La Corte Suprema de Justicia (CSJ) creó la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención (DCIP) para que abogados y notarios obligados por la ley de lavado de dinero entreguen sus informes a esta entidad, según información publicada en el sitio web del Poder Judicial.
Según las reformas aprobadas a la Ley de prevención del lavado de dinero, el abogado y notario público es sujeto obligado en esta materia y debe mandar este informe a esta dirección creada por la CSJ.
«Una dependencia que sea un órgano especializado, con pleno dominio respecto de las recomendaciones, estándares y demás instrumentos que emite el grupo de Acción Financiera Internacional y del Caribe (GAFIC), actualmente el GAFILAT”, dijo la magistrada Alba Luz Ramos, presidenta del poder judicial.
Los magistrados también aprobaron tres normativas para el funcionamiento de esta instancia; entre estos: los modelos de reportes con sus respectivos instructivos, la nómina de señales de alerta; el manual de organización y funcionamiento y otros instrumentos propios de su quehacer.
Dirección es coordinada por ficha orteguista
Los notarios “tienen un compromiso con el país, de reportar a la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención de la Corte (DCIP), porque es una responsabilidad como fedatarios públicos”, agregó Ramos.
En Nicaragua están registrados actualmente 30,720 abogados y notarios, ante la Corte, de los cuales 17,642 están autorizados para cartular y son los que deberán presentar informes a la nueva Dirección Centralizadora de la Información y Prevención (DCIP).
El magistrados orteguistas del poder judicial nombraron como coordinador de la DCIP a una de sus fichas políticas fieles, el juez Julio César Arias Roque, titular del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, uno de los que admitió acusaciones contra autoconvocados y está incluido en una lista del Congreso de Estados Unidos, al igual que la magistrada Ramos, para que ser sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El mes pasado los abogados Julio Montenegro y José López recurrieron por inconstitucionalidad contra dicha norma por considerarla violatoria a varios derechos constitucionales, entre estos a la inviolabilidad de su correspondencia y demás comunicaciones y los lleva a violar el sigilo profesional que deben a sus representados.