Los diputados orteguistas aprobaron la nueva Ley de Protección Fitosanitaria en la que obviaron las quejas del sector privado sobre que la legislación otorga demasiadas facultades discrecionales al Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) y crea multas excesivas contra los productores.
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La ley se aprobó con 75 votos de los diputados orteguistas y cinco de sus aliados políticos del PLI, ALN y Apre. En esta norma se establecen sanciones entre los 100 y 7,000 dólares contra el productor y empresas que según las inspecciones que realicen los técnicos de Ipsa, incumplan los requerimientos de prevención de plagas.
Wálmaro Gutiérrez, diputado presidente de la Comisión Económica, restó importancia a las críticas del sector privado diciendo que Nicaragua está cumpliendo con modernizar su legislación de protección fitosanitaria, bajo las exigencias de organismo internacionales.
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Azucena Castillo, diputada liberal y miembro de la Comisión Económica, señaló que el riesgo es que el régimen utilice el IPSA con fines recaudatorios- dado que en la nueva ley aprobada se establece que debe ser autosostenible financieramente-lo que implica que del cobro de los servicios que de a los empresarios y productores dependerá su presupuesto.
Castillo dijo que también debe corregirse la respuesta lenta del personal del Ipsa por cuanto Nicaragua es donde se dan los mayores retrasos en las inspecciones de los furgones de transporte de carga internacional, cuando estos llegan a nuestras fronteras.
