La indignación social que proviene de la impunidad que promulga el Estado de Nicaragua está llenando de desesperanzas a las mujeres víctimas de violencia machista, hacen creer que vivimos bajo la tutela de un Estado garantista de derechos humanos, pero el silencio de lo que realmente está pasando en los barrios de Managua, en las comunidades rurales, en algún callejón de la Costa Caribe, simplemente es postergar el trago amargo de la realidad que la niña y la mujer nicaragüense vive a diario y que no es parte de la agenda pública.
La cifra de femicidio hasta finales de agosto 2020 era de 50 mujeres, actualmente este número va en aumento, la violencia no se detiene y menos cuando las instituciones que suponen velar por la seguridad de las mujeres no se preocupan en lo más mínimo por accionar ni preventiva ni consecuentemente frente a la violencia machista.
En lugar de eso vemos como han cercenado la Ley 779. Desde su aprobación los únicos esfuerzos dirigidos a la ley son en el debilitamiento de la misma, desde su reforma en el 2013 (donde incluyen la mediaciónLey 779 en algunos casos) y el reglamento impuesto por la Asamblea Nacional en el 2014 (el cual limita el campo de acción de la Ley 779 al ámbito privado), hasta la desarticulación de las instituciones que suponían garantizar la protección a la integridad y la vida de las mujeres, entre ellas está la Comisaría de la Mujer —que a pesar de que se inició un proyecto piloto de reapertura, no está en función del amparo— y la Procuraduría de la Mujer.
Ni lo que dejaron de la Ley 779 están cumpliendo, para las mujeres es muy difícil salir de los círculos de violencia porque no hay nadie asegurándoles que pueden ayudarlas apenas decidan salir de allí, y cuando las escuchan: ¿Cómo es posible que las mujeres vayan a mediar con las personas que las violentan?, las instituciones al obligarlas a retomar una vía, que evidentemente ellas ya habían agotado, las están arrojando a un ciclo violento nuevo.
El femicidio es la manifestación máxima de violencia, detrás de muchos de los casos de femicidio existe un largo historial de violencia de género (sexual, psicológica, económica, patrimonial, social, vicaria), vemos el caso de las niñas de 12 y 10 años de Mulukukú, donde la mamá afirma que ya había puesto denuncia sobre el nivel de desprotección en el que tanto ella como sus hijas vivían, y también observamos que las instituciones no se preocuparon por ayudarlas, ni mucho menos les brindaron acompañamiento en sus denuncias.
El diario vivir de las mujeres en nuestro país es callar y sobrevivir en violencia.
Si un Estado no garantiza la seguridad e integridad de una gran parte de su población, la cual la constituimos las mujeres, estamos condenadas a reproducir estos ciclos de violencia de generación en generación.
Lo relevante en este contexto no es promulgar nuevas leyes o reformar las existentes, basta la voluntad política para incluir en la agenda pública el respeto y dignidad a la vida de las mujeres.
La autora es estudiante de Licenciatura en Comunicación.