Alejandro Sandí, actor de teatro y televisión mexicano, fue secuestrado por un grupo de hombres armados a las afueras del Parque de Los Venados, en el Nevado de Toluca, en México.
El secuestro del intérprete, de 37 años, ocurrió cuando se encontraba a bordo de Jeep Wrangler Unlimited Sahara. En ese momento, los delincuentes armados bloquearon el paso conun vehículo Mazda color blanco. Asaltaron dos vehículos y secuestraron a Sandí. Las autoridades informaron que los sujetos armados también se llevaron a un turista francés de 41 años.
«Fuimos víctimas de la inseguridad, en la camioneta veníamos tres personas: Alejandro Sandí, uno de nuestros mejores amigos, Esmeralda y una servidora. Confiamos en que Alejandro esté bien y les pedimos sus oraciones para que pronto aparezca», expresaron, en un video donde detallan el incidente, las actrices Esmeralda Ugalde y Vanessa Arias, quienes fueron testigos del secuestro.
Esmeralda, quien es hermana de la cantante Ana Bárbara, expresó que iban al lugar «como cualquier turista, como cualquier familia, cuando unos sujetos armados nos truncaron el camino y se llevaron el coche de Vanessa”, relata en el video.
“Se robaron mi camioneta, las bolsas, los celulares, todo lo material que no nos importa, lo que verdaderamente importa es que fuimos víctimas de la inseguridad en el país”, añadió Arias, quien explicó que en la camioneta viajaban, además de ellas, el actor Alejandro Sandí, a quien Vanessa definió como uno de sus mejores amigos.
A un año de haber aprobado una orden ejecutiva que declara que las actuaciones de la dictadura de Nicaragua son una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ratificó dicha ley este lunes y la mantiene activa después del 27 de noviembre de 2019.
«La situación en Nicaragua, incluida la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, y el desmantelamiento y debilitamiento sistemático del régimen de Ortega de las instituciones democráticas y el estado de derecho, su uso de violencia indiscriminada y tácticas represivas contra la población civil, así como su corrupción que lleva a la desestabilización de la economía de Nicaragua, sigue representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos», dice el comunicado de la Casa Blanca.
El 27 de noviembre de 2018, mediante la Orden Ejecutiva 13851, Trump declaró una emergencia nacional de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (50 USC 1701-1706) para hacer frente «a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos constituido por la situación en Nicaragua».
«Por esta razón, la emergencia nacional declarada el 27 de noviembre de 2018 debe continuar vigente después del 27 de noviembre de 2019. Por lo tanto, de conformidad con la sección 202 (d) de la Ley Nacional de Emergencias (50 USC 1622 (d)), estoy continuando durante un año la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13851 con respecto a la situación en Nicaragua», dice el documento desde Washington.
El aviso se publicará en el Registro Federal y se transmitirá al Congreso, donde ya se gestionan nuevas sanciones contra los agentes y funcionarios de la dictadura.
Anuncio de mayor tensión
El excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa y Edgard Parrales, exembajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), consideraron que la medida es un aviso de que EE.UU. seguirá aplicando sanciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aguirre Sacasa calificó de “una acción dramática” con graves consecuencias que el régimen orteguista siga considerado un amenaza para la seguridad de EE.UU., pero que respondería a que la orden ejecutiva es “prerrequecito para seguir aplicando sanciones” bajo la Ley Magnisky Nica Act contra funcionarios de la dictadura.
“El gobierno del presidente Trump está expresando que persiste la preocupación sobre la situación de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y por tanto está diciendo con esta orden ejecutiva que no ha acabado el período de sanciones”, dijo el excanciller.
Ya son 14 funcionarios del régimen sancionados por su participación en las violaciones a los derechos humanos y corrupción contra el pueblo nicaragüense. En la lista está la vicepresidenta designada y esposa de Ortega, Rosario Murillo así como su hijo Laureano Ortega Murillo. También están sancionados la empresa Albanisa y el Banco Corporativo SA (Bancorp), negocios controlados por la familia Ortega-Murillo.
Canadá también ha aplicado sanciones a 11 funcionarios del régimen por su vinculación en la represión contra las protestas ciudadanas iniciadas en abril del 2018.
Los exdiplomáticos lamentaron que la tensión entre ambos gobiernos sea mayor, y advirtieron de quien tiene más que perder es la dictadura de Ortega por cuanto EE.UU. incrementará la presión para forzarlo a retomar el cauce democrático.
El excanciller Aguirre Sacasa criticó que el régimen orteguista “no está actuando de forma prudente con ningún miembro de la comunidad internacional”, lo que quedó demostrado al negarse a recibir “al grupo de los cinco” embajadores de países miembros de la OEA que integraron la Comisión de Alto nivel diplomático que realizó un informe donde denunciaron el rompimiento del orden constitucional y democrático en Nicaragua.
La confrontación también la mantiene Ortega con la Unión Europea (UE) y de forma bilateral con el gobierno de España, ya que se le prohibió el ingreso al secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica de España, Juan Pablo de Laiglesia. La UE también estaría lista para sancionar de forma individual a miembros del régimen Ortega y Murillo.
Para Aguirre el discurso hostil de Ortega hacia España y la Unión Europea son demostraciones de que el régimen “está empecinado en auto aislarse de la comunidad internacional” y enfrentarse con países que son socios comerciales o importantes donantes para el país en momentos de una profunda crisis económica.
“Creo que esa política es injustificable, parece que el comandante Ortega quiere mantener la tensión en el país. Esto sería en reacción a lo que llamo el mal de Evo, porque parece que los dictadores que se sorprendieron con lo que le pasó a Evo Morales (quien fue forzado a renunciar como presidente de Boliva por el fraude electoral) quieren marcar su posición diciendo que no le pasará lo mismo porque está listo a responder por la fuerza”, dijo Aguirre Sacasa.
La lectura del exembajador en la OEA, Edgard Parrales, es que EE.UU. ve un alto riesgo de que Nicaragua se convierta en plataforma de operaciones de países como Cuba y Rusia, éste último un gobierno rival por el dominio en la esfera internacional de los estadounidenses.
“En base a esa orden de Trump pueden arreciar las sanciones tanto a los que ya están sancionados, como establecer nuevas sanciones a otras personas de la estructuras del partido y del Estado”, dijo Parrales.
Las presiones pueden escalar a medidas económicas. “ En últimas instancias pueden declarar que Nicaragua ha quebrantado el Cafta y retirarle el acceso de los productos nicaragüenses a ese mercado, y así seguir elevándose la presión incluso bloquear los puertos (del país) o adoptar otras medidas más duras según la actuación del gobierno de Ortega”, advirtió Parrales.
Agentes antidisturbios de la Policía Orteguista (PO) irrumpieron de forma violenta, la tarde de este lunes, en la vivienda de la familia Reyes Alonso, reconocidos opositores del régimen orteguista en León, golpeando a los miembros de esta familia y robándoles computadoras y celulares.
«Ya se fue la policía sandinista; se llevaron todo: computadoras, celulares», escribió Bárbara Reyes Alonso en su cuenta de facebook.
Agregó que todos los miembros de su familia fueron golpeados por los antimotines mientras que destruyeron el portón de la casa. «Mi familia fue golpeada y pateada por las tropas de Fidel Domínguez al mismo tiempo que allanaban ilegalmente nuestra vivienda», señaló Bárbara.
Dentro de la vivienda, la Policía mantenía secuestrados a Diego Reyes, María Eugenia Alonso, Diego Reyes Alonso Jr y una señora de 94 años.
En un primer momento, la familia Reyes Alonso denunció el allanamiento ilegal de la PO a través de una transmisión en vivo en Facebook, donde se observaba a los agentes rompiendo con mazos el candado de la casa. El grupo de la Policía era comandado por el comisionado Fidel Domínguez.
Así dejaron la puerta de la vivienda de la familia Reyes Alonso, en León. LAPRENSA/CORTESÍA
Amenazas de muerte y falsas acusaciones
«Por cuarta vez desde que se desató la crisis de abril, ese comisionado nos volvió a amenazar de muerte, nos llamó conspiradores contra el comandante y la compañera, esas son sus palabras, nos dijo que somos golpistas, que somos tranquistas y que somos la cabeza de la resistencia en León. Dijo que él nos estaba salvando la vida porque muchos sandinistas que están aquí en León nos querían matar», dijo a LA PRENSA Diego Reyes Junior, después de que los policías habían desalojado la vivienda.
Diego también agregó que el comisionado Domínguez les dijo que en la estación policial ya tenían varias denuncias acusando a la familia Reyes Alonso de vender droga. Por otra parte, Diego Reyes Junior aseguró que una oficial de la Policía lo acusó por la muerte de su hermano en uno de los tranques de León.
«Una oficial de apellido Rojas, cuando entra ella me golpea con una amansa bolos en el pecho y me dijo directamente que yo fui quien mató a su hermano en los tranques, así me lo dijo acusándome falsamente», señaló Diego Junior.
Diego Reyes Junior también explicó que el comisionado Domínguez grabó a toda la familia y los obligó a decir «que nosotros nos comprometemos a no jugar con la paz, a no conspirar contra el comandante y que vamos a respetar a la Policía Nacional».
Agreden a vecinos
Vecinos del sector que exigían una explicación a los policías por el allanamiento contra la vivienda de la familia Reyes Alonso, fueron agredidos por los policías.
«Todo el pueblo está siendo testigo de este allanamiento ilegal donde no enseñan ningún papel, solo por fuerza porque sos el comisionado», dijo Bárbara Reyes Alonso al comisionado Domínguez.
Múltiples denuncias de asedio
La familia Reyes Alonso ha sido víctima de asedio y amenazas por parte del régimen orteguista a través de su Policía y fanáticos del régimen.
En reiteradas ocasiones han denunciado que por el día, agentes de la PO llegan hasta las puertas de su vivienda a hostigarlos. Por las noches, grupos de fanáticos orteguistas vigilan la vivienda y ponen marcas con mensajes de odio, además de las amenazas que estos lanzan contra los miembros de la familia.
El pasado domingo 10 de noviembre, motorizados orteguistas llegaron por la noche a gritarles obsenidades y lanzarles piedras, por lo que la familia se vio obligada a responderles lanzándoles chibolas y piedras.
Un día después, el lunes 11 de noviembre, por la mañana llegó un grupo de policías que, comandados por Domínguez, amenazaron con apresar a los miembros de la familia Reyes Alonso alegando que son «golpistas».
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), se pronunció por la irrupción de la POlicía Orteguista a la vivienda de la familia Reyes Alonso y exigió al régimen de Daniel Ortega «que respete la integridad física y psicológica de las personas en dicha vivienda».
@cenidh exige al régimen Ortega-Murillo que respete la integridad física y psicológica de las personas en dicha vivienda y rechaza el comunicado emitido por la policía que refiere que toda la familia está siendo investigada por tráfico y posesión de droga.
«El Cenidh rechaza el comunicado emitido por la policía que refiere que toda la familia está siendo investigada por tráfico y posesión de droga», señaló, el Cenidh.
El conjunto representativo de Managua revalidó por segundo año consecutivo la corona en el Campeonato Nacional Sub-19 de Voleibol Masculino, tras derrotar en la final a la escuadra de Rivas por 25-8 y 25-16, para alcanzar de forma invicta y sin perder ni un solo sets, el título de la contienda realizada en El Rama, municipio de Zelaya, el fin de semana pasado en donde se dieron cita un total de 13 escuadras.
Camino al título, Managua logró victorias en el grupo A sobre Carazo por 2-0 (25-13 y 25-10), y ante Chinandega también por otro 2-0 (25-18 y 25-15), mientras que en ronda semifinal la escuadra capitalina dio cuenta sobre Zelaya por 2-0 (25-12 y 25-18) para acceder a la ronda final contra Rivas.
Los sureños también habían logrado llegar al partido por el título de forma invicta, tras doblegar en el grupo C a Boaco por 2-0 (25-12 y 25-15), y a Estelí por 2-0 (25-14 y 25-14). Rivas comenzó a sentir el rigor de la contienda en una reñida batalla de semifinal ante Chontales, en la que prevalecieron por 2-1 (30-28, 24-26 y 16-14), y cargaron con su única derrota en el duelo final ante Managua.
“Nosotros veníamos a ganar, no teníamos otro objetivo más que conseguir el título para revalidar la corona que conseguimos el año pasado, también de forma invicta”, detalló Jorge Mena, director técnico del equipo de Managua.
Un total de 13 conjuntos compitieron en el Campeonato Nacional Sub-19 de Voleibol Masculino el fin de semana en El Rama. LA PRENSA/CORTESÍA CARLOS MONTEALTO/FNVB.
Los protagonistas
El conjunto campeón estaba compuesto por: Ernesto Galo, José Carlos Villagra, Pablo Lassell, Steven Lozano, Jordan Carcache, Axel Zamora, David Monterrey, Lenin Mejía, Ronny Cerda, Rafael Hernández, Isaías Cerna y Axel Arias.
Mientras que el equipo de Rivas contaba con: Evans Solís, Jessy López, Juan Rivas, Carlos Solís, Lenny Gómez, Silvio Jiménez, Cristopher Cascante, Ángel Carcache, Edwin López, Renato Gazo y Yerick Gazo, todos bajo la dirección de Mauricio Fuentes.
“Terminamos en segundo lugar lamentablemente. Los muchachos no dieron el cien por ciento en la final, tal vez los nervios y la ansiedad los terminó afectando ya que para muchos este era su primer nacional, tal vez si ellos se hubieran centralizado en el partido final, las cosas hubieran sido diferente”, señaló Mauricio Fuentes, director técnico del equipo de Rivas.
Por la tercera plaza el conjunto de Zelaya superó a Chontales por 2-0 (25-16 y 26-24).
Seis días intensos de nuevos conocimientos fue el resultado positivo que obtuvieron los 26 entrenadores y profesores, al finalizar el seminario de la Clínica Internacional de Natación para Entrenadores de Segundo Nivel.
El curso que se realizó del 18 al 23 de noviembre, impartido por el experto cubano José Faroy García fue todo un éxito debido a que los alumnos absorbieron con lujo y detalle cada uno de los temas expuestos.
Faroy expuso temas como la forma correcta y procedimientos que debe tener un entrenador a la hora de su enseñanza con sus alumnos. También destacó la importancia que todo entrenador debe transmitir confianza a sus pupilos.
Otro punto que se expuso fue el avance de la natación en los últimos años en donde han proliferado una serie de nadadores noveles, que destacan a nivel local e internacional. Claro, todo eso al trabajo y coordinación que tiene el ejecutivo de la Federación de Natación de Nicaragua (Fenanica), el cual estuvo presente en el seminario.
Profesores y entrenadores originarios de Chinandega, Managua, León, Chinandega y Rivas absorbieron este importante taller teórico-práctico en el complejo de piscinas Michele Richardson.
El mensaje fue publicado por la joven de iniciales J. F. Z. la mañana de este lunes cuando denunció, ante el grupo de abogados Defensores del Pueblo, su detención ilegal por 48 horas en el Chipote.
«Ellas me dijeron que les diera el mensaje que siempre sigamos en las calles, que seamos fuertes, que no tengamos miedo. Dijeron que ellas no son monedas de cambio y que hay que seguir exigiendo libertad», declaró la fuente, quien agregó que las presas políticas se encuentran bien.
La joven de 17 años, quien participa activamente de las manifestaciones antigubernamentales, fue detenida arbitrariamente por la Policía Orteguista el jueves 21 de noviembre en Matagalpa y remitida a las celdas del Chipote, en Managua.
Pese al aviso de la joven que era menor de edad, los oficiales la mantuvieron por 48 horas detenidas. «Estando en el Chipote a mí no me dejaban dormir, me levantaban en la madrugada, me interrogaban, me mencionaban la iglesia y me decían que a mí me financiaban… me insultaban, me amenazaban con golpearme y me dijeron que iban a meter presa a mi mamá si no hablaba», relató.
La fuente manifestó que durante el tiempo que estuvo en la cárcel, las presas políticas le animaron y apoyaron. «Tuve la oportunidad de cantar el Himno (Nacional) con ellas». Ella fue puesta en libertad el sábado 23 de noviembre.
El código de la Niñez y Adolescencia de Nicaragua establece ningún adolescente puede ser sometido a detención, encarcelamiento o prisión arbitraria o ilegal, ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley, sin embargo, el abogado Julio Montenegro expresó que «esto da una idea de la dimensión de la situación de cómo el sistema está obrando».
Han pasado 11 días desde que las jóvenes Amaya Coppens, Wendy Juárez y Neyma Hernándezfueron apresadas junto a diez personas más miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco en Masaya, y ocho días desde que fueron remitidas al Instituto de Medicina Legal, para su valoración médica, pero abogados y familiares aseguran que aún no saben cuál es el estado de salud de las presas políticas.
La joven Wendy Juárez, por ejemplo vomitó sangre el día 18 de noviembre en los juzgados, cuando se celebraba la audiencia preliminar y fue atendida por el médico del complejo judicial, quien sugirió fuera remitida de urgencia a un centro hospitalario, pero su abogada Karla Sequeira aún no sabe cuál fue el origen del vómito, porque no han recibido información.
Amaya Coppens, junto a 12 activistas fueron secuestrados en Masaya, cuando pretendían llevar víveres a los familiares de presos políticos en huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya. Ahora son acusados por presunto tráfico de armas. LA PRENSA/CORTESÍA
Secretismo orteguista con presas políticas
“Sabemos que la llevaron al médico porque los policías le pasaron una receta a la mamá con el sello del hospital de la policía Carlos Roberto Huembes, para que le comprara neurobión, pero no sabemos qué enfermedad padece y cuál es la relación del vómito de sangre y la neurobión. Vamos a pedir al juez que nos den epicrisis de la valoración médica”, expresó la abogada Carla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
De Neyma Juárez aún no se sabe nada, pero esta padece de hipertiroidismo, problemas cardiácos, parálisis facial y Guillain-Barré expresó su abogada Rosario Flores, por eso pidió la remitieran a Medicina Legal, porque necesita medicamentos.
Familiares de 13 miembros de la UNAB presos en el Chipote en Managua, hacen fila para entregar alimentos a sus reos. LA PRENSA/ M. VÁSQUEZ
En el caso de Amaya Coppens presentaba moretones en los antebrazos y espalda, porque una mujer policía le pegó en la estación de Masaya, pero su abogado Maynor Curtis desconoce si ya la valoraron los médicos forenses, porque asegura que en el expediente no observa que estos hayan enviado algún informe al Juzgado Quinto Penal de Audiencia de Managua, donde se ventila la causa.
“Mañana (martes 256 de noviembre) es día de visita, esperamos verlas y hablar con ellas para saber cómo están de salud y si fueron examinadas”, dijo Curtis.
Estas jóvenes fueron capturadas el 14 de noviembre cuando venían de dejar agua a las madres de presos políticos que estaban en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya.
Las madres en protesta ya fueron sustraídas de la iglesia y recuperan su salud.
El abogado Curtis explicó que introdujo un escrito de apelación contra el auto que niega que los jóvenes fueron sustraídos de su juez competente.
Josep Borrell, presidente del Parlamento Europeo, informó del encuentro con Fernández, a quien convocó el pasado 20 de noviembre para que informara sobre la situación.
Borrell aseguró, además, que también se analiza la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde el pasado 18 de abril. «Hay que mantener la interlocución con todas las partes para encontrar una solución», escribió Borrell en su cuenta de Twitter.
He trasladado a @CMidenceni Embajador de #Nicaragua el malestar del Gobierno tras rechazar una nueva visita de alto nivel a su país para mantener contactos con las autoridades y actores políticos en el marco de la actual crisis. #España revisará su relación bilateral. @MAECgobpic.twitter.com/vC8wmxrbSV
— Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo (@JPLaiglesia) November 20, 2019
Laiglesia pretendía reunirse con «autoridades y actores políticos» para conversar sobre la situación del país, pero, según dijo, «las autoridades nicaragüenses, sorprendentemente, han decidido que no es el momento para que el secretario de Estado de haga una visita a Nicaragua».
«Desde que el Gobierno del presidente (Pedro) Sánchez tomó posesión e intentado ir (a Nicaragua) para presentar un apoyo y una aportación constructiva para la solución de la crisis que ese país atraviesa y esta vez, lamentablemente, tampoco voy a poder cumplir ese objetivo», dijo Laiglesia al diario LA PRENSA.
El funcionario español le recordó al régimen orteguista que España le ha proporcionado cooperación para el desarrollo y «nuestra aportación al desarrollo y a la calidad de vida del pueblo nicaragüense está ahí (…) siempre hemos tenido un diálogo político franco, sincero, muchas veces coincidente y otras veces no”.
De acuerdo a investigaciones de este medio, Nicaragua recibirá entre préstamos y donaciones directas y otras canalizadas por agencias, 210.57 millones de córdobas en el 2020.
De ese monto, el régimen espera recibir 12.80 millones de córdobas en concepto de donación para la remodelación y equipamiento de dos centros escolares en Estelí y Jinotepe.
Grupo FDL-Nitlapan obtuvo el segundo lugar en el Premio Europeo de las Microfinanzas 2019 que se efectuó durante una ceremonia celebrada en el Banco Europeo de Inversiones de Luxemburgo, coincidiendo con la Semana Europea de las Microfinanzas, este pasado 21 de noviembre, en donde participaron Peter Marquetti y Julio Flores Coca, en representación del Grupo FDL-Nitlapan.
Durante el evento se destacó la participación de FDL como IMF nicaragüense que ha respondido a las consecuencias del cambio climático a través de intervenciones locales destinadas a incrementar no solo la resiliencia de los clientes, sino también del ecosistema.
El programa “Microfinanzas Verdes Plus” de FDL reduce los costes transaccionales, combina asistencia técnica (Nitlapan) con pagos por servicios ecológicos y préstamos adaptados para sistemas de captación de agua e irrigación, e incorpora modelos silvipastoriles y agroforestales para intensificar la producción ganadera basada en procesos naturales sostenibles e integrados, lo cual incluye la mejora de los pastos, la gestión y diversificación de las semillas y la conservación de los suelos.
Para lograr lo anterior, FDL ofrece tres productos: préstamos para microfinanzas verdes en las tierras altas de cultivo de café y cacao; préstamos para el “Corredor Seco (ECOMICRO)” destinados a fomentar las prácticas de mitigación y adaptación; y préstamos para actividades de diversificación de ingresos relacionadas con la agrosilvicultura. El reconocimiento para el segundo lugar fue de 10,000 euros
El conflicto estalló entre las filas de los orteguistas en el municipio de Nagarote, en León, por el control de la Alcaldía. Los sindicalistas afiliados a la confederación controlada por Luis Barbosa, acusan al alcalde del régimen, Juan Gabriel Hernández, de obligar a los trabajadores a pasarse a la Unión Nacional de Empleados (UNE) con el fin, según los sindicalistas, de monopolizar las accesiones del régimen en esa municipalidad, ubicada al occidente del país.
El pleito entre los orteguistas ha llegado incluso a las agresiones físicas en público entre el alcalde Hernández y trabajadores del Sindicato de Conductores, técnicos, profesionales y administrativos de la Alcaldía de Nagarote, afiliada a la Confederación Sindical de Trabajadores «José Benito Escobar» (CST-JBE), donde Luis Barbosa es secretario general.
Jimmy Hodgson, secretario general del sindicato del grupo de Barbosa, en un vídeo compartido en redes sociales denunció «la embestida criminal y neofascista de Juan Gabriel Hernández Rocha, por estar obligando a los empleados de la Alcaldía a salirse de esa agrupación para afiliarse a UNE, «para lo cual miente diciendo que es una orden del compañero Gustavo Porras y del comandante Daniel, lo cual sabemos que no es cierto», reclama el sindicalista.
Juan Gabriel Hernández es alcalde de Nagarote, es acusado por sindicatos orteguistas de represión.LA PRENSA / ARCHIVO
La CST José Benito Escobar es parte del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) que funcionan como brazo represor contra los empleados estatales por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El FNT es controlado desde hace décadas por el orteguista diputado Gustavo Porras, sancionado por Canadá y Estados Unidos por violación a los derechos humanos de los nicaragüenses.
Sin embargo, las rencillas con el alcalde del régimen Hernández indican que Porras quiere hacer desaparecer al grupo de la CST José Benito Escobar en las alcaldías orteguistas para tener absoluto control a través de la UNE.
Candidato del dedazo orteguista
Juan Gabriel Hernández fue impuesto por el régimen como su candidato en Nagarote a las elecciones municipales del 2017, lo que no gozó de la aceptación de la base orteguista pero que finalmente se les impuso.
Las elecciones desde el 2008 han sido denunciadas como fraudulentas por la oposición y organismos de observación nacional porque el Consejo Supremo Electoral (CSE), bajo el control del orteguismo, le asigna el triunfo a los candidatos del régimen.
Hodgson aparece en el video con varios trabajadores así como los sindicalistas Narciso Olivas y Marvin Montes quienes respaldan la denuncia «los atropellos» y «arbitrariedades» contra Hernández en Nagarote.
Según el relato de Hodson, el primer reclamo es que no pudieron reunirse en la sede de la Alcaldía porque el alcalde les negó el permiso, por lo que lo hicieron en la ermita Corazón de Jesús, ubicado en el parque de la ciudad.
Dirigiéndose a Barbosa en el video, Hodson dice que «estamos reunidos en este local porque no se nos prestó el local en la Alcaldía de Nagarote, para explicarle a los trabajadores la problemática de la embestida criminal y neofascista de Juan Gabriel Hernández Rocha, violentando nuestros derechos para que los trabajadores se pasen al sindicato de UNE, para obligarlos, (diciendo) que es una orden del compañero Gustavo Porras y del compañero Daniel lo cual sabemos que no es cierto», dijo.
LA PRENSA llamó al alcalde designado Hernández pero éste no respondió las llamadas.
Zorros del mismo piñal
Los enfrentamientos entre los sindicatos afines a Barbosa y Porras ha escalado tanto que los mismos orteguistas están exponiendo la corrupción del régimen en las alcaldías.
En específico se denunció que Hernández promueve de que supuestamente por orden de Porras los trabajadores deben estar afiliados a UNE y quien se niegue «será despedido», lo que para Hodgson es «un acto criminal y cobarde».
También se le señaló a Hernández de negarse a negociar un nuevo convenio colectivo con los sindicatos de la Alcaldía de Nagarote porque, según el sindicato de conductores, técnicos, profesionales y administrativos, se asegura que es una decisión del régimen de Daniel Ortega a través de la UNE que controla Porras, de que no se renueven los convenios lo que perjudica a los derechos de los trabajadores.
Los sindicalistas aseguran que en Nagarote desde el 2008 no se renueva el convenio colectivo en la Alcaldía «porque supuestamente hay una orden de Gustavo Porras de que ningún convenio se negocie en el país», lo que el grupo denuncia como una acción que causa división entre el partido del régimen.
«Por lo tanto este vídeo te va a servir (a Barbosa) de evidencia de los atropellos que estamos viviendo por este animal llamado Juan Gabriel Hernández Rocha», expresó Hodson.
Los también sindicalistas Narciso Olivas y Marvin Montes expresan en el vídeo que la represión «es una maniobra» del alcalde designado Hernández, que «está dividiendo a los trabajadores de Nagarote», que puede causar que el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) pierda las próximas elecciones en ese municipio.
Piden intervención
Los miembros del sindicato de conductores, técnicos, profesionales y administrativos reclaman a Barbosa, de la CST José Benito Escobar que aproveche su cercanía con el dictador Ortega para «demostrar las arbitrariedades que se comenten en Nagarote» por parte del Hernández. Demandaron que se mande una comisión especial que intervenga en el conflicto que podría agravarse.
Esta es la denuncia de Orlando José Cuevas contra el alcalde desingado orteguista Juan Gabriel Hernández. LA PRENSA/ CORTESÍA
Hernández se pelea en la calle con trabajador
La confrontación llegó al punto que el alcalde designado Hernández fue denunciado por agresiones en la Policía Orteguista (PO) de Nagarote por Orlando José Cuevas Vallecillo, trabajador de la Alcaldía y miembro del sindicato reclamante, con quien incluso habría llegado a los golpes.
La denuncia fue presentada el pasado 18 de noviembre en la que Cuevas Vallecillo acusó a Hernández de haberlo amenazado. El hecho, según la denuncia a la que LA PRENSA tuvo acceso, sucedió a eso de las 5:00 de la tarde cuando Cuevas Vallecillo estaba en la casa de la señora Sulman Vargas, ubicada una cuadra al oeste de la gasolinera Agro Servicios, y el alcalde designado Hernández, la vicealcaldesa designada orteguista Nelly Rueda junto a varios trabajadores pasaron en la camioneta de la Alcaldía, y empezaron a insultar a Cuevas.
«Bola recia» contra alcalde orteguista
Orlando Cuevas fue pitcher estelar del equipo de beisbol de León en los años 90 por lo que es muy conocido en Nagarote. Cuevas ha sido trabajador de esa alcaldía, pero ha mantenido diferencias con Hernández ya que éste, según la denuncia en la PO, hace unos meses lo corrió pero que Cuevas recurrió a otro dirigente orteguista, Hebert Delgadillo quien habría gestionado en el partido para forzar a Hernández a reintegrar a su puesto a Cuevas Vallecillo.
Hernández es señalado de tomar represalias contra Cuevas quien afirmó que lo han trasladado a varios puestos en la alcaldía de Nagarote para forzarlo a renunciar.
«Dejo bajo la responsabilidad del señor Juan Gabriel Hernández si me llegara a suceder algo a mí o a mí familia», según la denuncia de Cuevas en la PO.
Hernández ha sido alcalde desde 2000, y aunque en 2014 el partido orteguista lo removió del cargo, pero en los comicios del 2017 fue designado nuevamente.
Diana Lacayo, madre del preso político Scannierth Merlo Lacayo, fue dada de alta este lunes del Hospital Vivian Pellas, tras mantener 9 días de huelga de hambre en la Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya.
Lacayo aseguró que el régimen de Daniel Ortega las hizo vivir un infierno en la Iglesia San Miguel, luego que el padre Edwin Román les diera un espacio para llevar a cabo la huelga de hambre en ese templo.
«Nosotros nunca nos esperamos que este gobierno nos asediara de esta manera; nos cortó el agua, la luz, nos cortó toda ayuda humanitaria que quisiera llegar hasta nosotros, incluyendo la atención médica, todo el tiempo estuvimos secuestradas por el Gobierno ahí en la Iglesia», dijo Lacayo.
Lacayo es la última de los parientes de presos políticos que es dada de alta, luego de mantener nueve días de huelga de hambre.
Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya se encuentra sitiada por antimotines de la Policía Orteguista. LA PRENSA/Roberto Fonseca
La madre Merlo Lacayo señaló -al igual que las otras seis parientes de presos políticos que mantuvieron la huelga de hambre y que suspendieron su forma de protesta porque el sacerdote Román- «es diabético y se encontraba muy mal».
«Tuvimos que suspender la huelga de hambre al ver que el padre se estaba descompensando y no teníamos medios para comunicarnos o sobrevivir; ya no teníamos ni una gotita de agua, ya no teníamos baterías cargadas en los celulares».
«En la noche era un martirio para cada una de nosotros porque teníamos miedo que se nos metieran las turbas sandinistas a querernos golpear o incendiar la Iglesia. Todas las noches, o sea después de las 5 de la tarde, para nosotras era un infierno, golpeaban las puertas, nos ofendían, tiraban balazos y nos amenazaban diciéndonos que saldríamos de la Iglesia en bolsas negras», denunció Lacayo.
Esta imagen fue del tercer día que madres de presos políticos permanecen en huelga indefinida exigiendo la inmediata libertad de sus familiares. Mientras tanto la Policía Orteguista (PO) mantiene cercada la Iglesia San Miguel de Masaya, donde se encuentran junto al padre Edwin Román. LA PRENSA/Roberto Fonseca
Otro día en observación
Lacayo informó que el padre Román, por su estado de salud, todavía quedará en observación.
«El padre va a quedar internado, creemos que se puede quedar hasta mañana, pero no es nada seguro porque el padre si se puso delicado por todos esos días de encierro y ayuno obligado, porque él y la abogada no están en la huelga, simplemente, no podían comer normal o beber porque nos tenían secuestrados», aseguró Lacayo.
La abogada Yonarquis Martínez informó vía telefónica que, efectivamente, fue dada de alta en horas de la tarde de este lunes.
Hijos de presos políticos exigirán libertad para sus padres
Lacayo, también coordinadora de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, aseguró que verse obligadas a suspender la huelga no es para ellas una «derrota, todo lo contrario, ahora vamos a tomar nuevas acciones».
La madre del reo político de Merlo Lacayo aprovechó para informar que convocan, como Asociación de Familiares, a una marcha en la que llevarán a los hijos de todos los presos políticos, para que ellos junto a madres, esposas y hermanas exijan que les devuelvan a sus padres.
«El Gobierno no nos para, nosotras vamos a salir, mañana ya tomamos acciones, vamos a sacar una marcha exclusivamente con hijos de los presos políticos que van a exigir la libertad de sus padres y vamos a conformar una coalición de víctimas, la cual se va a encargar de la unión de toda esta lucha que nosotros estamos teniendo. Vamos a realizar vigilias nacionales e internacionales», anunció Lacayo.
Añadió que «la lucha no se para, seguimos en la lucha y no estamos derrotadas».
Bismarck Alberto Sánchez Rodríguez, de aproximadamente 44 años, falleció la noche de este domingo tras ser arrollado por un vehículo cuando pretendía cruzar la Carretera Panamericana, en el sector de la comunidad Las Flores en el municipio de San Marcos.
Según algunos testigos que se encontraban en la zona, Sánchez, a quien se le conocía como “El Chele Choneño”, llevaba días tomando licor y en ese estado se cruzó la vía. El vehículo que lo impactó se dio a la fuga tras el impacto.
Sánchez habitaba en la comarca La Chona, jurisdicción de San Marcos.
Al sitio se hicieron presentes agentes de tránsito de la Policía y la alcaldesa sandinista, Yulinda Téllez, quien acompañó a la familia del fallecido. Se presume que dos vehículos están involucrados en el fatal accidente.
Choque entre motocicletas
Minutos antes ocurrió otro accidente de tránsito por el sector del kilómetro 38 sobre la Carretera Panamericana cuando dos motociclistas chocaron. Uno de los conductores afectados se identificó como Ernesto Salinas y, con el cuerpo tembloroso y parte de su rostro ensangrentado, dijo que no recordaba lo que había ocurrido y que cuando se levantó del suelo, se sintió golpeado. En tanto, el otro motociclista se retiró del lugar.
Salinas aclaró que es habitante del municipio de Ciudad Sandino en el departamento de Managua y que se dirigía a Carazo a traer a Julia Mejía, la madre de su hija. Tras el impacto, el hombre de 31 años, según personas que se encontraban en el lugar, fue golpeado por un vehículo que se dio a la fuga.
En uno de los casos más escabrosos que involucra a la Iglesia católica, dos sacerdotes que dirigían un internado para sordos en Argentina fueron condenados este lunes por abusar sexualmente de 25 niños y adolescentes que estaban a su cuidado.
El sacerdote italiano Nicola Corradi, de 83 años, el principal responsable del Instituto Antonio Provolo para Sordos en la provincia centro-occidental de Mendoza, fue sentenciado a 42 años de prisión.
Su segundo, el cura Horacio Corbacho, de 59 años, recibió una pena de 45 años de prisión.
En tanto, el jardinero del instituto, Armando Gómez, que fue juzgado junto con los religiosos, también fue condenado a 18 años de cárcel por abusar de dos menores.
Dos monjas que están detenidas, acusadas de haber sido partícipes necesarias en los abusos (una de ellas enfrenta cargos por presuntamente haber cometido abusos ella misma), serán juzgadas en un proceso separado.
Lo que hace especialmente desgarrador a lo ocurrido en el Instituto Provolo de Mendoza no es solamente que las víctimas eran chicos, incluyendo a pequeños de hasta 4 años.
El cura pedófilo Nicola Corradi, de 83 años, había sido denunciado por abusos en Italia antes de ser nombrado director de dos internados para niños sordos en Argentina. BBC MUNDO/Gentileza Diario El Ciudadano Mendoza
También eran niños que, por su discapacidad, no podían comunicar lo que les estaba sucediendo. Y debido a que muchos venían de familias humildes, no tenían otra opción más que dormir en el instituto.
Pero hay un dato más que ahonda el horror y que le ha dado trascendencia internacional a este juicio.
El principal acusado, Nicola Corradi, ya había sido culpado de cometer abusos en la sede central del Instituto Provolo, en Verona, Italia, mucho tiempo antes de llegar a Argentina.
Esas denuncias, que tienen más de una década, llegaron incluso hasta las manos del propio papa Francisco. Sin embargo, el Vaticano no hizo nada, denuncian las víctimas.
Fueron las autoridades argentinas las que ordenaron el cierre del Instituto en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo en 2016 y detuvieron a Corradi, a Corbacho, y a otros 12 sospechosos (entre ellos las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez).
La justicia argentina también investiga una serie de abusos cometidos en otro Instituto Provolo, el de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que Corradi dirigió entre 1970 y 1997.
«Encubrimiento»
El Instituto Provolo en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, fue cerrado por las autoridades argentinas en 2016, después de más de una década de abusos contra menores. BBC MUNDO/Facebook
Tanto las víctimas italianas del Instituto Provolo como las de las dos sedes argentinas sostienen que la Iglesia católica sabía que Corradi era un pedófilo y no obstante lo pusieron a cargo de niñas y niños sordos en Argentina.
En 2017 el obispo de Verona, Guiseppe Zenti, se desligó de responsabilidades, afirmando que la curia no tenía poder sobre el Instituto Provolo porque es manejado por una congregación «autónoma».
Esa congregación es la Compañía de María para la Educación de los Sordomudos o Sociedad de María, fundada en 1840 por el sacerdote italiano Antonio Provolo, que, según Zenti, depende directamente del Vaticano.
Hasta ahora la Santa Sede no ha hablado públicamente sobre el caso. BBC Mundo contactó a la oficina de prensa del Vaticano pero de momento no obtuvo respuesta.
Las primeras denuncias sobre lo que ocurría en el Instituto Provolo de Verona se dieron a conocer en 2009, gracias a una investigación de la revista italiana L’Espresso de Milán.
Un grupo de 67 exalumnos revelaron los abusos a los que habían sido sometidos entre las décadas de 1950 y 1980 y acusaron al Vaticano de «encubrir» a los abusadores.
Si bien se denunciaron decenas de delitos, por el tiempo transcurrido la justicia no pudo intervenir. Sin embargo, las víctimas, agrupadas en una asociación, presentaron sus denuncias ante la Iglesia para que actuara.
Una marcha de las víctima del Instituto Provolo de Verona, en Roma, en 2019. BBC MUNDO/Getty Images
Entre la veintena de sacerdotes acusados de haber cometido abusos estaban Corradi y otros dos curas que también se habían mudado a Argentina en los años 70: Eliseo Primati y Luigi Spinelli.
El primero, de 83 años, codirigió el Instituto de La Plata junto con Corradi, y también es requerido por la Justicia argentina por abusos presuntamente cometidos durante sus casi cuatro décadas allí.
Sin embargo, el prelado retornó a Italia a finales de 2017 (un año después de que estallara el escándalo en Mendoza) y está viviendo nuevamente en la sede central del Provolo en Verona, por lo que la Justicia argentina ha pedido su extradición.
El papa Francisco
El caso afecta de cerca al papa Francisco, el exarzorbispo de Buenos Aires que fue elegido cabeza de la Iglesia católica en 2013.
En 2014, la Asociación Sordos Antonio Provolo de Verona, que agrupa a las víctimas italianas, realizó un video donde dio a conocer el nombre de los presuntos abusadores de esa institución, incluyendo a los tres que para entonces estaban ya en Argentina.
Y unos meses más tarde, uno de los miembros de la asociación, Giuseppe Consiglio, logró organizar un encuentro personal con Francisco y le entregó en mano una carta con la lista de los acusados.
Guiseppe Consiglio, una de las víctimas del Instituto Provolo de Verona, se reunió con el papa Francisco y le entregó en mano una carta con la lista de los acusados, entre ellos Corradi. BBC MUNDO/Simone Padovani/Awakening
Sin embargo, el papa argentino recién ordenó una investigación preliminar sobre las denuncias de abuso en el Instituto Provolo de Mendoza en 2017, un año después de que los sacerdotes fueran arrestados y ese internado fuera cerrado por las autoridades argentinas debido al gran número de testimonios sobre los horrores que estaban ocurriendo allí.
La investigación canónica continúa y, tras la condena de la justicia argentina los sacerdotes Corradi y Corbacho podrían recibir la pena máxima de la Iglesia: la excomulgación.
El caso había llegado hasta la Justicia gracias a la intervención de una legisladora mendocina, la senadora Daniela García.
Durante un acto público sobre derechos del niño, en noviembre de 2016, el presidente del Movimiento de Sordos de Mendoza le contó, con ayuda de un intérprete, lo que ocurría en el Provolo.
García alertó a la gobernación y al procurador, quien puso un fiscal a cargo de la investigación.
Nicola Corradi (en silla de ruedas) Armando Gómez (centro) y Horacio Corbacho (izquierda) abandonaron la sala del tribunal tras escuchar el fallo de la justicia. BBC MUNDO/EPA
La Justicia entrevistó a decenas de presuntas víctimas -en muchos casos con la ayuda de intérpretes-, detuvo a 14 personas y ordenó el cierre del instituto. Los testimonios que se recogieron revelaron más de una década de abusos contra los menores.
Las autoridades mendocinas también empezaron a recibir testimonios de vejaciones ocurridas en la sede de La Plata del Instituto Provolo, lo que dio pie a la apertura de la segunda investigación allí.
Desgarrador
Las cosas que descubrieron los investigadores dan escalofríos.
El juez de la causa en La Plata constató que los abusos allí se cometían los sábados, porque era el «día en que disminuía el número de alumnos internados y solo quedaban los que no tenían familia«.
El cura Horacio Corbacho fue condenado a 45 años de prisión. BBC MUNDO/Twitter
Yoel, uno de los chicos abusados en Mendoza, contó al diario local Los Andes que allí los abusos «siempre eran de noche» y que a los niños que dormían en el instituto se los obligaba a quitarse los audífonos para ir a dormir, para que no escucharan los gritos.
Tampoco se le permitía a los niños utilizar el lenguaje de señas, ya que el método de enseñanza desarrollado por Antonio Provolo busca sustituir la mímica por la palabra. Por ello, algunos de los niños más pequeños no podían comunicarse con sus padres.
Yoel también reveló que a los niños más grandes se los obligaba a abusar de los más pequeños, mientras sus cuidadores miraban.
Varias de las víctimas contaron que sus abusadores amenazaron con matar a sus madres si revelaban lo que estaba pasando.
Paola, la mamá de una exalumna abusada, dijo a Los Andes que Corradi «ataba de pies y manos» a su hija para abusar de ella.
Las historias de horror involucran también a Corbacho y a otros tres hombres que trabajaban en el Instituto: el jardinero Armando Gómez, un cuidador cuya identidad no se ha revelado porque es considerado inimputable y un empleado administrativo llamado Jorge Bordón.
Bordón, conocido como «el monaguillo», confesó haber cometido 11 delitos contra cinco víctimas y fue condenado a 10 años de prisión en 2018.
Los demás acusados siempre mantuvieron su inocencia y se negaron a hablar con la prensa.
El juicio que concluyó este lunes fue uno de tres causas que conforman el «Caso Provolo» de Mendoza.
La «monja mala»
La segunda causa involucra a Kumiko Kosaka, una monja nacida en Japón y criada en Argentina a la que muchos de los testigos destacaron por su crueldad.
Kosaka era llamada «la monja mala» porque se dice que azotaba a los niños, pero los crímenes de los que se le acusa van mucho más allá de la violencia física.
Tiene seis imputaciones como partícipe primaria en los abusos cometidos por los curas pedófilos. Y también se le acusa de haber abusado ella misma.
La monja Kumiko Kosaka está acusada de graves crímenes contra menores. BBC MUNDO/DYN
El abogado querellante Sergio Salinas, de la ONG Xumek, dijo al canal de noticias TN que Kosaka golpeaba a los niños «para ponerlos a prueba».
«Los golpeaba sistemáticamente y el más sumiso era entregado a los violadores. El que se rebelaba se salvaba de los abusos», afirmó Salinas.
La monja, que cumple prisión domiciliaria después de haber pagado una millonaria fianza, asegura ser inocente y ha acusado a los intérpretes de los testigos de tergiversar sus dichos. Incluso publicó un video en el que pedía un «juicio justo» y en el que aseguraba que las pruebas en su contra son «falsas».
Sin embargo, algunas de sus presuntas víctimas dieron detalles escabrosos de sus denuncias.
Una aseguró que Kosaka la «entregó» a Corbacho para que abusara de ella.
Y otra dijo que le colocó pañales para ocultar la sangre de sus heridas tras ser violada, cuando tenía 5 años.
Una segunda monja, Asunción Martínez, será juzgada en una tercera causa, junto con exdirectoras y personal del Provolo de Mendoza.
En tanto, también se espera que llegue a juicio el caso por los abusos en el Provolo de La Plata, que involucra a Corradi, Primati y a un empleado administrativo.
*Esta nota se publicó originalmente el 5 de agosto de 2019 y ha sido actualizada con motivo de la condena a los acusados.
El balotaje que definiría al próximo presidente de Uruguay parecía cerrado.
El viernes pasado, el último día en que las encuestadoras tenían permitido publicar resultados por ley, todas daban como ganador a Luis Lacalle Pou, líder del Partido Nacional y la coalición opositora de centroderecha.
La diferencia con el candidato oficialista, Daniel Martínez, perteneciente al izquierdista Frente Amplio, era de entre el 5 y 8% según las distintas empresas.
Sin embargo, cuando el domingo a las 20:30 horas locales se levantó la veda y los medios publicaron las proyecciones de voto comenzó la confusión: unos daban a Lacalle como ganador y otros, a Martínez, aunque eran los menos.
El margen era tan estrecho que ni unos ni otros se atrevían a festejar y se empezó a hablar de un histórico «empate técnico».
En una elección donde se precisaba una mayoría simple para hacerse de la presidencia en el periodo 2020-2025, la inédita situación hacía que, de repente, ya nada fuese simple.
La Corte Electoral uruguaya terminó informando que no anunciaría el ganador en la noche del domingo, tal como estaba previsto, debido a que el margen entre ambos candidatos era tan estrecho que la definición dependía de los llamados votos «observados».
¿Qué son estos votos y cómo se llegó a esta situación tan reñida que nadie supo prever?
Los números
Lo primero que hay que saber es que en Uruguay el voto es obligatorio y que no está permitido el sufragio desde el exterior.
En este contexto, los votos «observados» pertenecen a personas que, por una razón justificada, emiten su sufragio en un lugar diferente al circuito que les corresponde.
Ejemplo de ello son las personas que trabajan en las mesas electorales y quienes custodian dichos circuitos.
Hechas las aclaraciones, comienzan los cálculos matemáticos.
Con el 100% de los resultados del escrutinio primario, la Corte Electoral informó que Lacalle Pou obtuvo 1,168,019 votos (48.7%) y Martínez 1,139,353 (47.5%).
Es decir que hubo una diferencia de apenas 28,666 (1.2%) sufragios entre ellos. Sin embargo, los denominados votos «observados» ascienden a 35,229 (1.3%).
En otras palabras, técnicamente, estas últimas boletas podrían cambiar el resultado del escrutinio primario o provisorio.
De acuerdo con analistas uruguayos, 91% de los «observados» tendrían que ser a favor de Martínez para revertir lo que muchos catalogan de inevitable: la victoria de Lacalle Pou y el fin de 15 años de gobiernos de izquierda en Uruguay.
Fue por ello que el presidente, Tabaré Vázquez, llamó a Lacalle Pou para felicitarlo y que éste último se declaró virtual ganador a pesar de que Martínez dijo que esperaría el resultado definitivo.
Para ello aún faltan varios días. Tras tomarse el lunes de descanso, la Corte Electoral verificará cuántos de esos votos «observados» son hábiles y a cuál de los dos candidatos se suman.
Se espera que el organismo declare un ganador recién el jueves o viernes de esta semana.
Mientras tanto, el país permanece en vilo, con una extraña sensación de incomodidad en el contexto de estallidos sociales y protestas contra la política y modelos económicos que vive Sudamérica.
El voto del exterior
«En Uruguay sería impensable un fraude electoral», dijo la semana pasada el politólogo e historiador uruguayo a BBC Mundo.
«Las garantías electorales hacen que el conjunto de los ciudadanos no tenga dudas de que su pronunciamiento va a ser plenamente respetado sin importar quién gane o quien esté en el gobierno», agregó.
En los próximos días se definirá quién va a gobernar Uruguay por los próximos 5 años: Luis Lacalle Pou (izquierda) o Daniel Martínez (derecha). BBC MUNDO/AFP
Es decir que, si bien la situación del domingo tomó a los uruguayos por sorpresa, los resultados en sí no están siendo disputados.
Dicho esto, ¿cómo se llegó a la actual situación de márgenes tan ajustados?
«Hasta el miércoles decíamos que (la intención de voto) estuvo todo el mes estable, pero con una diferencia como la que había, unos poquitos puntos podían mover el tablero», dijo este lunes el director de Opinión Pública de la encuestadora uruguaya Equipos, Ignacio Zuasnabar, a el diario local El Observador.
Si bien aclaró que «es muy difícil atribuir causalidad», dijo que «hay 1 punto o 1 punto y algo de gente que vino a votar desde el exterior. Eso pudo haber ayudado a achicar la diferencia».
Históricamente, los uruguayos que viajan al país para votar, principalmente desde Argentina, son del Frente Amplio.
Pero los analistas señalan otro posible factor.
El «factor Manini Ríos»
El viernes, a poco de que comenzara la veda, el líder de uno de los cinco partidos que integran la coalición opositora liderada por Lacalle Pou publicó un video que se convirtió en el gran tema de conversación del fin de semana electoral.
El general retirado Guido Manini Ríos publicó un video a poco de iniciarse la veda que despertó «miedo» en algunos votantes y favoreció al Frente Amplio, según analistas. BBC MUNDO/Getty Images
El video en cuestión fue publicado por el general retirado Guido Manini Ríos, líder del partido de derecha Cabildo Abierto, que en solo ocho meses desde su fundación ha estado envuelto en numerosas polémicas.
En su mensaje dirigido a «los soldados de todas las jerarquías», Manini Ríos enumera los motivos por los cuales no votar al Frente Amplio, partido que se ha «burlado» de quienes «visten el uniforme de nuestra patria», dice.
Sus palabras de apelación a los integrantes de las Fuerzas Armadas y en contra de la izquierda despertó los fantasmas del último gobierno de facto (1973-1985).
En un artículo de El Observador sobre el «factor Manini Ríos», la directora de la encuestadora uruguaya Cifra, Mariana Pomiés, aseguró que «no solo puede haber influido el mensaje» del video, sino también «el silencio de los líderes» de la coalición opositora.
«Eso puede ayudar al miedo«, afirmó.
Para Pomiés, «la veda pedía el silencio, pero hay cosas en las que hay que ser oportunos y también prever».
Las elecciones municipales de este domingo en Hong Kong eran vistas como una especie de termómetro para medir cuánto apoyo tienen las protestas antigubernamentales que llevan cinco meses convulsionando la ciudad-estado.
Había mucha expectación, ya que era la primera vez que los ciudadanos de esta región administrativa especial de China acudían a las urnas desde en junio que comenzaron las manifestaciones.
Así, tanto el gobierno local liderado por Carrie Lam como el de Pekín esperaban que estos comicios reflejaran lo que ellos aseguran es la«mayoría silenciosa» que está en desacuerdo con las protestas.
Pero el resultado no dejó dudas: los candidatos que las apoyan lograron 387 de las 452 concejalías, convirtiéndose en los grandes triunfadores de la jornada.
Según aseguraron medios locales, con ello pasarán a controlar 17 de los 18 distritos existentes en Hong Kong.
La victoria para quienes protestan contra Pekín supone un éxito aún mayor si se considera la cantidad de gente que fue a votar: 2.94 millones de personas.
Esto corresponde a un 71.2% del electorado, 13 puntos porcentuales más que el anterior récord, del 58%,registrado en las legislativas de 2016.
La líder de Hong Kong, Carrie Lam, señaló que su gobierno «reflexionaría seriamente» sobre los resultados. BBC MUNDO/Getty Images
Los resultados de la elección municipal suponen también una derrota importante para la administración de Lam, quien dijo que su gobierno «reflexionaría seriamente» al respecto.
«Los resultados reflejan la insatisfacción con la situación actual y los problemas muy arraigados en la sociedad», señaló.
La ola de protestas en Hong Kong comenzó luego de que la jefa de gobierno presentara un polémico proyecto de ley que pretendía permitir la extradición a China.
¿Qué tan importante es el resultado de estas elecciones?
En la práctica, los concejales de los distritos recientemente electos tienen poco poder político y se ocupan principalmente de cuestiones locales —como las rutas de autobuses y la recolección de basura-—, por lo que estos comicios normalmente no generan mucho interés.
Además, pueden elegir a 117 de los 1,200 miembros del comité que selecciona al director ejecutivo de Hong Kong (actualmente Carrie Lam), quien luego es designado formalmente por el gobierno chino.
En Hong Kong las protestas no han cesado desde junio de este año. BBC MUNDO/Getty Images
El resultado de las elecciones municipales implica que esos 117 escaños ahora irán a candidatos a favor de las demandas de los manifestantes.
Si bien tendrán una mayor influencia sobre la elección del director ejecutivo de Hong Kong (que se realizará en 2022), tampoco será demasiado determinante, considerando la cantidad total de miembros.
Pero lo cierto es que el resultado es muy simbólico, ya que fue la primera oportunidad para que los ciudadanos expresaran en las urnas su opinión sobre el manejo de la crisis por parte de Lam.
En vez de reflejar esa «mayoría silenciosa» que el gobierno esperaba, el resultado dejó en evidencia justamente lo contrario, con incluso algunos candidatos de alto perfil favorables a Pekín que perdieron sus escaños.
Ahora, la esperanza de los activistas es que su victoria obligue al gobierno a tomar más en serio sus demandas.
Las incesantes protestas en Chile pusieron contra las cuerdas a los miembros del Parlamento de ese país.
«Ladrones», «tramposos» y «corruptos» son algunos de los insultos que han recibido por parte de la ciudadanía desde que comenzó el estallido social, el 18 de octubre pasado.
Una de las principales causas que está detrás de esta furia en contra de la clase política tiene que ver con los altos sueldos que reciben los diputados y senadores de este país sudamericano.
A pesar de que el malestar sobre este tema se instaló mucho antes de que explotara la crisis actual, la violencia de las últimas manifestaciones puso en evidencia la necesidad urgente de rebajar estos salarios en un 50%.
Y así, presionados por el clamor de la calle, y tras cinco años de intentos fallidos y resistencia por parte de varios partidos políticos, la polémica iniciativa parece por fin estar viendo la luz.
A grandes rasgos, el proyecto -que ya cuenta con mayoría y que se votará el próximo miércoles 27 de noviembre en la Cámara de Diputados- busca reducir de $9,349,851 (US$11,700) a $4,674,926 (US$5,850) la remuneración mensual bruta de los senadores y diputados.
Con esta medida se espera bajar la tensión y hacer frente a las críticas transversales hacia los parlamentarios debido a sus «excesivos» sueldos.
La desigualdad ha sido una de las principales razones detrás de las protestas en Chile que comenzaron el 18 de octubre pasado. BBC MUNDO/Getty Images
Pero ¿qué tan cierto es que estas remuneraciones son en efecto excesivas respecto a otros países? ¿Cuánto ganan los diputados y senadores de Chile en comparación con América Latina y el mundo?
La respuesta parece darles la razón a los manifestantes.
El más alto de Latinoamérica y el mundo
De acuerdo con un estudio realizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC), a fecha de 2018 Chile lideraba la lista de países latinoamericanos respecto a la remuneración bruta de sus parlamentarios, sin considerar asignaciones adicionales como viáticos o gastos en transporte, entre otros.
El informe afirma que en esta región el salario bruto mensual promedio para ese mismo año corresponde a US$10,205, ajustados a paridad de poder adquisitivo (PPA), el sistema de medición que permite ver lo que un dólar puede comprar en cada país y, así, hacer comparaciones más exactas.
Chile, no obstante, está más del doble por encima del promedio con US$23,035 (ajustado a PPA), seguido por México y Brasil, con US$20.609 y US$16.462 respectivamente.
Cabe aclarar que el parlamento de México redujo sus remuneraciones este año a 74,548 pesos mexicanos (US$3,842) luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decidiera que era necesario disminuir el salario de un centenar de funcionarios públicos en el marco de su «plan de austeridad».
En tanto, los países centroamericanos son los que reciben menores salarios. En Panamá, por ejemplo, los parlamentarios perciben un sueldo bruto de US$3,025 (ajustado a PPA), lo que corresponde a menos de un tercio del promedio regional.
Estos datos analizados por Clapes UC consideran únicamente las remuneraciones recibidas por los diputados de cada país, pues no todos cuentan con sistemas legislativos bicamerales (es decir, diputados y senadores).
La percepción del excesivo salario de los parlamentarios chilenos se intensifica aún más cuando se compara con el sueldo mínimo establecido en ese país, que alcanza un monto de $301.000 (US$377).
Es decir, el sueldo bruto percibido por los diputados y senadores es 31 veces el sueldo mínimo de ese país.
Pero, más allá de América Latina, ¿qué pasa con el resto del mundo?
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó en 2016 un estudio comparativo de las remuneraciones en Chile versus otros países del mundo.
A partir de los datos obtenidos, la organización asegura que este país «ocupa el primer puesto de las dietas parlamentarias más altas del conjunto total de países estudiados (26 en total)».
El informe sitúa a Chile con una remuneración de US$24,599 (ajustado a PAA), muy por encima de países europeos como Reino Unido (US$7,892), Francia (US$6,650), Noruega ($6,142) o España (US$4,164).
Además, el estudio destaca que en Chile la función parlamentaria no es de dedicación exclusiva, como sucede en otros países donde incluso reciben menores salarios, como Noruega o España.
Esto quiere decir que los chilenos pueden ejercer sus profesiones a la vez que se dedican a su labor parlamentaria. Algo que en la práctica suele suceder pues muchos tienen, por ejemplo, estudios de abogados privados.
Frente a estos datos, son muchos los ciudadanos chilenos que piden un cambio. De hecho, según la encuesta Cadem de junio de este año, un 93% está de acuerdo con reducir la dieta de los diputados y senadores.
¿Por qué son tan altos los sueldos en Chile?
El diputado Gabriel Boric, de la coalición opositora Frente Amplio, fue uno de los primeros parlamentarios en plantear la necesidad de reducir los sueldos en el Congreso. BBC MUNDO/Cámara de diputados de Chile
Ahora, la gran pregunta es por qué el salario de un parlamentario chileno está tan por encima del promedio.
Para responder esto hay que remontarse a la Constitución de 1980 donde está establecido que los diputados y senadores recibirán una remuneración equivalente a la de un ministro de Estado, «incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan».
Según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, al momento de tomar esa decisión «se argumentó que una buena remuneración será la ‘única compensación a todas las causales de incapacidad que los afectan’, refiriéndose a diputados y senadores».
En conversación con BBC Mundo, Claudio Fuentes, especialista en ciencias políticas y autor de una de las propuestas para disminuir la dieta parlamentaria, explica que «en la función pública existía esta idea de que si ganas poco, llevas a gente de pocas capacidades».
«Tenías que llevar a gente dispuesta a renunciar a altos sueldos. De ahí que se elevó el sueldo de los ministros y, por lo tanto, de los parlamentarios: la economía requería gente muy bien capacitada. Esa es la lógica que hay detrás, sueldos competitivos», agrega.
Esto, explica Fuentes, generó que el parlamento chileno estuviera cada vez más integrado por la élite.
«Hubo una transformación, los representantes empezaron a venir de colegios particulares pagados, con un origen social más elitista».
Y esa es justamente una de las críticas que, en el último tiempo, se ha escuchado en las calles de Chile.
Que sus políticos, ya sea de gobierno u oposición, están «desconectados» del mundo popular pues vienen de una sola sociedad, van a los mismos colegios y veranean en los mismos balnearios.
Polémica en torno a la ley
Manifestantes en Chile han exigido un cambio a la Constitución. BBC MUNDO/Getty Images
La discusión del proyecto de ley para reducir la dieta parlamentaria en Chile no ha estado exenta de polémica.
Esto, porque ahora no solo se busca bajar el sueldo bruto de los diputados y senadores sino también el de sus asignaciones, las cuales se utilizan para pagar asesores y gastos operacionales, entre otras cosas.
En el caso de los senadores, estas asignaciones superan los $20 millones (US$25,000), mientras en el caso de los diputados son de más de $10 millones (US$12,520).
Ante esto, un centenar de representantes que trabajan con los parlamentarios han hecho pública su protesta, paseándose por el Congreso con carteles que dicen cosas como: «¿Qué harías si te rebajan el 50% de su sueldo? ¡Yo paro!».
Otro punto controvertido tiene que ver con reducirle el sueldo a otros poderes del Estado.
Según el Banco Central de este país, podrían ser 12,000 los funcionarios afectados, que verían sus sueldos reducidos a la mitad.
«Una baja de este tipo significa atentar en contra de la independencia de los jueces», dijo Lamberto Cisternas, vocero de la Corte Suprema.
Durante la discusión, algunas autoridades chilenas hicieron referencia al caso de México, advirtiendo que la decisión de su presidente de reducir su sueldo dentro de un «plan de austeridad» había producido efectos «indeseados».
En Chile se ha hecho referencia al caso de México, advirtiendo que la decisión de su presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir su sueldo al 60% había producido efectos «indeseados». BBC MUNDO/Getty Images
«Fue una reducción muy drástica, hizo que mucha gente dejara la administración (…). Fueron más o menos 200 los funcionarios que renunciaron a partir de esta norma y el resto interpuso recursos de protección», dijo el presidente del Banco Central chileno, Mario Marcel.
Probablemente, estos últimos puntos controvertidos se discutirán en el Senado, cuando el proyecto llegue allá para su última aprobación.
Lo que sí está claro es que la rebaja a la dieta parlamentaria es prácticamente inminente y que, a partir del primer semestre de 2020, los diputados y senadores chilenos recibirán la mitad de su sueldo actual.
El Tribunal Constitucional de Perú ordenó el lunes la liberación de la líder opositora Keiko Fujimori, encarcelada el año pasado por acusaciones de lavado de dinero y recibir contribuciones ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.
El presidente del Tribunal, Ernesto Blume, anunció que un recurso legal de hábeas corpus presentado por Sachi Fujimori, hermana de Keiko, fue declarado “fundado” y se espera que Keiko abandone el penal en las próximas horas, cinco meses antes que se cumpla el plazo máximo de la medida.
Fujimori, de 43 años e hija del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de derechos humanos y corrupción, ha negado todas las acusaciones.
La prisión de la líder política era preventiva mientras era investigada por presunto lavado de activos en una trama en la que, de acuerdo con la Fiscalía, recibió dinero sucio de Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las que fue derrotada.
La investigación continuará tras su liberación.
La decisión tiene lugar en un momento en que el país se prepara para celebrar elecciones legislativas el 26 de enero.
El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso en medio de una batalla con los legisladores por su campaña anticorrupción. El partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, tenía una mayoría en el Congreso antes de su disolución.
El Consejo Permanente de la OEA recibió el lunes un informe que detalla violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y concluye como “inviable” el funcionamiento democrático en el país bajo el gobierno actual.
El informe, que fue realizado por la Comisión de Alto Nivel de la OEA a solicitud de varios países, recomienda que el Consejo Permanente de la OEA declare una «alteración del orden constitucional» en Nicaragua y se convoque un periodo extraordinario de sesiones.
La «meta», explicó el representante de Estados Unidos ante la OEA —uno de los países que conforman la comisión—, es que en las sesiones extraordinarias se invoque el artículo 21 de la Carta Democrática de la OEA, suspendiendo a Nicaragua del organismo.
«El diálogo no va a existir mientras que siga pasando lo que pasa hoy en día en Nicaragua», dijo Carlos Trujillo a periodistas a su salida de la sesión.
El informe, el cual también fue promovido por Canadá, Paraguay, Argentina y Jamaica, denuncia que el gobierno de Nicaragua ha llevado a cabo un patrón de coacción de los derechos de sus ciudadanos y de la libertad de expresión.
“Hoy en Nicaragua cualquier disidencia es atacada”, dijo la segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatora sobre Nicaragua a través de una videollamada.
“Los periodistas y trabajadores de medios independientes son perseguidos sistemáticamente”, añadió Antonia Urrejola.
[AHORA] El Consejo Permanente de la @OEA_oficial se reúne hoy para recibir un informe sobre #Nicaragua en el que se detallan las violaciones a derechos humanos en el país.
La comisión, nombrada por la OEA durante la Asamblea General en junio de este año, no contó con la colaboración del gobierno de Daniel Ortega para realizar el informe, el cual se negó a reunirse con el grupo.
«No obstante, la Comisión pudo escuchar los testimonios de varias víctimas y partes interesadas», indicó el reporte y subrayó la colaboración de El Salvador para facilitar reuniones con «importantes testigos».
El diálogo en Nicaragua entre el gobierno de Ortega y sectores de la oposición, mediado por la Iglesia Católica, fue terminado por el presidente a finales de julio de este año después de que se suspendieran las conversaciones en mayo. Como consecuencia, la Comisión califica de «infructuosas» las gestiones diplomáticas en su informe.
Precisamente por esta falta de colaboración, la comisión recomendó a la OEA que se declare una “alteración del orden constitucional” en Nicaragua.
Los representantes de Estados Unidos, Costa Rica y Canadá hicieron eco de esta petición durante sus intervenciones en la reunión.
“Es hora de que el consejo responda a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, dijo el representante de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo. “Debemos reconocer que es necesario aumentar la presión diplomática”.
Dos hombres fueron asesinados con armas de fuego en circunstancias distintas y que todavía está averiguando la Policía Orteguista (PO) en municipios del departamento de Jinotega, donde los crímenes de naturaleza homicida en 2019 siguen aumentando respecto de los registrados en años anteriores.
Uno de los casos más recientes ocurrió en la comunidad Santa Fe de Par Par, a unos 17 kilómetros al noroeste del caserío de Ayapal, en el municipio de San José de Bocay, donde sujetos desconocidos mataron al productor Marvin Talavera, de 38 años.
Según reportes extraoficiales, los desconocidos llegaron a sacar de su casa a Talavera y luego le dispararon con una escopeta. Los asesinos huyeron y la Policía llegó a averiguar.
Otro crimen sucedió en el barrio Ángel Herrera del caserío de Wamblan, en el municipio jinotegano de Wiwilí, donde desconocidos interceptaron y asestaron un balazo en la cabeza a un ciudadano identificado únicamente como Armando Tinoco.
Los criminales huyeron, abandonando el cadáver en la vía pública y, como ha ocurrido en una buena cantidad de casos este año, la Policía tampoco ha informado sobre las motivaciones del crimen o sobre los avances de las averiguaciones.
Las muertes de naturaleza homicida este año en Jinotega han incrementado en, al menos, 30 por ciento respecto de la cantidad reportada por la Policía en su anuario estadístico para el 2018.
El incremento de 2019 llega a 62 por ciento respecto de las cifras de 2017 en la misma circunscripción territorial.
El Estelí se recuperó de un inicio titubeante para consolidar una victoria 90-65 trascendental ante Fuerza Regia de México. Los norteños despegaron con muchas inseguridades, erráticos y con poco control de sus ejecuciones hasta que en la la segunda parte —ganó el tercer cuarto por 20 puntos— se transformó en ese plantel esperado con acciones ofensivas eficaces de sus jugadores llamados a marcar diferencia como el puertorriqueño Jezreel de Jesús.
Nadie apostaba por el protagonismo de los norteños en la víspera de la Liga de Campeones de Baloncesto de las Américas (BCL Americas, por sus siglas en inglés). La tropa dirigida por el puertorriqueño David Rosario cargaba la etiqueta de víctima y este lunes se volvió en el verdugo de los conjuntos aztecas que estaban llamados a avanzar los cuartos de final donde los estelianos pueden asegurar su boleto este jueves repitiendo el triunfo contra los Capitanes mexicanos.
La presión de ser local parece haber provocado desajustes en el quinteto inicial del Real Estelí, que desperdició muchos tiros en un primer cuarto (17-22) bien disputado por momentos. Fuerza Regia se desplazó con velocidad, manejó el balón con inteligencia sacando mayor provecho de la precisión de larga distancia, su mayor fortaleza para hacer daño constante en cada llegada con Luis Andriassi como principal referente.
Despertaron a tiempo
El Tren del Norte entró en el juego hasta la segunda mitad del segundo período, que lo dominó 18-15 para acercarse en el duelo (35-37). En ese cuarto fue casi milagroso para los norteños que empezaron la remontada, tras tener una desventaja de 12 puntos recortados por el buen funcionamiento del puertorriqueño Christopher Gastón (18 puntos y 9 rebotes) y el nigeriano Jeleel Akindele (10 puntos y 11 rebotes), quien marcó diferencia en los tableros.
Los estelianos entraron en calor en el tercer cuarto que dominaron (32-12) otra vez con mayor autoridad. Jezreel de Jesús (19 puntos) estaba inspirado de todos marcando muchos puntos destacando un par de triples que ayudaron al Tren del Norte a conseguir una diferencia a favor de 15 unidades. ¡Increíble después de ir perdiendo por 12! El Estelí se recuperó de un inicio titubeante para consolidar una victoria que los deja un paso de sorprender el baloncesto Latinoamericano.
Por su comprensión, GRACIAS !! Esperamos que nuestro amigo esté con nosotros pronto 
@alejandro_sandi #AlexRegresaConBien
@vannearias 
: @juancamilooficial . . . #alejandrosandi #pomeranian #pomeranianworld #hiking #hikingadventures #hike #forest #portrait #fitnessmotivation #yosimedaba #100diassaludables
