El presidente ejecutivo del organismo Ética y Transparencia (EyT), Roberto Courtney, se preguntó cómo hará el partido de gobierno, FSLN, para justificar los gastos de su campaña electoral, la que según sus cálculos hasta ahora le han significado egresos por el orden de dos o tres millones de dólares.
Según Courtney, gracias al mecanismo de financiamiento público de los partidos vigente en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) podría acceder a millones de dólares en concepto de reembolso en una contienda que los expertos describen como de poca inversión y sin mayor competencia a la reelección de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
La contienda electoral inició oficialmente el veinte de agosto pasado. Según la ley electoral 331, los partidos políticos, que logren al menos el cuatro por ciento de los votos válidos, deben rendir cuentas de sus gastos para obtener un reembolso del Estado al que accederán según el porcentaje de votos que obtengan.
U$ 21 millones en el presupuesto
El Ministerio de Hacienda presentó el veinte de octubre pasado el presupuesto de la nación ante el plenario de la Asamblea Nacional. El ejecutivo dispuso 633 millones de córdobas en concepto de reembolso a los partidos, es decir 21. 45 millones de dólares. Seis organizaciones estarán en la boleta electoral en un proceso cuya credibilidad es cuestionada a nivel nacional e internacional.
En junio pasado, Ortega prohibió la observación electoral independiente y luego la Corte Suprema de Justicia, instrumentalizada por el sandinista, sacó del juego electoral a la oposición y dejó compitiendo únicamente a partidos considerados de poco peso político como para disputarle el poder al sandinismo.
El CSE es dirigido por magistrados militantes del FSLN. Estas autoridades sostienen que en total son 16 partidos los que participan en el proceso, pero van agrupados en seis alianzas políticas que aparecen en la boleta electoral.
De acuerdo con el experto en temas electorales, Courtney, será interesante la justificación de gastos del oficialismo, porque podría alcanzar un reembolso de unos 15 millones de dólares. Claro, esto ocurriría si el FSLN logra el porcentaje de votos que proyectan las encuestas.
“Uno de los asuntos más interesantes a observar es cómo esta cifra que es arriba de los veinte millones de dólares (presupuesto para financiamiento de partidos), se distribuye a los partidos políticos en la que el partido más gastón, que parece ser el de gobierno. Si un partido alcanza el 70 por ciento de los votos va ser interesante cómo soportan cuando sus gastos son de dos o tres millones de dólares”, calculó Courtney.
Fijarse en publicidad
El especialista sostiene que el gasto de campaña es visible. Destacó que se debe estar atento a lo que se establezca como gasto de publicidad, tomando en cuenta que la mayoría de medios televisivos en Nicaragua están bajo control de la familia presidencial.
“Va ser interesante saber si el reembolso está soportado en facturas de padres a sus hijos, que son los dueños de estos canales”, explicó Courtney.
Los hijos del presidente Ortega son directores de canal 4, 8, 13, 24 y la familia presidencial ha formado desde hace años un duopolio con el mexicano Ángel González, con la complicidad del Instituto estatal que regula las telecomunicaciones en el país, Telcor.
¿Cuánto han gastado?
No hay una versión oficial del FSLN sobre lo gastado hasta ahora. LA PRENSA intentó localizar vía telefónica al representante legal de ese partido, el diputado Edwin Castro, pero no respondió su celular.
Los registros oficiales de la Contraloría General de la República, señalan los gastos del sandinismo en la campaña de 2006, cuando Ortega retornó al Ejecutivo luego de 16 años en la oposición. Invirtieron entonces, 5 millones 432 mil 555 dólares.
En el proceso electoral de 2011, al momento de reelegirse amparado en una resolución judicial de magistrados de su partido, que declaró inconstitucional el artículo que prohibía la reelección presidencial, los gastos se elevaron al doble en comparación con 2006.
El informe oficial de la Contraloría, auditando los datos proporcionados por el FSLN en 2011, indica que se gastaron 10 millones 99 mil 997 dólares, de los cuales el 37.59 por ciento fueron en el rubro de publicidad y propaganda, aunque hubo un considerable desembolso para compra de vehículos.
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La campaña de 2016 para el FSLN
En los 67 días que ha durado la campaña de 2016, hasta este jueves, se ha visto poca actividad electoral. Sin embargo, en el caso del FSLN, en los barrios de Managua se promueve la candidatura de la pareja presidencial y hasta hacen marchas con fotografías. Quieren la continuidad de los Ortega en el poder ejecutivo.
“La estrategia (en 2016) es hacer ferias de todo tipo, para mostrar que gobernar es una fiesta popular. Así, vemos ferias de artesanías, gastronomía, de vacunaciones y atención médica, de limpieza de predios y barrios, de reparto de bolsas de comida y de tejas para el techo. Todo es gracias a (el comandante)… y a… (la compañera). Y sin ellos (Ortega y Murillo) nada de esas dádivas sería posible. Y para que esa fiesta siga, hay que votar por… y por…, que garantizan el buen gobierno, e impiden que alguna vez vuelva al poder la derecha insensible y corrupta”, explica el comunicador Alfonso Malespín
Para Malespín, la familia presidencial no sale ni hace campaña porque no sienten que el poder esté en riesgo con los competidores. “No hay competencia de perder el gobierno”, sostiene.
Abuso del estado
El ex viceministro de gobernación, José Pallais, señala otro punto importante: el abuso de los recursos del Estado para promover la campaña de Ortega. Hace mención que en los diarios se publicó la fotografía de un furgón con propaganda del candidato presidente, un vehículo en que el Ministerio de Salud útil en las atenciones médicas a la población.
“Es un descaro, es un delito, jugar y instrumentalizar la salud de los nicaraguenses con una propaganda que es un ejercicio de nepotismo y despotismo, en que se utiliza el servicio social que la gente requiere, para engrandecer la figura de la pareja presidencial. Es algo más, dentro de los aprovechamientos de los recursos del Estado, que llega hasta poner (propaganda) descaradamente en todas las oficinas del Estado”, lamentó Pallais.
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Una clínica móvil, del Ministerio de Salud, hace exalta a la pareja presidencial en plena campaña electoral.
El ex viceministro coincide en que los recursos programados por Hacienda para el reembolso a los partidos serán para enriquecer las arcas del partido sandinista, tomando en cuenta que ellos mismos están claros que “los partidos cómplices no van a obtener un porcentaje de votos interesantes. Lo tendrán entonces muy fácil asignárselo y disfrutar de esos recursos”.
Pallais describió el control del caudillo sandinista en el sistema político. Para él, Ortega es quien abre la llave del financiamiento a los partidos.
“El financiamiento a los partidos viene de la tradición europea y está orientado fundamentalmente para dar respuestas a dos situaciones: 1) es importante mantener la independencia de los partidos, que no se vean obligados a obedecer a grupos de poder y 2) apuntalar el principio de la igualdad. Si a todos les das recursos, no habrá partido más poderosos por sus alianzas con grupos de poder. Aquí en Nicaragua, con el gobierno controlándolo todo, incluyendo al sector bancario, la llave para el financiamiento previo solo se abre en la cantidad que determina Daniel Ortega”.
Mala inversión
La expresidenta del Consejo Supremo Electoral, Rosa Marina Zelaya, criticó la calidad del proceso electoral que está viviendo Nicaragua, calificado como una farsa en la opinión pública.
“Vemos como los partidos políticos de oposición ni siquiera llenaron sus fiscales el 100 por ciento”, lamentó la ex funcionaria.
De acuerdo a Zelaya, si este proceso no produce legitimidad democrática, se está mal invirtiendo el dinero del erario. “Todo lo que hemos visto, en el desarrollo del proceso electoral, son más bien críticas que realmente podemos pensar que si no hay un golpe de timón drástico, vamos a pensar que no va producir la legitimidad deseada y entonces no estaríamos invirtiendo bien el dinero en la democracia”, añadió Zelaya.
El financiamiento de los partidos
Para Roberto Courtney, presidente ejecutivo de Ética y Transparencia (EyT), el financiamiento privado no tiene ninguna regulación.
“No hay tope para lo que pueda recibir un candidato o partido, no hay tope para lo que pueda donar una persona o una empresa. No hay tope incluso para dinero que puede venir del extranjero. Solo está prohíbido si es mixto con alguna empresa nacional, aunque el tema de Albanisa en las elecciones pasadas demostró que esto es papel mojado”, explicó.
Courtney agregó que las pequeñas regulaciones que puedan haber no son aplicables a los candidatos y tampoco fuera del período de campaña.
A cuenta del erario
Según el artículo 99 de la ley electoral en Nicaragua (331), los partidos políticos en el país financian sus campañas con una asignación presupuestaria, equivalente al uno por ciento de los ingresos ordinarios del presupuesto general de la república en el caso de los comicios generales, cuando se elige presidente y vicepresidente, diputados ante la Asamblea Nacional y ante el Parlamento Centroamericano.
“Dicho reembolso se otorgará a las organizaciones políticas que hayan obtenido al menos el cuatro por ciento de votos válidos y de acuerdo al porcentaje de los mismos. Debiendo rendir cuentas en forma documentada y detallada ante la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Supremo Electoral”, establece la ley 331.
En total son seis artículos referidos al tema del financiamiento de los partidos políticos. En esos artículos se plantea que los partidos políticos podrán recibir donaciones de ciudadanos nicaraguenses y extranjeros, de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley.
El artículo 103 dice que “no podrán recibirla de instituciones Estatales o mixtas, sean éstas nacionales o extranjeras. Las donaciones de instituciones provenientes del extranjero, se destinarán para la asistencia técnica y capacitaciones”.
Otras disposiciones
Según la ley 331, los aportes privados deberán depositarse en cuentas especiales abiertas en banco del Estado, “si lo hubiere, o en instituciones del sistema financiero nacional”.
Los aportes privados directos serán beneficiados con exoneración. “Los partidos políticos o alianzas de partidos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente: 1) contribuciones privadas anónimas, salvo las colectas populares. 2) aportes provenientes de entidades autónomas o descentralizadas, nacionales, regionales, departamentales o municipales”, dice el artículo 104.
Al partido que incumpla con esta última disposición, podrá ser objeto de una multa equivalente al doble de la contribución o “donación ilícita” y las penales que corresponde a las autoridades que hayan participado en el hecho.
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