
Después de un maratónico juicio que duró más de tres horas en el Juzgado Penal Local de Bluefields, la juez orteguista Deyanira Traña declaró culpable a la periodista y jefa de prensa de radio La Costeñísima, Kalúa Yakari Salazar, por el supuesto delito de «calumnia» en perjuicio de tres extrabajadoras de la Alcaldía de El Rama, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACC), quienes afirmaron sentirse afectadas moralmente por una pieza radial publicada por Salazar en la que se denuncian casos de corrupción en la comuna de El Rama.
«A mí me parece injusto porque nosotros como medio de comunicación le hemos abierto el micrófono a muchas personas que quieran poner su denuncia pública y eso es lo que nos compete. Ellos (la parte acusadora) están mencionando que hubo odio de mi parte al publicar la información y no sé por qué dicen eso, cuando lo que hacemos solo son las entrevistas a los que llegan a denunciar», manifestó la jefa de prensa a la salida del Complejo Judicial.
«Yo no estoy conforme con la pena, pero mi abogado va a continuar haciendo las gestiones necesarias para que se pueda llegar a una resolución donde pueda favorecerme, porque como La Costeñísima sabemos que esto ha sido injusto», agregó Salazar.
Boanerges Fornos, abogado defensor de Kalúa Salazar, señaló que este veredicto de culpabilidad «era de esperarse», pero alegó que las pruebas evacuadas no demostraron los hechos que se le imputan a la periodista, «tampoco se demostró que se haya cometido un hecho delictivo», señaló la defensa quien aseguró que esperarán la notificación para interponer un recurso de apelación.
La pena
De acuerdo con el abogado, la pena que se sanciona en este caso es el pago por días multas. La Fiscalía solicitó la pena máxima que va entre 120 y 300 días multas, argumentando que el delito se cometió a través de un medio de comunicación. Al respecto el abogado Fornos pidió la pena mínima.
«Hay un procedimiento que se establece y es que se tasa de acuerdo a los ingresos diarios de la persona, generalmente por un tercio de los ingresos y atendiendo las necesidades que tienen las personas y también si no se puede pagar de un solo se puede hacer a través de pagos en cuotas», explicó.
Dicha acusación fue interpuesta el pasado 11 de agosto por Julia Elena Zeledón Siu, Shamia del Socorro Ruiz y Cinia Griselda Centeno, trabajadoras de la Alcaldía de El Rama, y enviada al Juzgado Local Penal de Bluefields por el abogado defensor Denis José Báez Sevilla.
Veredicto de culpabilidad contra Kalúa Salazar, jefa de prensa de nuestra radio La Costeñísima La #RadiodeTodos en #Bluefields
Posted by La Costeñísima on Wednesday, September 23, 2020
Mientras se llevaba a cabo el juicio oral y público contra la jefa de prensa de la emisora caribeña, un grupo de periodistas independientes se apostó en las afueras para expresar su apoyo a Salazar y alternar su descontento por la persecución judicial que ha emprendido el régimen contra los comunicadores independientes. Asimismo desde tempranas horas de este martes el Complejo Judicial se mantuvo resguardado por más de 20 efectivos de la Policía.
Asedio permanente en la radio
Kimberly León, hija del periodista Sergio León (q.e.p.d.) y quien ahora está al frente de radio La Costeñísima, manifestó que si bien el asedio y persecución antes se concentraba únicamente contra Sergio León, desde su fallecimiento la dictadura ha incrementado el hostigamiento contra todos los colaboradores de la emisora, que en su mayoría son jóvenes. Sin embargo, una vez más León dejó claro su compromiso de continuar informando.
«Es una situación muy difícil la situación que estamos viviendo, pero nosotros vamos a seguir trabajando porque amamos lo que hacemos, amamos nuestro trabajo que brindamos a la población al abrir los micrófonos a nuestros entrevistados que quieran hablar de cualquier tema. Las puertas de La Costeñísima siempre van a estar abiertas y agradecemos el apoyo de la población que nos tiene confianza a nosotros», dijo.
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Desde el inicio de las protestas contra el Gobierno, en abril de 2018, radio La Costeñísima ha sido objeto de asedio y ataques en sus instalaciones por su postura crítica a las políticas del régimen de Daniel Ortega.