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Estados Unidos anunció la movilización de destructores, patrulleras, aviones y helicópteros de su Guardia Costera, Armada y Fuerza Aérea para combatir el narcotráfico en aguas del Caribe, cerca de las costas de Venezuela. La operación contará con el apoyo de los ejércitos de 22 países.
La acción fue calificada por el abogado Bayardo Ramírez, expresidente de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid), como «una operación de intimidación» con el fin de «sacar a Maduro, a través de una interdicción».
El despliegue se anuncia una semana después de que el secretario de justicia de Estados Unidos, William Barr, acusara a Maduro de «narcoterrorismo» y ofreciera recompensas de entre 10 y 15 millones de dólares por información que lleve a la captura del gobernante venezolano y de 13 funcionarios y militares de su entorno.
Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU., reveló, un día antes del anuncio de Trump sobre el reforzamiento militar en el Caribe, un plan de 12 pasos para lograr un gobierno de transición en Venezuela, que incluye la oferta de suspensión de sanciones económicas.
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La expresidenta de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de las Drogas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Mildred Camero, adviertió que este tipo de ejercicios del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU. se realizan periódicamente para identificar el modus operandi de los narcotraficantes, pero, la diferencia es que, en esta ocasión, se suman 22 naciones aliadas, lo que, a su criterio, revela que «Venezuela está prácticamente sitiada».
Camero explicó a la Voz de América que la operación, «podría generarle una serie de complicaciones al gobierno de Maduro, porque no solo se trata de evitar que salga la droga, sino que Estados Unidos está diciendo que lo está haciendo por seguridad de Estado y eso tiene otras implicaciones».
Pero, ¿cuáles podrían ser esas implicaciones?
Según Camero, «pareciera que la vía es una intervención inmediata» en momentos en que «la capacidad de maniobra del régimen de Maduro está totalmente limitada».
El abogado Bayardo Ramírez insistió en que «el hecho no es perseguir solo el tráfico de drogas, sino poder capturar a Maduro y poder juzgarlo en Estados Unidos. Hay ya 22 países que están apoyando a EE.UU. Ya no es sólo una maniobra de EE.UU».
Ramírez cree que, tras las acusaciones de Barr, para Estados Unidos, Maduro ya no es un político, sino “un delincuente internacional».
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A juicio del especialista en crimen organizado y codirector de Insight Crime, Jeremy McDermott, las últimas acciones de Estados Unidos y este plan militar buscan enviar un mensaje al chavismo. «Yo veo que estos anuncios son parte de la misma estrategia para dividir los elementos de poder en Venezuela, presionar la renuncia de Maduro y promover cambio de régimen», apuntó McDermott.
El gobierno en disputa de Maduro calificó la maniobra como una «agresión y una infamia».
Esta misma semana, Maduro denunció un acto de “piratería internacional” en las aguas caribeñas en contra del buque guardacostas Naiguatá de la Armada venezolana. Acusó a un barco de turistas de bandera portuguesa de embestir y hundir al navío al noroeste de la Isla La Tortuga.
La tripulación quedó a la deriva. Sus integrantes fueron rescatados con vida, precisó.
Trasfondo geopolítico
Rocío San Miguel, abogada especialista en temas militares y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, opinó que el reforzamiento de la vigía militar en el Caribe tiene, sin duda, un trasfondo geopolítico.
“Todo anuncio entre Venezuela y Estados Unidos, en este momento, tiene trasfondo geopolítico. Sería ingenuo no pensarlo así”, expresó a la VOA.
San Miguel espera que no ocurra ningún incidente entre las fuerzas armadas de ambas naciones durante la operación estadounidense en el Caribe. De ocurrir, teme, podría generar “una escalada”.
El Caribe está considerado como uno de los mares salados más grandes del mundo gracias a su superficie de aproximadamente 2.763.000 kilómetros cuadrados.
San Miguel advirtió que la extensión de las aguas caribeñas es “enorme”, por lo que celebra que exista colaboración multinacional para combatir el narcotráfico en ellas.
La analista destacó que 22 países respaldarán la misión con efectivos castrenses e información de inteligencia. Encuentra esa alianza positiva de cara a minimizar el narcotráfico.
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“Cualquier reforzamiento en las operaciones contra el tráfico de drogas siempre es importante, especialmente si se establecen mecanismos de cooperación entre países para dar la mayor cobertura posible”, remarca.
Acotó que, en circunstancias normales, los gobiernos de todos los países e islas caribeños, incluida Venezuela, establecerían acuerdos de cooperación en materia de seguridad y patrullaje conjunto.
“Lamentablemente, Venezuela, que tiene límites internacionales con 14 Estados, incluyendo los Estados Unidos, no tiene acuerdos de esta naturaleza. El anillo fronterizo de Venezuela, por su dimensión, es muy vulnerable a todo tipo de tráficos ilegales”, evalúa.
San Miguel subrayó que el Estado venezolano tiene “el derecho y el deber” de patrullar sus aguas jurisdiccionales. “Ojalá Venezuela restableciera la cooperación con sus vecinos en la lucha antinarcóticos y demás ilícitos internacionales”, expresó.
Por su parte, José Machillanda, doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad Simón Bolívar, observó que Estados Unidos ha decidido encabezar una “operación geopolítica continental para neutralizar y reordenar la ecuación del narcotráfico y la política”, puntualmente en la región suramericana.
“Busca demostrar, inicialmente a la industria de la droga de la llamada Triple Frontera, en Colombia, Perú, Centroamérica y Venezuela, que hay una decisión del gobierno de destruirlo físicamente”, afirmó. Es lo que en los tiempos corrientes se conoce como “nueva guerra”, añadió.
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Machillanda, insistió en que la operación militar es una respuesta geopolítica de la Casa Blanca a Venezuela tras acusar penalmente al presidente en disputa y a 14 de sus aliados políticos.
“La decisión de emplear el ‘factor fuerza’ es una respuesta por la vía de instrumental de guerra a Venezuela como Estado. Dos de sus instituciones comprobaron la relación de sujetos del gobierno venezolano con uno de los más graves crímenes de la postmodernidad”, manifestó.
El experto destacó que este tipo de operaciones evoluciona “por fases” e involucra el uso de unidades militares sofisticadas, capaces de vigilar y capturar objetivos específicos donde se hallen.
Venezuela, a su entender, está siendo “observada”. La respuesta del madurismo al reforzamiento del combate armado al narcotráfico en sus costas será determinante para prever la siguiente fase, dice.
“La jugada le corresponde a los que tienen el poder para analizar (la operación). Estados Unidos cumple con una función en su papel hegemónico como garante de la democracia”, comentó.
Machillanda, director del Centro de Estudios de Política Proyectiva de Venezuela, dudó que la respuesta venezolana sea positiva para desmontar las tensiones o colaborar con los operativos.
Por último, concluyó que las fuerzas armadas venezolanas no tienen la robustez ni la formación necesarias para hacer frente a una amenaza geopolítica. “Venezuela no tiene un estamento militar”, lamentó.
La ruta del narcotráfico
La expresidenta de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Mildred Camero, calculó que por Venezuela transitan, anualmente, 250 toneladas de droga.
Recordó, además, que el panorama se puso cuesta arriba cuando el fallecido exmandatario Hugo Chávez expulsó, en 2005, a la DEA de la nación suramericana. Sin embargo, el codirector de Insight Crime, McDermott, adviertió que la cifra podría ser de 400 toneladas por año.
McDermott detalló que desde los estados de Sucre y Falcón, en Venezuela, salen con frecuencia las lanchas rápidas conocidas como go fast cargadas con narcóticos. Aún así, según su experiencia, «ninguno de esos barcos (de Estados Unidos) son lo suficientemente rápidos para interceptar a un go fast».
Concluyó, no obstante, que los buques podrán rastrear con sus radares las embarcaciones, y desde helicópteros con francotiradores, se podrán atacar los motores y así detener la carga.
