Creo que ningún nicaragüense desea que el derramamiento de sangre continúe en el país, ni el propio régimen Ortega-Murillo, para ellos esto es un daño colateral necesario para alcanzar su fin: permanecer en el poder.
Pero si el mayor anhelo del pueblo es que Ortega y sus secuaces salgan del poder y paguen sus crímenes; y por otro lado ellos están dispuestos a permanecer a cualquier costo en el poder, ¿qué se puede dialogar?, peor aún, ¿se puede llegar a un acuerdo sin menoscabar los derechos de las víctimas?
Por contradictorio que parezca, la salida de Ortega no es garantía de acceso a la justicia a las víctimas, ellos salen, pero la cooptación del Poder Judicial, la Asamblea Nacional, el Consejo Supremo Electoral, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos continúa. ¿Creen que el Ministerio Público va a investigar a Ortega? ¿Que el Poder Judicial lo va a procesar? ¿O que la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos investigará las graves violaciones a Derechos Humanos?
Otro problema derivado de la concentración de poder del régimen y la misma represión es que no dejó títere con cabeza, no hay interlocutor legítimo para negociar. Esto no quita que existan personas dentro de la sociedad civil con trayectoria honesta que puedan representar dignamente los intereses del país, sin embargo, no han sido designados por el pueblo, no cuentan con una base social y esto los ata a negociar teniendo como premisa las expectativas de una población harta del régimen Ortega-Murillo. El pueblo espera el todo por el todo, cualquier acción fuera de eso es traición.
Lo que ocurrió en Nicaragua es consecuencia de la anulación de los contrapesos de un sistema democrático, por tanto es lógico pensar que retomar la vida democrática y garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de estas graves violaciones a los Derechos Humanos parte de la reconstrucción de la institucionalidad democrática.
Si queremos una elección transparente, necesitamos un órgano electoral imparcial e independiente; si queremos acceso a la justicia de las víctimas, necesitamos un Ministerio Público y Poder Judicial imparcial e independiente; si queremos conocer la verdad y dar una adecuada reparación a las víctimas, necesitamos una Procuraduría de Derechos Humanos imparcial e independiente.
En lo personal no creo que el régimen Ortega-Murillo tenga interés real en alcanzar algún acuerdo en la reanudación de un diálogo, pero de ser así, como sociedad debemos comprender que el restablecimiento de la institucionalidad democrática es más estratégico al mediano y largo plazo para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas que la salida inmediata del régimen que encabeza Daniel Ortega.
El autor es maestro en Derechos Humanos
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