Buscando que la Policía no pagara el alto costo político que significa reprimir abiertamente, el orteguismo organizó diferentes grupos de partidarios a los cuales abasteció de recursos para que operaran como fuerzas de choque en contra de los ciudadanos que se atrevían a salir a la calle para protestar pacíficamente.

Los primeros fueron los “camisas azules”, organizados para “proteger” a la pareja presidencial en actos públicos, luego vinieron “los motorizados” (matones en motos), hasta llegar a la conformación de los grupos paramilitares encapuchados (escuadrones de la muerte), integrados por pandilleros reclutados por los secretarios políticos de los barrios, encargados de ejecutar una brutal represión contra los jóvenes manifestantes.

La desesperación por controlar la crisis ha conducido a no poder ocultar que estas fuerzas tenebrosas son organizadas y apertrechadas por el régimen, asignándoles la tarea específica de asesinar y robar, actuando con absoluta impunidad, al revelarse abiertamente que cuentan con el apoyo de la Policía y, por consiguiente, con todo el sistema de administración de justicia.

Sin importarle al orteguismo el daño irreparable a la imagen de la institución policial, el uso de paramilitares para fines represivos implica la suplantación de la fuerza y la autoridad que le corresponde ejercer a la Policía, para trasladárselas a fuerzas irregulares, a las cuales ha investido ilegalmente de las funciones policiales. Y lo peor, que existe la probabilidad de que la actuación de los paramilitares genere entre los ciudadanos una respuesta con el mismo acento de violencia con que son reprimidos. La historia política de Nicaragua ha demostrado tantas veces que los métodos represivos pueden provocar miedo y contener durante cierto tiempo el descontento, pero su uso sistemático indiscriminado termina generando un endurecimiento del espíritu de lucha, y en muchos casos, respuestas legítimas en el mismo tono.

Recordemos que fue la falta de democratización y la injusticia generada por la represión sangrienta, lo que sustentó a la Resistencia Nicaragüense, así como fue el rechazo a la guerra con su secuela de muerte lo que condujo a la mayoría de los nicaragüenses a votar a favor del proyecto político de la UNO en 1990. En unas elecciones anticipadas, para abrir una etapa de transición democrática y crecimiento económico en el país, intentar sofocar las protestas populares con cárcel, tortura, la intimidación y la represión letal, es, además de riesgoso, repetir nuevamente los mismos errores del pasado. Es imperativo desarticular a los paramilitares causantes de actos que incluyen incendio de viviendas de opositores y edificios públicos, saqueo de locales comerciales, robo de bienes materiales, asesinatos, lesiones e intimidación, ya que se está sometiendo innecesariamente a la sociedad nicaragüense a pasar nuevamente por otra dolorosa experiencia.

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Los cincuenta millones de dólares que el Gobierno retiró de un fondo de contingencia para hacer frente a problemas en el sistema financiero nacional o las reservas internacionales en caso de crisis y que contrató con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ya no están en las arcas del Banco Central.

El economista Adolfo Acevedo señala que entre el 26 y 27 de junio, a las cuentas del BCN entraron 62.1 millones de dólares en concepto de préstamos y donaciones.

Ese ingreso se originó de cincuenta millones del fondo de contingencia que el Gobierno tiene con el BCIE y otros 12.1 millones de dólares de otros préstamos.

¿Cómo se usaron?

¿Cómo se usaron esos 62.1 millones de dólares? Acevedo explica que dos millones en concepto de préstamos atados a proyectos fueron retirados por el Gobierno; otros 9.8 millones se destinaron para la venta neta de divisas en la mesa de cambio y otros 200 mil dólares se depositaron bajo el concepto de las Reservas Monetarias Internacionales Ajustadas (Rinas), para un total de 12 millones.

El remante de 50.2 millones de dólares “salen de las cuentas del Banco Central bajo la figura de Otras Operaciones. Pero esto aún no nos aclara el destino de estos cincuenta millones de dólares”, explica el economista.

Sin embargo, Acevedo señala que cuando se revisan las cuentas monetarias se aprecia con claridad que el 28 de junio fueron retirados por el Gobierno, “con fines que tendrá que revelar en una futura reforma al Presupuesto de la República”.

Retirados al día siguiente

El economista afirma que el 27 de junio el Banco Central de Nicaragua registró los cincuenta millones de dólares “como un aumento en los depósitos del Gobierno en el Banco Central” y al día siguiente estos fueron retirados.

“Lo interesante es que esta línea del BCIE fue contratada con el propósito de utilizarla en caso que una contingencia hiciera necesario utilizarla para apuntalar las reservas internacionales o apoyar la liquidez del Sistema Financiero. No tuvo ese destino”, advierte el economista.

El Gobierno estaría afrontando dificultades de financiamiento público debido a una caída en las recaudaciones producto de la semiparalización de la economía, tras más de ochenta días en crisis sociopolítica, que ha dejado más de trescientos asesinatos, miles de heridos y decenas de desaparecidos como consecuencia de la violenta represión por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se niegan a dejar el poder.

Lo que había dicho el Banco Central

El Banco Central anunció el 27 de junio que hizo uso de una partida de cincuenta millones de un fondo de doscientos millones que el Gobierno tiene contratado con el BCIE desde hace varios años, para respaldar “eventuales deficiencia de liquidez en el sistema financiero provocadas por factores externos, y con ello el fortalecimiento de la confianza”.

“El desembolso está en concordancia con los objetivos del BCN de asegurar la liquidez preservando niveles adecuados de sus reservas internacionales y resguardar la estabilidad macroeconómica y financiera del país”, había informado el BCN.

Y añadió: “Este desembolso mejorará los nivel de cobertura de reservas internacionales a base monetaria”.
Sin embargo, según el economista Adolfo Acevedo, esa línea de cincuenta millones de dólares no fue registrada como parte de las reservas internacionales, que de por sí ya están por debajo de los niveles de 2017 debido al impacto de la crisis sociopolítica que azota al país desde hace más de ochenta días.

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Este martes, a las 9:50 a.m., hora de Nicaragua, la atleta nicaragüense María Alejandra Carmona competirá en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, que tiene como sede Tempere, Finlandia.

Así lo informó la Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA) por medio de un comunicado.

Carmona competirá en la prueba de los 400 metros planos.

“En el Mundial, sé que no voy a ganar una medalla, pero eso no impedirá que de lo mejor de mí, espero lograr por lo menos una marca personal”, explicó Carmona, por medio de la FNA.

Para Carmona será su primer mundial, lo que la oportunidad la ha llenado de ilusiones.

“Los atletas sufrimos todos los días en los entrenamientos por estas oportunidades. Este es uno de los mejores premios que me ha dado el atletismo”, agregó la pinolera.

Antecendente

A nivel nacional, Carmona tiene el mejor registro en dicha prueba (400 metros lisos) con tiempo de 58.37 que logró en agosto del año pasado durante el VI Evaluativo de Competencias, en la pista Olímpica del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).

“Los 400 metros planos es mi prueba más fuerte”, explicó la joven, originaria de Nandaime, Granada.

Carmona, quien empezó su pasión por el atletismo desde los 10 años de edad, estudia primer año de administración turística y hotelera en la UAM.

De acuerdo a la FNA, Carmona dio su aporte en el récord nacional del relevo 4×100 femenino, alcanzando junto a Ingrid Narváez, María Auxiliadora Lacayo y Janahí Cornejo de 48.16, en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017. La marca anterior era de 48.87 en pie desde el 2005.

Y también colaboró en el relevo 4×400 femenino, que logró medalla de plata en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017, junto a Aslingh Vásquez, Ingrid Narváez y Jarey Vásquez, con tiempo de 3:54.28.

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Es como las matrioskas, esas curiosas muñecas rusas de madera. Una va dentro de otra. No hay progreso ni prosperidad crecientes sin respeto a la ley. Y no hay respeto a la ley si no existen frenos morales y castigos a los violadores de las reglas, especialmente las que tienen que ver con la corrupción económica. Para impartir esos castigos es indispensable construir un sistema judicial eficiente, honrado e independiente de los otros poderes públicos. Ergo, la impunidad, en gran medida, explica el atraso material de América Latina y de medio planeta.
Aunque hay algunas sociedades corruptas y relativamente exitosas, como China, por ejemplo, lo que revelan los índices de Transparency International es que los veinte países más prósperos del planeta son, simultáneamente, democracias honradas en las que predominan los mejores valores, que tienen un sistema judicial independiente capaz de castigar a los delincuentes, y un Estado de Derecho respetado y funcional.

La reflexión viene a cuento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO para los mexicanos) presidente electo de México, quien ha prometido disminuir la violencia sustancialmente. Se han cometido más de cien mil homicidios en cada uno de los dos últimos sexenios. AMLO ha prometido disminuir la violencia sustancialmente. Se han cometido más de cien mil homicidios en cada uno de los dos últimos sexenios. AMLO asegura que se enfrentará a los problemas del desarrollo y combatirá la pobreza, la corrupción y la impunidad.

Tampoco ha aclarado cómo pretende hacerlo en una nación podrida por la actuación criminal de los narcos, en la que la sociedad suele ser cómplice de dar y recibir mordidas, y muchos de sus políticos y funcionarios acostumbran robarse hasta los clavos.

AMLO puede pedirle ayuda a la comunidad internacional, pero lo que ha sucedido en la vecina Guatemala no es muy halagüeño. En ese país, desesperados por la mezcla letal entre impunidad y corrupción, con la ayuda de la ONU crearon la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, pero no ha funcionado correctamente y ha generado muchos adversarios e innumerables críticas.

¿Por qué ha fallado? Entre otras razones, porque la Justicia debe ser impartida por los propios nacionales para que no levante sospechas de intromisiones extrañas. De alguna manera, ese principio revolotea en torno al Derecho desde que la Magna Carta fue promulgada en el 1215 en Inglaterra y dejó establecido que el juicio por jurado debía ser ejecutado por tus iguales (peers). Nunca es grato que un extranjero sin arraigo real, ajeno a la idiosincrasia de la sociedad, acuse y persiga a nacionales que proclaman su inocencia.

El comisionado es un polémico jurista colombiano, exmiembro de la Corte Suprema de su país, llamado Iván Velásquez, enemigo declarado de Álvaro Uribe y acusado en Guatemala de injerencias en los asuntos nacionales y, especialmente, de abuso de poder.

Si una CICIG mexicana no es el camino, ¿cuál debería ser la ruta que emprendiera AMLO para reformar el sistema judicial?

Las buenas reformas se hacen oyendo a los expertos. Las instituciones son tan buenas o tan malas como las personas que las operan. Acaso lo más sensato sería comenzar por reunirse con las autoridades de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas mexicanas para saber cómo se puede mejorar notablemente la calidad de los profesionales.

Naturalmente, también es una cuestión de dinero. Los mexicanos tendrán que asignar grandes recursos para contratar a los mejores profesionales. A esos hay que atraerlos con plata y distinciones.

En América Latina, desgraciadamente, al Ministerio Público acuden los peores abogados, los que no son aceptados en los buenos bufetes. Así no es posible transformar nada.

El autor es periodista y escritor. Su último libro es una revisión de Las raíces torcidas de América Latina, publicada por Planeta y accesible en papel o digital por Amazon.

[©FIRMAS PRESS] @CarlosAMontaner.

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Querida Nicaragua: Cada vez son más numerosas las elegantes camionetas Hilux cargadas de forajidos que van aterrorizando, disparando armas de guerra, hiriendo y hasta asesinando a cualquier hora del día y principalmente en las noches y las madrugadas a los pacíficos habitantes de las ciudades y pueblos de nuestro país, todo con el fin de desmontar los tranques que el pueblo ha levantado para demostrar el repudio que siente por el Gobierno que en dos meses y medio ha sido capaz de mandar a asesinar a más de trescientas personas. Esto es algo verdaderamente espeluznante que nos recuerda los tiempos del tirano Francois Duvalier en Haití y sus temibles fuerzas de choque conocidas como “Tonton Macoutes”.

Ingenuamente supusimos que con la llegada de importantes personalidades de la CIDH los forajidos moderarían sus ímpetus, pero no fue así. Por el contrario parecen haber sido más estimulados y como que han multiplicado la cantidad de camionetas Hilux repletas de encapuchados, paramilitares y civiles siempre armados con armas de guerra. Caminan en grades caravanas como que van a enfrentar a un gran contingente insurreccionado y bien armado. Paradójicamente los muchachos de los tranques disponen de piedras, algún mortero y varias tiradoras. Toda esta violencia en contra del pueblo, más otras graves actividades irregulares de los principales allegados al gobierno Ortega-Murillo, seguramente han dado como resultado la aplicación de la Ley Magnitsky Act a los señores Francisco López, Francisco Díaz y Fidel Moreno. Al Gobierno parecen no importarle las sanciones que puedan ponerle a sus servidores, pues en lugar de moderar la violencia la incrementó con una cantidad exagerada de camionetas Hilux que el domingo pasado en la madrugada sembraron el terror en Diriamba, Jinotepe y Dolores. Según reportes recibidos, entraron alrededor de cuarenta camionetas Hilux repletas de forajidos con armas de guerra gritando consignas del partido FSLN y disparando ráfagas de ametralladoras. De acuerdo con el último informe que tuvimos a mano de la ANPDH (Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos), se contabilizaban nueve muertos, más una cantidad de heridos y otros prisioneros.

Nos preguntamos cuántos muertos necesitará la pareja gobernante para ceder en sus pretensiones de seguir en el poder. El sentido común nos dice que no se puede gobernar cuando se ha mandado a asesinar a más de trescientos jóvenes opositores, ni en un país donde ya no se puede caminar libremente por las calles y donde las noches son como un enorme cementerio donde no se mueve un alma, ni en un país donde la economía va aceleradamente a la bancarrota y donde las balas son la respuesta del Gobierno ante las protestas de sus ciudadanos.

Solo Dios traerá la paz y en Él ponemos nuestra esperanza.

El autor es director general de Radio Corporación.

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El cardenal Leopoldo Brenes; el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez; el Nuncio Apostólico en Nicaragua y representante personal del papa Francisco, monseñor Waldemar Stanilaw Sommertag; monseñor Miguel Mántica; el padre Edwin Romás y otros sacerdotes y religiosas fueron agredidos de manera verbal y física este lunes en Diriamba, por enardecidas turbas orteguistas.

Los agresores cometieron doble sacrilegio, al profanar también la Basílica de San Sebastián a la que se introdujeron violentamente en persecución de los religiosos que llegaban a dar consuelo a la población diriambina —sometida el día anterior a un despiadado ataque con armas de guerra—; y para rescatar a varios jóvenes defensores de los tranques que se habían refugiado en el templo a fin de escapar de sus endemoniados perseguidores.

De acuerdo con la doctrina católica, el sacrilegio es “la profanación o trato injurioso de un objeto o persona sagrado. El sacrilegio contra una persona sagrada significa comportarse de una manera tan irreverente que, ya sea por el daño físico infligido o por la deshonra acarreada, viola el honor de dicha persona”.

Eso fue precisamente lo que las turbas de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron este lunes contra los religiosos católicos, a los que insultaron, lesionaron a algunos y profanaron un templo sagrado que merece el respeto de todas las personas, creyentes o no.

Cabe mencionar que el mismo día que los consagrados católicos y sus acompañantes fueron brutalmente agredidos por las turbas orteguistas, se cumplían 34 años de otro gran sacrilegio cometido por la dictadura sandinista de los años ochenta. El 9 de julio de 1984 diez sacerdotes extranjeros de servicio en el país, entre ellos los bien recordados españoles Santiago Anitua y Francisco Castells, fueron ultrajados y desterrados porque se solidarizaron con el padre Amado Peña, quien había sido maltratado por las turbas sandinistas y acusado de terrorismo por el régimen revolucionario.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo está reeditando la campaña de odio contra la Iglesia católica, de persecución y ultraje a obispos y sacerdotes que se practicaba en Nicaragua en aquellos años nefastos de la revolución sandinista. Años de “la noche oscura”, los llamó el papa San Juan Pablo II, quien también sufrió en carne propia el escarnio de las turbas sandinistas cuando visitó por primera vez el país, en marzo de 1983.

En esta ocasión el ultrajado por las turbas orteguistas no ha sido el papa, sino su representante personal en Nicaragua, el nuncio apostólico monseñor Waldemar Stanilaw Sommertag. Pero el sacrilegio es el mismo.

De una dictadura cruel e inescrupulosa como la de Daniel Ortega y Rosario Murillo se puede esperar cualquier monstruosidad. Sobre todo encontrándose en una situación de fieras heridas y acorraladas porque son repudiadas masivamente por el pueblo, pero en su irracionalidad mesiánica se resisten a dejar el poder de manera voluntaria.

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La vicepresidenta designada por el poder electoral, Rosario Murillo, calificó de terroristas a los ciudadanos de Nicaragua que exigen un cambio de gobierno. Según ella, se discutirán temas de democracia en el diálogo, una vez que se supere la “ola de terrorismo” en Nicaragua.

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“Reafirmamos que solo abordaremos otras agendas específicas en el Diálogo Nacional relacionadas con el proceso de democratización apegado a lo que manda la Constitución Política y las Leyes del Estado y, una vez atendido y resuelto de forma verificable el gravísimo problema del terrorismo, la inseguridad y la violencia, ejercida en Nicaragua por quienes se han propuesto alterar por la vía de hecho nuestro orden jurídico y constitucional, utilizando el terrorismo que se ha practicado sistemáticamente en los tranques convertidos en zona de violencia, tortura y secuestro”, aseguró Murillo en un comunicado.

Agresión contra Obispos

Este lunes, monseñor Silvio Báez y monseñor Miguel Mántica fueron salvajemente agredidos por turbas y paramilitares dentro de las instalaciones de la Basílica San Sebastián, en Diriamba, cuando hicieron presencia junto con el cardenal Leopoldo Brenes, y el nuncio apostólico para mediar en la liberación de fieles católicos que estaban dentro de ese templo religioso.

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Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides y participante del Diálogo Nacional, dijo que la agresión contra los religiosos “estuvo cargada de odio”.

“La agresión contra monseñor Silvio Báez, monseñor Miguel Mántica y contra el embajador del papa Francisco, es un mensaje de odio contra la Iglesia católica”, aseguró Chamorro, quien fue testigo presencial de la agresión.

Chamorro también aseguró que con la agresión gubernamental a los religiosos, quienes son mediadores y testigos del diálogo, el presidente Ortega “también manda el mensaje de que no le interesa dialogar”.

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Carlos Tünnermann, quien participa en el proceso de diálogo, también por la sociedad civil, condenó la agresión contra los religiosos, expresando que la violencia hace que se pierda el sentido del diálogo.

“Ya está perdiendo sentido (el diálogo) porque este gobierno no tiene ninguna vocación de diálogo; lo que tiene es vocación de violencia. Es decir, cuando uno se sienta a dialogar es porque tu interlocutor tiene voluntad de dialogar y de llegar a un acuerdo y buscar una solución por la vía civilizada y cívica del diálogo, pero este gobierno ha acudido a la violencia, incluso, contra los mismos mediadores”, lamentó Tünnermann.

El ex vicecanciller de la República, José Pallais Arana, describió como fanáticos a los agresores de los jerarcas católicos.

“Agredir a los mediadores y testigos, que son nuestros jerarcas católicos es una situación ya de irrespeto total. Esto es gravísimo, irrespetar a los obispos y aún más gravísimo dentro de un templo. Este gobierno comete genocidios todos los días”, criticó Pallais.

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Para el ex funcionario público continuar con el diálogo ya no es posible. “Ortega no sabe dialogar, no es esa su vocación. Aquí nos queda unirnos todos los sectores y denunciar ante la comunidad internacional, los atropellos y el genocidio de Daniel Ortega y salir a las calles, exigiendo que esta pareja criminal se vaya del poder”, arengó Pallais.

Obispos a evaluar

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) evaluarán hoy la continuidad del proceso de diálogo, así como la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el pasado 19 de abril. La represión deja más de 300 personas asesinadas.

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“Este martes, los obispos nos reunimos para evaluar toda esta situación”, explicó monseñor Silvio José Báez, quien en reiteradas ocasiones ha llamado al gobierno de Daniel Ortega al cese de la represión.

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“Queremos la paz”, “asesinos”, “vendepatria”, gritaban paramilitares y simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional a la delegación de la Arquidiócesis de Managua que llegó hasta Diriamba, en Carazo, a mediar en los enfrentamientos en la Basílica Menor de San Sebastián.

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Minutos después, los paramilitares golpearon al obispo auxiliar de Managua —Silvio Báez—, el cardenal Leopoldo Brenes, el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, los sacerdotes Miguel Mántica y Edwin Román, así como Álvaro Leiva, de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

El padre Edwin Román fue agredido en la sacristía de la Parroquia de San Sebastián, en Diriamba, por encapuchados que se tomaron el templo. LA PRENSA/AFP

Los sacerdotes no pudieron mediar palabras con los encapuchados, ya que los paramilitares se ensañaron contra ellos y los medios de comunicación. En el ataque fue herido con arma blanca monseñor Báez y al periodista Jackson Orozco, de 100% Noticias, a quien le rompieron la nariz.

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“Asediado por una turba enardecida que quería ingresar a la Basílica San Sebastián en Diriamba, fui herido, golpeado en el estómago, me arrebataron las insignias episcopales y agredido verbalmente. Estoy bien gracias a Dios. Se liberó la Basílica y a quienes ahí estaban”, escribió Báez en su Twitter.

Por su parte, el cardenal Leopoldo Brenes manifestó: “Nunca habíamos visto en Nicaragua situaciones así. Nuestra palabra ha sido proclamada, fuimos contentos en medio de las debilidades, de los insultos”.

La comitiva de religiosos viajó ayer desde temprano para auxiliar a un grupo de autoconvocados refugiado en Basílica de San Sebastián, la que era asediada desde el domingo por paramilitares y un reducido número de simpatizantes sandinistas.

Los obispos, encabezados por el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, fueron asediados por orteguistas a su llegada a Diriamba.
LA PRENSA/J. FLORES

Turbas golpean y roban a periodistas

Mientras golpeaban a los representantes de la Iglesia católica, los paramilitares estaban siendo grabados por los periodistas que se encontraban en el lugar, por los que arremetieron contra los medios de comunicación.
Los encapuchados golpearon a los periodistas Jackson Orozco de 100% Noticias y Jairo Castillo de Canal 10.

También le destruyeron el equipo al fotorreportero de LA PRENSA, Jader Flores; al camarógrafo Richard Centeno, del programa Esta Semana, y Róger Sánchez, camarógrafo del Canal 23.

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Además, le robaron el equipo al camarógrafo Federico Lanuza, de Canal 12; Kenneth Rodríguez, de 100% Noticias, y los teléfonos celulares de la periodista Daleana Ocaña, de Canal 12, y al fotógrafo Oscar Sánchez, de El Nuevo Diario.
A pesar de los golpes y las ofensas, los obispos lograron liberar a las 12 personas que se encontraban refugiadas en la parroquia desde la mañana del domingo, sitio donde quisieron instalar un puesto médico. Una vez que los religiosos salieron de Diriamba, los encapuchados se establecieron en distintos puntos de la ciudad para intimidar a la población.

Encapuchados con armas de guerra se encuentran desplegados por todo el municipio de Diriamba. LA PRENSA/AFP

Feligresía católica los recibió en Managua

Luego de ser agredidos física y verbalmente, los obispos regresaron a la Catedral Metropolitana de Managua, donde fueron recibidos por un grupo de feligreses. El cardenal Leopoldo Brenes dirigió la oración al Santísimo, pero no quiso dar más declaraciones.

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Mientras tanto, el sacerdote Edwin Román manifestó su repudio por el actuar de las turbas en Diriamba y dijo que “hemos sido testigos de la agresión que hemos sufrido. Pero más ha sufrido el pueblo con tantas muertes. El señor Ortega puede decir cualquiera cosa. Muchos sacerdotes han sido golpeados”.

De igual forma, el secretario ejecutivo de la ANPDH —Álvaro Leiva— manifestó: “Es lamentable como se dio esa agresión contra nuestros pastores, contra los hombres y mujeres de prensa, contra los derechos humanos. Yo creo que esta actitud de estos grupos, que son regulados por el Gobierno, no permitirá recuperar prontamente la paz social que tanto demanda la sociedad nicaragüense”.

El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, muestra la cortadura que le hicieron turbas orteguistas en Carazo.
LA PRENSA/CORTESÍA

Murillo justifica agresión

Pocas horas después del ataque, la vicepresidenta designada por el poder electoral, Rosario Murillo, justificó este lunes la represión contra tres municipios de Carazo, realizada el fin de semana por paramilitares, policías y tropas de choque del Gobierno, que quitaron barricadas de las vías, dejando a su paso varias personas fallecidas y varios desaparecidos.

“En el caso de Diriamba, Jinotepe (ambos municipios de Carazo), después de casi cuarenta días de cautiverio, porque fue cautiverio el que vivieron las familias, el que vivieron más de cuatrocientos transportistas internacionales en ese municipio, en el departamento de Carazo, que han venido siendo liberados gracias a Dios”, sostuvo Murillo.
Sin condenar la agresión a los religiosos, Murillo agradeció al nuncio apostólico Waldemar Stanilaw Sommertag por sus buenas intenciones y se calló sobre los ataques contra monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, quien resultó con uno de sus antebrazos heridos. También fueron agredidos monseñor Miguel Mántica y el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes.

Murillo sostuvo que tienen la misión como Gobierno de desterrar el odio y defendió el derecho que “todos tenemos de pronunciarnos y a dar testimonio cristiano de nuestro sufrimiento, promoviendo que vayamos transitando estos tiempos de oscuridad”.

“Esa visita a Diriamba del nuncio, del secretario, es una visita por supuesto que se reconoce en toda Nicaragua. Por supuesto que su buena intención y su buena voluntad son reconocidas por las familias nicaragüenses y por todos nosotros. Sabemos que tiene toda la buena voluntad y toda la intención de contribuir al reencuentro de las familias en nuestra Nicaragua”, dijo Murillo, como si nunca hubiese existido la agresión a los miembros de la Iglesia católica.

Empresa privada repudia ataque a los obispos

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, condenó la agresión a los obispos y expresó que la falta de respeto del Gobierno hacia la Iglesia católica genera muchas dudas sobre la continuidad del Diálogo Nacional.

“Nosotros nos levantamos de la negociación (horas antes) porque no podemos seguir dialogando con un Gobierno que por otro lado estaba mandando a sus turbas a atacar obispos, a profanar iglesias, y creo que desde ese punto de vista hay que entender que esto es inaceptable”, expresó Aguerri.

De igual forma, la Cámara de Industrias (Cadin) condenó a través de un comunicado la agresión contra los representantes de la Iglesia católica en Nicaragua: “Condenamos enérgicamente los ataques y agresiones físicas del cual fueron víctimas hoy (ayer) en Diriamba los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el señor nuncio Waldemar Stanilaw y miembros de la Alianza Cívica”.

Represión estatal alcanza a niveles deplorables

El actuar represivo del gobierno nicaragüense ha llegado a niveles deplorables, dijo horas después del ataque Amnistía Internacional después de uno de los fines de semana más sangrientos desde que comenzó la represión de protestas hace casi tres meses.

Este pasado fin de semana, paramilitares del Gobierno y fuerzas de la Policía Nacional despejaron los tranques en la Carretera Panamericana, en la zona de Carazo, con un saldo de once muertos y más de 200 secuestrados, de acuerdo con la ANPDH.

“Los grupos parapoliciales andan a sus anchas fuertemente armados, acompañados por cuerpos policiales, cometiendo ataques de forma conjunta en contra de la población civil”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“El mensaje que envían las altas autoridades nicaragüenses es que están dispuestas a cualquier cosa para acallar las voces de quienes se manifiestan en contra de esta violenta represión. Esta situación es de suma gravedad y merece una contundente condena por parte de la comunidad internacional”, agregó Rosas.

Por lo menos 17 personas fueron asesinadas en Matagalpa, Jinotepe y Diriamba durante el fin de semana, la mayoría de ellas a manos de policías y grupos parapoliciales. Además se reportó la detención arbitraria de decenas de personas.

Los simpatizantes del Gobierno insultaron a los religiosos y hasta llamaron “asesino” al obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez. LA PRENSA/J.FLORES

Turbas endemoniadas profanan templo en Jinotepe

El asedio al pueblo católico de Carazo continuó a eso de las 2:00 de la tarde, un grupo de mujeres acompañadas de encapuchados armados llegaron a la Parroquia Santiago Apóstol de Jinotepe y como el templo se encontraba cerrado, abrieron la puerta principal a golpes y empujones, forzando las cerraduras.

Una vez adentro del templo, los paramilitares comenzaron a destruir todo lo que hallaban a su paso y sacaron a la calle los insumos médicos que guardaban para atender a los heridos, ante el cierre de los hospitales.

En el atrio del templo le prendieron fuego a una banca de madera y todos los insumos y gritaban obscenidades a los sacerdotes. “Asesinos, asesinos, terroristas”, les gritaban varias mujeres a los sacerdotes tras vapulearlos, empujarlos y lanzarles en la cara los insumos médicos.

El padre Eliseo Hernández, vicario de la parroquia, quiso hablar, pero la turba le gritaba “asesino” y lo callaron con palabras soeces.

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“Con esta barbaridad que están ordenando Daniel Ortega y la Rosario Murillo, solo van a ganar más repudio del pueblo”, dijo una feligrés bajo anonimato. Incluso personas de afiliación sandinista que son católicas condenaron lo que el Gobierno está haciendo en Jinotepe.

Además, la turba rompió los candados de la capilla de la imagen de Santiago, patrono de la ciudad, y entró a destruir sus objetos y reliquias. Rompieron imágenes y bancas y en la capilla del Santísimo, quebraron varias imágenes de ángeles y el reclinatorio. La casa cural también fue destruida.

Posterior al ingreso de los religiosos a la Basílica, las turbas del Gobierno entraron por la fuerza y continuaron agrediendo a los obispos, periodistas y personas que se encontraban refugiados. LA PRENSA/J.FLORES

Este templo ha sido el refugio de los jóvenes que protestan contra el Gobierno, desde el mes de abril. Como los sacerdotes han apoyado a las personas heridas y agredidas por la Policía y afines al Gobierno, los paramilitares que destruyeron el templo exigieron a las personas que se encontraban en el parque central que se fueran a sus casas, con el objetivo de que no hubieran testigos de lo que estaba pasando en la iglesia.

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Este calvario que vivieron los padres y el pueblo católico duró más de tres horas, sin que el pueblo pudiera defender a sus sacerdotes. La iglesia y el parque se mantienen asediados por antimotines, paramilitares y policías, que no hicieron nada por defender a tres indefensos sacerdotes que estaban solos.

(Con colaboración de Lucía Vargas y Leonor Álvarez).

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La represión gubernamental ha escalado de tal manera, que las autoridades no tienen ningún recato en que la población vea a fuerzas de la Policía Nacional actuando juntamente con paramilitares que portan armas de fuego, como que van a enfrentarse con otro cuerpo armado.

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La actuación del domingo reciente en tres municipios de Carazo superó las intervenciones que estos grupos han tenido en otras zonas del país. Videos subidos a las redes sociales por la población demostraron las armas de guerra que portaban los paramilitares que ingresaron a Diriamba, Jinotepe y Dolores. Llamó la atención que en uno de los videos se observa a paramilitares portando lanzacohetes RPG-07.

También fue identificado al menos a un paramilitar portando una ametralladora PKM . El mismo domingo a través de las redes sociales se denunció que en el tranque de San José, en Diriamba, los paramilitares llegaron a lanzar una granada de fragmentación contra los manifestantes autoconvocados.

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Ya anteriormente la población había identificado en protestas pacíficas el uso de fusiles AK-47 y el Dragunov, de uso para francotiradores, como ocurrió en la manifestación del 30 de mayo en homenaje a las Madres de Abril, donde —expertos coinciden— fueron utilizados fusiles Dragunov para asesinar con francotiradores a manifestantes desarmados desde posiciones privilegiadas.

Es por ello que el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, dice que “lo que pasa es que ya no es ningún secreto en Nicaragua el tema de los francotiradores, el tema de los paramilitares, el tema de las armas pesadas que usan, eso está a la vista pública ya”.

Son armas ofensivas

El mayor en retiro Roberto Samcam confirmó que conocieron que en los hechos sangrientos represivos de Carazo los paramilitares portaban “ametralladoras pesadas. PKM y lanzacohetes RPG-7”.

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“La PKM es un arma ofensiva para uso de las tropas de infantería, el RPG-7 es un arma de apoyo de la infantería, usado en la lucha contra los tanques y para la destrucción de defensas fortificadas ligeras”, explicó Samcam.

“Esto (el uso de esas armas) es para una guerra convencional. Esto es una verdadera masacre, hecha ex profeso (deliberadamente) por Daniel Ortega y Rosario Murillo”, sostuvo el militar en retiro.

Samcam consideró que el baño de sangre en Carazo fue la orden que Ortega dio en su discurso el día anterior, desde una tarima en las inmediaciones de la Rotonda Hugo Chávez el pasado domingo, donde mencionó a una policía que fue entregada a los organismos de derechos humanos a la misma hora de su discurso.

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“Ortega y Murillo tendrán que responder ante la justicia nacional e internacional por estos crímenes de lesa humanidad”, apuntó Samcam.

Uso exclusivo militar

Por su parte, el investigador Roberto Orozco recordó que dichos armamentos son “de guerra, de uso exclusivo militar”.

Además ese tipo de armas, que se observa en videos y fotografías subidos a las redes sociales, “son para guerras convencionales y de guerrilla. La Policía no tiene en su inventario esa armas porque no son de uso policial”.
Ese tipo de armas son consideradas de alta potencia, “la PKM es una ametralladora de mayor cadencia de fuego de casi ochocientos tiros por minuto, mientras que el RPG-7 es un lanzacohete antiblindaje muy poderoso”, explicó Orozco.

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El investigador señaló que por ser armas de uso exclusivo militar, “solo el Ejército de Nicaragua las tiene en su inventario”, el cuerpo castrense “debe salir ya de su silencio y explicar por qué los policías y paramilitares están haciendo uso de ellas”.

LA PRENSA buscó la versión oficial del Ejército de Nicaragua, pero no respondió a la solicitud de información.

El domingo no solo sorprendió el uso de armas de guerra en poder de paramilitares, sino que en un video donde se aprecian hombre vistiendo uniformes militares, civiles encapuchados, y donde claramente la persona que habla dice que en la llamada “operación limpieza” en Matiguás, participó el Ejército.

La persona que graba el video dijo: “Aquí estamos desde otro ángulo, compañeros ya diciendo presente, compañeros de la Policía Nacional, compañeros del Ejército, compañeros que también son parte de este equipo de trabajo que se ha venido llevando a cabo en diferentes municipios”.

Ejército debe aclarar

Roberto Orozco considera que esas armas solo pueden provenir de dos fuentes: el Ejército o el crimen organizado internacional.

Si no es el Ejército, dijo Orozco, entonces “este segundo actor les está proveyendo esas armas a los paramilitares, entonces se trata de un elemento foráneo que interviene en la crisis y el  Ejército de Nicaragua está obligado a actuar por mandato constitucional y sus leyes. En ese caso, no tienen que pedir autorización a su jefe supremo”.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, expresó a través de una nota de prensa que “los grupos parapoliciales andan a sus anchas fuertemente armados, acompañados por cuerpos policiales, cometiendo ataques de forma conjunta en contra de la población civil”.

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Tras la masacre registrada durante la marcha del 30 de mayo, organizaciones estudiantiles y líderes campesinos anunciaron que reforzarían las protestas contra el Gobierno. Como consecuencia la crisis sociopolítica que vive el país desde el 18 de abril, se agudizó y en junio el volumen de envío de productos nicaragüenses al mercado internacional cayó en 57.1 por ciento.

Un incremento de 77 por ciento en el precio promedio de venta compensó en parte la merma en el volumen de envíos, por lo que la caída en el valor total de las exportaciones realizadas en el sexto mes del año fue solo de 24.1 por ciento.

Según el reporte del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), en junio de este año se enviaron al exterior 145,108 toneladas de productos, menor a las 338,328 toneladas exportadas en igual mes de 2017.

Sin embargo, el precio promedio general de venta de los productos, que en junio del año pasado fue de 750 dólares por tonelada, en el mes de referencia de este año casi se duplica al ubicarse en 1,330 dólares por tonelada, lo que evitó que los ingresos no cayeran al mismo nivel que el volumen de venta.

61.25 millones de dólares menos por exportaciones

Es por ello, que según el Cetrex en junio se obtuvo 193.04 millones de dólares por la colocación de productos en el mercado externo, 61.25 millones de dólares menos respecto a los 254.29 millones que generaron las exportaciones en junio del 2017.

“Esta es una caída muy fuerte y ya se esperaba, porque al inicio de la crisis las empresas sacaron todo el producto que tenían en bodega, por eso en mayo hubo un incremento de las exportaciones, pero en junio los problemas logísticos impidieron un correcto acopio, por eso el impacto más grande es en el sector ganadero, que registra una caída grave en sus exportaciones”, dice Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).

Las afectaciones en el sector ganadero, que es el principal exportador del país, obedecen a diversos problemas, entre estos a que la Policía Nacional no estaba entregando permisos para el traslado de ganado, provocando que los mataderos suspendieran sus operaciones.

Solo en junio se exportaron 5,749 toneladas de carne cuando en ese mismo mes del año pasado se enviaron 8,867 toneladas. Además, no se envió ni una sola res al exterior y el volumen de las colocaciones de queso, quesillo y leche registra caídas de entre 30 y 50 por ciento.

Falta de permisos atrasó

En cuanto al atraso provocado por la falta de entrega de permisos por parte de la Policía Nacional para la movilización del ganado, Jacoby considera que la ubicación geográfica de las zonas productivas también influyó en la caída de las ventas, ya que algunas de estas han sido más afectadas por las protestas, con la colocación de tranques.

Y aunque desde inicios de julio las condiciones han permitido incrementar el acopio de los productos, Jacoby considera que este mes las ventas mantendrán la tendencia de reducción. “Lo que se está haciendo (en julio) es restituyendo los inventarios que se dejaron de producir en junio, por tanto no habrá incremento de las exportaciones en julio, sino que se registrará una caída similar a la de junio”, sostiene.

Aun cuando la actual crisis, que hoy cumple 85 días y ha dejado más de trescientos muertos, miles de heridos y afectaciones millonarias a la economía, concluya pronto, Jacoby considera que este año en lugar de alcanzar la meta fijada para las exportaciones, estas registren una reducción superior a doscientos millones de dólares.

“Los productos perecederos y los comodities una vez que pierde una exportación no la pueden recuperar, por eso sigue el mismo comportamiento del consumidor final, que cada semana compra una libra de un producto. Si una semana deja de comprar el producto la semana siguiente compra la misma libra, no es que va a comprar dos libras, la de esta semana y la de la anterior”, explica.

Pueden mermar US$440 millones

A l presentar el primer balance de las afectaciones provocadas por la crisis sociopolítica que vive el país —el pasado 23 de mayo— el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, dijo que, de normalizarse la situación durante este mes, las exportaciones cerrarían el 2018 con una reducción de 270 millones de dólares.

De este monto, 132 millones corresponderían a la colocación de mercancías y los restantes 138 millones de dólares a las ventas del régimen de zona franca.

Pero el pasado 27 de junio en un informe actualizado de las afectaciones, Reyes elevó a 440 millones de dólares la proyección de pérdidas en las exportaciones para este año.

Pero advirtió que de no restablecerse las condiciones previas a la crisis y recuperarse la confianza en el país, estos daños podrían seguir incrementándose en los restantes meses del año.

Venezuela sigue en picada

En medio de la crisis que vive el país el mercado venezolano sigue deteriorándose para los exportadores nicaragüenses. Según reporte del Cetrex, en junio de este año ese mercado solo adquirió 361 toneladas de productos, por las que pagó 325,972 dólares. En ese mismo mes del año pasado ese mercado compró 4,903 toneladas por las que pagó 11.41 millones de dólares.

US$1,473 millones totalizaron entre enero y junio los ingresos que el país percibió por el envío de sus productos al mercado internacional, inferior a 1,506 millones de dólares en igual período del año pasado.

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En su penúltimo día de prácticas, la destacada atleta nicaragüense Dalila Rugama se mostró motivada para el Campeonato Centroamericano Mayor, que se llevará a cabo del 12 al 15 de julio en la pista olímpica del Estadio Mateo Flores de la ciudad de Guatemala.

Rugama competirá en jabalina y en impulsión de bala.

“Realmente desde la semana pasada estamos entrenando diario en la prueba de jabalina, que ha sido siempre lo mío, y este año tomamos en serio el reto de la prueba de bala ya que en los Juegos Centroamericanos del año pasado en Managua quedé cerca del récord nacional y me quedé con la espinita, así que hablé con mi entrenadorpara que entrenáramos, así que ambos creemos que el récord está ahí, realmente solo es que nos salga en la competencia”, explicó Rugama.

Junto a Dalila viajarán 20 atletas más que competirán en diversas pruebas.

El viaje está previsto este jueves por la madrugada.

“El sábado serán ambas pruebas y vamos a tratar de dar siempre lo mejor como en todas las competencias”, prosiguió relatando Dalila.

La nica confesó que debido a la situación sociopolítica que vive el país, sus entrenamientos se vieron afectados durante un tiempo.

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“Tuvimos unos meses con dificultades debido a la situación del país, pero hemos tratado de recuperar ese tiempo, pero eso no indica que no voy a hacer mi mejor esfuerzo, así que voy a pelearla en el caso de jabalina y traer una medalla. Y en cuanto a la prueba de bala la idea es hacer 13 metros, que es un récord nacional que tiene María Lourdes Ruiz”, finalizó Dalila, de 34 años de edad.

Este miércoles, a las 9:00 a.m. en el IND, Dalila hará su último entrenamiento junto a su entrenador Héctor Vanegas, quien la ha acompañado en su carrera deportiva durante 18 años.

Los 21

Además de Rugama, también competirán en el Centroamericano de Atletismo Mayor, Adriana Rivera, Ashlin Vásquez, Nahomi Melendez, Jarey Vásquez, Nelson González, Jeffrey Arcia, Carlos Lacayo., Bladimir García, Kelvin Ramírez, Jordy Huete, Efraín Ríos, Jorbin Moraga, Becker Jarquín, Ángel Suárez, Marcial Rodríguez, Yasser Reyes, Máximo Mongalo, Carlos Arteaga, Fred Ponce y Julio Flores.

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El policía Faber Antonio López Vivas, fue torturado antes de que le quitaran la vida de un balazo, sostuvo su madre Fátima Vivas.

Según la progenitora del policía, a su vástago le arrancaron las uñas de algunos dedos de las manos y le infringieron heridas con arma blanca.

El forense privado que revisó el cuerpo de López le explicó a Vivas “que primero lo torturaron y después lo mataron”.

De acuerdo a la explicación brindada por el especialista, cuando una persona sufre heridas cuando aún está con vida, las heridas se miran enrojecidas porque aún hay circulación de sangre, cuando se hacen a un cadáver es otro color, dijo Vivas.

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“A mi hijo sencillamente me lo torturaron ellos mismos me lo torturaron”, sostuvo Vivas quien teme que la quieran silenciar a ella también.

“Eso es terrible, eso es lo más doloroso que puede haber para mi”, afirmó la madre de López, quien denunció que el Instituto de Medicina Legal, aún no le entregan el dictamen forense, pues le aseguraron que será hasta dentro de diez días que estará listo, pero ella no tiene derecho a tener esa información.

Lo que le entregaron a Vivas fue un certificado de defunción el que indica que López murió por impacto de bala de arma de fuego.

Vivas insistió que teme por su vida debido a que ha continuado el asedio en su contra, a través de las redes sociales, por lo que urgió de protección.

El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, confirmó que a Vivas le entregó un video, en el que se aprecia las heridas infringidas al joven, así como las uñas desprendidas en algunos dedos de las manos. “Aparentemente hubo torturas”, expresó Cuevas., quien calificó el hecho como monstruoso.

Los restos mortales del policía López fueron sepultados este martes en el cementerio de Santo Tomás, Chontales, donde habitaba.

Versión oficial de la Policía

La versión oficial inicial de la Policía Nacional en su sitio web fue que López fue asesinado en Diriamba “por terroristas” junto al suboficial Hilario de Jesús Ortiz Zavala, pero solo a este último fallecido fue que le rindieron homenaje en Plaza El Sol.

“Estamos rindiendo homenaje póstumo, a nuestro hermano, asesinado cobardemente el día de ayer domingo (…) ¿Quiénes lo asesinaron? Grupos terroristas armados, que hace más de 40 días tenían secuestrada a la ciudad de Jinotepe, con tranques desde los cuales cometían asesinatos, extorciones y otros delitos”, afirmó el comisionado Francisco Díaz, quien desde hace tiempo funge como director de la Policía. Díaz manifestó que el operativo fue “para liberar a más de 400 transportistas y la población de los municipios de Diriamba y Jinotepe”.

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Cuando creíamos que el nivel de degradación moral en un conocido segmento de la población nicaragüense no podía alcanzar niveles de mayor crueldad y desprecio por la dignidad humana, la noche del 8 de julio en Masaya, después de casi tres meses de continua masacre al pueblo, demostró que sí se podía y rebasó niveles de bestialidad difíciles de superar.

Independiente de donde se haya originada la orden de profanar el mausoleo de la familia Bolaños Geyer en Masaya, no cabe ninguna duda que ello es consecuencia de la descomposición moral que la dictadura Ortega a lo largo de casi cuarenta años (desde abajo y desde arriba) ha inculcado y promovido en un segmento de la sociedad nicaragüense compuesto principalmente de sus seguidores.

Cuando observamos la lista de imperdonables crímenes cometidos y no castigados en ese periodo —asesinatos, secuestros, irrespeto al clérigo, robos, galopante corrupción y últimamente un genocidio atroz, etc.—, no es difícil entender la raíz de dicho crimen y reaccionar con un sentimiento de indignación y desesperanza que nos lleva inevitablemente a preguntar: ¿hasta cuándo, Dios mío, hasta cuándo?

Tal como respondió el expresidente Bolaños al saber la noticia, hasta no tener evidencias concretas no se puede ni se debe acusar a nadie en particular, pero el que tan abominable acto haya sucedido pocos días después de él haber dado unas declaraciones a 100% Noticias, sugiriéndole que reconociese que su tiempo como gobernante había llegado a su fin, no requiere mucha inteligencia imaginarse el origen de tan abominable decisión.

El consejo del expresidente, además de reflejar la sabiduría de estadista que aun a su avanzada edad mantiene lúcidamente, le daba a Ortega una salida decorosa, aunque inmerecida en mi opinión. Inmerecida por la simple razón que la continuada presencia en libertad de Ortega y Murillo en Nicaragua, aun después de una renuncia, augura un “déja vu” de los males padecidos por los tres gobiernos democráticos que le precedieron.

El futuro a corto y mediano plazo que le espera a Nicaragua, con o sin la presencia de Ortega, en el poder o fuera del mismo, es tenebroso y lleno de enormes conflictos y enfrentamientos quizás más duros y complejos que los de la misma Venezuela. Cuarenta años de envenenamiento social, de engaños y mentiras, de falsas promesas y de rapacería descarada al tesoro nacional tendrán un efecto duradero que en una economía tan pequeña como la nicaragüense será muy difícil de superar. Esa película ya la vimos una vez y lamentablemente estamos condenados a verla nuevamente.

Indudablemente que este bestial crimen será causa de tremendo dolor para la familia Bolaños Geyer, parientes y amigos, dolor magnificado por el hecho de saber que será un crimen más que muy probablemente se mantendrá impune mientras la justicia en Nicaragua continúe siendo aplicada como ha sido hasta la fecha.

Sin embargo y pese a la suerte que le depara a Nicaragua en la era pos-Ortega, esa justicia y una auténtica democracia tendrá que llegar y será entonces cuando no solo este crimen, sino los ya mencionados y muchos otros serán debidamente castigados.

Mientras tanto toda persona con un mínimo sentido de moralidad y respeto por el sacrosanto eterno descanso de nuestros antepasados tenemos la obligación moral de acompañar y apoyar al expresidente y a su familia en momentos tan difíciles e inmerecidos.

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Policías ocultando su identidad con cascos de motocicletas entraron la noche del lunes a un supermercado en la ciudad de Jinotepe, en Carazo, y revisaron las compras de las personas que estaban en el lugar.

Los hechos ocurrieron un día después de la masacre que unos quinientos efectivos de antimotines en conjunto con paramilitares perpetraron en los diferentes municipios de Carazo, con la intención de desmontar los tranques y disolver las protestas.

Los grupos armados con arsenal de guerra asedian desde ese domingo al pueblo de Jinotepe y Diriamba y los efectivos se mantienen en todas las esquinas vigilantes.

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Dada la situación la gente en las redes sociales comenzó a denunciar los hechos y a comparar al país con la situación que vive Venezuela, donde se restringe la compra de las personas.

“Al mejor estilo de Venezuela, ya Nicaragua se encuentra igual que en los ochenta. Policías revisan y restringen compras de pobladores en el departamento de Carazo”, se lee un comentario en facebook.

Comercios cerrados

Tanto en Jinotepe como Diriamba parte del comercio se mantiene cerrado, sobre todo los que están en casa particulares.

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En Jinotepe debido a las incidencias el Banco de la Producción (Banpro) cerró lunes y martes y se desconoce cuándo abrirá. Mientras que el BAC el lunes cerró a las 02:00 de la tarde, pero este martes atendió normal.

Requisan en Las Esquinas

Las revisiones en el departamento de Carazo, comenzaron con el puesto de paramilitares que instalaron en Las Esquinas-San Marcos, después de haber quitado el tranque que habían puesto autoconvocados.

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En el puesto de mando ubicado en este lugar revisan a todas las personas que pasan ya sea en vehículo particular, moto, bicicleta y en las últimas ocasiones han registrados hasta las personas que pasan en interlocal.

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El Diálogo Nacional del que la Conferencia Episcopal de Nicaragua es mediadora y testigo, está en crisis por culpa de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Ante la falta de respuesta de Ortega a la propuesta de adelantar las elecciones como medio cívico y constitucional de resolver la crisis de gobernabilidad de Nicaragua, el incremento de la represión contra el pueblo, las mentiras e incumplimientos del régimen y la brutal y sacrílega agresión de las turbas orteguistas contra la Iglesia y sus obispos y sacerdotes, los obispos han considerado si vale la pena o no seguir con el Diálogo Nacional.

Pero es obvio que lo que quiere la pareja dictatorial Ortega y Murillo es precisamente que los obispos renuncien al Diálogo Nacional. Apuestan a que la Conferencia Episcopal lo dé por fracasado, porque no lograron convertirlo en un medio de apaciguamiento para poner fin a la rebelión pacífica de los ciudadanos y restablecer la normalidad del régimen orteguista. La consecuencia moral de los obispos, la resistencia de los ciudadanos autoconvocados y la firmeza política de la Alianza Cívica no les permitieron conseguir ese propósito.

También en el campo amigo se impugna al Diálogo Nacional, porque no ha logrado que termine la represión, no ha sido capaz de obtener la renuncia de Ortega y Murillo ni ha formado una junta de gobierno provisional para la transición democrática.

Pero el Diálogo Nacional no puede ser el instrumento de apaciguamiento del pueblo —como querían Ortega y Murillo que fuese—, ni tampoco un consejo revolucionario para derrocar a la dictadura y organizar un gobierno provisional de transición, como ha pretendido algunos dentro del campo opositor.

En realidad, el Diálogo Nacional solo puede ser una instancia para tratar de lograr un acuerdo político que abra el camino a la solución de la crisis por medio de la democratización, lo que significa la propuesta de los obispos de adelantar las elecciones.

En este sentido, a pesar de los avances de la dictadura quitando tranques mediante la represión sanguinaria, el Diálogo sigue siendo necesario y válido porque los ciudadanos no han sido derrotados, no han claudicado ni aceptan someterse nuevamente al régimen de Ortega y Murillo. Pese a los esfuerzos de la dictadura, la crisis de gobernabilidad se profundiza y el Diálogo Nacional sigue siendo el mejor camino para resolverla democráticamente, para lo cual cuenta con credibilidad y el respaldo de la comunidad internacional.

Sin duda que si los obispos dieran por fracasado el Diálogo Nacional, Ortega y Murillo montarían una farsa sustituta con religiosos sin escrúpulos y políticos corruptos, para hacer una componenda y asegurarse que seguirán en el poder hasta 2021, inclusive más allá.

De manera que mientras Ortega no acepte la propuesta de adelantar las elecciones, los obispos no deberían convocar a sesiones plenarias, porque por ahora no tendría sentido. Pero no se debe dar gusto al diablo declarando fracasado el Diálogo Nacional.

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A tres años de la tragedia sufrida por la familia Reyes Ramírez cuando una patrulla policial abrió fuego en contra del carro en que se trasladaban y terminó con la vida con tres de sus miembros, en el sector de Las Jagüitas, es uno de tantos casos que en el país han quedado en impunidad.

Las víctimas de la masacre fueron Katherine Ramírez de 22 años y los niños Efraín Ramírez de 11 años y Aura María Reyes Ramírez de 12 años. Los hechos, en los que resultaron con heridas graves Myriam Natasha Guzmán Ramírez y Axel Reyes de 5 y 13 años respectivamente.

Desde esa fecha para acá pocas veces han vuelto aparecer los familiares de las víctimas. El silencio de la familia de las víctimas es interpretado por el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, que ha sido influenciado por el miedo y porque considera que la familia de las víctimas se cansó de demandar justicia sin obtenerla.

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“Se dieron cuenta que en este país no hay justicia”, sostuvo Cuevas , quien apuntó, “estamos claros que en ese caso hubo casi impunidad”.

El defensor de derechos humanos mencionó que en la masacre de Las Jagüitas no fueron procesados oficiales de mayor jerarquía, y en el caso de los que acusaron les impusieron penas, fuera de lo que establecía le ley.

Cuevas puso de ejemplo como anomalías del proceso, que la Fiscalía ni siquiera tomó en cuenta a las víctimas y únicamente aparece la versión de los victimarios. “No había ninguna intención de hacer justicia”, considera Cuevas.

En su momento las tres organizaciones de derechos humanos existentes en el país, exigieron a la Policía Nacional una investigación objetiva y exhaustiva, pero esto no ocurrió.

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La crisis de Nicaragua, provocada por la represión del Gobierno, que ha dejado al menos 300 muertos desde abril pasado, estará bajo la mira, este miércoles, de dos instituciones en Estados Unidos: el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de ese país.

Según el proyecto de agenda de la OEA, se abordará la situación actualizada de los derechos humanos en el país centroamericano, las actividades en ese sentido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El proceso de la OEA

Para la directora del Instituto Interamericano para la Democracia (IID), Beatrice Rangel, en la OEA se lleva el curso que debe seguir todo proceso para “determinar si efectivamente los desmanes del régimen de Nicaragua conforman un caso para aplicar la Carta Democrática Interamericana”.

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“Creo que en ese punto es que está la comunidad internacional en este momento y posiblemente los resultados de la reunión del Consejo Permanente sean abrir una investigación a fondo a Nicaragua o profundizar el mandato del Mecanismo de Seguimiento (Meseni) que ya la OEA ha iniciado (su mandato) en el terreno en Nicaragua”, añadió.

De acuerdo con la experta, el informe de junio y julio sobre Nicaragua será muy malo, porque lo que se observa con los recuentos imparciales es que ahí está ocurriendo una masacre contra el pueblo de manera brutal con conductas que están tipificadas “como crímenes de lesa humanidad”.

Rangel afirmó que la comunidad internacional está prestando atención a la política “brutalmente represiva” del régimen de Daniel Ortega.

El caso del Congreso

En el caso del Congreso de EE.UU., Rangel explicó que, cuando esta institución decide analizar y profundizar un tema de carácter hemisférico es porque existe un grave problema, que puede o está afectando la seguridad nacional de Estados Unidos.

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El presidente del comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Ed Royce, convocó a la audiencia titulada Promover los intereses de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental.

“América Latina y el Caribe son el hogar de algunos de nuestros socios comerciales de más rápido crecimiento, pero en algunas partes de la región continúan luchando contra la violencia, la corrupción y las organizaciones criminales”, dijo.

“La situación actual en Venezuela y Nicaragua y la crisis de la migración en América Central deben abordarse”, justificó el legislador Royce en una nota de prensa al referirse al tema.

“Procesos internacionales son muy complejos y para poder aplicar la Carta Democrática a Nicaragua se debe tener un informe. En este caso va a ser más rápido. El régimen ha sido brutal”. Beatrice Rangel, analista.

La “lógica” de Ortega

La analista Beatrice Rangel consideró que Daniel Ortega no aceptará elecciones anticipadas, como se lo han propuesto distintos sectores en el país, la OEA y hasta su propio hermano Humberto Ortega. “Él perdió las elecciones en 1990 por mal gobernante, las volvió a ganar por un apoyo absurdo con el señor (Arnoldo) Alemán”, dijo Rangel, directora del IID.

La experta en Política Exterior estima que en la sesión del Consejo Permanente de la OEA se puede esperar dos resultados: que se dé una condena por la política abusiva del régimen y la violación masiva a los derechos humanos o que se estipule la presentación de un informe para invocar la Carta Democrática.

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Cita en el Congreso

En la audiencia del Congreso de Estados Unidos participará el secretario principal Adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kenneth H. Merten, pero también la administradora Adjunta para América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Sarah-Ann Lynch. El Gobierno de Estados Unidos ha expresado en múltiples ocasiones su condena a la violencia estatal contra los manifestantes en Nicaragua, que piden democracia y justicia.

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Al menos cuatro de los agredidos el lunes en la Basílica de San Sebastián, en Diriamba, están entre los beneficiados con protección de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que indica, para defensores de derechos humanos, que el Estado de Nicaragua no cumple con las mismas, pese a que es firmante de los acuerdos internacionales con ese organismo, por tanto deben ser cumplidas.

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Entre las personas que fueron agredidas verbal y físicamente por paramilitares en la basílica, estaba el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, que tiene medidas cautelares.

Otros que también tienen medidas cautelares y fueron agredidos en Diriamba son el sacerdote Edwin Román, de la parroquia San Miguel, de Masaya; el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva, y Danilo Martínez, delegado en Masaya de esa misma organización.

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Leiva expresó que esta situación vivida por ellos en Diriamba demostró que el Gobierno incumple con las medidas cautelares, aunque a su vez admitió que estas medidas nunca han sido cumplidas por el régimen.

Entre los casos históricos de incumplimiento menciona el relacionado con la violencia de los pueblos indígenas en el Caribe Norte, donde la CIDH ha emitido varias medidas cautelares bajo la administración sandinista. Ninguna la ha cumplido.

“Ha habido falta de voluntad política de garantizar el cumplimiento de lo establecido por las instancias de Derechos Humanos internacionales”, refirió Leiva, quien relató que en su caso hubo “un intento claro de secuestro (en Diriamba), cuando paramilitares me arrastraron diciendo que me iban a llevar con ellos, en el tumulto sentí un roce a mi chaleco”.

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Tras la trifulca, Leiva dice que observó en su chaleco un corte, que cree que por el tipo de cortadura fue hecho con arma blanca.

Más incumplimiento

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, recordó que el Gobierno nunca ha acatado las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Núñez afirmó que tanto ella como el Cenidh cuentan con medidas cautelares desde el 2008, pero la persecución y agresiones verbales son constantes contra ella y la organización.

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No obstante, considera Núñez, que por lo menos queda el récord de la CIDH sobre el nivel de riesgo y la agresión de la que son víctimas las personas. “Eso contribuye para ir configurando la situación de Estado violador de derechos humanos”, dijo.

Estuvieron en peligro sus vidas

Según el padre Román, él sufrió puñetazos en la cabeza y en todas partes del cuerpo, mientras monseñor Báez fue golpeado fuertemente en el estómago y le hirieron el brazo con un tubo.

Pero la vida de todos ellos estuvo en riesgo, porque a la parroquia ese día entraron paramilitares con armas de fuego, machetes y armas hechizas.

Román dice que a la basílica incursionó gente “que yo me atrevo a decir que son gente del Ejército, porque es gente muy fuerte, que contaba con experiencia en medio de la multitud, eso no lo va a hacer cualquier chavalo de la calle”.

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A su vez, precisa que a Diriamba fueron trasladadas personas que son consideradas como tomatierras en Santa Teresa y “azuzadores encapuchados”.

Obligación del Estado

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En todos los casos la CIDH señala que, al otorgar las medidas cautelares a una persona, el Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros. Asimismo, solicita al Estado de Nicaragua concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios, esto no se ha dado.

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Al menos 2 de los 24 muertos que dejó la “operación limpieza” en Carazo el pasado fin de semana fueron enterrados este martes en esa ciudad, ambos víctimas de la represión orteguista por fuerzas paramilitares y policías que llegaron a ese departamento a levantar los tranques a punta de balas. Se trata de José María Narváez, alias el Chema, y de Josué Israel Mojica García, de 18 años, los que fueron sepultados en Jinotepe y Diriamba.

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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) determinó a través de información recogida por sus filiales que al menos 24 fueron los asesinados en esa operación ejecutada por fuerzas gubernamentales, superior a los 9 que había contabilizado inicialmente la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, condenó la agresión a la población indefensa y calificó el ataque a esos municipios como de “perverso y criminal”.

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“El Chema estaba en el tranque San José cuando nos atacaron, lo agarraron, lo golpearon con la culata del rifle y después lo mataron a balazos”, relató Juan García, amigo de infancia del asesinado.

En medio del llanto, antes de enterrar el cuerpo en el cementerio de Jinotepe, los familiares gritaron: “Chema” y la multitud que rodeaba el féretro respondió: “¡Presente, presente, presente!”.

A la misma hora del entierro del Chema, se realizaban los funerales de Mojica.

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Los familiares del Chema denunciaron que durante la vela, agentes policiales se presentaron a la vivienda y ordenaron cerrar el velorio a las 6:00 de la tarde. Luego pasaron grupos armados gritando el nombre de Daniel Ortega.

Ciudades sitiadas por paramilitares

Además luego de que fuerzas del Gobierno desmontaron los tranques, barricadas y perpetraron una masacre en los diferentes municipios de Carazo, los paramilitares tomaron el control de la ciudad causando terror y zozobra, además se han tomado como bases de operaciones el Colegio San José, la Facultad Regional Multidisciplinaria (Farem-Carazo) y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH).

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Los fanáticos orteguistas además sacaron este martes a las calles una caravana celebrando la “liberación de Carazo”, que salió del Colegio San José de Jinotepe, que se encuentra tomado por paramilitares.

¿Qué había en los camiones?

La defensora de derechos humanos recordó, por su lado, que mover los furgones, que llevaban varias semanas varados por los tranques, fue la justificación que ofreció el lunes la vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, Rosario Murillo.

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Al respecto, Núñez critica que el baño sangriento haya sido por esa razón, pero además pregunta: “¿Cuál fue el interés de remover esos camiones? Esa es la pregunta que yo lanzo, porque no puede ser solo un interés económico o quedar bien con los dueños de los camiones, ¿cuánto les pagaron los dueños de camiones? ¿Alguien supo qué había adentro de esos camiones? ¿Por qué esa perversidad y esa furia?”.

Núñez asegura que el día de la masacre lograron confirmar 17 fallecidos, pero luego el Instituto de Medicina Legal reportó otros 7, 5 de los cuales no han sido identificados aún.

Ortega perverso

“Las cosas que han sucedido allí son perversas, no solo se trató de limpiar los tranques (…), se cometieron situaciones que no se han visto y esperamos que no se vuelvan a ver, por ejemplo, mataban a la gente y la dejaban tirada en los caminos”, aseguró Núñez.

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La presidenta del Cenidh describió casos de asesinados con bombas, además del crimen de cuatro personas que aparecieron muertas entre San Marcos y Jinotepe, que nadie los podía recoger. Los cuerpos “pasaron seis a ocho horas (ahí) y luego los paramilitares secuestraron los cuerpos”, esto lleva a hacer otra pregunta a Núñez: ¿se llevaron los cuerpos para esconder el crimen o porque eran paramilitares también?

OACNUDH pide al Estado lista de fallecidos

Los hechos de violencia registrados en Carazo merecieron la condena de por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que en un comunicado conjunto los calificaron como “graves”.
Ambas organizaciones señalan que la represión del fin de semana habría dejado alrededor de 20 personas fallecidas, de ese total al menos dos policías, y decenas de heridos. Al tiempo que demandan que “el Estado de Nicaragua debe ofrecer el listado de todas las personas fallecidas y heridas en estos operativos y realizar de forma inmediata, expedita y debida una investigación de los responsables por estos hechos”.

Ambas organizaciones rechazan las agresiones sufridas por varios integrantes de la Iglesia católica en Diriamba este lunes.

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“Alertamos que las y los integrantes de la Iglesia católica han sufrido una campaña de estigmatización por sus labores de protección a la integridad física de las personas manifestantes y por su fundamental rol en la mediación del Diálogo Nacional para el deseable alcance de una solución pacífica a la grave crisis de derechos humanos que vive el país”, señalan ambas organizaciones en su comunicado.

Preocupación internacional

El organismo Human Rights Watch (HRW) responsabilizó este martes al presidente designado Daniel Ortega; a la comisionada general de la Policía Nacional, Aminta Granera, y al inspector general Jaime Vanegas, por los “atroces abusos en Nicaragua”, que ya dejan más de 300 muertos.

Igual Ortega fue condenado por el gobierno alemán, que llamó a aclarar las circunstancias de las más de 300 muertes.

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se sumó a esta condena por la brutal agresión contra periodistas independientes, objeto de golpes y el robo de sus equipos el lunes pasado, cuando turbas del Gobierno atacaron a los obispos y al nuncio apostólico en Diriamba, Carazo.

60 detenidos en las cárceles de Jinotepe registra el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, sin incluir los que están en Managua.

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Tres días de demostraciones contra el régimen sangriento de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que han hundido al país en una de las peores crisis de la última década, comenzará este jueves con una marcha en Managua, que fue convocada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para exigir justicia, democracia y elecciones anticipadas en Nicaragua para poner fin a la convulsión social, que lleva 86 días y que ha dejado más de 300 muertos.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara Americana de Comercio (Amcham) ambos parte de la Alianza, instaron a las empresas afiliadas, empresas en general y trabajadores a participar en estos tres días de lucha ciudadana.

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La Alianza Cívica pidió a los nicaragüenses “no olvidar a los cientos de nicaragüenses cuya sangre ha sido derramada”.

Y demanda “una vez más el cese inmediato de la violencia, manifestarnos pacíficamente es nuestro derecho constitucional”.

La Alianza Cívica, invitó a la población en general a unirse hoy a la marcha denominada Juntos somos un volcán, que inicia las 10:00 a.m., donde se espera asistan cientos de miles de nicaragüenses para exigir justicia y la democratización.

Esta saldrá de la Rotonda Cristo Rey a los semáforos de Autolote El Chele, hacia el monumento Alexis Argüello, concluyendo en la Rotonda Jean Paul Genie.

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“No abandonaremos las calles, ¡porque las calles son del pueblo!”, es una de las consignas que impulsan los organizadores de la marcha.

También recuerdan que está ¡Prohibido olvidar! ¡Prohibido olvidar el sacrificio de  los cientos de nicaragüenses cuya sangre ha sido derramada! ¡Prohibido olvidar el luto de las madres! ¡Nicaragua unida no olvida!

Viernes, otro paro nacional

Tras la marcha, el viernes el Cosep y Amcham convocan a un paro nacional de 24 horas, para exigir al Gobierno “respuesta sobre el adelanto de elecciones para devolver al pueblo nicaragüense su libertad”.

Este es el segundo paro nacional que este gremio le monta al régimen de Ortega, que se niega a dejar el poder y que mantiene una violenta represión contra la población que exige su salida inmediata.

Y el sábado, tras la paralización del país, la Alianza Cívica ha programado una la caravana que se espera recorra varias zonas de Managua.

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“Nuestro llamado es a los nicaragüenses en todos los departamentos a que se sumen a estas acciones”, insta el Cosep, que forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, integrada también por estudiantes, campesinos, líderes de la sociedad civil, entre otros.

También las cámaras

El Consejo Directivo de la Cámara de Industrias de Nicaragua también se sumó al llamado que hacen no solo a los empresarios y trabajadores, sino también al pueblo en general.

Asimismo, la Cámara de la Construcción de Nicaragua instó a sus empresas a unirse a la marcha, caravana y el paro nacional para presionar por una salida a la crisis.

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Otras de las cámaras que también se unieron a este llamado fueron la Asociación de Productores de Nicaragua, la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos  y el  Instituto Nicaragüense de Desarrollo.

Unidad contra Ortega

Organizaciones de diferentes sectores sociales, campesinos, ambientalistas, feministas, estudiantes, empresarios, académicos llamaron a participar en la marcha de hoy, confiando en la presencia de organismos internacionales que investigan la violencia y las muertes en el país.

Entre los representantes de estas organizaciones destacan la escritora Gioconda Belli, la líder campesina Francisca Ramírez, el académico Ernesto Medina, el universitario Léster Alemán, entre otros.

Estas organizaciones se proclamaron unidas este miércoles contra el régimen de Daniel Ortega.

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