Es claro que Ortega creyó llegado el momento de “dialogar” y anunció la reanudación de ese largamente postergado “diálogo” —¿casualidad?— y lo hizo casi 31 años después de que firmara los benditos acuerdos de Sapoá. Los secretos compromisos que en ese entonces abrieron paso a los mencionados acuerdos obligaron a la Contra, casi instantáneamente, a reconcentrarse en sus campamentos, al tiempo que le cortaron el abastecimiento de todo tipo de pertrechos militares y, benévolamente, le concedieron una humillante “ayuda” humanitaria. Con lo que quedó convertida en victoria la inminente derrota militar del régimen. Cerca de dos años después, esos mismos compromisos, una vez actualizados, dieron a luz el orteguismo, curiosa criatura nacida con la casi totalidad del poder político en sus manos. Finalmente, la situación así creada hizo inevitable la sociedad Ortega-Alemán, la cual no tardó en naufragar, dejando el poder absoluto al primero y convirtiendo en su siervo al segundo.
Treinta años después, Nicaragua está enfrentando una situación parecida en algunos respectos a la de entonces, diferente en otros. Como en aquellos días, se requiere solucionar la espantosa crisis ética y moral que nos abate, y sus dramáticas consecuencias políticas, económicas y sociales. Una crisis creada por individuos aún más inescrupulosos, inhumanos e ineptos que quienes crearon la de los ochenta, no por casualidad jefeados por el mismo sujeto ávido de poder, riquezas y autoestima. Alguien con quien solo se puede dialogar pistola en mano y asegurándose de que no porte armas escondidas. He aquí una semejanza crucial.
Pero también hay diferencias. Acaso las principales sean que, para empezar, no existe una guerra civil; que el repudio de la población es ahora mucho más generalizado y ardiente; que existe una poderosa iniciativa privada; que la dictadura está casi totalmente estigmatizada en el plano internacional; y que tanto la Administración como el Congreso norteamericanos, sin la presión de los arreglos que, parcialmente por sus diferencias internas durante la pasada crisis hicieron con los soviéticos, han dado claras y unánimes muestras de considerar peligrosa e inaceptable la permanencia de Ortega en el poder. Acaso alguna lección han aprendido.
La solución de la crisis es urgente y debe ser cívica, algo que de ninguna manera implica que cualquier cosa deba ser bienvenida. Ortega y sus secuaces deben abandonar, prontamente y para siempre, el poder, al que algunos confunden con la Presidencia, tantos títeres como la han ocupado; su aparato debe ser desmantelado y sustituido provisionalmente; no puede permitirse esa impunidad disfrazada de reconciliación que a tantos criminales ha estimulado; y la población debe estar alerta para impedir que labiosos y audaces embaucadores, ávidos de ese poder que tantos beneficios personales puede acarrear a sujetos inescrupulosos, se apoderen de los destinos de la nación.
Para que la Historia no se repita, y nunca más jóvenes nicaragüenses tengan que derramar su sangre en defensa de su dignidad, sus derechos y la Patria.
Los dialogantes, independientemente de cómo y por quienes fueron designados, han adquirido una responsabilidad inmensa, apabullante; pero también tienen una oportunidad de oro para ayudar a la construcción de una nueva, distinta Nicaragua. Los debe guiar el principio de que ningún interés personal puede ser legítimo si entra en conflicto con los intereses de la nación. Además deben ser firmes, y abandonar el intento de diálogo ante cualquier maniobra que pretenda convertirlo en la búsqueda de una solución, no a la crisis del país, sino a la de Ortega. En un nuevo Sapoá. Por eso es preocupante, parece un signo de debilidad, el que el inicio de las pláticas no se haya condicionado al cumplimiento de reivindicaciones tan sentidas como la liberación de los secuestrados políticos, juzgados o no, entre otras. El pueblo deberá estará vigilante…
El autor es presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC)
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