El régimen orteguista reformará la Ley de Estabilidad Energética para autorizar a la distribuidora de energía eléctrica, Disnorte-Dissur, a que pueda llevar a juicio a los clientes que tengan facturas en mora, sin que la empresa requiera la certificación del Ente Regulador de la morosidad del cliente.
La propuesta de reforma a la Ley de Estabilidad Energética la envió el dictador Daniel Ortega a la Asamblea Nacional donde ya será discutida la próxima semana, de acuerdo al registro del sistema electrónico del Legislativo.
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Los cambios propuestos son al artículo 5 de la Ley que establecen las circunstancias en que la distribuidora de energía puede emprender acciones legales contra los usuarios, como por robo del servicio, conexiones ilegales o incumplimiento de pago.
En párrafo siete del artículo 5 de la reforma establece que la distribuidora pueda usar «las facturas legalmente en mora» y tendrán » tendrán fuerza ejecutiva como títulos judiciales».
Actualmente la ley condiciona a que el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) debe certificar que un cliente está en incumplimiento de pago en su factura de energía para que la empresa pueda judicializar al usuario.
Sin embargo el régimen elimina ese candado del INE y da luz verde a la empresa en contra de los usuarios del servicio.
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Eliseo Núñez, jurista y exdiputado, explicó que de esta forma «los usuarios quedan en total indefensión ante la distribuidora de energía por cuanto ahora podrá acusar de fraude cuando quiera y el afectado no podrá hacer nada, porque ni al INE podrá pedirle ayuda», afirmó.
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