Toda la oposición ha rechazado la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de la dictadura, de ampliar el período para solicitar personalidades jurídicas de nuevos partidos que quieran participar en las elecciones de noviembre de 2021.
La Ley Electoral dice, en su artículo 77, que “los partidos políticos deberán haber obtenido su personalidad jurídica al menos doce meses antes de la fecha de las elecciones de autoridades nacionales…” O sea que para participar en las elecciones del próximo año los partidos tendrían que obtener su reconocimiento legal a más tardar a principios de noviembre de 2020.
Sin embargo, la Resolución dictada este lunes por el CSE de la dictadura reforma de hecho la Ley Electoral —aunque no de derecho—, a fin de ampliar el plazo para la obtención de la personalidad jurídica de los partidos que lo soliciten, a cinco meses antes del día de las elecciones nacionales.
La resolución es arbitraria, carece de validez legal porque reforma la Ley Electoral y el CSE no tiene competencia para reformarla. Esta es una facultad exclusiva de la Asamblea Nacional. El CSE puede, según el artículo 179 de la Ley Electoral, disponer mediante resolución sobre “cualquier asunto en materia electoral que no esté previsto” en la Ley. Pero el plazo para la obtención de personalidad jurídica está expresamente determinado en la Ley Electoral.
No obstante, el dictador hace lo que quiere y viola la Constitución y las leyes cuando conviene a sus intereses. De modo que aunque sea arbitraria e inválida legalmente la resolución del poder electoral de Daniel Ortega, si este dispuso pasar por encima de la Ley Electoral para otorgar o negar personerías jurídicas de partidos políticos, así tendrá que ser.
Lo interesante del caso es que con esta resolución el CSE ha preconvocado de hecho a las elecciones de 2021, a pesar de que comentaristas ultras de la dictadura propalaban que Ortega podría suspenderlas por la crisis de la pandemia del Covid-19, y sus secuelas. Argumento insostenible que algunos analistas opositores lo creyeron.
Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la dictadura no puede dejar de hacer las elecciones, por supuesto que viciadas, no limpias, justas y competitivas como demanda la oposición política interna y presiona por ellas la comunidad democrática internacional. Es que la dictadura de Nicaragua igual que la de Venezuela es electorera.
Ambas realizan regularmente elecciones amañadas como un ritual para tratar de legitimarse a sí mismas y presentar al mundo una cara política menos desagradable. O al menos ese es su propósito.
Es posible que con la maniobra electorera de dar más chance al otorgamiento de personalidades jurídicas, la dictadura quiera también dividir a la oposición. Pero esta ya se encuentra dividida, o todavía no está unida de verdad. Y así seguirá hasta el momento de decidir si se va a participar, o no, en las elecciones de 2021.
El 6 de agosto de 2019 LA PRENSA informó que 18 partidos tienen personalidad jurídica y unos 10 más la estaban pidiendo. Tal vez ahora algún otro se anime también a pedirla, pero la verdad es que eso no tendría importancia.