sin poder dormir bien, igual que a toda la población de Masaya y Monimbó. A pesar de los enfrentamientos, pudimos realizar algunas acciones de carácter humanitario y pastoral: repartir víveres, granos básicos que recibíamos de algunas parroquias de Managua y Granada.

¿Cuáles considera que fueron los motivos para que los monimboseños se levantaran contra Daniel Ortega?

El principal motivo está en la indignación que produce la injusticia y la violencia represiva en contra de personas que se manifestaban pacíficamente.

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Ver cómo golpean, disparan, hieren, matan y sufrirlo en carne propia en Monimbó; eso revuelve por dentro, duele, indigna.

El autoritarismo, el irrespeto a los derechos humanos, la inconstitucionalidad. Todo esto hizo que se despertara la conciencia de ser pueblo, la conciencia de que la vida, libertad y la justicia son valores irrenunciables.

La gente de Monimbó descubrió con dolor que el gobernante se volvió dictador y ningún dictador es bienvenido a Monimbó.

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La dictadura califica a las protestas cívicas como “un golpe” y a la misma Iglesia de “golpista”. Aseguran que los manifestantes son “vagos”, “delincuentes”. ¿Cómo valora este argumento?

En Nicaragua no hay ningún golpe de Estado. Lo que hay es un pueblo que reclama justicia, libertad y democracia. La tragedia de estos meses ha sido provocada por un gobierno incapaz de escuchar los reclamos del pueblo, un gobierno que ha usado la fuerza en modo desproporcionado y criminal.

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Como sacerdotes estamos llamados por Dios a acompañar al pueblo. Por estar con el pueblo, por defender su dignidad y sus derechos se nos ha acusado de ‘golpistas’ y algunos han sufrido, incluso, físicamente el ataque y la violencia de grupos progubernamentales y de las fuerzas policiales. Servir a Dios es enfrentar el riesgo político de salvar vidas, defender la dignidad y la justicia.

Una de las estrategias de los tiranos es descalificar y buscar desacreditar a quienes reclaman justicia, libertad y democracia. No son delincuentes ni vagos; son personas trabajadoras, profesionales.

¿Qué busca la dictadura con apresar a más de doscientas personas, de los cuales la mayoría son jóvenes?

Los primeros en reaccionar ante la injusticia y la represión fueron los jóvenes; ellos despertaron en todos la conciencia de ser pueblo. Las palabras que monseñor (Silvio) Báez les dijo en abril: “Ustedes son la reserva moral de este país, gracias porque ustedes han despertado a esta nación”.

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Precisamente porque los jóvenes han demostrado que son capaces de amar, de luchar por lo que es justo, son críticos frente a quienes no quieren que la gente piense por sí misma, por eso es que se les persigue, se les quiere callar, reprimir y matar. (…) Todos los presos políticos se les ha criminalizado porque expresaron su inconformidad con el sistema corrupto e injusto.

Padre, usted salió del país por amenazas de muerte y cárcel. ¿Cree que Ortega pueda convertir en realidad ese tipo de amenazas contra miembros de la Iglesia católica?

Después de ver el grado de criminalidad e inhumanidad que el Gobierno ha mostrado en estos meses, no puedo pensar que sea solo una forma de decir.

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¿Alguna vez sintió que estuviera en riesgo de morir debido  a las amenazas que recibía?

Sabía que me tenían en la mira, pero ver por dos días asediada la casa donde estaba, me dio miedo no solo por mí, sino también por mi familia.

Ortega dijo que no habrá más diálogo. ¿Cuáles son las siguientes acciones que deberían de desarrollar los obispos?

Los obispos fueron llamados a ser mediadores y testigos del Diálogo Nacional y han ejercido este servicio con gran sabiduría gracias a Dios.

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De parte del Gobierno no hay voluntad de diálogo. La persecución a los miembros de la Mesa del Diálogo y la descalificación hacia los obispos lo demuestra. Ellos, sin embargo, han sido claros: el diálogo es la única vía para que en Nicaragua no se siga derramando sangre. La violencia no es camino de liberación.

¿Cómo vive la crisis de Nicaragua desde el exilio? 

Dejar tu patria porque te persiguen, dejar a las personas que amas, dejar la comunidad a la que pertenecés y el trabajo pastoral que estaba haciendo… todo eso duele. Y duele más estar lejos y ver que continúan los asedios, la persecución, la represión, la muerte. Hacia el futuro próximo, yo veo un país libre.

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Si tuviera la oportunidad de hablar con Ortega, ¿qué le aconsejaría? 

Que no se siga manchando las manos de sangre. ¡Renuncie!

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La caída de consumo interno y la desaceleración en las exportaciones —producto de la crisis sociopolítica que enfrenta el país— habrían ocasionado que las expectativas de inversión al término del año no sean “alentadoras”, advirtieron el domingo el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), a través de la encuesta de Monitoreo de las actividades económicas de Nicaragua, que publicarán este lunes. El país vive su día 167 desde que iniciaron las protestas, brutalmente reprimidas por el Gobierno.

“Las expectativas de inversión para el cierre de 2018 no son alentadoras. Para la mayor parte de los productos de exportación y los de consumo interno, el cumplimiento esperado de las inversiones planificadas para este año es de 50 por ciento o menos”, arrojan los resultados del monitoreo, para el cual se encuestó a 21 gremios que cubren 32 actividades económicas y a 53 empresas de sectores claves.

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Estas compañías brindaron información sobre producción, logística, empleo, ventas, exportaciones e inversiones de julio, así como sus perspectivas para el resto del año.

En el peor de los casos, las turoperadoras, hoteles pequeños, distribuidoras de vehículos automotores, de equipos médicos y medicinas esperan cumplir con menos del 30 por ciento de la inversión planificada en 2018.

Asimismo, la evaluación de la encuesta realizada por el sector privado analiza las expectativas de venta en dos y seis meses.

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Las expectativas de ventas dentro de dos meses —con respecto a julio— son mayormente positivas para los productos de exportación y negativas en el caso de los productos de consumo interno, “lo cual refleja la percepción negativa que tienen los empresarios sobre el mercado nacional en el corto plazo”.

No obstante, las expectativas de ventas en los próximos seis meses —ya a inicios de 2019— es que la mayor parte de los empresarios van a mejorar con respecto a julio, tanto para los productos de exportación como los de consumo interno, lo que indica que los empresarios se ajustarían gradualmente a una nueva realidad, “donde continúan realizando sus actividades económicas a menor intensidad dentro del contexto de la crisis”.

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El monitoreo señala que dentro del consumo interno, además de ser afectados los restaurantes, hoteles, turoperadoras y construcción, hay una fuerte contracción en el comercio como resultado de la reducción de ventas al por mayor y menor, a consecuencia de los menores ingresos que disponen para consumir las personas por el aumento del desempleo y la informalidad laboral, así como la inseguridad en diferentes ciudades del país.

Mientras que los productos de exportación muestran desempeños relativamente mejores a los de los productos de consumo interno, sin embargo hay una desaceleración marcada por un menor volumen exportado, principalmente en los productos lácteos y los bajos precios internacionales.

La advertencia de Fideg

La semana pasada, la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg) advirtió que si en el contexto de convulsión actual el consumo se contrae drásticamente, la pobreza general se ubicará a niveles no vistos desde antes de 2009.

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Cosep señaló ahora con mucha preocupación que los productos más afectados por la crisis son claves en la economía nicaragüense, “resultando con mayores pérdidas totales no solo por su aporte en el valor agregado, sino también por la generación de empleo”

Según el reporte del BCN, en marzo la planilla del INSS incluía 896,869 afiliados, pero en junio dicha cifra bajó a 810,430, eso significa que entre abril y junio se dieron de baja 86,439 asegurados.

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Es decir, desde que estalló la crisis el 18 de abril hasta el 30 de junio, el instituto perdió 1,168 afiliados por día.

Funides estima que a julio de 2018, 347 mil personas han sido despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo. Para evitar una mayor pérdida de empleo, el sector privado habría adoptado medidas tales como modificaciones de horario de trabajo, flexibilidad en la asistencia al centro de trabajo e incluso enviando a colaboradores de vacaciones. Cosep y Funides reiteran la importancia de que exista voluntad política del Gobierno para buscar una salida a la crisis .

Posibles escenarios

Funides ve dos escenarios: el primero supone una “nueva realidad”, donde, a pesar del contexto, se continúan realizando sus actividades económicas. En este caso, la actividad económica se contraería 2.1 % en 2018, con pérdidas de US$946.2 millones en valor agregado.

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El segundo supone que la violencia se intensifica. En este escenario, la actividad se contraería en 4 %, lo que representaría una pérdida de US$1,214.2 millones en valor agregado.

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Cuando un manifestante azul y blanco es apresado y la Policía Orteguista anuncia que remitirá su expediente a la Fiscalía para ser acusado, abogados penalistas y organismos de derechos humanos saben que la causa caerá entre los Juzgado Quinto, Sexto y Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua.

No es que solo existan estos tribunales, sino que en la práctica obedecen a la parcialización del sistema de justicia penal de Nicaragua.

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Ese sistema distribuye estos expedientes entre los jueces “fieles” al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, coincidieron abogados.

Esta tómbola “dirigida” de casos donde el partido tiene interés, se ha visto desde hace años, pero durante la criminalización de la protesta cívica del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se ha exacerbado. Lo mismo pasa cuando el expediente es remitido a juicio, ya se sabe en qué juzgados caerán, señalan los mismos penalistas.

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El régimen de Ortega admitió el pasado 20 de septiembre que tenía 204 presos, detenidos durante las protestas iniciadas en abril, los que son calificados por defensores de derechos humanos como “reos políticos”. De esos, 197 están en proceso judicial y siete han sido condenados. Las cifras fueron presentadas por el viceministro de Gobernación, Luis Cañas, en los medios oficialistas, aunque no incluye que el hecho que son más de cuatrocientos los acusados a quienes los jueces les han girado órdenes de captura.

El destino de este tipo de causas judiciales es siempre el mismo: un juez que intentará cumplir con todas las formalidades del caso, para dar visos de legalidad al proceso, pero en el fondo responderá al designio que, desde la más alta cúpula del poder, ya declaró culpable a los manifestantes, mientras los familiares de estos recibirán poca información sobre la situación de estos en las cárceles de la dictadura, según fuentes consultadas.

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Rosario Murillo, vicepresidenta de Ortega, es una de las que más ha dicho epítetos contra los manifestantes en el sistema político imperante en el país, en el que todos los poderes del Estado, incluido el poder judicial, están subordinados. Ella los ha llamado “chingastes”, “puchos” y, tanto ella como su marido, han dicho que fueron víctimas de un “golpe de Estado”, con lo que la suerte de los autoconvocados está echada.

Falso sorteo

El poder judicial instauró el sistema aleatorio (sorteo o tómbola) para distribuir expedientes en los juzgados de Managua, en noviembre de 2007. Los usuarios de la justicia celebraron porque se pensó ingenuamente que terminarían “los favoritismos y los casos por encargo”, sin embargo, en la práctica se mantienen, según conveniencia del orteguismo.

“No funciona el sistema aleatorio de asignación de expedientes, se nota su vulnerabilidad y su manipulación, principalmente en cuanto a la asignación de causas con intereses evidentemente político-partidarios y de Gobierno, cuando este elemento está de por medio, la asignación se hace a los judiciales más fieles al partido”, expresó el abogado penalista Nelson Cortez.

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Según información de la Corte Suprema de Justicia, el sistema informático Nicarao se encarga de distribuir de forma aleatoria las causas que ingresan a los más de sesenta juzgados del Complejo Judicial, de manera que a ninguno se le recargue más trabajo que a otro, como ocurría antes de la implementación del modelo de gestión de despachos, pero en la práctica es diferente, insisten abogados.

Falta independencia

Para Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), esta selectividad de ciertos juzgados para llevar casos “políticos” no es novedosa y deja al descubierto la falta de independencia del poder judicial.

“Nosotros hemos recibido una serie de denuncias de abogados al respecto, pero la denuncia que nos llegó bien documentada fue la de la exjuez Ana Justina Molina, quien denunció que estaban manipulando el sistema Nicarao para asignarle más casos a ella y presionarla laboralmente. Ahora esta manipulación la vemos palpable en los juicios contra manifestantes”, dijo Cuevas.

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Ante estas denuncias, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han sostenido que el sistema de Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Expedientes (Ordice) es “incorruptible y que no se puede manipular”, por lo que consideran imposible que los humanos puedan hacer algo para que un expediente sea asignado a un juzgado en particular, pero hasta los mismos fiscales y defensores públicos han denunciado “mano pachona” en dicho sistema.

“Cuando quieren fregar a alguien manipulan hasta la fecha y hora de notificaciones, ni se diga cuando quieren que determinado juez vea un caso”, dijo una fiscal, quien por la cacería que hay de trabajadores en las instituciones, omite su nombre.

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Consultarlo oficialmente es también tarea imposible. El poder judicial niega desde hace nueve meses el acceso a LA PRENSA a los tribunales y el bloqueo también se extiende a la posibilidad de cualquier comunicación con magistrados y funcionarios de otras dependencias de la Corte Suprema de Justicia.

Fidelidad a Ortega

Los jueces elegidos tienen dos características en común: la “fidelidad y obediencia política con el Frente Sandinista”, partido en el que militan, por lo que no les interesa la aplicación de derechos y garantías constitucionales y procesales de los reos con el fin de beneficiar al partido de Ortega, explicó Cuevas.

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En el mismo sentido, Gonzalo Carrión, asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), aseveró que los “jueces orteguistas” garantizan la violación de derechos humanos y procesales de los reos, desde el momento que hacen las audiencias en secreto, sin la presencia de familiares, de medios de comunicación independientes y no permiten que el reo elija su abogado defensor y le imponen uno de oficio.

“Es el retrato de la falta de autonomía de los jueces y del poder judicial. No examinan la acusación, la admiten sin mayor revisión, porque muchas de ellas deben ser rechazadas porque no individualizan las acciones de los acusados, los elementos que ofrecen como prueba no la sustentan y se contradice con la acusación, pero no les importa”, dijo Carrión.

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Para Cortez, los “jueces orteguistas están dispuestos a todo para lograr los fines que se persigue con la judicialización de las causas contra los adversarios políticos.

“Se nota que siempre esas causas son asignadas a los mismos jueces, a los más radicales y obedientes partidariamente hablando, y eso no es mera casualidad, es una directriz que se les orienta desde las altas esferas de poder y estos funcionarios las obedecen cabalmente como les gusta a sus superiores”, recalcó el abogado.

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Según Carrión, además de notarse la concentración de expedientes en determinados juzgados, también se ha observado el hermetismo y la falta de publicidad de las causas contra los autoconvocados, porque el expediente electrónico aparece enllavado, error de URL (dirección electrónica) y no se puede entrar, por lo que hay una desinformación a familiares del reo.

Castigo a jueces rebeldes

Para Carrión, la falta de independencia de los jueces durante esta etapa de represión judicial se ha visto palpable, al punto que los dos jueces que han “asomado la nariz ejerciendo su cargo con una señal de independencia los castigaron”.

Se trata de la juez Indiana Gallardo, extitular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, quien fue destituida en julio pasado por dejar entrar a una audiencia contra los cinco líderes del Movimiento 19 de Abril de Matagalpa a sus familiares y medios independientes, donde se vio cómo maltrataban a los reos. Fue sustituida por la juez orteguista Karen Chavarría.

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Mientras el juez Carlos Solís Solís fue trasladado en agosto pasado de juez Décimo Distrito Penal de Audiencia a juez Cuarto de Ejecución de Sentencia de Managua. Esto se debió a que el doctor Solís rechazó acusación por falta de mérito y ordenó la libertad para Reynaldo Lira Luqués, defensor de derechos humanos acusado de amenaza.

Además rechazó una acusación por falta de mérito contra Orlin Andrés Calero Jarquín, del barrio Quinta Nina de Managua, quien fue acusado por tener el cilindro de una bomba sonora ya usada en su casa, de las miles que ha usado la Policía Orteguista contra el pueblo manifestante y quedan tiradas en las calles. Fue sustituido por el juez orteguista Celso Urbina Orozco.

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La influencia del FSLN en el poder judicial ha sido denunciada durante años. La estructura de mando de la Corte Suprema de Justicia está dominada por magistrados de ese partido. En 2013, uno de los pocos magistrados liberales —cercanos al caudillo liberal Arnoldo Alemán— reconoció a los medios que la influencia rojinegra era tal que controlaban al menos el 70 por ciento de la maquinaria judicial, lo que habría aumentado al 90 por ciento en los últimos años. Según información de los tribunales, los jueces del orteguismo que actúan como verdugos de los azul y blanco son: Henry Morales, Julio César Arias Roque, Abelardo Antonio Alvir Ramos, Ernesto Leonel Rodríguez, Rosario Peralta, Adela Cardoza y Edgar Altamirano.

La fuerza de la población autoconvocada

Desde antes de ser presentados en los juzgados, la Policía Orteguista denuncia a los ciudadanos que participaron en las protestas como terroristas. Luego en las audiencias son vestidos con trajes azules. Pese a la estigmatización, que el régimen quiere imponerles, los reos políticos han mostrado sus fortalezas y aparecen sonriendo en algunos casos o dicen “fuerza Nicaragua”, como ocurrió el 26 de septiembre pasado, cuando siete universitarios capturados en León gritaron eso previo a la audiencia en Managua.

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“Mujeres artistas: no existe tal cosa o persona… puedes ser una mujer y puedes ser una artista; pero lo primero te viene dado y lo otro eres tú”. Estas palabras de Dorothea Tanning definen a esta artista pionera del surrealismo a la que el Museo Reina Sofía de Madrid dedica una retrospectiva.

“Dorothea Tanning. Detrás de la puerta, invisible, otra puerta” es el título de la muestra, la primera retrospectiva en el mundo de esta mujer “que estuvo a la sombra de los grandes hombres artistas del siglo XX”, como su marido Max Ernst, según el director del Museo, Manuel Borja-Villel.

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Una mujer observa una la obra Abrazo 1962  pintada por la estadounidense Dorothea Tanning. LA PRENSA/EFE/Juan Carlos Hidalgo

“Tanning creía en el poder del arte para cambiar y crear ideas más allá de lo establecido”, ha subrayado.

La americana Tanning (Illinois, 1910-Nueva York, 2012) está considerada una de las artistas más importantes del siglo XX.

Pintora, ilustradora, escultora, narradora y poeta, jugó un papel muy importante en el surrealismo.

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Pero “por desgracia no ha sido suficientemente conocida o parcialmente conocida, aunque trabajó durante 70 años” y sus obras forman parte de muchas de las exposiciones de vanguardia, subrayó Borja-Villel.

La muestra, comisariada por Alyce Mahon, incluye más de 150 obras de arte creadas entre 1930 y 1997, algunas de ellas nunca vistas por el público, que proceden de colecciones privadas y de instituciones como el Centro Pompidou de París, la Tate Modern de Londres o el Museo de Arte de Filadelfia (EE.UU.).

Un viaje onírico, psicológico y rupturista por obras que van desde la pintura, dibujos, diseño de vestuario y decorados para ballet, instalaciones, esculturas, muchas de ellas “blandas” y varias películas.

Un impresionante recorrido también por salas con instalaciones temáticas en que el símbolo de la puerta, concepto en torno al cual gira la exposición, adquiere un valor muy importante.

El título de la exposición está sacado de una entrevista de Tanning con el crítico francés Alain Jouffroy en 1974 en la que explicó que su primer arte exploraba “este lado” del espejo de la puerta, mientras que su arte posterior se dirigía al “otro”, ofreciendo “un vértigo perpetuo” en el que la puerta visible o invisible, conducía a otra puerta.

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Detalle de la obra Perros de Citerea 1963 de Dorothea Tanning. LA PRENSA/EFE/Juan Carlos Hidalgo

Con esta idea, Tanning utilizó la puerta para dividir el espacio privado y público, en sus pinturas los cuerpos y esculturas tiene cuerpos arqueados en movimiento que parecen que quieren salir de las paredes, los marcos o los espacios para reflejar un mundo surreal y fantástico.

“La puerta era para la artista una invitación para entrar en un mundo de sueños y miedos”, recalcó el director del museo.
La exposición se divide en ochos secciones o habitaciones que muestran la evolución artística de Tanning.

La primera de ellas se abre con un autorretrato a lápiz de 1936 y la última termina con un autorretrato de 1986, “con la idea de reclamar un cuerpo fluido, en el que el deseo no tiene edad ni límite”, según la comisaria, que destacó que Tanning “abrió las puertas a una generación de mujeres rebeldes, que quisieron crear su propio lenguaje”.

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“El autorretrato” es la primera sala con las primeras obras de Tanning, donde se muestra su surrealismo, impactada por la exposición del dadaísmo en 1936 en el MoMA.

“Partidas de ajedrez” es otra parte importante de la muestra donde se contempla la importancia de este juego en la relación con su pareja Max Ernst y donde se ve todo lo relacionado con el ajedrez en pinturas, correspondencia y colaboraciones cinematográficas.

Otra de las salas es “La mujer niña”, en la que Tanning, a través de pinturas y escritos, a veces fantasmales, destaca el potencial erótico o la conciencia sexual de la preadolescente.

En “La novela familiar” explora la familia y los códigos patriarcales que ésta representa y cómo la artista lo subvierte. “La maternidad”, “Vidas de tango”, “Cuerpos y esculturas blandas”, que recuerdan a Louise Bourgeois, conforman la muestra.

En la exposición destacan también la instalación de “Hotel du Pavot, Chambre 202” (1973), una habitación surrealista con esculturas vivientes, y la zona que cierra la muestra “El deseo dionisíaco” con pinturas cuerpos entrelazados.

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Elena Poniatowska es una de las voces de referencia sobre el movimiento estudiantil de 1968 en México. Su libro, “La Noche de Tlatelolco”, recoge los testimonios de la matanza de estudiantes que marcó la historia del país y que este 2 de octubre cumple 50 años.

La escritora y periodista llegó a la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en la Ciudad de México, la mañana siguiente de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968.

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“Cuando llegué estaban todavía los tanques y los soldados en la plaza. Había muchos vidrios rotos y muchos zapatos tirados“, le cuenta a BBC Mundo Poniatowska, de 86 años.

La escritora había ido “entre amamantada y amamantada”: su segundo hijo tenía apenas 4 meses de nacido.

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A partir de ahí, comenzó a construir su libro, “La noche de Tlatelolco“, uno de los referentes del movimiento estudiantil y de la matanza.

En él hablan los estudiantes, padres de familia, profesores, pero también soldados y políticos.

Poniatowska, de origen aristocrático, no recuerda si cumplió los 10 años ya en México, o todavía en el barco en el que su madre la trajo desde Francia, huyendo de la Segunda Guerra Mundial.

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Después de estudiar en Estados Unidos regresó a México, donde un “interés de exploradora” la llevó al periodismo.

Desde entonces, ha sido testigo de la historia del país.

Se declara seguidora del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a quien apoyó en sus campañas. “Le tengo una gran esperanza”, dice.

La escritora recibe a BBC Mundo en su casa de la Ciudad de México. Allí la acompañan, además de sus libros y plantas, sus gatos Monsi y Váis, llamados así en honor a su amigo el escritor Carlos Monsiváis, quien murió en 2010.

En estos días, Poniatowska escribe una novela sobre el último rey de Polonia, Estanislao II Augusto Poniatowski, de quien es descendiente.

¿Cómo cambió México a partir del movimiento estudiantil del 68?

Fue muy importante políticamente. Una ciudad que estaba bastante muerta cobró vida.

Fue muy bonito. Los alumnos, algunos padres y gente que los apoyaban se volcaron a las calles en manifestaciones que llegaron a ser de 400.000 o 600.000 personas y en las que se tomó el Zócalo —en el centro histórico de la Ciudad de México—.

Gritaban consignas, estaban alegres de participar.

A partir de ahí se formó una sociedad más participativa, mas politizada. Con mayor participación de los jóvenes y mucho mayor preocupación por el país.

Creo que para los estudiantes de entonces la victoria era el hecho de ganar la calle, de manifestarse, sentir que la ciudad y el país podrían ser de ellos.

Pero también en su libro hay testimonios de parte de la población que no los apoyaba…

Sí. Algunos les decían que debían estar en los pupitres y no manifestándose. Criticaban a las chicas por usar minifaldas. No todo era unilateral. Hubo muchas actitudes distintas.

El gobierno se molestó mucho por que los estudiantes fueran a buscar a los corresponsales de los periódicos extranjeros que habían venido a cubrir los Juegos Olímpicos en México (que empezaron solo 10 días después de la matanza).

Los jóvenes les enseñaron que había otro México y no solo el país moderno que se quería proyectar al extranjero.

La prueba de eso es que en diarios extranjeros se publicaron fotografías de la matanza que no fueron publicadas en México.

El gobierno consideraba que los estudiantes eran una bola de revoltosos que no tenía ni idea de cómo estaban perjudicando al país. Ese era su punto de vista.

Estaban orgullosísimos de ser el primer país de América Latina escogido para realizar las olimpiadas y habían gastado mucho dinero en ellas.

Así que los que apoyaban a los jóvenes eran solo un sector de la población.

Otro sector, después del 2 de octubre, se sentó frente a su televisión para ver los Juegos.

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¿Cómo empezó usted a documentar?

Me impactó mucho que María Alicia Martínez Medrano, fundadora del teatro campesino, viniera a mi casa diciéndome lo que estaba pasando y que yo, como periodista, tenía que hacer algo.

Así que fui en cuanto pude a Tlatelolco. Después, la gente empezó a venir a mi casa a darme sus testimonios. También fui a la cárcel de Lecumberri, a ver a amigos de mi esposo, Guillermo Haro, que estaban presos sin razón.

Los testimonios empezaban de la misma manera. Que se vieron tres luces de bengala verdes y a partir de ahí comenzó la balacera en contra de los estudiantes indefensos.

Dicen que había hombres que tenían un guante o un pañuelo blanco en la mano que se comunicaban entre sí y que ellos eran los que disparaban.

Pero muchas cosas no se saben todavía. Por ejemplo, las cifras de muertos van desde 50 hasta 300.

Al día siguiente los periódicos y las televisiones no dijeron nada. Fue poco a poco que han ido saliendo las cosas.

¿Ahora es mejor la situación de los jóvenes en México?

No podemos generalizar. Pero es una verdad que ser joven en México no es ningún privilegio. Ellos siempre llevan las de perder.

Mira lo que pasó en Ayotzinapa, en Guerrero, la desaparición de los 43 estudiantes en 2014. Es aterrador.

Es un crimen de lesa humanidad.

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Y también muy mal cómo se han tratado a los padres: el gobierno le ha apostado al olvido, a la indiferencia.

Creo que no se podría exonerar al gobierno de Peña Nieto por este caso. Yo creo que en otro país hubieran sido condenados.

El expresidente Luis Echeverría, que era secretario de Gobernación en el 68, fue absuelto de la Matanza de Tlatelolco

Él estuvo bajo arresto domiciliario y ha sufrido el oprobio.

Sus últimos años han sido de encierro, amargos.

¿Qué es lo que queda por mejorar para la juventud?

Lo primero que se debe mejorar es la educación. Nuestro terrible problema ha sido tener una mala secretaría de Educación con un sindicato como el de Elba Esther Gordillo, que ha denigrado al individuo y a los maestros. Ojalá se logre reparar.

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No hemos tenido la educación ideal y no ha llegado a todos.

Estos días hemos visto grandes manifestaciones en la UNAM, primero por el asesinato de una estudiante, después por los ataques que recibieron por parte de los porros….

Sí. Eso es terrible y no debe pasar. Se debe proteger a los estudiantes.

Yo soy adicta a la UNAM y le tengo una fe enorme. Creo que es casi lo mejor del país. Y hay que defenderla siempre.

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Su libro fue modificado para quitar los testimonios de Luis González de Alba, un exlíder estudiantil, que se suicidó el 2 de octubre de 2016, y quien la acusó de tergiversar información.

Él me acusó de que algunas cosas que puse en el libro no correspondían con la realidad. Pero yo entrevisté a gente y todos tienen derecho a decir lo que recuerdan. A lo mejor el que se equivocaba era él.

Quitar su testimonio fue decisión de la editorial. Yo realmente de medidas legales no sé.

A mí todo eso me afectó muchísimo. Fue muy duro que el último artículo de alguien antes de suicidarse fuera en contra mía.

Yo jamás le voy a contestar. Si no le contesté cuando estaba vivo, menos ahora.

¿Usted considera que de alguna forma la victoria de Andrés Manuel López Obrador, que será el próximo presidente, tiene algo que ver con el 68?

Yo creo que tiene mucho que ver.

Aunque muchos líderes del 68 ya murieron, Algunos, como Gilberto Guevara Niebla o Salvador Pablo Martínez della Rocca, “El Pino”, son gente que apoya a López Obrador.

Creen que los jóvenes tienen que ver en este cambio, que fue una votación masiva hacia la izquierda. El hecho de que haya ganado produce al país una alegría enorme.

Yo estoy con él desde hace muchos años y tengo una gran esperanza.

Ahora hay que ver hasta que grado puede acabar con las graves lacras sociales del país. Recibe un México muy golpeado.

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El Procurador Laboral José Antonio López denunció este lunes que autoridades del Ministerio del Trabajo (Mitrab) de forma ilegal lo deshabilitó como procurador laboral, título honoris que posee desde hace ocho años, para representar de forma gratuita a personas de escasos recursos económicos.

Según el afectado, la arbitrariedad es en represalia porque actualmente representa a 80 exempleados públicos, mayoría médicos, que han sido corridos ilegalmente de sus puestos por haber brindado atención médica a autoconvocados heridos durante estos seis meses de represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Además, por haber expresado de alguna manera su descontento con el actuar violento de este régimen o haber colaborado con víveres a quienes estaban en los tranques de protesta social.

Quien firma la resolución es el director de la dirección de asociaciones sindicales del Mitrab, Engels Enrrique Uriarte ante quien el procurador laboral López interpuso este lunes un recurso de revisión de dicha Resolución 014-2018, dictada el 27 de septiembre del 2018 y notificada el pasado 28 de septiembre.

No es estudiante

Según Uriarte, la deshabilitación de López como procurador se debe a que ya terminaron las condiciones por las que le fue dada y es el hecho que ya no es estudiante de derecho, pues ya se graduó e incorporó a la Corte Suprema de Justicia como abogado y notario.

Además, refiere la resolución “que es una actualización del registro de procuradores laborales con el objetivo de verificar la extralimitación de funciones de ciudadanos habilitados como procuradores laborales, la pérdida de la condición por la que fueron acreditados o habilitados”, se lee en el documento.

“Porque no vieron eso antes. Lo están haciendo en represión por el servicio que presto como procurador laboral título que seguiré usando mientras los recursos estén pendientes de resolver. Además, porque no es legal el procedimiento, la ley 290 no establece causales para deshabilitar el título de procurador”, dijo López.

El denunciante agregó que nunca fue notificado por las autoridades administrativas de que tenía abierto un proceso administrativo para deshabilitarlo como procurador laboral y de seguridad social, por lo que abiertamente se le violó el sagrado derecho constitucional a la defensa.

“El Mitrab debió haberme comunicado que estaba siendo objeto de un proceso administrativo, por el contrario solo me notifica la resolución sin darme el derecho a la defensa y a contar con tiempo y medios adecuados, dicho de otra manera me dejó en indefensión”, recalcó el abogado, quien aseguró que se quedará como procurador laboral, aunque la ausencia de este título no le impide seguir ejerciendo la defensa de los extrabajadores públicos.

Según el abogado laboral la Ley 637 “Ley habilitación de profesional para procuradores laborales y de seguridad socia, en sus ocho artículos, no establece dicha norma, ninguna causal para perder el nombramiento de procurador laboral, por lo que considera ilegal su deshabilitación.

López solicitó en el 2011, su incorporación como procurador laboral y de seguridad social, conforme al acuerdo ministerial JCHG-005-05-08, y el 23 de septiembre del año 2011, se le otorga dicho nombramiento.

Entre los casos que López defiende en diferentes departamentos del país están 21 médicos de Estelí, 32 de Carazo, cuatro exoficiales de la policía, ex trabajadores de la alcaldía de Ticuantepe, del Ministerio de Educación, de Nagarote, la alcaldía de Managua, de Radio Nicaragua. Todos estos juicios están en trámites en los juzgados correspondientes.

8 años tiene el abogado José Antonio López de haber sido nombrado procurador laboral por el Ministerio del Trabajo, ahora decidieron revocar el nombramiento sin base legal.

Servicio social

José Antonio López, desde el 2011, tiene la envestidura de procurador laboral y de seguridad social, servicio que ha prestado gratuitamente a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) donde llega la gente de escasos recursos a solicitar su acompañamiento.

Actualmente sigue ejerciendo dichas funciones, en cumplimiento a una función de servicio social, ya que ha estado representado a muchos trabajadores del Estado en procesos administrativos ante el Mitrab, bajo esa envestidura y afirma que mientras no le resuelvan sus recursos seguirá usando dicho título.

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Cercos tumbados, sacos de arena desparramados y árboles cortados es lo único que quedó en los terrenos ubicados a la orilla de la pista Suburbana, donde estuvieron precaristas durante varios meses y finalmente fueron sacados por el régimen de Daniel Ortega.

El área ocupada era tan extensa que el desalojo se prolongó durante cuatro días y se hizo uso de camiones y trabajadores de la Alcaldía de Managua para agilizarlo, mostrando un interés inédito en los meses de crisis sociopolítica puesto que al contrario se permitió invadir propiedades privadas.

Este lunes 1 de octubre, mientras que en el último lugar por desalojar, un cerro donde se aprecia toda la parte norte de Managua y su lago Xolotlán, donde ya se había concluido un grupo de obreros privados empezaban a levantar un cerco para evitar, o al menos dificultar que vuelvan los tomatierras.

La evacuación empezó el viernes 28 de septiembre de forma espontánea luego de escucharse que llegaría la Policía Orteguista a sacarlos; quedándose otros con la esperanza de que no ocurriera, pero fue inevitable.

Pagaban 30 dólares por mes

Vigilantes de la zona aseguraron que por cada champa que estaba en pie se le pagaba 30 dólares cada mes a una persona que fue la que lideró la toma del terreno y que pese a no tener papeles los moradores creían que no serían desalojados. Muestra de ello es que además de tender las chozas, habían hecho mejores notables de los terrenos disparejos, sacos de arena para evitar socavaciones y hasta habían quitado losas en la parte norte para tener conexión con el barrio Tierra Prometida.

Algunas personas llegaron este lunes solo a recoger algo de madera para leña. LA PRENSA/J.FLORES

Toda la mudanza de los tomatierras se realizó sin alteraciones y la Policía Orteguista solo tuvo que permanecer en el sitio para vigilar el desarrollo de la misma, no obstante las últimas personas que salieron, mostraron su molestia con el régimen porque fueron engañadas, “nos dijeron que estas tierras iban a ser nuestras, que no iban a permitir que nos sacaran”, manifestó una señora mientras recogía la última madera que le quedaba en el lugar.

Pero esta invasión de terrenos privados no es caso fortuito en el país, porque desde que estalló la crisis sociopolítica se dio una masiva toma de tierras en Managua y el interior de Nicaragua.

La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) muestra una radiografía del problema a partir de junio 2018. En el último informe de denuncias, con fecha del 28 de septiembre, la cifra llega a 9,800 manzanas, de las cuales 7,317 siguen ocupadas ilegalmente.

De acuerdo a los registros de Upanic, en junio se dio la toma de 3,633 manzanas, en julio 5,655.5 manzanas y en agosto 511.5 manzanas. Todo esto corresponde a 63 propiedades, localizadas en ocho departamentos del país, incluyendo la ciudad de Managua.

El primer desalojo

Los tomatierras que estaban en el costado este del Country Club fueron los primeros en ser desalojados en la ciudad de Managua.

En la madrugada del viernes 21 de septiembre llegaron al sitio una caravana de patrullas policiales y camiones de la Alcaldía de Managua, para desalojar a todos los precaristas. En un día se efectuó la operación.

Como si pasó un huracán. Así quedaron de arrasados los terrenos donde permanecieron precaristas durante varios meses. LA PRENSA/J.FLORES

Continuó con las personas que estaban en la parte sur de la pista de aterrizaje del aeropuerto Augusto C. Sandino, cerca del complejo habitacional Ciudad Belén. En ese lugar se habían puesto banderas rojinegro y mantas con los nombres de Daniel Ortega, Rosario Murillo y Laureano Ortega, que eran los nombres de los barrios improvisados.

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La nueva práctica de la Policía Orteguista (PO) de restringir las marchas de la población nicaragüense y algunos abusos policiales que ha podido observar a través de videos, son causa de preocupación para el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao.

“La Comisión todavía está evaluando esas nuevas situaciones y deberá muy en breve sacar un nuevo comunicado realizando una evaluación sobre la situación general de los derechos humanos en Nicaragua”, expresó Abrao.

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Una de esas situaciones está relacionada con la decisión de la PO que declara ilegal las marchas, refiriéndose en particular a las marchas de los Azul y Blanco, y que dijo Abrao, les llevó a pronunciarse públicamente de inmediato el pasado viernes. La PO advirtió también que quienes convocan a marchas “son responsables y responderán ante la justicia, de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades”.

Este lunes inició el 169 período de sesiones de @CIDH celebrada en esta ocasión en la Universidad de Boulder, Colorado, Estados Unidos sobre las que se refiere el secretario ejecutivo de este organismo @PauloAbrao. @laprensa pic.twitter.com/SGp64TyDr1

— Elizabeth Romero (@Eliz_Romero) 1 de octubre de 2018

“Entendemos que no es compatible con los principios generales democráticos de la región, ahora un pronunciamiento más sustantivo y estructural la Comisión lo deberá sacar en los próximos días”, señaló Abrao, quien consideró que este tipo de disposiciones son graves “porque las instituciones deben de funcionar para proteger a las personas y no para perseguirlas”.

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Las declaraciones de Abrao fueron ofrecidas este lunes en uno de los recesos del 169 período de sesiones de la CIDH, que se celebra en la Universidad de Boulder, Colorado, Estados Unidos, las que se extienden hasta el 5 de octubre y a las que LA PRENSA le da seguimiento tras una invitación de ese organismo.

Audiencias este martes

Para este martes está previsto la realización de dos audiencias vinculadas a la crisis de violaciones a los derechos humanos que enfrenta el país desde el pasado 18 de abril, y que ha recrudecido en los últimos días con más represión. Aún se desconoce si la representación del Estado de Nicaragua asistirá a las audiencias, aunque Abrao recordó que el Estado no ha enviado representación a la audiencias de la CIDH desde hace unos años.

Situación en Nicaragua después de disposición de Policía Orteguista de declarar ilegal las marchas causa preocupación a @CIDH dice su secretario @PauloAbrao. @laprensa pic.twitter.com/9WBJJnBAVm

— Elizabeth Romero (@Eliz_Romero) 1 de octubre de 2018

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No obstante, se mostró esperanzado que esta vez estas audiencias puedan tener la presencia de los representantes estatales para que ellos puedan ofrecer a la sociedad y a la comunidad regional, opiniones sobre las alegaciones que serán presentadas.

Este martes en el 169 período de sesiones de la CIDH serán escuchadas las denuncias sobre represión y violencia en el contexto de las protestas y la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua; así como detenciones arbitrarias y falta de acceso a la justicia.

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Durante el primer día de sesiones se realizaron trece audiencias y encuentros privados y las temáticas que están siendo abordadas en esta semana giran en torno a las situaciones de inseguridad, derechos violentados a pueblos indígenas y procesos de búsqueda de personas desaparecidas en conflictos armados en los países que los han enfrentado.

Las audiencias de la CIDH se realizan en Colorado, Estados Unidos. LA PRENSA/ Tomada de Twitter

Guatemala, Venezuela y Nicaragua

No obstante, resaltan los casos de Guatemala, Venezuela y Nicaragua que serán abordados en esas audiencias. Por ejemplo, este lunes se realizó de oficio, o sea convocada por la misma CIDH; una audiencia sobre el rol de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en la lucha contra la corrupción y su impacto en la situación de derechos humanos en Guatemala.

Sin embargo, la misma fue privada, según dijo el procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, Jordan Rodas, a petición del Estado de ese país.

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Otra de la audiencias que tendrán carácter de oficio es la vinculada con la situación de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis política que vive desde hace tiempo Venezuela, y que fue convocada por iniciativa de la CIDH.

Reunión con presidenta de CIDH

Este lunes defensores de Nicaragua y una representación del gremio periodístico sostuvo una reunión privada con la presidenta de la Comisión, Margarette May Macaulay, a quien según el secretario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, manifestó que le expusieron la preocupación que hay sobre el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, donde el régimen no cumple ni respeta las medidas cautelares otorgadas a los beneficiarios.

Parte de lo que expondrán en audiencia en 169 período de sesiones de @CIDH, en Boulder, Colorado, adelanta secretario de @CPDHNicaragua, Marcos Carmona. @laprensa pic.twitter.com/PsPGQPb8a1

— Elizabeth Romero (@Eliz_Romero) 2 de octubre de 2018

“Y al contrario, más bien hemos sido víctimas de agresiones, de amenazas y encarcelamiento. Esto es una situación que nos preocupa y hemos expuesto este problema”, expresó Carmona, quien manifestó que también le expusieron lo relativo a la prohibición de la Policía a quienes se atrevan a marchar.

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Patricia Orozco, una de las integrantes de esta delegación que entre las principales preocupaciones del gremio periodístico está relacionado con la amenazas a la vida de los periodistas, los obstáculos que existen para la libertad de prensa, que se manifiesta de diferentes formas y que va desde el robo de equipos de trabajo hasta el asesinato como ocurrió en el caso de Ángel Gahona.

“No hay libertad para compartir con la audiencia lo que la gente piensa”, dijo Orozco, quien destacó la detención más recientes del periodista y documentalista freelance Carl David Goette Luciak y recordó que ya hay antecedentes de periodistas expulsados.

Sensibilizan sobre derechos humanos

El objetivo de las audiencias es más que todo sensibilizar un conjunto de violaciones a los derechos humanos de la población de la región. “Hay muchos países de la región que están pasando por situaciones complejas y hay grupos sociales que están siendo afectados en sus derechos. La Comisión en ese momento escucha a las víctimas, intenta documentar estas informaciones, permite a los Estados durante a las audiencias públicas manifestar también sus opiniones y en seguida la Comisión evalúa cada una de las situaciones (…) va sacando a partir de sus herramientas respuestas para intentar oportunamente resolver estos temas, que se cumplan”, expresó Abrao.

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Hay situaciones estructurales que afectan a muchos grupos sociales, por ejemplo, actualmente en varios países están siendo afectados por industrias extractivas, por actividades mineras y respecto a uno de sus derechos básicos, como por ejemplo, el derecho a ser escuchados previamente antes de adjudicar obras que pueden afectar su medio ambiente, igual hay patrones de violencia policial en distintos países, de abuso de poder en la seguridad pública, así como la agenda de búsqueda de desaparecidos en las dictaduras que varios países han vivido en la región.

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El primero de octubre recién pasado, la muerte se llevó a casa a Charles Aznavour, a los 94 años de edad.  Por su personalidad campechana y actitud reposada ante la vida, daba la impresión de que iba a estar con  nosotros eternamente.

Parisino de origen armenio, surgió como baladista con el apoyo de Edith Piaff. Pronto se convirtió en el cantante francés más famoso del mundo.

Un filme de la Nouvelle Vague lo sitúa como icono cinematográfico: Disparen al pianista (1960), dirigido por Françoise Truffaut. Aznavour interpreta al pianista Edouard Saroyan (alias Charlie Kohler).

Inspirado en las películas policiales estadounidenses de bajo presupuesto de los años cincuenta, el filme impactó por su espíritu experimental, mezcla de comedia y tragedia con planos intertextuales;las conversaciones prolongadas sin relación con la trama inspiraron a Tarantino.

Las características principales de Aznavour como actor fueron su mirada melancólica y su cuerpo enjuto y pequeño (medía cinco pies, dos pulgadas de estatura), que le daban un aspecto de vulnerabilidad, ideal para interpretar personajes marcados por el destino.

LA PRENSA/EFE

Sus carreras paralelas

Como cantante y actor siguieron caminos separados (aunque cantó en películas protagonizadas por otros actores). No obstante, después de algunos protagónicos como El paso del Rhin (1960), de André Cayatte, su carrera en el cine se concentró principalmente en papeles secundarios, destacando en La cabeza contra la pared (1959) de Georges Franju; Los juegos (1970) del británico Michael Winner (Aznavour interpreta a un corredor olímpico inspirado en el checo Emil Zatopek) y El tambor de hojalata (1979) de Volker Schlondorf (novela de Gunter Grass).

En 2002 tuvo el rol protagónico en Ararat (2002), del director canadiense de procedencia armenia Atom Egoyam, como un cineasta que filma un documental sobre atrocidades contra los armenios.

Muy popular fue El mundo de los aventureros (1969), sobre novela de Harold Robbins, mezcla sensacionalista del mundo del jet-set y las revoluciones comunistas.

Estrenada en época de gran efervescencia revolucionaria, fue rechazada por sectores intelectuales de izquierda por sugerir que las revoluciones triunfantes adquieren de forma casi natural las características de las dictaduras que reemplazan.

El tiempo ha mejorado la percepción del filme. Aznavour comparte escenas con el yugoslavo Bekim Fehmiu, Rosssano Brazzi, Candice Bergen y Fernando Rey.

Vista de flores junto a la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood del cantante y actor francés Charles Aznavour .  LAS PRENSA/EFE/EUGENE GARCIA

Fue un auténtico poeta

Como letrista, fue un auténtico poeta, especializado en la canción autobiográfica de hondo dramatismo. Venecia sin ti, éxito de multitudes, excesivamente convencional, no se cuenta entre las favoritas de los aznavourianos, que preferimos La Bohéme (sobre un artista que retorna a los lugares donde pasó sus años de bohemia juvenil y lo encuentra todo cambiado), La Mamma (1962) y Une vie d’amour (música de George Garvarentz), compuesta para el filme soviético de espionaje Teherán 43 (1981), con Natalya Belokhvostikova y Alain Delon.

Aznavour fue siempre sensible a las causas de los necesitados. Ante la crisis de los refugiados en Europa, ofreció su casa como albergue de emigrantes.

Su voz caprina, no era potente. Pero, sensual y clara, lograba transmitir sentimientos de forma sencilla y directa, mejor que otros cantantes con voces más sofisticadas.

*Escritor y crítico de cine

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Carl David Goette-Luciak, el periodista y documentalista austríaco-norteamericano que fue capturado la mañana del lunes en Managua, fue llevado semidesnudo y esposado, por la Policía Orteguista (PO), hacia el aeropuerto Augusto C. Sandino para ser deportado hacia El Salvador, según informó este martes el periodista nicaragüense Wilfredo Miranda, quien logró contactarse con Luciak.

Luciak le manifestó al periodista nicaragüense que antes de ser llevado hacia el avión que lo trasladaría hasta El Salvador, la PO lo interrogó en una “habitación blanca” durante cinco horas, donde le explicaron que su deportación se da por supuestamente propagar información falsa y por participar en “protestas ilegales”.

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Además, Luciak contó que un oficial de la PO lo amenazó con torturarlo en El Chipote si no brindaba la contraseña de su celular, y también le cuestionó si era agente de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés).

El periodista extranjero daba cobertura a las protestas ciudadanas, iniciadas el pasado 18 de abril, contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

Deportación irregular

El defensor de derechos humanos, Juan Carlos Arce, argumentó que la expulsión Luciak no corresponde a un proceso de deportación regular y es más un mensaje de intimidación contra los periodistas internacionales que quieran informar sobre la crisis sociopolítica que atraviesa el país.

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“Hemos tenido conocimiento de que prácticamente fue sacado en short y descalzo, fue expulsado del país porque esto no es ni siquiera una deportación, para una deportación se sigue un proceso administrativo donde se termina con una resolución y esa resolución a su vez puede ser sujeto de apelación”, explicó Arce.

El defensor de derechos humanos también indicó que desde hace algunas semanas Goette-Luciak era víctima de acoso y amenazas por parte de los simpatizantes del Gobierno, pero que este no alcanzó a poner una denuncia formal.

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“Él temía ser capturado por paramilitares porque incluso en redes sociales afines al Gobierno que habían puesto precio a su cabeza, 50,000 córdobas de precio y había recibido constantes amenazas de muerte; entonces él estaba sumamente preocupado”, agregó Arce.

Ataque a la prensa extranjera

Mientras tanto Ilja Luciak, padre del periodista, dijo al Diario The Guardian: “Hablé con él anoche. Está bien… No hubo oportunidad de hablar sobre el momento en que fue interrogado, pero no resultó herido y dijo que estaba bien … Estaba absolutamente bien”.

Luciak dijo que creía que su hijo había sido deportado por atreverse a cubrir “el estado de represión” que el dictador, Daniel Ortega, ha instalado desde abril, represión que ha cobrado cientos de vidas y ha paralizado la economía del país .

“El régimen de Ortega debe tener miedo si deportan a alguien como Carl David. Realmente están tratando de hacer que el trabajo, en particular para los periodistas extranjeros, sea imposible … No quieren que se cubra la situación”, dijo Luciak.

Una opinión similar manifestó el funcionario del Cenidh quien recordó que desde que comenzó la crisis sociopolítica de Nicaragua varios periodistas extranjeros han sido echado del país, entre los casos más conocidos se encuentra el estadounidense Tim Roger, la documentalista brasileña Emilia Mello y la periodista alemana Sandra Weis.

“Obviamente esto es un mensaje, un mensaje de intimidación al periodismo, no solamente al periodismo nacional sino al internacional, es decirles que si pasan la raya van a ser sujetos de procedimientos que son totalmente violatorios de los Derechos Humanos y condenatorios desde el punto de vista de la libertad de expresión”, agregó Arce.

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Desde que Daniel Ortega regresó al poder, en 2007, ha disputado los símbolos religiosos, pero después de abril, cuando estalló la revolución cívica, la disputa ha escalado, pero ahora es más política, explicó un especialista en religiosidad popular que solicitó omitir su identidad por temor a represalias.

Esa disputa ha escalado al nivel que los orteguistas montan sus propias “procesiones”, contradiciendo a la Iglesia católica.

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Eso pasó en Masaya, con la celebración del patrono de esa ciudad, San Jerónimo. Los orteguistas han utilizado una réplica del santo para andar por las calles de la ciudad al ritmo de chicheros, marimba y un jolgorio disfrazado.
En consecuencia con el llamado que hizo la Iglesia católica de conmemorar las celebraciones religiosas en cada departamento del país en oración y recogimiento, los párrocos de las diferentes ciudades llamaron a sus feligreses a que así lo hicieran.

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Sin embargo, la dictadura ha hecho todo lo contrario y ha organizado celebraciones por su cuenta, bajo la excusa que ese es el sentir del pueblo. Eso pasó en Chinandega, con la celebración de Santa Ana; después en Granada, con la Virgen de la Asunción; en Camoapa, con San Francisco de Asís; en Managua, con Santo Domingo, y en finalmente Masaya.

En esos lugares hubo desfiles hípicos, elección de reinas y hasta corrida de toros, cuyas convocatorias fueron mínimas. La mayoría de esos eventos fueron organizados por el orteguismo al margen de la Iglesia católica.
El caso de Masaya es emblemático, ya que sus fiestas son las más largas y bullangueras del país.

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El último domingo, un grupo de simpatizantes del régimen llegó a asediar a la parroquia de San Jerónimo; enfrente de templo bailaron la réplica del santo, pero miembros de la Cofradía del verdadero San Jerónimo, que estaban en el interior del templo, ya que habían participado de la misa, cerraron las puertas y resguardaron la entrada principal de la iglesia.

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Para el especialista en religiosidad, ellos (los orteguistas) no podían permitir que el duelo se impusiera ante el símbolo religioso; sin embargo, su actuar fue equivocado y están “quedando como gente que se está burlando de la religión”, expresó.

A esto se debe sumar que el pasado 20 de septiembre, la réplica de San Jerónimo fue cargada por al alcalde orteguista Orlando Noguera, quien está desprestigiado, indicó el especialista. “Un símbolo tan querido es llevado por gente que no es querida”, afirmó.

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Por su parte, el sacerdote Camilo Díaz, rector del Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes, explicó que lo sucedido en Masaya es “una manipulación y un abuso de las cosas religiosas para conveniencias proselitistas partidarias políticas”.

Manipulación absurda

Pese a la manipulación que han hecho los orteguistas de las celebraciones religiosas, los verdaderos feligreses han acudido a los templos a orar y respetar el luto del pueblo de Nicaragua, y especial, el de Masaya, donde al menos 36 personas fueron asesinadas durante los primeros tres meses de la crisis sociopolítica.

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Para el padre Edwin Román, párroco de la Iglesia San Miguel, la “procesión” de San Jerónimo, organizada por la Alcaldía, es “una manipulación política para querer aparentar que todo está bien. Es absurdo que ellos, políticos, quieran organizar una fiesta religiosa, como que yo como sacerdote organizara una cosa política, es absurdo”, aseveró el sacerdote.

Dominar símbolos

La dictadura Ortega-Murillo desde siempre ha disputado los símbolos religiosos. Antes de la crisis sociopolítica que vive el país, los alcaldes eran los mayordomos de las fiestas.

Incluso, la misma vicepresidenta designada, Rosario Murillo, siempre menciona a diferentes santos en sus comunicaciones diarias y ha dispuesto de la colocación de tremendos altares a la Virgen María en diciembre.

En el 2017, la Iglesia católica rechazó un proyecto de ley para declarar las festividades de la Purísima Concepción de María y todas sus tradiciones como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación que envió el Ejecutivo. La presión de la Conferencia Episcopal de Nicaragua hizo que el dictador Daniel Ortega desistiera.

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La decisión de Daniel Ortega de cerrar todos los espacios de lucha cívica estaría encaminada a impulsar a la ciudadanía a que recurra a métodos violentos de protestas, donde el dictador tiene vasta experiencia y ventaja, advirtieron analistas y políticos opositores. Además de sepultar la Mesa de Diálogo, el régimen declaró ilegales las protestas cívicas y amenazó a empresarios para que estos no se sumen a paros nacionales.

Ortega ya ha dado muestras de hasta dónde es capaz de llegar para salvaguardar su poder: entre trescientas y quinientas personas asesinadas tras lanzarle sus fuerzas paramilitares y policías a la población desarmada.

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El analista político Carlos Tünnermann Bernheim, quien insiste en un diálogo nacional para buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país, dijo este lunes que indudablemente Ortega cuenta con la ventaja de la fuerza policial, la cual responde los intereses del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se coordina con las fuerzas paramilitares, lo que le ha servido al régimen para reprimir a los ciudadanos que se han sublevado. Mientras que en el campo de la confrontación, “la oposición ciudadana tiene todas las de perder”, porque, según Tünnermann, “la protesta es de carácter cívico y pacífico, y se oponen a la violencia”.

Momento en que la Policía Orteguista lanzó bombas a los manifestantes. LA PRENSA/ Manuel Esquivel

El viernes pasado, la Policía Orteguista (PO) advirtió en una nota de prensa que acusará formalmente a los organismos y a las personas que convoquen a “concentraciones ilegales”, lo que fue interpretado por los críticos como la criminalización de las protestas que demandan la salida de Ortega del poder desde el 18 de abril.

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Tünnermann insistió en que la Constitución Política “reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”. Pero el régimen pretende eliminar ese derecho constitucional con una simple nota de prensa policial.

No caer en la tentación de la violencia

En ese sentido, los analistas aseguran que los nicaragüenses no deben caer en la tentación de la violencia. Carlos Alberto Pérez, quien a inicios de este año participó en la creación de un nuevo partido denominado Propuesta Ciudadana, propone notificar a la Policía el recorrido de las marchas con anticipación, para demostrar que respetan los cauces pacíficos para protestar.

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“Las personas que organizan estas actividades tienen que realmente tratar de evitar la confrontación con las autoridades, pese a que estas autoridades están actuando contra la ley, pero nosotros no podemos hacer lo mismo, no debemos caer en esa tentación de la violencia”, dijo Pérez.

“Sabemos que no es un requisito ineludible (notificar), pero si existe una disposición de que para hacer una marcha hay que notificar, hay que hacerlo”, agregó Pérez.
Pérez aseveró que se tiene que evitar la exposición de la gente, como ocurrió con doña Coquito, la anciana que fue detenida como una criminal por la Policía el reciente domingo, porque intentó marchar.

Otro tipo de protesta

Luisa Molina, miembro de la sociedad civil, manifestó que ante la criminalización de la protesta civil, los ciudadanos deben de crear nuevas formas de protestar sin exponerse a la violencia del orteguismo, aunque también considera que no se debe abandonar definitivamente la movilización.

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Asimismo, opinó que los ciudadanos deben “desatar toda su creatividad”, para inventar nuevas formas de protesta, como lo fue la aparición de globos azul y blanco en las calles.

Molina agregó que se debe seguir demandando el diálogo nacional, porque hay que obligar a Ortega a buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país desde el 18 de abril, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles.

Obispos listos para dialogar

Aunque Ortega ya sepultó la Mesa de Diálogo, los obispos de la Conferencia Episcopal se reunieron este lunes en el Seminario de Nuestra Señora de Fátima, en Managua, para analizar la situación del país y aunque no ofrecieron conferencia de prensa, explicaron que siguen abiertos al diálogo nacional, del cual son mediadores y testigos.

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El cardenal Leopoldo Brenes, presidente del Episcopado, expresó brevemente que a la Iglesia católica le preocupa la violencia policial contra las marchas y las detenciones de ciudadanos que se movilizan pacíficamente.

Por su parte, el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, se pronunció por el respeto a la manifestación pacífica siempre y cuando estas se hagan “dentro de los parámetros pacíficos”.

Había expectativas de que los obispos dieran a conocer una carta pastoral sobre la situación del país, sin embargo, tanto Brenes como Álvarez dijeron que aún no hay un documento para referirse a la crisis sociopolítica a la que entró el país desde abril pasado.

Dos tipos de ciudadanos

Carlos Tünnermann Bernheim explicó que con la recién anunciada política de criminalización de la protesta, Daniel Ortega profundizó su intención de crear ciudadanos de primera y segunda categoría.

Tünnermann explicó que los simpatizantes del Gobierno tienen el privilegio de marchar protegidos por la Policía, pero los ciudadanos que lo critican no los dejan manifestar y son detenidos por los oficiales.

El analista político recordó que el artículo 48 de la Constitución Política indica que “se establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos, en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades”.

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Daniel Ortega tuvo múltiples razones para pedir el fin de semana reciente, a los congresistas estadounidenses, que “reflexionen un poco” en torno a la aprobación de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018. Entre esas razones, figura el demoledor impacto que tendría esa sanción en la estrategia país que aún no ha logrado concretar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y a través de la cual en el último quinquenio logró aprobaciones de préstamos anuales por 245.4 millones de dólares y desembolsos de 190 millones de dólares por año.

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Cada quinquenio Nicaragua debe diseñar junto al BID su estrategia país, donde se plasman las necesidades de financiamientos en sectores tan importantes como salud, transporte, energía e infraestructura, así como apoyo presupuestario. La última estrategia venció en 2017 y está pendiente la correspondiente al periodo 2018-2022. Una vez formulada esta debe ser aprobada por el Directorio del BID, donde están los países que han condenado la masacre ejecutada por Ortega.

LA PRENSA consultó al BID sobre la estrategia país para el periodo 2018-2022 y la entidad se limitó a responder que aún está en fase de formulación, pero no quiso dar más detalles. Además estimó que durante 2013-2017 Nicaragua obtuvo en aprobación un promedio de préstamos anuales por 245.4 millones de dólares y desembolsos anuales de 190 millones de dólares.

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La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018 contiene a la Nica Act y esta ordena limitar al gobierno de Ortega la aprobación de préstamos en organismos multilaterales, como el BID, solo para fines humanitarios y de promoción de la democracia.

De concretarse esa aprobación en el Congreso de Estados Unidos, economistas advierten que sería un nuevo golpe a la economía, al cambiar “las reglas del juego” de la nueva estrategia país con el BID y dejaría al régimen Ortega-Murillo sin financiamiento. Y en el caso de que las sanciones incluyan también los préstamos ya aprobados, sería “una estocada” que en el actual contexto económico haría retroceder el Producto Interno Bruto (PIB) “como diez años”, alertan.

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“La Nica Act cambia las reglas del juego completamente, porque si dice que solo se pueden financiar proyectos relacionados a educación y salud estoy fregado (como Gobierno) porque, por ejemplo, el BID apoya mucho al sector energético y da mucho apoyo presupuestario. Pero si la Nica Act dice que todos los préstamos del BID solo van a ser para temas de extrema pobreza relacionados con salud y educación”, entonces el país se queda sin financiamiento en el resto de sectores, explicó una fuente relacionada a organismos multilaterales que prefirió no ser citada.

El BID es la principal fuente de financiamiento externo de multilaterales del régimen de Ortega, señalado por la comunidad internacional como el principal responsable de la violencia en Nicaragua, que ha dejado más de quinientos asesinados. Antes de la crisis, el régimen había logrado pactar la estrategia país con el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero aún no concretaba con el BID.

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En la estrategia con el Banco Mundial para 2018-2022, se contemplan financiamientos para proyectos de educación, salud, transporte, agua y saneamiento, entre otros. Desde el inicio de la crisis, el BM no ha aprobado nuevos préstamos y se ha asegurado que sus fondos no se usen para otros fines, para los cuales no han sido pactados.

Por su parte, el BCIE aprobó en febrero de este año la estrategia país para Nicaragua 2018-2022, que contempla la aprobación de recursos por el orden de dos mil millones de dólares y desembolsos por 1,600 millones de dólares en el periodo.

Para el economista Pedro Belli, aunque el futuro de la ley aún es incierto, porque puede incluso sufrir cambios, de aprobarse tal como está planteada actualmente, Nicaragua seguiría recibiendo financiamiento para temas de apoyo a la democracia y la parte social.

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“De tal manera que no se acaba toda la plata, pero se acaba la que es para infraestructura y apoyo presupuestario, lo que significa que el Gobierno se quedaría únicamente con la plata que recauda de los impuestos”, dijo Belli.

Ante la falta de financiamiento que enfrentaría el régimen, algunos economistas han asegurado que podría buscar opciones entre sus aliados.

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Algunos consideran que el BCIE podría ser una de las instancias donde Ortega busque obtener los recursos que le suspendan otros organismos, sin embargo, el economista Alejandro Aráuz estima que la entidad regional no cuenta con los fondos necesarios para financiar todas las necesidades que enfrentaría Nicaragua, ya que serían entre cuatrocientos y seiscientos millones de dólares por año adicionales a lo ya pactado.

Otra opción que el régimen puede considerar para compensar la pérdida de financiamiento externo, según Aráuz, es la emisión monetaria y la deuda interna para neutralizar la recesión. Pero advierte que esto puede provocar inflación, que es al final uno de los peores cánceres para la economía.

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Al respecto, el economista Mario Arana consideró que el problema no es la falta de una estrategia país con el BID, pues se podría seguir trabajando con la anterior. Sin embargo, reconoce que de concretarse la aprobación de la ley y la aplicación de sanciones se afectará la construcción de obras de infraestructura, como hospitales y carreteras, que ha sido un área donde el BID ha tenido una participación bien activa y está contemplado en la estrategia país.

“Obviamente esto es un problema, especialmente en un contexto en el que el país venía atravesando un proceso de recuperación económica cada vez más relevante, en donde se estaban acumulando una serie de activos clave como la articulación con la Costa Caribe, por lo que tocaría esfuerzos y una serie de planes que no podrían seguir avanzando”, sostuvo Arana.

No obstante, Belli advierte que existe el riesgo de que la ley incluya también los préstamos que ya están aprobados: “No he visto que eso haya sucedido anteriormente, pero sí me han llegado rumores de que en este caso las instituciones internacionales han estado bloqueando desembolsos de préstamos ya aprobados. Eso sería el tercer tiro de gracia”.

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Según el economista, “el primer golpe de gracia fue la fuga de turistas que representa cerca de un 6 por ciento del PIB y eso no está regresando ahorita. El segundo, la Inversión Extranjera Directa que va a desaparecer porque nadie va a venir a invertir a Nicaragua, solo un loco lo haría en las actuales condiciones, con estos dos primeros se provocó un retroceso como de tres o cuatro años de retroceso del PIB, tal vez más, y si le quitan el dinero que viene de las instituciones internacionales y lo ya aprobado, el retroceso sería como de diez años”.

Solución política

Si finalmente se aprueba la ley conocida como Nica Act y se aplican sanciones que dejen sin financiamiento externo al régimen Ortega Murillo, según el economista Pedro Belli, la única opción que les quedará será permitir un proceso electoral libre y transparente lo más pronto posible.

“Si sigue como está ahorita esa ley y no hubiese forma de pararla, las consecuencias económicas van a ser devastadoras para Nicaragua”, advirtió Belli.

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Por su parte, el economista Mario Arana considera que las reuniones que han sostenido los miembros del Grupo de Trabajo integrado por doce países, el cual se formó en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), con altos representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial fue con el interés de incidir para que Nicaragua supere la crisis y retome la estabilidad.

“Lo que están haciendo desde sus ámbitos es discutiendo qué se puede hacer para contribuir a que se recupere el camino de la estabilidad y el progreso, y todos han acordado que esto pasa por una negociación política interna que garantice el cese de la violencia, la liberación de los presos políticos y el adelanto de elecciones. Esta es la agenda que la mayoría de países de América Latina ha aprobado y esos son los esfuerzos que se están realizando porque quieren estabilidad para la región”, explicó Arana.

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El aumento de las medidas de seguridad y requisas a los cabezales que ingresan a territorio nicaragüense por la frontera de Peñas Blancas, procedentes de Costa Rica, ha causado molestias a los conductores que tienen que esperar varias horas en una larga fila que ha comenzado a crecer en territorio costarricense, dijeron traileros consultados por LA PRENSA.

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“A mí no me atrasaron mucho, yo vengo vacío, y no tuve tanto atraso para pasar la frontera, pero en la fila me tocó esperar como cuatro horas del lado costarricense”, explicó un trailero nicaragüense que no quiso ser identificado, pero aseguró que fue a dejar productos al vecino país de Costa Rica y regresó vacío.

Otro trailero que se identificó como Marcos Cifuentes, originario de Honduras, señaló que no entiende a qué se debe que las autoridades hayan estado revisando minuciosamente los pesados vehículos.

Requisas son muy lentas

“Es que esas requisas son muy lentas, antes de pronto te escogían para revisión pero no era a todos los cabezales, y el que lleva su marchamo solo hacía el trámite y sigue su ruta hasta el país destino de la carga”, afirmó Cifuentes.

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“Esos retrasos provocan pérdidas para el conductor que tiene que gastar más dinero en alimentos, y es pérdidas para las empresas que están esperando les llegue a tiempo sus productos”, lamentó.

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Aún se desconocen las razones del régimen para incrementar los controles en el ingreso del transporte de carga procedente de Costa Rica.Oficialmente no se ha dado a conocer nada al respecto.

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La Policía Orteguista (PO) mantiene el cierre de toda una cuadra y sigue atrincherada en la delegación del Distrito Diez, ubicada en Ciudad Sandino, complicando la circulación vehicular de la zona, donde están los juzgados, el hospitalito y el mercado de ese municipio.

Desde que la protesta cívica se masificó en Nicaragua y la PO elevó la parada de represión contra el pueblo, esta delegación cerró la calle y colocó sacos rellenos de arena para disparar con ventaja frente a civiles que demandan justicia, libertad y democracia en el país, escribiendo en la historia un episodio más de resistencia frente a una dictadura.

Ante el cierre de la calle, los conductores deben bordear el cementerio, ubicado en la parte sur, lo que resulta complicado porque esa vía es angosta y se satura con facilidad.

Si alguien va a realizar un trámite a la estación debe dejar el carro frente a las vallas porque a nadie se le permite el paso.
LA PRENSA/J.FLORES

Al igual a otros sitios del país, en Ciudad Sandino hubo represión contra los manifestantes azul y blanco y también se contaron muertos, en casos que no han sido investigados al ser los autores de los asesinatos afines al régimen de Ortega.

Otras instituciones que se atrincheraron en la crisis

El edificio de la Policía Orteguista ubicada en Plaza El Sol, fue la primera en atrincherarse en la crisis que estalló en abril, cuya llama fueron una reforma al Seguro Social -ya derogada- y la explosión la brutal represión a la ciudadanía que protestaba la medida.

Se tumbó la malla perimetral y se construyó un muro con verjas, y también se instalaron cámaras de video que dan a la calle.

La Alcaldía de Managua fue otra institución pública que mejoró su seguridad al quitar la malla, se levantó un muro con piedra cantera y luego se reforzó la parte superior con malla. Además se colocaron cámaras de video y se instaló un campamento militar, con miembros del Ejército de Nicaragua a vigilar las 24 horas del día porque allí se guardaban morteros y armas hechizas con que se atacaron a los autoconvocados.

El Instituto de Medicina Legal también botó la malla perimetral y construyó un muro de concreto, desde el estacionamiento y la morgue, hasta la entrada principal al edificio, ubicado en la parte norte del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

Los muertos que se cuentan

El 18 de abril empezaron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y todavía no paran. En esos cinco meses y medio se han asesinado a 512 personas, de acuerdo al último informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

Por su parte, el régimen solo cuenta 199 personas muertas en la crisis socipolítica de que no logra salir pero que pregona que todo volvió a la normalidad.

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Luego de que el régimen de Daniel Ortega ordenara el desalojo de los tomatierras que permanecían en el costado este del Country Club, detrás del aeropuerto Augusto C. Sandino y a la orilla de la Pista Suburbana, ha disminuido la cantidad de los precaristas en propiedades privadas ubicadas en el kilómetro 17 de la Carretera Nueva a León.

Antes de que la Policía Orteguista (PO) empezara a sacar a los invasores, a diario se miraban llegar a familias enteras, con sábanas y otras pertenencias personales bajo el brazo, con la intención de quedarse aunque no tuvieran un documento legal que los respaldara.

Entre las numerosas champas se miraba al hormiguero de tomatierras reunido bajo la sombra de un árbol o mejorando el área con machete en mano, pero ahora son pocos los que están y solo se aprecian las chozas vacías.

Habitantes de la zona explicaron a LA PRENSA que algunas personas se han marchado porque hay temor que de pronto llegue la PO a desalojarlos como ocurrió en el sector del Country Club, detrás del aeropuerto y la Pista Suburbana sin importar que en los tres lugares mostraban el respaldo al régimen a través de mantas y con banderas rojinegro.

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En los terrenos tomados en la Carretera Nueva a León es similar: hay mantas que rinden pleitesía y se ven ondear algunas banderas del partido de Ortega.

“Se hace la lucha para que no los saquen, unos se quedaron pero otros se fueron al ver que han habido desalojo en varias partes de Managua”, manifestó un poblador de la zona que no reveló su identidad por seguridad.

Uso de suelo en la Pista Suburbana

El viernes 28 de septiembre empezó el desalojo de los precaristas en el sector de la Suburbana y se prolongó hasta el lunes por la cantidad de área ocupada. Estos terrenos actualmente están en proceso de entrega a sus dueños y su uso ha sido de extracción de hormigón y para urbanizar, pero en ningún caso agrícola.

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Por otro lado, la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) ha presentado recientemente un informe de la cantidad de tierras invadidas desde que estalló la crisis sociopolítica, que ha dejado luto por el asesinado de 512 personas, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

En el documento, Upanic señala que ha recibido 63 denuncias, que sumando todos los casos llega a 9,800 manzanas tomadas, donde han sido recuperadas apenas 2,483 manzanas.

Healy: están devolviendo terreno urbano, no rural

El lunes pasado el presidente de Upanic, Michael Healy, aclaró que la mayoría de los terrenos de donde han sido desalojados los precaristas en las últimas semanas, no son de sus agremiados.

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“Prácticamente los productores que nosotros tenemos en nuestras listas no se les ha entregado a ninguno, sí han habido productores que no se la reportaron a Upanic y posición individual han buscado un arreglo y han solucionado su problema; estamos viendo si que su mayoría son urbanas las que está devolviendo, no han devuelto propiedades rurales”, zanjó Healy.

Así les “paga” el régimen

Cuando los tomatierras los estaban sacando en los terrenos privados que están frente al Country Club, denunciaron públicamente que apoyaron las marchas y demás concentraciones del oficialismo, además de misiones para quitar los tranques de los autoconvocados, a cambio de no ser desalojados de las propiedades.

Pero cuando el régimen de Daniel Ortega logró su cometido de levantar los tranques, se olvidó de su promesa y empezó con el desalojo de los precaristas. En Managua se ha hecho uso de maquinaria y trabajadores de la Alcaldía, con presencia policial.

63 denuncias de invasión de propiedades privadas ha recibido la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) contando a partir del mes de junio.

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La sexta edición del Festival Gabriel García Márquez de Periodismo comenzó este miércoles 3 de octubre en Medellín con un debate acerca de los aprendizajes y retos del ejercicio de ese oficio a partir de un recorrido por los doce proyectos finalistas al premio homónimo.

Bajo el nombre de Maratón de las mejores historias de Iberoamérica, los creadores de los proyectos nominados desgranaron los contenidos de sus trabajos, que serán premiados mañana en cuatro categorías: Texto, Imagen, Cobertura e Innovación.

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El director de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Jaime Abello, expresó que el segmento con el que comenzó el festival que organizan en honor a Gabo es una “demostración de vitalidad del periodismo al traer proyectos realmente impresionantes” que, en muchos casos, “comprometen la integridad de los periodistas”.

Entre los finalistas, destacaron los tres “esfuerzos colaborativos”, nominados en la categoría “Mejor cobertura” que proponen caminos para que el periodismo pueda “reencontrarse” con su misión de servir a las audiencias.

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“Uno de los grandes retos contemporáneos es justamente la construcción de credibilidad y confianza entre las audiencias y quienes les proporcionan información”, agregó Abello.

En esta edición, reporteros y equipos periodísticos de El Salvador, España, Venezuela, Colombia, Argentina, México, Brasil y Paraguay han sido seleccionados como finalistas del Premio Gabo.

Política, tecnología y corrupción

Ellos fueron los encargados de abrir una programación que abarcará temas tan diversos como política, tecnología y corrupción hasta la memoria de García Márquez, nuevas manera de investigar, cocina y vallenato.

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Las primeras reflexiones fueron acerca de la migración y los refugiados en un debate moderado por el periodista brasileño Rosental Alves, quien profundizó junto a los reporteros sobre las historias detrás de trabajos como “Venezuela a la fuga”, de El Tiempo de Colombia y Efecto Cocuyo de Venezuela; “De migrantes a refugiados: el nuevo drama centroamericano” de Univisión y El Faro (EE.UU. – El Salvador) y “La estafa maestra” de Animal Político (México).

El festival, que se extenderá hasta el próximo viernes, continuará en la tarde con debates como “Nicaragua: el grito de los volcanes”, en los que participarán los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, o “Ellas, transformadoras del periodismo”, en las que participarán María Elena Salinas, Natalia Viana, Jineth Bedoya y Mabel Lara.

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Mientras la Policía Orteguista (PO) destina tiempo, recursos y armamento para disolver protestas y perseguir a quien se oponga al régimen gobernante, la institución aparta la vista ante temas sensibles como la desaparición de Diana Raquel Hernández, una adolescente de 12 años que está perdida desde el pasado 25 de mayo.

De acuerdo con Nora Hernández, abuela de la menor, la última vez que vieron a la adolescente esta iba de la casa de su abuela a la casa de su madre, ubicada en el anexo del barrio La Primavera, al este de Managua; desde ese día la han buscado en distinto lugares y en el Distrito Seis de la Policía no les dan respuesta, por lo que recurrió ante la Dirección de Asuntos Internos para que se investigue el caso.

El abogado del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Braulio Abarca, expresó su preocupación porque desde que la menor desapareció no han percibido interés de las autoridades para investigar el caso, situación que los obligó a recurrir a diferentes instancias.

“Con este caso hemos ido con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, fuimos incluso al Meseni, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, fuimos inclusive a la Relatoría Especial para los Derechos del Niño de la Comisión Interamericana y de Naciones Unidas. Es lamentable que la Policía a la fecha de hoy (2 de octubre) no haya dado con el paradero de esta niña de 12 años que goza de protección”, dijo Abarca.

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Por su parte, la abuela de la adolescente dijo que la desaparición de la pequeña no tiene relación con la crisis sociopolítica que atraviesa el país, ya que su familia no ha participado en las protestas contra el régimen gobernante.
Además, explicó que al momento de la desaparición la adolescente llevaba una camiseta rosada, pantalón azul y chinelas de gancho.

“Yo lo que quiero es que la gente no juegue con uno porque este dolor es grande, porque no es como cuando a uno se le muere una persona (un pariente), porque uno sabe que está ahí en el cementerio y yo no sé dónde está ella. Le hago un llamado a la gente de los departamentos que si la han visto que me apoyen, que nos avisen”, expresó Hernández.

La adolescente desaparecida es morena, cabello largo y aparenta menos edad. Sus familiares piden a quien la vea, que llamen al número 7731-8329, con Nora Hernández.

Los desaparecidos

Desde que el régimen de Daniel Ortega comenzó a reprimir las protestas, las historias de desaparecidos son cada vez más frecuentes. Estas personas podrían estar muertas, secuestradas o ser víctimas de desapariciones.

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Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), ellos han recibido una gran cantidad de denuncias sobre desapariciones forzadas desde que inició la crisis sociopolítica en este país.

De acuerdo con Oacnudh, Medardo Mairena, Pedro Mena, Christian Fajardo y María Adilia Peralta son algunas de las víctimas de una desaparición forzada por un periodo de tiempo.

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Tras ser declarados culpables por la juez Adela Cardoza, titular del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, la Fiscalía pidió este martes 24 años de prisión para nueve autoconvocados de Tipitapa, por haber participado en la colocación de barricadas en ese municipio en protesta contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre mayo y junio pasados.

La Fiscalía pidió dicha pena, luego que la juez oficiosamente dijo que existía una agravante de la pena porque los tranques estaban ubicados cerca de los colegios Gaspar García Laviana y Salomón Ibarra Mayorga.

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El abogado Julio Montenegro, defensa de los procesados, protestó por esta circunstancia que sacó a relucir Cardoza, pues ni el fiscal Rolando Zapata Morales lo había pedido, situación que causó otro enfrentamiento con la judicial.

Y es que todo este juicio se vio envuelto en altercados entre la defensa y la juez, donde salieron a relucir amenazas, insultos, descalificativos y hasta amenazas de cambio de defensa privada por una pública. Cardoza encontró culpables a nueve de los 12 civiles que estaban siendo procesados por participar en la instalación de tranques en ese municipio de Managua.

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Estos nueve manifestantes se suman a otros nueve ya condenados por el régimen. El mes pasado, la dictadura orteguista reconoció que tiene 204 reos políticos, aunque realmente la Fiscalía tiene a cuatrocientos acusados, algunos de los cuales aún están con órdenes de captura.

Fuertes altercados

Los altercados en el juicio llegaron al punto que la juez le dijo a Montenegro que si no se sentía capacitado, que podían programar la audiencia para otro día y este le contestó: “Estoy capacitado… le recuerdo que fui su docente en la Escuela Judicial”. Montenegro tiene 18 años de experiencia y fue director de la Unidad de Apelaciones del Ministerio Público hasta que renunció en el 2015.

La pena para el delito de terrorismo, según el artículo 394 del Código Penal de Nicaragua, anda entre los quince y veinte años de cárcel, pero con la agravante especificada esta subía hasta 26 años y cuatro meses de prisión, sin embargo la Fiscalía pidió 24 y la defensa la mínima, de 15 años.

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La justicia orteguista a su antojo ha decidido tipificar como terrorismo la instalación de tranques, pese a que fue el mismo mecanismo de lucha que empleó cuando Daniel Ortega gobernó desde abajo durante 16 años en los gobiernos liberales.

“Los procesados consideraron que su causa (de lucha) era más importante que el derecho a la educación, pensar, recrearse, orden público, respeto a la autoridad… Actuaron con conducta dolosa contra una población indefensa”, refirió la juez en su fallo de culpabilidad, sin mencionar las razones de por qué estas personas colocaron los tranques.

En su fallo, la judicial exaltó la prueba presentada por la Fiscalía conformada por policías orteguistas y descalificó a los testigos de la defensa, e incluso los calificó de forma peyorativa. “La testigo Bernarda Díaz fue contradictoria… ilógica, absurda… plagadas de falsedades”, dijo la judicial.

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De igual manera, descalificó el testimonio de Maynor Martínez, que contó cómo paramilitares entraron a secuestrar a su familiar, todos fuertemente armados, uno incluso con arma con mirada telescópica y les tiraron bombas lacrimógenas dentro de la humilde vivienda y ellos creían que se estaba quemando la casa.

Sin embargo, la juez le dijo que era “fantasioso”, que la máxima de la experiencia le dicen que la persona busca como resguardarse y no andar como Sherlock Holmes, un personaje creado en 1887 por el escritor escocés Arthur Conan Doyle. Este es un detective inglés que con su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles, según se lee en la internet.

Entre los declarados culpables están Wilmer Martínez Díaz, Ervin Alexander Zamora Peña, Daniel Alexander Sánchez, Junior Alexander Sánchez, José Margarito García Orozco, Juan Carlos Bermúdez, Wilfredo Orozco Urbina, Mauricio Paniagua y Yudielka Yaneris Flores Aburto.

Juez hace gala de experiencia militar

Durante el fallo, la juez Adela Cardoza, una de las fieles al régimen Ortega-Murillo, hizo gala de sus conocimientos militares en el juicio y dio por hecho que el procesado Wilmer Martínez tenía un arma calibre 38, porque le incautaron cinco cartuchos de ese calibre, aunque esta no fue presentada en juicio.

“Si utilizamos la prueba indiciaria… y aunque no se trajo un revólver 38… yo me acerqué a las evidencias, y además como públicamente se maneja, yo pertenecí y me siento muy orgullosa de haber pertenecido al Ejército de Nicaragua, entonces sé y tengo conocimiento, no soy ignorante, nadie va a tener proyectiles si no ha tenido arma, no las va a tener como una reliquia o un suvenir”, dijo la juez.

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Según la Fiscalía, los procesados fueron capturados en los tranques de Tipitapa; sin embargo, sus familiares dicen que estos fueron secuestraron dentro de sus casas durante un operativo de paramilitares y policías a las 5:00 de la mañana del 1 de julio de 2018.

Los operativos se efectuaron sin orden de captura en los barrios Tangará y Oronte Centeno, en Tipitapa.
La lectura de sentencia fue programada para el próximo 11 de octubre.

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Las denuncias del asedio, hostigamiento, amenazas de muerte y persecución que sufre el periodismo nacional señaladas por un grupo de periodistas, directores de radios comunitarias y defensores de derechos humanos, le llevó al comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, a externar su preocupación porque el país pueda estar entrando a una cuarta etapa de la represión del régimen y esta vez sea contra las mujeres y hombres de prensa.

El comisionado Hernández hizo esta advertencia durante una de las dos audiencias en el 169 período de sesiones de la CIDH, en Boulder, Colorado, sobre la crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua en lo que han sido más de cinco meses de represión a las protestas.

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Tras referirse a las tres etapas de la represión de la protesta social, Hernández dijo: “Con lo que ustedes nos informan, veo además un elemento adicional preocupante, pareciera ser que la próxima etapa tristemente va dirigida a los comunicadores y eso me preocupa mucho, porque hemos podido observar y nos hemos beneficiado como Comisión, es de que existe una prensa independiente que ha venido informando a los nicaragüenses y a la comunidad internacional sobre lo que está sucediendo y me preocupa mucho que estemos llegando a una cuarta etapa de la represión”.

El comisionado Hernández señaló que ha observado que las recomendaciones efectuadas, tanto por la CIDH como por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas “constituyen una hoja de ruta para poder avanzar en la solución a la crisis nicaragüense y a la reconciliación nacional, estoy convencido que si las autoridades nicaragüenses toman esta agenda de derechos humanos podemos empezar un ambiente de distensión, mientras no resolvamos esta problemática de derechos humanos, pareciera que estamos en una bola de nieve donde simplemente los problemas se van acrecentando día a día”, dijo.

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Momentos antes, los representantes de los periodistas habían presentado el panorama de intimidación en el que labora el periodismo independiente en el país.

Periodistas exigen que se respete el derecho a la libertad de prensa en Nicaragua. LA PRENSA/J.FLORES

Por ejemplo, Patricia Orozco, directora de Onda Local, señaló que “los medios de comunicación independiente no escapamos a la política de terror del Gobierno. Menos aún, las radioemisoras locales quienes enfrentan el asedio frontal de fuerzas policiales y paramilitares por informar lo que sucede”.

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“La agresividad” se manifiesta cuando secretarios políticos municipales del partido de gobierno y autoridades locales dicen abiertamente que las emisoras locales son enemigas del régimen, “les califican de golpistas, y han incitado a sus afines a hacer justicia por sus propias manos”, denunció Orozco.

Otro de los expositores fue el director de Radio Darío, de León, Aníbal Toruño, quien no solo denunció la situación personal que atraviesa tanto él como su familia y personal de la emisora pese a contar con medidas cautelares de protección “la Radio continúan siendo amenazada y atacada. Nos sentimos en peligro. Ejercer nuestra profesión en mi país es tratado como un crimen por el régimen”.

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Toruño hizo un balance de lo que ha significado las coberturas de las protestas de los manifestantes Azul y Blanco en el país en su mayoría por parte de las fuerzas del régimen y mencionó, un periodista asesinado, otro muerto de forma imprudente, un herido de bala, 38 periodistas, directores de medios y personal de prensa han sido víctimas de robo de equipos de trabajo de amenazas de muerte, retenciones o secuestros a equipos que cubren las protestas, cinco canales han sido censurados y el reciente secuestro y expulsión de un periodista extranjero.

También denunció Toruño que “a última hora hemos conocido que varios periodistas del Diario LA PRENSA están siendo intimidados por parte de la Policía y paramilitares para obligarlos a renunciar lo cual evidencia la gravedad de la situación que enfrentan los periodistas en Nicaragua”.

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De esta manera Toruño hizo referencia a los casos de los periodistas Eddy López, de León, Roberto Mora, de Estelí, y William Aragón, de Madriz, hostigados, asediados, amenazados e intimidados por allegados al régimen y por la misma Policía Orteguista.

Orozco había expuesto el caso particular de los periodistas de Onda Local, que siguen recibiendo amenazas vía digital y especialmente el de Julio López, agredido en la marcha del 18 de abril “de forma brutal” por grupos afines al régimen y en presencia de la Policía Orteguista, quien fue diagnosticado por dos neurólogos con trauma cráneo encefálico y como secuela le quedó amnesia del episodio.

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“Se necesita de un ambiente de seguridad libre de amenazas para ejercer la profesión, la CIDH debe establecer un mecanismo de protección eficaz para el periodismo independiente de Nicaragua”, demandó Orozco como peticionaria.

Mientras el director de Radio La Costeñísima, de Bluefields, en el Caribe Sur, Sergio León, denunció amenazas de muerte en contra suya, sus dos hijos mayores y personal de la emisora, según dijo ha identificado que quienes están detrás es un grupo de militares en retiro del sector.

“Señores, en Bluefields, Nicaragua hacer periodismo se vuelve peligroso, asesinaron a uno de los nuestros Ángel Eduardo Gahona López, el 21 de abril y el asesino sigue gozando de libertad porque los dos jóvenes afrodescendientes detenidos procesados y condenados no son culpables”, denunció León.

Por su parte, Marcos Carmona, secretario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), se refirió a la criminalización que el régimen ha hecho de la labor de los defensores de derechos humanos, mencionó que cuatro de sus promotores fueron declarados culpables y sentenciados a 10 años de cárcel, en un juicio en el que no hubo respeto ni garantías al debido proceso.

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A su vez, expuso Carmona. que las represalias continúan y mencionó el caso del abogado
José Antonio López, que fue deshabilitado por el Ministerio del Trabajo para ejercer el derecho de procurador laboral y el caso del abogado y exfiscal Julio Montenegro que lleva casos judiciales, que fue amenazado por la juez Adela Cardoza “que si continuaba cuestionando lo mandaría arrestar y a la comisión disciplinaria”, igualmente mencionó que otros promotores que tienen medidas cautelares han sido obligados a salir del país por amenazas de muerte recibidas lo que confirma la indefensión en que permanecen.

En general mencionó Carmona que en Nicaragua continúan las detenciones son realizadas con excesiva violencia y a plena luz del día. Señaló que entre agosto y septiembre la represión ha recrudecido, “tanto que ahora portar una bandera con los colores patrios, motiva agresiones de las turbas y secuestro, incluso ha habido detenidos por lanzar globos de Azul y Blanco”.

Los periodistas y defensores de derechos humanos solicitaron a la CIDH que se continúe pronunciando públicamente sobre la grave situación de vulnerabilidad de periodistas y defensores de derechos humanos en Nicaragua, que pueda urgir al Estado el cese de inmediato de la represión contra un pueblo desarmado y a que revoque el comunicado policial que pretende servir de fundamento para criminalizar la protesta social, que demande al Estado cesar, el acoso, intimidación , ataque físico y la censura a periodistas y medios de comunicación, demandar al Estado la libertad de todos los presos políticos.

Enviada Especial a sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

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