La Ley de regulación de agentes extranjeros o «Ley Putin» fue aprobada este 15 de octubre por la aplanadora de los 70 diputados orteguistas, quedando establecido de esta forma el nuevo mecanismo de espionaje financiero contra los ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones y asociaciones sociales y opositoras, que reciban recursos de gobiernos y agencias extranjeras.
Los diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) impusieron la Ley de interés del dictador Daniel Ortega y su cogobernante, Rosario Murillo, a pesar del riesgo de que la Unión Europea (UE) cumpla su advertencia y saque a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA) que existe entre ese bloque y Centroamérica, entre otras advertencias diplomáticas.
Durante el debate los orteguistas se reían y burlaban de los liberales y de Yatama cuando denunciaban que con esta ley el objetivo del régimen es criminalizar a los defensores de derechos humanos, a las organizaciones sin fines de lucro y a los medios de comunicación.
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El Parlamento Europeo (PE) aprobó la semana pasada una resolución en la que se instó a la UE a aplicar nuevas sanciones al circulo de poder del régimen, incluidos Ortega y Murillo. También se resolvió activar las cláusulas del AdA, de llegar a aprobarse en Nicaragua la «Ley Putin» y la «Ley Mordaza» o de ciberdelito, por considerar que ambas violan el pacto sobre respeto a los derechos humanos.
«Esta es una aberración jurídica», denunció el jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez. Agregó el parlamentario que el concepto de soberanía que invoca el régimen para pretende controlar los recursos externos que reciben las organizaciones, empresas y grupos opositores, «no puede estar encima de los derechos humanos de las personas».
«Aquí se vulneran preceptos constitucionales, los derechos al trabajo, políticos, económicos y sociales. Por eso creemos que esta iniciativa, no es nada más que las pretensiones de limitar a los nicaragüenses que no compartimos un sistema que ha sido considerado a nivel internacional como nocivo para los derechos democráticos», expuso Rodríguez.
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La «Ley Putin» orteguista es una copia de la aprobada en Rusia, en 2012 con la que el presidente Vladimir Putin a criminalizado la labor de las organizaciones sin fines de lucro, a los periodistas, a confiscado e inhibido a movimientos y líderes opositores de participar en procesos electorales. Ese es el mismo sistema que instaurará en Nicaragua la dictadura de Ortega y Murillo.
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Los orteguistas defendieron la nueva herramienta legal de persecución política de la dictadura de Ortega. Carlos Emilio López, diputado de la bancada orteguista, desenmascaró que el objetivo real es impedir que los movimientos, agrupaciones críticos de Ortega usen los recursos que reciben como apoyo económico desarrollen acciones que debiliten a la dictadura.
«Las organizaciones no gubernamentales podrán seguir recibiendo fondos, pero no podrán ser usados para alterar la paz, la armonía ni fomentar el odio», dijo López, repitiendo el discurso de la dictadura que considera las protestas sociales y las denuncias de los crímenes contra el pueblo, desde abril del 2018, es parte de «un fallido intento de golpe de Estado» .