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Magistrados engavetan expediente de brasileña asesinada por el exmilitar Pierson Gutiérrez

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Brasil

Han pasado más de dos meses desde que el abogado Roberto Funes presentó un escrito solicitando la nulidad de todo lo actuado en el caso del asesinato de la médica brasileña Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha, por estar cargado de ilegalidades, y a la fecha los magistrados de la Sala Penal Uno no se han pronunciado al respecto, ni han convocado a audiencia, lo que evidencia una retardación de justicia, denunció Funes.

El abogado presentó un escrito el viernes 20 de diciembre solicitando que se pronuncien con urgencia, ya que desde el pasado 17 de octubre de 2019 que presentó el escrito pidiendo la nulidad no se han pronunciado al respecto.

“Solicito que a la mayor brevedad la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emita una resolución en relación al escrito presentado por mi persona en calidad de representante legal de la ofendida María José Da Costa, madre de la víctima, o convoque a audiencia oral y pública para resolver el incidente de nulidad planteado por esta defensa”, se lee en el escrito.

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Funes en el escrito pasado pidió a los magistrados revoquen la sentencia donde ordenan el archivo definitivo de la causa a favor del exmilitar Pierson Gutiérrez Solís, quien confesó haber asesinado a la joven Da Costa y anulen la orden de libertad que se extendió a favor de este en julio de 2019.

“Consideramos que este proceso es nulo porque la mamá de la víctima María José Da Costa nunca fue notificada o informada por el Ministerio Público, ente estatal representante de la víctima, de las incidencias del proceso y eso acarrea nulidades”, sostiene el abogado.

Otro punto ilegal en el caso, afirmó el abogado, es que los magistrados aplicaron la Ley de Amnistía a Pierson para liberarlo, cuando este no figura en ninguna lista de presos políticos, porque su caso no tiene nada que ver con las protestas sociales, sino que son delitos comunes como homicidio y portación ilegal de arma de fuego.

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El archivo definitivo de la causa contra Pierson y su orden de libertad fue criticada por organismos internacionales de derechos humanos en julio pasado. Entre estos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) cuestionaron fuertemente la decisión de los magistrados orteguistas de la Sala Penal Uno del TAM, pues consideran que esta acción genera “impunidad total” en casos de quienes mataron a ciudadanos civiles durante la represión gubernamental en el 2018.

La joven Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha, de 31 años, falleció de hemorragia masiva interna después de recibir dos impactos de balas en el tórax y abdomen, cuando circulaba en su vehículo por el sector del Colegio Americano rumbo hacia su casa en Lomas de Monserrat, la noche del lunes 23 de julio de 2018.

Se lo tragó la tierra

Del paradero de Pierson Gutiérrez Solís nunca se supo nada, puesto que el régimen orteguista lo protegió desde el mismo día en que cometió el asesinato. La PO nunca lo presentó ante los medios oficialistas. La única audiencia que hubo fue privada en un día feriado nacional en Nicaragua (1 de agosto de 2018). Pierson fue condenado a 15 años de prisión, luego apeló y le bajaron la pena a 10 años.

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Gutiérrez Solís admitió los hechos en esa audiencia preliminar, pero el juez Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, Abelardo Alvir no hizo el control correcto de legalidad de dicha admisión , explicó Funes, porque no pidió a la Fiscalía los medios de prueba que demuestran la culpabilidad del procesado y le diera certeza de lo que estaba aceptando.

El escrito presentado lleva adjunto la certificación de documentos enviados desde Brasil por María José Da Costa, mamá de la víctima, quien otorga poder para ser representada por los abogados de Acción Penal.

Fiscalía no quiere dar copia de expediente

El abogado Roberto Fúnez solicitó por escrito al Ministerio Público copia del expediente de la brasileña Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha, por ser su representante, pero en recepción de dicha institución, le dijeron que no podían aceptarle el escrito, porque lo tenía que recibir el fiscal que lleva la causa, Lenín Castellón Silva.

 


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