El jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, reconoció que al régimen le urge cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para que sacar a Nicaragua de la «lista gris» de países deficientes en el combate al lavado de dinero.
Los nuevos controles aprobados por la Asamblea Nacional sobre las sociedades mercantiles para determinar quiénes son sus beneficiarios finales, es decir los que se lucran de estos negocios, son parte de las medidas, que según los orteguistas, se requieren tener antes de la próxima revisión en septiembre que hará el GAFI sobre los sistemas de control de Nicaragua.
La reforma a la Ley del Registro Público (698) y al Código Mercantil para crear el «Registro de Beneficiario Final relacionado a las sociedades mercantiles», fue aprobada este 20 de agosto con el voto de 73 diputados, entre los setenta del FSLN y tres de sus aliados de la Alianza Liberal Independiente (ALN) y el Partido Liberal Independiente (PLI), y del Apre. Sin embargo, Alejandro Mejía Ferreti también de ALN y quien además es el tercer secretario de la directiva parlamentaria, no apoyó a los orteguistas.
Los 14 legisladores del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el de Yatama y la del Conservador se abstuvieron de respaldar la modificación a la Ley 698, a pesar de que públicamente avalaron las medidas porque supuestamente se ajustan a las exigencias de los organismos internacionales. Mejía Ferreti, de ALN, también se abstuvo.
Castro en su intervención en el debate, refirió que esta reforma a la Ley 698 era uno de los pasos que deben tener listo para «la primera revisión del GAFI, que es para septiembre», y para entonces la Comisión Técnica interinstitucional sobre lavado de dinero deberá prepara la normativa sobre cómo funcionará el registro del beneficiario final de las sociedades mercantiles.
El GAFI le hizo 40 recomendaciones a Nicaragua para mejorar sus estándares para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Por las deficiencias presentadas, en febrero del 2020 el organismo incluyó nuevamente al país en su «lista gris», significando un gran retroceso pues en años pasados se demostró avances significativos permitiendo salir de esta lista en 2015.
María Auxiliadora Martínez, diputada orteguista presidenta de la Comisión de Justicia, indicó que «Nicaragua se encuentra en seguimiento intensificado por el GAFI, que nos ha ubicado en la lista gris» a pesar, según la legisladora, de que se han cumplido 35 de las 40 recomendaciones para fortalecer el sistema de combate al crimen organizado y lavado de dinero.
Son 5,230 sociedades mercantiles las que que deberán «migrar» al Registro del Beneficario Final, manejado por la CSJ.
Protegen información, pero meten otros controles
Los legisladores cumplieron con establecer la confidencialidad sobre la información que proporcionarán las sociedades mercantiles, como fue acordado con la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN) y la Cámara de Industria y Comercio Mexicana Nicaragüense (Camexnic) en la consulta de la reforma a la Ley 698. A los datos solo podrán acceder las empresas relacionadas y las instituciones públicas, aunque será la normativa donde se especifique cuáles serán esas autoridades que tendrán acceso.
Ejercer controles sobre el beneficiario final de las sociedades mercantiles fue propuesto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en coordinación con la Fiscalía, la Procuraduría y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), argumentando que es una exigencia del GAFI para que Nicaragua mejore su vigilancia a que ese segmento empresarial no sea utilizado por el crimen organizado para el lavado de dinero.
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Sin embargo, durante el debate Castro presentó una moción, es decir un cambio de último momento, al artículo 36 de la Ley del Registro Público, para establecer que el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia), podrá bloquear las inscripciones de sociedades mercantiles «monopólicas».
«Cuando las sociedades mercantiles realicen actos tipificados en la Ley 601, Ley de Promoción de la Competencia, adjuntarán ante el registro la carta de no objeción de notificación o en su caso la resolución firme dictada por Procompetencia, o del ente regulador correspondiente», reza el inicio 11 al artículo 36 incorporado durante la aprobación de la reforma a la Ley 698. Según los orteguistas esto fue «a solicitud de Procompetencia y con el visto bueno» de la Corte Suprema de Justicia.
Sacan provecho político de la presencia de cámaras privadas
El jefe de la bancada FSLN manipuló políticamente el hecho que los representantes de la Cámara de Comercio y la Camexnic, voluntariamente intervinieron en la revisión de las modificaciones al Registro Público, diciendo que privó el interés por el bienestar del país, más que las diferencias políticas que hayan con el régimen de Daniel Ortega.
«Reconocer la preocupación y labor de país que tuvieron la Cámara de Comercio, que primero envío por escrito sus preocupaciones y después vino con sus presidenta doña Carmen Hilleprandt con dos asesores, con una actitud abierta, colaborativa, al igual que la Cámara de Comercio Mexicana, con su presidente Carlos Salinas, con la misma posición, muy colaborativa», expuso Castro en el plenario del Legislativo.
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Incluso Castro reiteró el acuerdo entre ambas cámaras privadas con la Comisión Técnica interinstitucional sobre lavado de dinero, que integran la CSJ, la Fiscalía, Procuraduría General de la República y la Unidad de Análisis Financiero, «de trabajar juntos en la normativa» del registro del beneficiario final de las sociedades mercantiles.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) rechazaron la reforma a la Ley 698, señalando que no se ajusta a lo que realmente exige el GAFI al país, por cuanto carece del análisis previo para determinar cómo es que son vulnerables las sociedades mercantiles al lavado de dinero. Las debilidades para el sector privado está en la falta de modernización técnica de las instituciones.
Mario Arana, presidente de Amcham, valoró que los ajustes al texto de la reforma no responden a los riesgos de fondo, que es tener «una institucionalidad quebrada del país, de credibilidad y rendición de cuenta, todo eso que no hay».
Insistió en que no importa si existe «una ley perfecta» cuando en la práctica, «las lealtades de los funcionarios no son a la instituciones, a la normas, sino al poder, a los individuos», dijo Arana.
PLC avaló reforma, pero se abstuvo en la aprobación
La decisión de abstenerse de votar a favor de la reforma a la Ley 698, a pesar de que la bancada del PLC la consideró «coherente con el marco jurídico» internacional, según el diputado Maximino Rodríguez, fue por ser consecuentes en que mientras las instituciones públicas respondan a los intereses partidarios de la dictadura, las normas no se aplicarán correctamente.
«Como en Nicaragua no existe Estado de Derecho, aún cuando tengamos leyes muy buenas, sin embargo los operadores de justicia se han convertido en simples y llanamente en elementos que fortalecen un sistema autoritario», dijo Rodríguez.