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Carlos Tünnermann: atacar a obispos es “otro error” del Gobierno

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El político y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Carlos Tünnermann, consideró “otra equivocación” del gobierno de Daniel Ortega la gestión de descrédito en contra de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadores del Diálogo Nacional ante el Vaticano.

En opinión de Tünnermann, el Gobierno “fracasará” en su intento de que la santa sede ordene el retiro como mediadores del diálogo a los obispos que no son del agrado del oficialismo. “El Vaticano está muy bien informado de la grave crisis en Nicaragua y del buen papel de los obispos en buscar la salida pacífica”, consideró el político.

El canciller Denis Moncada viajó la semana pasada al Vaticano donde gestionó para que sean separados los obispos que, según él, están al lado de la oposición. Se pretende reestructurar el diálogo con sectores que le favorezcan al Gobierno.

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El cardenal Leopoldo Brenes afirmó el domingo que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) no permitirá que uno de sus miembros sea retirado del diálogo porque lo quiera el ejecutivo, porque cuando aceptaron ser mediadores fue como CEN.

“Ortega debería tener un poquito de buen juicio, porque mientras más represión haga más indignación, protesta e inconformidad de la población provoca. Esta es otra equivocación”, recalcó Tünnermann.

Parte de campaña

El régimen de la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, desarrolla una campaña de desprestigio contra los obispos de la Iglesia católica, a quienes han acusado de “golpistas” por proponer el adelanto de las elecciones presidenciales como salida a la crisis sociopolítica, causada por la represión estatal que deja más de 440 muertos desde el 18 de abril.

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Gobierno sandinista obstaculiza el trabajo de la misión internacional en Nicaragua

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Los equipos de trabajo tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH) enfrentan un engorroso trámite de Cancillería para realizar su trabajo.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, denunció este lunes la obstaculización del Gobierno de Nicaragua contra la misión internacional.

“A mí me parece un contrasentido (…el Gobierno) sabía que les daban esa autorización para que vinieran a hacer investigaciones y realizar las actividades que el mandato del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) tiene como mecanismo especial de la CIDH”, criticó Núñez, quien ahondó que el Gobierno ha decidido que aún para ir al Sistema Penitenciario o lugares donde ha habido conflictos tienen que obtener autorización de la Cancillería.

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Los representantes de ambas organizaciones sostuvieron, este lunes, una segunda reunión de trabajo con el Cenidh y organizaciones aliadas que tienen representación en los terrenos en conflicto. Al final del evento, decidieron no hablar con los medios.

Trabas para todo

Según Núñez, en dicho encuentro “afinamos mecanismos de coordinación para buscar cómo la relación con ellos sea más efectiva tanto para nosotros en función de las víctimas, como para ellos que están haciendo todo un esfuerzo por las limitaciones de carácter económico, las limitaciones de personal con que cuentan, sobre todo sorteando los obstáculos que el Gobierno les pone para todo, les exige que les tiene que pedir permiso”.

Núñez expuso durante la reunión que en el país se ha implementado un sistema de contramarchas desde el Gobierno, lo cual consideró peligroso.

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“Les explicamos la preocupación en general, los ribetes gravísimos que está tomando la lucha, la situación, porque ya no se trata solamente de reprimir manifestaciones, ahora hay un sistema de contramarcha que representa riesgo”.

Nueva etapa de represión

Por su parte Juanita Jiménez, de la Iniciativa de Defensoras, dijo que señalaron lo que consideran es una nueva etapa de la represión, con el tema de “la judicialización de la criminalización” y el rol que juegan los operadores del sistema de justicia.

Por ejemplo, menciona Jiménez, el hecho que se estén ejecutando capturas sin orden, que remiten a juicios a las personas por delitos que no han cometido “en generalidades de señalamiento o responsabilidades donde no hay garantía al debido proceso”.

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“Nosotras más bien hemos expresado con preocupación el tema de los presos políticos, creemos que es un elemento de alta violación de derechos humanos, donde hay información de sus familiares o de otros reos que están siendo torturados”, indicó.

Jiménez señaló también como preocupante casos de personas que no aparecen en ninguna acusación oficial por parte del Ministerio Público y que siguen detenidas desde hace mucho tiempo y que se consideran operaciones forzosas.

Trabajo de colaboración en el terreno

La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, recordó que como Cenidh han formado parte de un grupo de organizaciones que en conjunto han efectuado gestiones ante la CIDH desde hace mucho tiempo.

Muchas veces lo han hecho con la participación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en audiencias conjuntas sobre temas específicos, como el del proyecto del Canal, derechos de las mujeres, entre otros. Igual hay otros temas que los ha gestionado solo el Cenidh, como el de los privados de libertad.

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Esa experiencia de trabajar en conjunto ante el sistema interamericano, dijo Núñez, la han querido adoptar en el terreno ante las instancias que han sido enviadas ante la crisis que enfrenta el país desde abril.

Para ello tratan de colaborar visibilizando ante ellos las denuncias o las situaciones graves de violaciones de derechos humanos que les llegan “y consideramos deben ser de la atención de estos organismos”, dijo Núñez.
La represión del Gobierno ha provocado más de 300 muertes, según la CIDH.

Situación es grave

Juanita Jiménez dijo que Nicaragua está en una escalada de represión con nuevas modalidades, que posiblemente por los resultados no sea igual a la ocurrida entre abril y junio, “pero que es superpeligrosa, porque implica que trasciende hacia la familia, hacia la comunidad, ese control represivo que se está haciendo de las ciudades donde el tema de la militarización es gravísimo, máxime (…) cuando se trata de fuerzas irregulares, un ejército paralelo, paramilitares, eso le agrega un elemento de mayor gravedad”.

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Daniel Ortega quiere fuera del Diálogo Nacional al obispo Silvio Báez

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Después de 51 días desde la última sesión del Diálogo Nacional, este continúa estancado mientras el presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, en una entrevista con un complaciente periodista norteamericano descalificó el trabajo en particular de monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua.

Según Ortega, por las críticas que el religioso carmelita hace a su gestión en redes sociales, está incapacitado para ser mediador.

“Él es el más bueno para andar en eso. El día que estábamos inaugurando, instalando el diálogo, él era el que estaba lanzando ataques. Entonces no puede ser mediador”, dijo Ortega.

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El más reciente ataque a los obispos de parte de Ortega ocurrió durante la entrevista con el bloguero Max Blumenthal, un simpatizante de la izquierda internacional extremadamente complaciente con Ortega, realizada en Managua en julio pasado pero fue conocida hasta este lunes.

“Ha habido dos o tres obispos que han roto con su papel de mediadores porque el día que se instaló el diálogo uno de ellos, tomando la palabra inició dándole todo el respaldo a la oposición, ese obispo, en ese momento estaba restándole autoridad a la Conferencia Episcopal. Y ahí mismo otro obispo mandando mensajes por el celular tuiteando a favor de la oposición y contra el Gobierno. Y eran dos en ese momento que estaban dañando la credibilidad de la Conferencia Episcopal como instrumento de mediación. Y nadie les llama la atención a ellos y nadie les decía que no podía ser así, y yo diría que sufrió un desgaste la credibilidad de la Conferencia Episcopal por la actitud de algunos obispos”, aseveró Ortega.

El periodista no se interesó en indagar por qué Ortega, mientras duró el diálogo, en ningún momento detuvo la represión contra los manifestantes desarmados, sino por el contrario intensificó la violencia y los asesinatos mediante el uso de paramilitares equipados con armas de guerra.

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Los obispos son mediadores y testigos de las conversaciones entre el Ejecutivo y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

El Diálogo se inició el pasado 16 de mayo con la presencia del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, los miembros de la Alianza Cívica y los obispos, en medio de protestas en distintas partes del país.

Para el constitucionalista y politólogo Gabriel Álvarez, el caudillo sandinista y su esposa Rosario Murillo no han tenido ningún interés político en el Diálogo Nacional para buscar solución a la crisis que vive Nicaragua.

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“Daniel Ortega desde el inicio no tomó con seriedad el Diálogo. Ni Ortega ni Murillo han tenido interés ni voluntad política en crear las condiciones para una salida negociada pacífica y constitucional que nos lleve a los nicaragüenses a la justicia y la democracia que nos conduzca a la paz”, refirió Álvarez.

Zancadillas al diálogo

La Alianza Cívica desde el comienzo de las conversaciones con el Gobierno demandó la salida de Ortega mediante elecciones anticipadas.

Esta demanda fue interpretada por el Ejecutivo como “golpe de Estado” y desde entonces Ortega empezó a ponerle zancadillas al diálogo.

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El pasado 7 de junio, los obispos se reunieron en Casa Presidencial con Daniel Ortega, Rosario Murillo y el canciller Moncada.

En esa ocasión, los mediadores le entregaron al caudillo sandinista una ruta de salida pacífica y constitucional que consistía en realizar elecciones anticipadas para marzo de 2019, para superar la crisis.

Ortega no aceptó la propuesta de los obispos y continuó reprimiendo a la población, encarcelando y asesinando, mientras el clamor a su salida se hacía nacional e internacional.

Agresión en Diriamba

Ortega siguió con su ola violenta, esta vez directamente contra los mediadores y contra los integrantes de la Alianza Cívica.

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El 9 de junio, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, y su auxiliar —monseñor Silvio Báez— fueron agredidos por turbas y paramilitares dentro de la Basílica San Sebastián, en Diriamba. Junto a Brenes y Báez también fue agredido el Nuncio Apostólico monseñor Waldemar Stanislaw Sommerstag monseñor Miguel Mántica y el padre Edwin Román.

Los religiosos visitaban la ciudad para ser mediadores en el rescate de fieles que se encontraban secuestrados dentro de esa basílica.

Detienen a Medardo Mairena

Ortega intensificó su presión y descalificación también contra los miembros de la Alianza Cívica y mandó a detener el pasado 13 de julio al líder campesino Medardo Mairena, quien fue apresado en el Aeropuerto Internacional de Managua cuando pretendía salir del país a un foro para denunciar la represión del Gobierno, que ya contabilizaba más de 270 muertos en ese momento.

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Junto al líder campesino fue apresado Pedro Mena, otro líder campesino anticanal.

Ambos son acusados por el régimen de terroristas, junto a decenas de estudiantes, dirigentes espontáneos, empresarios, comerciantes, campesinos y activistas de derechos humanos.

“Obispos golpistas”

Para cerrar con broche de oro su intento de desacreditar a los integrantes del Diálogo, Ortega celebró el pasado 19 de julio acusando a los obispos, mediadores y testigos del Diálogo de ser golpistas y terroristas.

“Yo pensaba que eran mediadores, pero no, estaban comprometidos con los golpistas. Eran parte del plan con los golpistas”, acusó el caudillo a los religiosos en Plaza la Fe, ante miles de sus seguidores.

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Ortega además mandó a su canciller a gestionar en el Vaticano la salida de Báez y otros obispos.

El canciller orteguista Denis Moncada gestionó la semana pasada en el Vaticano, en Roma, Italia, una orden para que los obispos, que según él “se han puesto a favor de la oposición”, se retiren como mediadores del Diálogo Nacional debido a que al gobierno de Daniel Ortega le interesa “reestructurar” la mediación solo con los religiosos que él considera ecuánimes.

Recomienda ajustes

Para el jurista Gabriel Álvarez, los obispos han realizado un excelente trabajo como mediadores, sin embargo cree que se deben hacer ajustes, entre los cuales destaca que deben participar la ONU, la Unión Europea y la OEA en el Diálogo en “su carácter de garantes y de apoyo técnico a la labor de los obispos”. Otro punto que no es favorable, según Álvarez, es el “formato masivo del diálogo” y explico que la agenda se debe reducir a debatir temas torales que urgen para la democratización de la nación.

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“La Conferencia Episcopal es insustituible en la Mesa del Diálogo porque es la única institución que tiene la autoridad moral y la credibilidad casi unánime de la población nicaragüense”. No obstante, Álvarez, insiste en que se deben hacerse los ajustes explicando que algunos obispos “han dado algunas declaraciones poco ortodoxas para un rol de mediación”, dejando en claro que “esto no los desautoriza en su trabajo como mediadores”.

Relación obispos-Gobierno

“Deben hacerse ajustes y los obispos  deben revisar sus planteamientos en las formas para construir una mejor relación de confianza con el Gobierno, pero sin afectar el fondo de sus planteamientos que ha sido la democratización de Nicaragua y que es el planteamiento del soberano, que es el pueblo”, sugiere el jurista Gabriel Álvarez.

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¿Por qué Ortega denigra a los obispos?

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Daniel Ortega desacredita a los obispos como mediadores del Diálogo Nacional, porque él lo que quiere es una componenda, un “arreglo o transacción censurable o de carácter inmoral” según la certera definición del Diccionario de la RAE.

El Diálogo Nacional es para buscar un acuerdo que permita resolver de raíz el grave problema nacional, que es la falta de democracia y libertad. Así se lo dijeron los obispos a Ortega, cuando aceptaron su petición de servir como mediadores y testigos del Diálogo.

Pero el propósito de Ortega era otro. Quería ganar tiempo mientras aplastaba brutalmente la rebelión popular y hacer después una componenda para seguir gobernando hasta las elecciones de 2021. Inclusive más allá, porque su objetivo ha sido siempre perpetuarse en el poder. Por eso no acepta adelantar las elecciones ni someter su permanencia en el poder a un plebiscito. Ortega ni siquiera ha dicho que estaría dispuesto a garantizar que las elecciones de 2021 serían competitivas, transparentes y fiscalizadas por observadores independientes, nacionales e internacionales.

De manera que no es porque los obispos han opinado sobre la crisis política del país, que Ortega impugna su función de mediadores y testigos en el Diálogo Nacional. Ortega sabía desde mucho antes del Diálogo cuál es la posición política de los obispos (no de política partidista, sino profética y moral); sin embargo, acudió a ellos para que organizaran el diálogo porque estaba en una situación desesperada ante el empuje de la insurrección popular.
Ortega y sus voceros faltan a la verdad al decir que por haber opinado sobre los temas del diálogo, los obispos se convirtieron en jueces y parte y se descalificaron como mediadores. Esto es una absoluta falsedad.

La mediación es un principio y recurso del Derecho Internacional para la solución de conflictos, establecido en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se aplica también en el ámbito nacional. A diferencia del gestor de buenos oficios, que debe limitarse a exhortar a las partes a que procuren un arreglo amistoso; y del árbitro o juez, que toma decisiones que las partes están obligadas a aceptar, el mediador opina y propone alternativas de soluciones. Esto, precisamente, fue lo que hicieron los obispos al proponer el adelanto de las elecciones para resolver la crisis de manera democrática.

Pero lo que quiere Ortega no es un acuerdo democrático, sino una componenda politiquera para mantenerse indefinidamente en el poder, lo cual no puede conseguir en el Diálogo Nacional mediado por los obispos y con un oponente como la Alianza Cívica.

De allí que Ortega esté empeñado en convertir el Diálogo Nacional en una mesa de componenda, así como en sustituir a los obispos con religiosos venales y a la Alianza Cívica con políticos corruptos y colaboracionistas.

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Zona de Strikes: Cleveland intenta meterse entre los favoritos

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Fue en 1995 cuando los Indios de Cleveland parecían listos para saltar al futuro y al fin, despegarse de un pasado tenebroso que los mantenía atados a la mediocridad.

Habían pasado 47 años de su último éxito en una Serie Mundial (1948) y no asistían a un clásico de otoño desde el año 1954, cuando fueron barridos por los Gigantes.

Así que era natural todo el entusiasmo generado tras la conformación de un plantel estelar, que parecía estar en posición de brillar y acabar el extenso ayuno sin triunfar.

El ataque reunió a Manny Ramírez, Jim Thome, Albert Bell, Eddie Murray, Carlos Baerga y Kenny Lofton, como las figuras destacadas, pero en ese line up no había respiro.

Solo consideren que además estaban Paul Sorrento, Omar Vizquel y Tony Peña en la parte más angosto de aquella alineación, en la que también estaban Dave Winfield y Brian Giles en el banco.

A los pícheres los lideraba Dennis Martínez, más Orel Hershiser, Charles Nagy y Mark Clark, con José Mesa a la cabeza de los relevista y Mike Hargrove como el timonel.

Pero la tribu no pudo ante los Bravos en la Serie Mundial de ese año. Tampoco pudo en 1997 ante los Marlins y en el 2016 contra Chicago, por lo que la espera ha llegado ahora a 70 años.

¿Podrán ahora? La tribu está trabajando en ese sentido. Tiene un equipo bien balanceado y su coronación en la División Central es un asunto de tiempo.

José Ramírez, Francisco Lindor, Edwin Encarnación y Yonder Alonso lideran un ataque fuerte, con Cory Kluber, Trevor Bauer y Carlos Carrasco metiendo el brazo.

Sin embargo, los expertos dan más chance de ganar el clásico de otoño a Boston, los Astros y los Yanquis. Incluso los Dodgers y Cachorros tienen mejores proyecciones.

No obstante, no se puede descartar a los Indios, justo cuando el hambre de triunfo se ha incrementado y el ayuno se ha prolongado por siete décadas llenas de frustración.

Cleveland es un retador fuerte y no se le debe subestimar. Su picheo es firme y su alineación explosiva.  No obstante, hay muchos obstáculos en el camino que han de probar su carácter.

Sigue a Edgard Rodríguez en Twitter: @EdRod16

 

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Transportistas subieron el pasaje intermunicipal sin autorización del MTI

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Sin una resolución del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) que lo respalde, cooperativas de varios corredores intermunicipales del país han aprovechado la crisis para incrementar la tarifa del pasaje, en un claro abuso a los usuarios del sector.

Los microbuses que salen de la terminal de la Universidad Centroamericana (UCA) y llegan a Masaya y León, son solo algunos de los que elevaron el pasaje y han pegado una notificación dentro de los vehículos, escrita por ellos mismos, donde informan el nuevo precio “debido a los altos costos de operación”.

María López vive en Masaya y todos los días aborda un microbús para asistir al trabajo y evidentemente el alza le golpea el bolsillo porque ya tenía un presupuesto elaborado y ahora toca hacer ajustes, como disminuir otros gastos, para no llegar al final de la quincena sin dinero para el pasaje.

“Antes pagaba 19 córdobas por pasaje y ahora tengo que dar 23 córdobas. Esto es desde hace unas tres semanas que empezaron a cobrar”, dijo López, quien tiene que cumplir con el nuevo monto o de lo contrario no aborda la unidad.

En abril de 2017 fue la última revisión y ajuste que realizó el MTI en el transporte intermunicipal. Aunque en la Ley de Transporte Terrestre (ley 524) está estipulada estudiar los precios, los pasajeros rechazan tal porque los transportistas no mejoran la calidad en cuanto al estado de las unidades y trato al usuario.

Al no estar autorizado por el MTI, Juan Carlos López, miembro del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor, rechaza el aumento del pasaje y lamentó que la actual crisis del país sea aprovechada por el sector para perjudicar al usuario.

“El pasaje que están cobrando de manera antojadiza solamente le está favoreciendo a los transportistas económicamente y violenta a los usuarios. Como no hay inspectores les facilita alterar el pasaje”, explica López.

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Rectores de facto en la UNAN-Managua intentan controlar a estudiantes rebeldes

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Desde el pasado 27 de junio debieron realizarse las elecciones de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), pero esto no ha sido posible hasta el momento y tampoco hay una intención clara de llamar a una elección, es por este motivo que los estudiantes que se atrincheraron en la universidad desconocen la autoridad de la rectora Ramona Rodríguez y el vicerrector Jaime López Lowery, quienes están mandando de facto.

De acuerdo con información publicada en la página web de la UNAN-Managua, Rodríguez y López Lowery presentaron su candidatura el pasado 22 de enero para la elección que se pretendía realizar en junio. Las nuevas autoridade de la UNAN-Managua debieron asumir el cargo el pasado 06 de julio y luego proceder a las elecciones de Directores de Departamentos Docentes y la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN).

El catedrático Freddy Quezada, quien fue despedido de la UNAN-Managua el pasado 30 de julio, argumentó que ante la falta de legitimidad de las autoridades de esa Universidad, todas sus órdenes y memorandos tienen un efecto legal nulo.

“Todas las autoridades de la UNAN-Managua, incluyendo las autoridades de UNEN, tienen sus periodos vencidos, tienen un mes que se les venció, de tal manera que en términos jurídicos la UNAN está acéfala, sin elecciones legítimas, ellos tienen que convocar a elecciones de autoridades superiores, autoridades estudiantiles para poder recuperar esa legalidad y esa legitimidad, que son cosas distintas”, dijo Quezada.

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Jonathan López, uno de los estudiantes atrincherados de la UNAN-Managua, explicó que la universidad aún no los ha llamado a clases, pero que ellos están valorando la posibilidad de declararse en desobediencia estudiantil como lo hicieron los estudiantes de la UNAN-León, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT).

“Nosotros simplemente no reconocemos a Ramona Rodríguez como rectora de UNAN-Managua debido a que su plazo como rectora ha vencido y no se han hecho elecciones… el hecho que ella siga como rectora no es correcto, es invalido, ilegítimo y peor aún que sea presidenta del CNU (Consejo Nacional de Universidades) ya que para tener ese puesto se necesita ser rector de una universidad”, expresó López.

Quien sí está en pleno ejercicio de su cargo es la rectora de la UNAN-León, Flor de María Valle, quien ya convocó a clases, pero la mayoría de los estudiante decidieron no regresar a esa alma mater en protesta por la forma en que el Gobierno ha reprimido las manifestaciones.

Por otro lado, la secretaría general de la Universidad Nacional Agraria (UNA) convocó a clases a los alumnos deL turno sabatino y dominical. Además, hizo un llamado a los estudiantes de posgrados y maestrías para coordinar la calendarización de las clases.

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El recinto central de la UNA, ubicado en la Carretera Norte de Managua, permaneció tomado parcialmente por los estudiantes hasta el pasado 14 de julio, día que los jóvenes decidieron desalojar el recinto universitario ante el brutal ataque perpetrado por la Policía Nacional y paramilitares contra los estudiantes atrincherados en la UNAN-Managua.

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Secretario de Asuntos Exteriores del FSLN ataca a la comisión OEA

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Para el secretario de Relaciones Exteriores del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Jacinto Suárez, el objetivo de la Organización de Estados Americanos (OEA) es hacer “un linchamiento político” al Gobierno de Nicaragua, por lo que reiteró que no se dejará ingresar al país a la comisión especial de la organización.

“El motivo realmente no es (un asunto) diplomático, es hostigamiento político, es linchamiento político a Nicaragua”, afirmó Suárez, quien además es presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional.

Con la votación de veinte de los 35 países del Consejo Permanente de la OEA se aprobó el 2 de agosto la conformación de un grupo de trabajo para Nicaragua, con el mandato de coadyuvar a encontrar soluciones pacíficas y sostenibles a la crisis que sufre el país desde el 18 de abril por la represión a la protesta ciudadana por parte de fuerzas gubernamentales.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifra en 317 los muertos en la jornada de protestas, pero el ejecutivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo admite solo 197.

Plazo 10 de agosto

El grupo de trabajo de la OEA deberá integrarse a más tardar el 10 de agosto, y luego informarán la fecha en que viajarían a Managua. El presidente designado, Daniel Ortega, en entrevista con la cadena rusa RT dijo que no recibirán a esa comisión. Suárez reiteró que no se dejará entrar al país.

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“Pueden nombrar las comisiones que quieran, mientras el Gobierno no los dejen entrar, ¿de qué sirve?”, afirmó.

Repite a Moncada

El diputado Jacinto Suárez usó los mismos argumentos que el canciller Denis Moncada respecto a que el Consejo Permanente de la OEA no está facultado para nombrar grupos o comisiones especiales.

“Eso no está consignado en ninguna parte”, dijo Suárez. Sin embargo, el artículo 12 del reglamento del Consejo sí lo faculta para “crear las comisiones permanentes y especiales”.

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Nuevos académicos incorporados a la ANL en medio de la crisis política que vive Nicaragua

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La celebración del noventa aniversario de fundación de la Academia Nicaragüense de la Lengua (ANL) y sus actividades han sido impactadas por la crisis política, inseguridad social e inestabilidad económica que vive en Nicaragua desde hace más de tres meses.

“Mientras hay una situación trágica en al país”, la ANL no puede celebrar como se debe, se lamentó Francisco Arellano Oviedo, presidente de dicha organización.

El académico explicó que el festejo ha sido reducido a una “conmemoración interna” donde serán incorporados como nuevos miembros Hilda María Baltodano Reyes y Eddy Kühl Aráuz, la primera con el rango de académica de número, y el segundo como académico honorario.

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Asimismo reveló que no han recibido la asignación presupuestaria de este trimestre, y la partida especial para el festejo, por lo que se encuentran con deudas y casi paralizados. Y su preocupación ha aumentado por saber qué pasará con el presupuesto del 2019.

La ANL tenía programado celebrar un congreso iberoamericano, en el cual asistirían académicos como Darío Villanueva Prieto, director de la Real Academia Española; Francisco Javier Pérez, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), así como directores de las academias de varios países. La que se ha cancelado.

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Arellano Oviedo refirió que ahora solo tendrán esta conmemoración interna, este miércoles 8 de agosto a las 11:00 a.m., en la sede de la Academia, el Centro Cultural de España en Nicaragua, (CCEN ).

La Academia Nicaragüense de la Lengua (ANL) fue fundada el 31 de mayo de 1928. Entre sus primeros miembros figuraban Carlos Cuadra Pasos, monseñor José Antonio Lezcano y Pablo Antonio Cuadra.

La Real Academia de la Lengua (RAE) la reconoció formalmente hasta el 8 de agosto de 1928, hace noventa años.

Se viene a sumar a la lista de académicas

Baltodano Reyes se viene a sumar a la lista de honor donde figuran destacadas mujeres como Rosario Fiallos Oyanguren de Aguilar, Nydia Palacios Vivas, Gioconda Belli, Ana Ilce Gómez, María Auxiliadora Rosales Solís, Gloria Elena Espinoza e Isolda Rodríguez Rosales.

El ser parte de esta lista de mujeres notables de la lengua, en clase de académico de número, es para ella un gran privilegio.

En el acto de incorporación, la académica leerá su discurso de ingreso titulado El léxico que nos hace amar a Nicaragua, cuya contestación estará a cargo de Arellano Oviedo.

La nueva académica de la lengua, Hilda María Baltodano Reyes, ocupará la silla con la letra “P”, anteriormente ocupada por el presidente René Schick Gutiérrez (1909-1966), luego por el poeta y cuentista Fernando Silva (1927-2016).

Baltodano Reyes se siente orgullosa de ocupar esta silla, pero lo más importante —dice— es el nuevo trabajo en equipo que piensa realizar para Nicaragua, en conjunto con académicos de la Real Academia Española.

Baltodano Reyes es docente y cuenta con maestrías en Filología Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, y Lexicografía Hispánica por la Real Academia Española y la Universidad de León, España.

Ha publicado ¡Juguemos, pues! Léxico de los juegos populares nicaragüenses, Leyendas granadinas en sitios históricos. Y por publicar, Artesanía nicaragüense: léxico y creatividad.

Diferentes ensayos también han sido publicados en la Revista Lengua, de ANL, y en ediciones universitarias.

Académico de honor

Eduardo Ramón Kühl Aráuz (Eddy Kühl) ha publicado cerca de veinte libros. Su discurso versará sobre los títulos de sus libros, que valora como históricos y educativos. Fue el impulsor del rescate de la memoria de los indios flecheros de Matagalpa.

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Su primer libro fue Matagalpa y sus gentes, luego le siguió ¿Quiénes construyeron Nicaragua? y Los buenos y los malos en la historia de Nicaragua, entre otros En 2008  recibió la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío.

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Desapariciones forzadas, otra cara de la represión en Nicaragua

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Las paredes de organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), han empezado a lucir empapeladas de fotografías. Las mismas corresponden a alertas de personas que son reportadas como desaparecidas.

Se trata de víctimas de desapariciones forzadas en Nicaragua podrían estar relacionadas con detenciones arbitrarias realizadas contra manifestantes o familiares que de alguna manera participaron en alguna expresión de protesta.

Esto se deduce de los patrones de comportamiento detectados a través de las denuncias que ha recibido el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), según el asesor legal de ese organismo, Braulio Abarca.

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A partir del 18 de abril a la fecha el Cenidh ha recibido unas 180 denuncias, por lo que Abarca califica como desapariciones forzadas ocurridas en más de 112 días de resistencia pacífica de la población en el país.

Abarca no descarta que sea mayor el número de los desaparecidos, pues hay mucha personas que no acuden a denunciarlo, por las barreras de seguridad que deben vencer los denunciantes por estar ubicadas las instalaciones del Cenidh en el perímetro de seguridad de la residencia de los designados presidente y vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente.

Es más Abarca, considera que ante la falta de información presumen que en este período se han transformado en algunos casos de desapariciones forzadas a detenciones ilegales, en otros casos la desaparición la calificó como contínua.

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Mencionó como uno de los casos de desaparición contínua el de Javier Mojica Centeno, que a la fecha tiene 51 días de desaparecido y aunque fue presentada la denuncia ante la Policía Nacional, aún desconocen su paradero.

También señaló la desaparición de   Manuel Salvador Aguinaga, desaparece el 28 de mayo, un taxista que en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana (UCA), ofreció declaraciones a un medio local en contra de la represión, después de eso su familia no supo de él.

“Son desapariciones forzadas, ya que no ha habido una actuación del Estado que ha omitido su obligación, a pesar que ya tiene en su poder las denuncias no han hecho nada para dar con el paradero de estas personas”, explicó Abarca.

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La mayoría coincide que han sido secuestrados, dijo Abarca quien mencionó como patrones de comportamiento en las denuncias ante el Cenidh que las víctimas han sido secuestradas y en la mayoría de los casos aparecen a cargo fuerzas “parapoliciales o paramilitares”.

En uno de los casos han sido secuestrados “por parte de fuerzas parapoliciales y terceros armados, esto indica que son fuerzas que no tienen ninguna relación directa con un uniforme”, dijo Abarca.

La otra forma que han detectado es en forma de detención ilegal arbitraria “llegan a las casas, parques, sin orden de detención o de allanamiento hace redadas, como en barrios de Managua donde se ha llevado detenida varias personas” y después en muchos de los casos niegan la detención. Estima Abarca que en este período unas 500 personas fueron arrestadas de esa forma, algunos de ellos aún están en delegaciones, o en El Chipote. “En muchos de estos casos niegan la presencia en sus cárceles”.

Muchas de las detenciones fueron realizadas con uniforme policial, con abuso intencionado y premeditado uso desproporcionado de las fuerzas, afirmó Abarca

En las detenciones arbitrarias Abarca incluye los casos de menores. Estima que unos 60 menores de 18 años, fueron detenidos entre el 18 de abril a la fecha, de los cuales unos 12 siguen detenidos.

La otra forma de las desapariciones fueron perpetradas por fuerzas combinadas entre la Policía Nacional y paramilitares. En estos casos, explicó el asesor legal del Cenidh, los denunciantes han referido que estas fuerzas “no tienen un ápice de consideración con las víctimas”, a las que se llevan después de haber sido golpeadas.

Contra detenciones

El Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Francisco Palmieri a través de su cuenta de twitter se pronunció este martes por las detenciones arbitrarias registradas en Nicaragua.

“Denunciamos las continuas detenciones arbitrarias y pedimos la liberación de todos los individuos arrestados por manifestar pacíficamente su oposición al gobierno de Ortega, incluidos activistas de derechos humanos y miembros de la Alianza Cívica”, dijo Palmieri en un tuit.

Denuncian ante la CIDH

El asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Braulio Abarca, menciona entre los casos denunciados ante ese organismo el de Javier Mojica Centeno, de 21 años.

El joven desapareció en la zona de Linda Vista el 11 de junio, por tanto ya pasa de los 50 días que es buscado por sus familiares. El caso fue denunciado ante el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua( Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Una situación similar fue denunciada en Matagalpa, tras la desaparición sufrida por el joven Tobías Hernández, el pasado 16 de julio.

180
denuncias de personas consideradas como desaparecidas ha registrado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en 112 días de protestas pacíficas impulsadas por la población en Nicaragua.

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Ministerio de Salud sigue en su cacería contra los médicos nicaragüenses

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Los despidos en el Sistema de Salud de Nicaragua siguen aumentando: solo en Managua se denuncia que 55 trabajadores han sido despedidos en centros de salud, hospitales públicos y centros del Seguro Social. La nueva modalidad que utilizan las autoridades sanitarias para los despidos es hacer llegar las cartas de dos en dos y con “causas inventadas” para justificar la barrida.

Según miembros de la Asociación Médica Nicaragüense (AMN), en los últimos días el Ministerio de Salud (Minsa) despidió a 25 trabajadores en los centros de salud de la capital: un especialista en Urología del Hospital Antonio Lenín Fonseca, una especialista en Oncología del Hospital Bertha Calderón y otra especialista fue bajada de rango en ese mismo hospital. Además 28 doctores fueron echados de la red de Servicios Médicos Especializados SA (Sermesa), propiedad del Seguro Social.

A nivel nacional la AMN estima que 135 trabajadores de la Salud han sido corridos de sus cargos, dato que fue respaldado ayer por una investigación realizada por Human Rights Watch. El organismo internacional denunció que los despidos en el Sistema de Salud son “arbitrarios”, ya que surgen “aparentemente en represalia por participar en protestas contra el Gobierno”.

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Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 15 trabajadores de la Salud despedidos de hospitales o centros médicos en las ciudades de Santa Teresa, Diriamba, Jinotepe, San Marcos y León, y analizó las cartas de despido que recibieron 10 de ellos. Nueve de las cartas tienen una redacción idéntica, a pesar de que fueron emitidas por las autoridades de distintos hospitales, y no indican la causa del despido.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló: “Después de reprimir brutalmente las manifestaciones en todo el país, el gobierno de (Daniel) Ortega está dirigiendo sus represalias contra todos aquellos que se atrevieron a cuestionar su poder. El despido de médicos es otra prueba de que al gobierno de Ortega le interesa más asegurarse un poder absoluto que garantizar los derechos básicos de los nicaragüenses”.

Nuevas cartas ya tienen causas de despido

Ante el escándalo que generó la barrida en el hospital de León y el reclamo de los galenos de que se les estaba echando sin causa alguna, las nuevas cartas que está entregando el Minsa ya incluyen causales de despido, pero, según los afectados, estas causas son insostenibles.

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“Por este medio me refiero a los resultados de la Auditoría de Calidad de la Atención Médica realizada al expediente clínico del paciente de iniciales W.H.W., en la que se refleja un manejo clínico inadecuado de su parte en diferentes aspectos… siendo esta una falta muy grave, por tal razón, procedo a cancelar su contrato de trabajo”, dice la carta de despido del urólogo José Luis Borgen, quien laboraba en el Hospital Antonio Lenín Fonseca.

Para el doctor Borgen, la causa por la que lo despidieron es completamente ficticia, pues él desconoce el nombre del paciente afectado, tampoco le entregaron una copia de la supuesta auditoría realizada para analizar el caso y no se le hicieron llamados previos.

“La causa real de los despidos es la situación política… aquí disentir y dar una opinión en contra del Gobierno, sobre todo de la matanza de los estudiantes, ha hecho que se tomen represalias con grupos de médicos que ya tienen identificados porque participan en las marchas, han estado en la atención en los heridos durante las protestas y los que han hecho comentarios en las redes sociales”, expresó Borgen.

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“Cuando se dieron los primeros 135 despidos las cartas no llevaban especificada causal, de tal manera que se ve la ilegalidad; entonces, ahora la nueva modalidad es inventar auditorías médicas y procurar encontrar alguna queja de algún paciente —que puede ser real o falsa— y de esa manera hacer los despidos”, agregó el galeno.

Escoltado a la salida

Cuando el urólogo José Luis Borgen fue despedido del Hospital Antonio Lenín Fonseca el director de ese centro envió al administrador, un fiscal y un guarda de seguridad, quienes lo escoltaron hasta la salida.

“Querían impedir que yo me comunicara con otro trabajador, entonces lo que yo hice fue ejercer mi derecho a la protesta con sus mismos métodos, es decir, aún sabiendo que el sindicato blanco de Fetsalud avala estos despidos, fui a poner mi queja al sindicato y en ese momento llegaron a buscarme y me dijeron ‘mire, por orden del director tenemos que asegurarnos de que usted se vaya del hospital’”, relató el médico.

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El galeno además puso su denuncia ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos y exige ser reintegrado a su puesto de trabajo.

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Obispos de Nicaragua se sienten respaldados por el Papa Francisco

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Monseñor Juan Abelardo Mata aseguró este martes que el papa Francisco apoya abiertamente la gestión que los obispos vienen realizando como mediadores y testigos del Diálogo Nacional, que se encuentra estancado desde hace sesenta días, por la falta de voluntad política del presidente Daniel Ortega, de querer resolver la crisis política y social que ya ha causado la pérdida de 448 personas, según organismos de derechos humanos.

“El santo padre nos ha apoyado abiertamente y lo continúa haciendo. No estamos dispuestos a que nos dividan: o todos o nadie. ¡Estamos pidiendo a las partes, claridad!”, aseguró monseñor Mata, vocero y secretario general de la Conferencia Episcopal.

De esa manera, el obispo Mata le respondió al presidente Ortega, quien envió a su canciller Denis Moncada al Vaticano, para pedir que algunos obispos fueran sacados del diálogo porque, según el Gobierno, estos se han politizado y están a favor de los planteamientos de la Alianza Cívica, que pide la renuncia inmediata del caudillo como presidente.

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En sus primeras declaraciones —el domingo pasado— el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, dijo que ellos participan en el Diálogo Nacional no como individuos, sino como miembros de la Conferencia Episcopal.

Las intrigas de Moncada

Moncada fue recibido en el Vaticano por monseñor Paul Richard Gallagher, encargado de la relación con los Estados, según nos confirmó una fuente episcopal.

Mata también señaló que el Gobierno no ha mostrado voluntad política en el Diálogo para superar la crisis que agobia al país desde abril pasado.

“Esa ofensiva diplomática denota que, en el fondo, el Gobierno no tiene voluntad política de diálogo alguno. Lo que busca es un diálogo que le limpie la cara a nivel internacional y hacerlo con entidades que se ajusten a sus propósitos: justificarse ante la nación y… ¡aquí no ha pasado nada!”, aseguró el purpurado para describir las intenciones de Ortega, que intenta desacreditar la mediación de los religiosos.

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El también obispo de Estelí expresó que la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia debería incorporar a más sectores, para que haya una mejor representación en el proceso del Diálogo.

“Estamos convencidos de que se hace necesario ampliar a los interlocutores de la Alianza Cívica, a fin de que los diversos estratos de la población se sientan representados”, sugirió el obispo Mata.

“Obispos no callaremos”

“Es obvio que los obispos no callaremos ante las injusticias y crímenes de lesa humanidad y que nos retiremos por nuestro propio pie del servicio que el mismo Gobierno nos pidió en su desesperación, al verse con el agua hasta el cuello, para darse un respiro y reorganizarse ante la reacción inesperada del pueblo. Como no nos pudo manipular, su mentalidad de terrorista quiere engullirnos”, expresó el obispo Abelardo Mata ante los ataques públicos del presidente Daniel Ortega.

Cierran filas con jerarcas

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, afirmó que ellos respaldan el diálogo con los obispos como mediadores y testigos.

“Nosotros en esto hemos sido claros, para nosotros el diálogo se basa que los mediadores y testigos es la Conferencia Episcopal de Nicaragua, integrada por cada uno de los diez obispos, que la conforman o que la han conformado en este tiempo”, dijo Aguerri.

Los obispos, pese a las acusaciones de Ortega —que el pasado 19 de julio los calificó de golpistas y terroristas—, sostienen que están dispuestos a continuar en el proceso de diálogo, asegurando que es la vía pacífica para salir de la crisis.

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Paramilitares orteguistas ahuyentan a los turistas de Nicaragua

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La presencia de paramilitares, la poca actividad nocturna, así como la reducción de la frecuencia de vuelos y la suspensión de algunas aerolíneas evidencian que Nicaragua no ha vuelto a la normalidad, advirtieron este martes empresarios ligados al sector Turismo.

“La situación no se ha normalizado porque vemos que las mismas líneas aéreas están readecuando su frecuencia de viajes porque el turista no está viniendo, ese es un síntoma claro de que no hay normalidad en el sector turístico”, sostuvo Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur).

Valenti señaló que la activación del turismo después de que termine la crisis (que hasta hoy arriba a 113 días) será una tarea difícil.

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“En primer lugar para que el turismo interno se pueda mover tienen que salir de circulación los paramilitares, porque con paramilitares la gente no sale porque tiene miedo y la actividad nocturna no se normaliza por lo mismo”, comentó Valenti.

En las principales ciudades del país aún se mantienen encapuchados asediando a la población, lo que ahuyenta el turismo. Al mismo tiempo a diario se reportan desapariciones forzadas, asesinatos, robos y violencia, lo que ha ocasionado el éxodo de miles de nicaragüenses.

René Sándigo, vicepresidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Nicaragua (Hopen), explicó que dada la situación actual el Turismo aún no levanta cabeza en Granada, pese a que julio y agosto es la temporada alta de captación de turistas europeos y norteamericanos.

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“Además de la crisis hay otras cosas que nos afectan… ya viene el aumento del salario mínimo en septiembre, no tenemos ahorita cómo pagarles (a los trabajadores) y estamos pensando cómo vamos a hacer en septiembre; dos, el tema de la energía: ahorita los hoteles, a pesar de que están cerrados, los recibos de luz no bajan, más bien se mantienen altos y tres, el tema de los bancos; con algunos han sido más flexibles, con otros no, pero no significa que te van a borrar la deuda”, dijo Sándigo.

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De igual forma el Turismo se ha visto afectado en distintas parte del país, como León, donde los extranjeros también habían invertido en negocios, que hoy están cerrados. En Rivas, uno de los departamentos más visitados por sus playas, también se resiente el retiro de los turistas.

Las calles, hoteles y playas de San Juan del Sur siguen sin turistas extranjeros, lo que sigue afectando la economía de los microempresarios que aducen que no ganan ni para pagar los servicios básicos. LA PRENSA/RAMÓN VILLARREAL

Reyna Trigueros, presidenta de la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur) de San Juan del Sur, afirma que “el boom del turismo extranjero”, que hasta antes del 19 de abril colmaba las playas, calles y hoteles de San Juan del Sur, sigue ausente en esa ciudad turística y los propietarios de negocios turísticos no ganan ni para pagar los altos recibos de energía eléctrica y otros servicios básicos.

Campaña de Intur

Recientemente el Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), anunció el lanzamiento de la campaña internacional Visitemos Nicaragua libre, gracias a Dios, la cual José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), dijo desconocer.

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“No conocemos cuál es esa campaña, de nuevo yo creo que los números son clarísimos, si hubiera esa posibilidad lo que estuviéramos viendo es algo contrario a lo que estamos conociendo de cada una de las líneas aéreas… lo que estamos viendo es que cada vez va a ser más difícil atraer turistas al país ante esta situación de cierre de las diferentes líneas aéreas”, sostuvo Aguerri.

Ojos que no ven…

Mientras este martes al mediodía, la vicepresidenta designada Rosario Murillo invitó a promover el turismo local, “ese turismo que también afectaron los golpistas. Golpearon y dejaron en el desempleo a muchas familias, pero vamos a recuperarnos, tengamos fe, sabemos que Dios mueve a Nicaragua hacia la prosperidad. Ellos destruyeron el Turismo, que paguen por sus crímenes. Ellos destruyeron la imagen de Nicaragua, que paguen por sus crímenes”.

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Hasta junio la pérdida en el sector turístico superaba los 230 millones de dólares y de continuar indefinidamente la crisis en el país se espera que las pérdidas sean mayores, en uno de los sectores que ha generado mayores divisas a la economía del país.

Turoperadoras

Debido a la crisis, de las 45 turoperadoras que aglutina la Asociación de Turoperadores de Nicaragua (Antur), 15 han cerrado temporalmente.

Claudia Aguirre, presidenta de Antur, señala que mientras todo el Turismo esté paralizado, las turoperadoras también se ven afectadas, de manera que parte del personal calificado del sector, tras meses de desempleo, ha migrado, principalmente a Costa Rica.

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“Hasta la fecha registramos un 90 por ciento de cancelación de servicios o de reservaciones que teníamos para esta temporada, ¿por qué tenemos esto? Porque tenemos advertencia de viaje, donde se recomienda no venir al país y tenemos advertencia de distintos países que le dicen al flujo de turistas que Nicaragua no está en condiciones para recibir visitantes, por las condiciones que ya todos sabemos”, dijo Aguirre.

Sin actividad nocturna

Una de las situaciones que evidencian la inseguridad que se vive a raíz de la crisis generada desde el pasado 18 de abril es el comportamiento de la actividad nocturna, que hasta la fecha no se ha logrado reanudar como antes. René Hauser, presidente de la Cámara Nicaragüense de Restaurantes y Similares (Canires), sostuvo que varios restaurantes están probando atender hasta las 9:00 de la noche, “pero aducen que por las noches todavía hay poca o ninguna afluencia de clientes”.

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Hay insistencia del desmantelamiento de los paramilitares, que es parte de esa normalidad que se está convirtiendo en una realidad: tener en diferentes carreteras y ciudades del país a estos paramilitares, encapuchados”, dice José Adán Aguerri, presidente del Cosep.

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Dennis Martínez: “Bartolo Colón merece tener ahora el récord”

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Cuando los años pasan, los éxitos tienen un significado emotivo que escapa a una simple enumeración de victorias o reveses. Dennis Martínez lo ha comprobado. Ha echado un vistazo a lo que hizo y le gusta lo que observa en retrospectiva.

Quizá por eso no sintió que se le movió el piso la noche del martes, cuando su registro de más victorias para un lanzador latino, fue superado por el longevo tirador dominicano Bartolo Colón, quien elevó el récord a 246 triunfos.

“Estoy contento por Bartolo. Se lo merece. He visto el gran esfuerzo que ha hecho a través de su carrera, sobreponiéndose a lesiones y otros inconvenientes, dando lo mejor de sí cada día. Dios nos bendice a cada uno y ahora le toca a Colón recoger lo suyo”, dice Dennis desde Miami.

Martínez se situó en la cima de los lanzadores latinos la noche del 7 de agosto de 1998, cuando en faena de relevo se apuntó su victoria 244 ante los Gigantes 7-5, dejando atrás el récord de 243 triunfos de Juan Marichal, quien lo había establecido en la campaña de 1974.

“Aquella noche me sentí alegre y orgulloso, pero no un orgullo que tiene que ver con el ego, sino con el entusiasmo que sabés que eso genera en tu país y comprendí que los récords están ahí para motivar a los que vienen atrás y te obligan a ser mejor”, asegura Dennis.

El granadino no fue propiamente alguien pendiente de los récords. Es más, Martínez estaba en el retiro tras la campaña final de su contrato con Cleveland en 1996, cuando escuchó sobre el registro de Marichal, así que trató de ponerse en forma, para ir en busca de la proeza.

“Cuando escuché lo de Marichal, sentí una gran motivación de seguir y pasé por Seattle antes de terminar en Atlanta, donde lo logré. Es más, yo no supe que me faltaba un out para llegar a 4 mil innings, si no, lo hubiera buscado aunque fuera con la zurda”, afirma.

Dennis impuso su registro en su temporada 23, cuando tenía 44 años. Colón lo consigue en su campaña 21, a sus 45 años. El nica sabe por lo que ha pasado Bartolo, así que eso hace que aprecie más todo el esfuerzo del quisqueyano, quien ahora pretende ser el dominicano con más innings lanzados.

“No es fácil hacerlo a esa edad. Ya la bola no se mueve como antes. No hablo solo de la velocidad, sino de sus quiebres. Así que lo que ha hecho Bartolo es admirable. Y con su récord, indudablemente va a motivar a otros lanzadores latinos más para ir en busca de la nueva marca”, aseguró el nicaragüense.

“Voy a llamar a Bartolo”

Bartolo Colón era un nombre que sonaba duro, como su recta, en las Menores. cuando Dennis Martínez salió de Cleveland tras el año 1996.

Colón debutó en 1997 y pronto se hizo notar con una hilera de cinco años con al menos 14 triunfos.
”Ha tenido una gran carrera y ver que logra el récord es un premio a su esfuerzo”, dice Martínez.

”Voy a llamar a Bartolo para felicitarlo, creo que es lo menos que puedo hacer después de lo que ha conseguido”, asegura el pinolero.

”Cuando vas en pos de un récord hay presión, aunque no nos gusta admitirlo, quizá por eso Colón se llevó algunos días para establecer el nuevo registro, pero lo logró y no nos queda más que saludarlo y desearle más victorias aún”, dijo.

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Despidos masivos en el Minsa opacaron el Día de los Trabajadores de la Salud

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La celebración del Día de los Trabajadores de la Salud de Nicaragua supo amarga. Han pasado tres meses desde que comenzaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) han despedido a decenas de médicos y otros trabajadores de la salud aparentemente en represalia por participar en protestas o expresar sus diferencias con el gobierno.

Pero el desempleo no es la única preocupación de los trabajadores de la salud, algunos han caído presos, otros son acosados en las redes sociales, hay quienes son perseguidos, otros han tenido que exiliarse por temor de ser asesinados y no hay sindicato que los defienda.

De forma contradictoria en el fundamento de la Ley que declara el 8 de agosto Día Nacional del Trabajador de la Salud se explica que se ha tomado esa fecha en honor al 8 de agosto de 1979 “fecha histórica, donde miles de trabajadores de la salud despedidos, fueron reintegrados a sus puestos de trabajo, después de una ardua lucha en favor de sus derechos sociales, laborales, económicos y políticos, alcanzando el triunfo con dignidad humana, al hacer respetar la libertad sindical, amparándose en la Constitución Política y demás leyes de la República”.

Despidos arbitrarios

Según Human Rights Watch los despidos a los médicos son “arbitrarios” y todo este panorama se produce luego de que el gobierno intentara limitar el acceso a la atención médica a personas que participaron en manifestaciones en su contra y resultaron heridas.

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Uno de los despedidos fue el cirujano Javier Pastora, quien fue echado del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, en León, el 27 de julio. Ese día a las 7:00 a.m., la directora del hospital, Judith Lejarza Vargas, lo citó en su oficina y le entregó una carta de despido en la cual no se indica por qué fue echado. Cuando Pastora pidió una explicación, Lejarza Vargas le dijo que su participación en las manifestaciones lo convertía en “inestabilidad” para el hospital, contó Pastora.

El 30 de julio, Lejarza Vargas publicó en Facebook que “habrá más despidos a médicos por terroristas”. En una publicación anterior de ese mismo día, Lejarza Vargas indicó que “los estudiantes de medicina son golpistas y terroristas”, documentó Human Rights Watch.

Además la Policía Nacional ha limitado el trabajo de los socorristas. El 13 de julio paramilitares atacaron la parroquia de la Divina Misericordia y la policía cercó el perímetro e impidió que las ambulancias se acercaran al lugar.

Juan José Zepeda, fue despedido del Hospital Escuela Regional Santiago, en Jinotepe. El 1 de agosto a las 7:00 a.m., Zepeda y otros médicos tuvieron una reunión en el hospital con el titular del Ministerio de Salud en la zona, quien les indicó que las personas que criticaran al gobierno no podían trabajar en el hospital.

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A las 11:00 a.m., Álvaro Urroz, subdirector del hospital, entregó a Zepeda su carta de despido sin ofrecer una explicación sobre los motivos. El 15 de julio, Zepeda había atendido a manifestantes heridos con armas de fuego. Zepeda dijo a Human Rights Watch que cree que ha sido desvinculado por criticar la respuesta cruenta del gobierno a las protestas.

Abusos están registrados

En mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió numerosas denuncias de que en varios hospitales públicos se había negado atención a manifestantes heridos.

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El organismo documentó casos en los cuales las autoridades de hospitales públicos exigieron que los familiares de manifestantes muertos renunciaran a su derecho a denunciar los casos para que les entregaran las actas defunción. La CIDH también identificó a personas que optaron por no buscar atención médica en centros de salud públicos por desconfianza.

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Sinapred se olvida de los simulacros y prioriza atención a familias sandinistas

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Pese a que el Gobierno insiste en que el país ha regresado a la normalidad, eso no se evidencia ni en las acostumbradas acciones que desarrollaban las instituciones como el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), que apenas ha realizado un simulacro nacional de los cuatro que ejecuta cada año.

El Sinapred, controlado por el oficialismo, se ha visto entregando bonos económicos a familias supuestamente víctimas del terrorismo, según el discurso que utiliza el Gobierno para deslegitimar las protestas cívicas que iniciaron en abril.

Cada año, la institución responsable de la atención a emergencias, realiza cuatro simulacros nacionales tomando en consideración los amenazas de las diferentes zonas.

Lea también: MNGR pide despolitizar el Sinapred 

El único simulacro que se ha hecho durante el 2018 fue el 14 de marzo; la hipótesis planteada en Managua fue un terremoto, además de otras amenazas como incendios.

Abdel García, oficial de cambio climático del Centro Humboldt, explicó que el contexto actual orienta un escenario de riesgo diferente y no de amenaza natural, por lo tanto el Sinapred debería de tener la capacidad de adecuarse y actuar consecuentemente con la crisis humanitaria que vive Nicaragua.

Lea además: Sinapred atiende solo a los afectados del partido de Gobierno 

No obstante, se ha hecho todo lo contrario, como el despido de médicos, la atención hospitalaria no ha sido para todos, y tampoco se ha trabajado en la defensoría de los derechos humanos.

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Funides reitera que economía nica no crecerá debido a la crisis sociopolítica

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A pesar que el Gobierno vende la idea de que la economía nicaragüense se está recuperando porque ya pasó lo peor de la crisis sociopolítica, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) dijo que mantiene su proyección de que el Producto Interno Bruto (PIB) del país caerá en 2018.

En su informe de junio, Funides estimó que debido a la semiparalización de la actividad económica, causada por la brutal represión gubernamental contra las protestas ciudadanas, y la falta de voluntad del Gobierno por solucionarla de forma pacífica, la economía perdería entre 637.9 millones y 1,399.9 millones de dólares, y que el PIB caería entre 0.03 y 5.6 por ciento.

“Estamos revisando los números porque eso se hizo en el momento más duro de la crisis (…) contemplamos que los tranques iban a durar más tiempo, pero siempre estamos en número negativos”, afirmó el director ejecutivo de Funides, Juan Sebastián Chamorro.

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En el 2009, el PIB de Nicaragua se redujo 3.3 por ciento, esto como consecuencia del impacto de la crisis económica mundial.

El 18 de abril estalló la protesta ciudadana en contra de unas reformas fallidas a la seguridad social, las que fueron derogadas posteriormente por el Ejecutivo. Sin embargo, tras la brutal represión que deja más de 440 muertos, la población en las calles pide la dimisión del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo.

Chamorro reiteró que Funides mantiene que la economía registrará números negativos al final de 2018, porque persiste el clima negativo por la presencia de paramilitares —el ejército irregular usado por el Gobierno para reprimir—, las tomas de propiedades privadas, las pérdidas sobre todo en el comercio, servicios, turismo y la construcción y falta de inversión extranjera y nacional.

Fondos de organismos internacionales

Antes de la masacre, el Gobierno estimó un crecimiento económico de entre 4.5 y 5 por ciento para 2018. Esa meta la redujo dentro del rango de 0.5 y 1.5 por ciento como consecuencia de las pérdidas de los sectores productivos.

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Juan Sebastián Chamorro, de Funides, afirmó que muestra de que continúa el proceso de deterioro económico es el problema en los desembolsos de los préstamos para los proyectos a financiar en el país por parte del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Chamorro recordó que los recursos de los organismos financian entre el 60 y 70 por ciento del Programa de Inversión Pública. “Si la situación fuera normal, el Gobierno no estaría tan empecinado en vender que existe esa normalidad”, dijo.

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Reguladores de tránsito salen a las calles custodiados por oficiales armados

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Pese a la supuesta normalidad en el país como intenta hacer pensar el Gobierno, los agentes de tránsito designados a regular las vías en Managua, han salido a las calles acompañados al menos de un oficial que porta un fusil AK o una escopeta.

Aunque esto grupos de policías de tránsito han sido vistos en las calles imponiendo multas, con más frecuencia se observan durante las horas picos en los diferentes semáforos de la capital.

Para el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión esta es “la demostración fehaciente que el país no está normalizado”.

Policías de tránsito con fusiles Ak o motorizados con armas de fuego largas, no tiene nada que ver con un país normal y más bien “causan terror, causan pánico”, entre la población y a criterio de Carrión lo que buscan con esto es , “meter miedo”.

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Por su parte Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) , refirió que personalmente en ha visto a grupos de agentes de tránsito con hasta siete integrantes y algunos de ellos portando armas de alto calibre.

“Al final no sabemos si es para intimidar a la población o dar seguridad vial. Están tan desacreditados ante la población que temen una reacción fuera de lo normal”, dijo Carmona.

Carrión no descarta que la Policía retome “la jornada de recolecta de impuestos (…) han perdido en tres meses me imagino que están ansiosos de volver a esa normalidad de recaudar plata por la vía de la multa (…) si antes a los conductores les tocaba lidiar contra la palabra del policía, ahora es con la voz de la intimidación del fusil”.

396.35
millones de córdobas, aproximadamente tenía previsto el Gobierno recaudar en concepto de multas por infracciones de tránsito , un 10.52 por ciento más comparado con las expectativas del 2017.

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Oración prevalece en fiestas patronales de Nicaragua

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En medio de la crisis sociopolítica del país, el Gobierno insiste en “vender” el jolgorio que caracterizaba a las fiestas patronales en los departamentos, pero la realidad es que estas se han desarrollado de forma solemne y austera.

La celebración del santo patrono de los masayas, San Jerónimo, no será en las calles, tampoco habrá “pedida de licencia” y el mayordomo de este año será el sacerdote José Antonio Espinoza, párroco de la Iglesia San Jerónimo, y no el alcalde de turno.

En un comunicado emitido por la parroquia San Jerónimo de Masaya se informa que atenderán la recomendación del arzobispo, cardenal Leopoldo Brenes, para que se evite toda actividad que exponga la vida de los fieles. En esta jornada prevalecerá un “ambiente de oración, recogimiento y sobriedad”, se lee en el comunicado.

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Tampoco habrá palo lucio ni juegos de pólvora. “No tendremos procesiones con la imagen de San Jerónimo”, se afirma en el comunicado. Asimismo, el párroco junto con la Cofradía de San Jerónimo y los peañeros tradicionales informaron que no han solicitado dinero a nadie, ya que no se requerirá la música de los filarmónicos o chicheros, tampoco habrá pólvora ni otros gastos.

El cura José Antonio Espinoza, de la parroquia San Jerónimo, explicó que la misma población ha solicitado que no haya fiesta, “como parroquia, como iglesia no somos ajenos al sentir de la gente, al dolor de la gente, al sufrimiento, al luto de la gente”, dijo.

En el 2017 el mayordomo de las fiestas de Tata Chombo fue el alcalde sandinista Orlando Noguera, y tal como sucedió en Managua con la celebración de Santo Domingo de Guzmán, este año, la mayordomía fue asumida por los mismos sacerdotes y bajo condiciones de procesión de fe.

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El cura Espinoza aclaró que a la par de las actividades eclesiales, la alcaldía siempre promueve otro tipo de acciones tipo “turísticas”, pero en estas la Iglesia no tiene ningún tipo de relación.

Precisamente, a eso se refirió la vicepresidenta designada por el poder electoral, Rosario Murillo, el pasado martes 7 de agosto, cuando anunció un programa amplio que incluía elecciones de reina, desfile hípico, rondallas de marimba, entre otras.

El mismo discurso de algarabía sostuvo con respecto a la celebración de la Virgen de la Asunción en Granada; no obstante, la Iglesia también expresó que estas se caracterizarían por la austeridad y solemnidad.

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Mientras tanto, en Chinandega, la alcaldesa sandinista Aura Lila Padilla y el secretario político y el jefe de la Policía eludieron la bajada de Nuestra Señora de Santa Ana, actividad que se realizó el pasado 25 de julio. Masaya ha sido una de las ciudades más reprimidas por las fuerzas irregulares y la Policía del régimen.

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Capitana de la Policía Nacional huye por represión del gobierno

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La excapitana de la Policía Nacional, Wendy del Rosario Flores Gámez, quien era la jefa de Operaciones del equipo de futbol Walter Ferretti, ligado a la institución, se marchó del país con su esposo y sus hijos a mediados de julio a un lugar que ella prefiere no revelar.

Flores siguió de cerca el drama de la exteniente María Teófila Aráuz, quien tras ser expulsada de la Policía por apoyar la protesta de los estudiantes contra el Gobierno, perdió a su hijo en un extraño accidente de tránsito.

“Tuve la intención de poner formalmente mi renuncia previo a venirme, pero yo no lo hago porque a mí me alertan que estaban tomando medida (represalia) y efectivamente así era. Mirá el caso de la teniente Teófila (Aráuz). (Lo de su hijo) eso no es ningún accidente”, dijo Flores vía telefónica.

La capitana trabajó en la Policía durante 17 años. Entró a los 19 años, cuando recién había terminado el bachillerato (2001). A mediados de julio, mandó a dejar su carta de renuncia, cuando ya estaba fuera del país.

Hablar sobre su caso es otro de los temas en que la Policía se muestra hermética. Ni su jefe directo en el equipo, el comisionado mayor William Dávila, ni la oficina de Relaciones Públicas ha comentado nada al respecto, pese a que se les puso al tanto que habría una publicación.

Desde el exilio, Flores cuenta su historia. Vivía bajo el asedio de hombres armados que se movilizan en camionetas Hilux.

Marido se sumó a protesta

Las presiones y la amenaza arreciaron cuando se dieron cuenta que su esposo, policía retirado, participaba en las protestas que demandan la salida de Daniel Ortega del poder.

Tampoco la excapitana ocultaba su desacuerdo con las anomalías que veía en la actuación de la Policía, menos desde abril, cuando comenzó la represión contra los estudiantes.

Las protestas pacíficas en general contra el Gobierno fueron reprimidas por la Policía y fuerzas paramilitares, lo que ha dejado un saldo de más de 440 muertos, según el último informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

Flores asegura que muchos policías desertaron porque no estuvieron de acuerdo con las órdenes de disparar a civiles desarmados.

Ella misma pudo constatar que más de trescientos chips policiales fueron regresados a la institución. La Policía no ha dicho nada sobre estas renuncias. El pasado 21 de julio, refiriéndose a la dimisión de dos oficiales, los acusó de haber sido descubiertos robando uniformes, insignias y emblemas para justificar la “baja deshonrosa”.

La excapitana cuenta que su jefe inmediato la acusaba de “derechista” y de “golpista”. Finalmente, decidió renunciar e irse cuando se dio cuenta que paramilitares quemaron a una familia en el barrio Carlos Marx, Managua. Seis personas murieron ahí. Dos eran niños.

FSLN y su influencia en oficiales

Para la excapitana Wendy Flores, el rostro de la partidarización de la Policía es el comisionado general Francisco Díaz, actual subdirector y consuegro del presidente.

Flores narra que todo comenzó a cambiar en 2014, cuando Díaz asume un rol más protagónico en la Jefatura Nacional.

A partir de eso, hay un antes y un después en la Policía, marcado por la emisión de carnet de militancia sandinista a todos los oficiales, lo que se convirtió en un requisito, según Flores.

Flores dijo que no tramitó su militancia como lo hicieron otros. Cuenta que en su caso se lo impuso quien era su jefe en ese entonces, el comisionado mayor Emilio Rodríguez, a quien describe como sandinista.

Sin embargo, Rodríguez, actualmente retirado de la Policía desde hace dos años y miembro de la junta directiva del UNAN-Managua FC (el equipo de futbol de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua), quien aceptó conocerla, negó vía telefónica la imposición de la militancia.

Manifestó todo lo contrario: Que las solicitudes están “documentadas” y cada oficial firma de “manera voluntaria”.

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