El preso político, Ernesto Antonio Ramírez García, está a la espera de la decisión que tomen los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) sobre su libertad, luego que enfrentara la audiencia de apelación, en la que su abogado defensor, Julio Montenegro, presentó todos los agravios ocurridos en el juicio de primera instancia donde fue condenado.
Ramírez García fue condenado a 20 años de cárcel por el juez Wilfredo Gabriel Ramírez, del Juzgado Tercero de Distrito Penal de Juicio de Managua, por los delitos de tráfico de drogas y tráfico ilícito de armas.
«En la audiencia le hicimos ver a los magistrados que la supuesta droga, las supuestas armas restringidas no se las ocuparon a él (Ernesto Ramírez), supuestamente se las ocuparon a otros procesados. Eso (las drogas y armas) se las ocuparon a Carlos Sebastián y a otro procesado, quienes tienen medidas distintas. Nunca debieron haberlo declarado culpable cuando no hubo elementos de convicción que demostraran que a él le habían ocupado algo», argumentó Montenegro.
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Beneficio para algunos
El abogado se refiere a Léster Renato Ruiz y Carlos Sebastián Cortés, quienes también fueron detenidos por la Policía Orteguista (PO) junto Ramírez, pero están a la espera de un juicio a parte y con la medida cautelar de arresto domiciliar, un beneficio del que gozan pocos reos políticos.
«A ellos el Ministerio de Gobernación les otorgó la convivencia familiar, pero a Ramírez no le otorgaron ese beneficio. Usualmente eso pasa cuando las personas (procesadas políticas) son consideradas que tienen más liderazgo y en este caso a él lo dejaron con una medida restrictiva de libertad», consideró Montenegro.
Ramírez García fue detenido junto a su esposa, la enfermera Scarlett de la Trinidad Narváez Marenco, quién posteriormente fue liberada, el pasado 16 de mayo del 2019. Él fue acusado y sentenciado por los delitos de: Tráfico de armas y de estupefacientes y tenencia y uso de armas restringidas.
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Se cosió la boca
El abogado alertó sobre el precario estado de salud de Ramírez, quién decidió iniciar una huelga de hambre desde el pasado 30 de septiembre como medida de presión a la dictadura para conseguir la libertad. Además, el preso político fue uno de los tres reos de conciencia que se cosió la boca para no ser obligado a comer por los custodios del Sistema Penitenciario Nacional, La Modelo.
Montenegro detalló que el judicial de primera instancia ordenó que el reo de conciencia pague 1,400 días multa , lo que equivale a más de 72 mil córdobas. Agregó que al momento de la captura de su defendido, la Policía no presentó orden de allanamiento y el operativo se ejecutó de madrugada.
La esposa del preso político, al ser liberada, relató a LA PRENSA que fueron sometidos a constantes interrogatorios y el día que fueron secuestrados, la Policía los llevó a una finca en Santa Teresa, Carazo y luego fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como el nuevo «Chipote», en Managua. Ese día los desnudaron a todos por completo y los obligaron a hacer sentadillas. Les tomaron sus huellas dactilares y fotografías.
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Fue inyectado con estupefacientes
Agregó que fue interrogada por seis hombres y uno de ellos estaba encapuchado. Dice que Ramírez le confesó que durante el interrogatorio le inyectaron una droga para que hablara del sitio donde estaban ocultas las armas que supuestamente traficaba. “Me dijo que quienes lo habían golpeado era un ruso y un cubano”, cuenta Narváez.
Ernesto Ramírez García participó en las protestas cívicas que iniciaron el pasado 18 de abril de 2018 y en los tranques. Montenegro considera que esa es la razón de la imputación de delitos.