En su Mensaje a la Nación que leyó este martes 4 de febrero ante el Congreso de los Estados Unidos (EE.UU.), el presidente Donald Trump mencionó una sola vez a Nicaragua, mejor dicho a los nicaragüenses. “Estamos respaldando las esperanzas de los cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restaurar la democracia”, aseguró el primer mandatario estadounidense.
Sobre Venezuela y en presencia del presidente encargado venezolano Juan Guaidó —quien asistió como invitado especial a la presentación del mensaje presidencial ante el Congreso de los EE.UU.—, el presidente Donald Trump se extendió un poco y denunció que (Nicolás) “Maduro es un gobernador ilegítimo, un tirano que brutaliza a su pueblo, pero la tiranía de Maduro será destruida y quebrantada”.
Ahora bien, la sola afirmación de Trump de que EE.UU. respalda las esperanzas democráticas de los nicaragüenses, es una clara señal para Nicaragua y especialmente para Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes por sus propios intereses y el bien del país la deberían atender positivamente y actuar en consecuencia.
Lo dicho por el presidente Trump se puede entender fácilmente como que si él logra la reelección en los comicios presidenciales de noviembre próximo, las presiones y sanciones al régimen dictatorial de Nicaragua continuarán y podrían ser más fuertes y contundentes.
Trump ha tenido notables éxitos en la economía y en su política internacional, de lo cual habló ampliamente en su Mensaje a la Nación, de manera que lo más probable es que sea reelegido para un segundo período presidencial. En ese caso la dictadura de Nicaragua seguiría en la mira de los EE.UU., durante cuatro años más, a menos que Daniel Ortega siga el ejemplo de su camarada Evo Morales en Bolivia, y renuncia, o que entregue el gobierno en enero de 2022 como resultado de las elecciones de 2021 en caso de que estas sean competitivas, libres y limpias.
Hasta ahora las sanciones a la dictadura de Ortega han sido personalizadas. Han afectado personalmente a funcionarios del régimen acusados de graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, y entre los sancionados destacan la misma codictadora, Rosario Murillo y dos de sus hijos (Laureano y Rafael), dos presidentes del poder electoral y el presidente del poder legislativo orteguista, así como altos mandos policiales, ministros y otros operadores intermedios de la dictadura.
Sin embargo, EE.UU. también ha sancionado a entidades económicas del régimen y las consecuencias han perjudicado de manera directa o indirecta a algunos sectores de la población.
Los funcionarios del gobierno estadounidense que tienen que ver con la política hacia Nicaragua, y por tanto con las sanciones, han dicho claramente que el objetivo no es castigar al pueblo nicaragüense, ni siquiera derrocar al gobierno. El propósito es solo persuadir a Ortega de que restablezca las garantías constitucionales, que respete los derechos humanos y permita la celebración de elecciones auténticas, libres y limpias, para que sean los propios ciudadanos los que decidan el rumbo que debe seguir su país.
Esto es un derecho fundamental de los nicaragüenses. Por el bien del país e inclusive por sus propios intereses, Daniel Ortega debería devolver al pueblo su derecho soberano de elegir libremente a sus gobernantes y representantes.