La respuesta del régimen orteguista ante la presión ejercida por el Parlamento Europeo para que retroceda en la aprobación del paquete de leyes de Regulación de Agentes Extranjeros y Ley Especial de Ciberdelitos, no solo determinará que el país, en realidad, pueda ser suspendido del Acuerdo de Asociación (Ada) entre la Unión Europea y Centroamérica, sino, además, que las donaciones de la UE se pongan en riesgo de ser congeladas, explicaron analistas consultados por LA PRENSA.
La Unión Europea (UE) se ha colocado durante el periodo 2015-2019 en el segundo lugar entre todas las fuentes de donaciones externas que recibe el Gobierno y son canalizadas por diferentes carteras del Estado para la realización de proyectos de agua y saneamiento, educación, producción, entre otros.
Durante todo ese tiempo, las donaciones presupuestadas han sumado 2, 393 millones de córdobas, pero apenas se ejecutaron 1, 708.6 millones de córdobas, según informes de liquidación presupuestaria del 2015 al 2019. Para este 2020 se presupuestaron 537.4 millones de córdobas en donaciones y a junio del presente reportaban un grado de ejecución de 22.9 por ciento, lo que muestra el grave problema de subejecución del Gobierno.
Aunque en la resolución aprobada el pasado jueves por 609 diputados del Parlamento Europeo instan al Gobierno a detener la criminalización de las voces disidentes, parar de restringir el trabajo de estos, además de rechazar el paquete de leyes que busca criminalizar a la oposición y controlar las redes sociales, no se indica la posibilidad de congelar las donaciones, el analista político Oscar René Vargas, explica que eso no significa que el Gobierno no tiene que pensar en esa posibilidad, y peor, después que en la resolución llaman a suspender al país del AdA.
La Resolución recuerda que en marco del AdA, “Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, y manifiesta que, dadas las circunstancias actuales, la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) debe activarse sin demora”.
Vargas explica que el Gobierno debe valorar y saber que puede haber un incremento de la presión a través de la cooperación europea, que no necesariamente significan que la corten, pero la pueden congelar, mientras no se resuelva la situación en el país. Ya en el pasado, debido a la falta de institucionalidad y el ataque directo de Daniel Ortega contra la comunidad de donantes, varios países europeos que por años apoyaron al Nicaragua se retiraron gradualmente. Esto abrió una brecha presupuestaria, lo que ocasionó que el Gobierno se endeudara más rápido con organismos multilaterales.
El exdiplomático, Edgard Parrales también considera que la cooperación que es de carácter oficial sí estaría en riesgo de ser suspendida, no así, las que se canalizan por medio de organizaciones. Un paso que podría acelerar esta decisión, dice el analista, sería que el Gobierno “cometa la torpeza” de aprobar la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que también afectaría a las organizaciones no gubernamentales, al bloquear los fondos que estas reciben de la cooperación para sus proyectos, puesto que la ley obligaría a que se inscriban como agente extranjero, limitando su participación a la política.
Pero los analistas no solo consideran que las donaciones del bloque como UE peligran, sino la de los otros países que la integran, que de forma bilateral podrían cancelar sus paquetes de cooperación, a como ya lo han hecho otros, tras las violaciones de derechos humanos que iniciaron con el estallido social de 2018. Holanda suspendió por tres años 20 millones de dólares que se utilizarían en la construcción del Hospital Regional del Caribe Norte, en Bilwi.
“El Reino de los Países Bajos está preocupado por la violencia, represión, detenciones arbitrarias y la falta de libertades fundamentales en Nicaragua que ha venido sucediendo desde el 18 de abril”, reiteró Holanda, en el que recordó “que (la) decisión también se tomó debido a las quejas sobre la obstrucción y la grave demora en el acceso a la atención médica para los manifestantes en Nicaragua”, publicó LA PRENSA en agosto de 2019, tras hacer la consulta a la sede diplomática, en Costa Rica.
En julio de 2018, Luxemburgo congeló los desembolsos al gobierno y el proceso de firma del nuevo Programa Indicativo de Cooperación con el Gobierno de Nicaragua. La cooperación bilateral ha ido decreciendo desde que Ortega retomó el poder, en 2007. En ese momento el país recibía ayuda bilateral de 21 gobiernos en concepto de donaciones que significaron 386.4 millones de dólares, pero en 2020, Ortega, ahora cuenta con cinco gobiernos, incluida la UE.
El exdiplomático José Dávila considera que la UE ha dado seguimiento a la situación en Nicaragua y saben que sacar al país del Ada es una medida muy fuerte, pero debido al comportamiento de la dictadura, el riesgo que se pierda la cooperación y que el país sea suspendido del Ada puede aparecer en los próximos meses. “Estamos en el filo del abismo y lo que seguimos esperando es una reacción racional de este gobierno”, expresó.
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Evitar castigar a la población
El exembajador ante la Organización de Naciones Unidas, Julio Icaza explica que la aplicación de la cláusula democrática prevista en el Acuerdo de Asociación, con el fin de suspender a Nicaragua de los beneficios comerciales que concede ese tratado, no es la primera vez que ha sido solicitada por el Parlamento Europeo. Hay referencias en casi todas las resoluciones aprobadas por ese órgano desde 2018.
El carácter de esas resoluciones es recomendatorio y para que tengan un efecto deben ser ratificadas por el Consejo Europeo, que es el órgano ejecutivo de la UE. Por otra parte, hay algunos países miembros que consideran que no debe castigarse el país y la población en su conjunto, como sucedería en caso de suspenderse el tratado, y que debe antes darse prioridad a las sanciones individuales.
«Lo cierto es que los tiempos se agotan. De no haber un compromiso serio de reformas que garanticen elecciones libres antes de fin de año se estaría perdiendo una oportunidad única de lograr una solución y la comunidad internacional estaría enfrentándose a una seria amenaza crónica, cuya erradicación tendrá costos mucho más elevados. Es de esperarse en este sentido que las presiones se intensifiquen al máximo en los próximos meses, una vez que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) establezca las condiciones y plazos», considera el exdiplomático.