Un recurso parcial por inconstitucionalidad en contra del decreto 15-2018 emitido por el dictador Daniel Ortega, fue introducido este jueves ante la Corte Suprema de Justicia, por varios miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), encabezado por su presidenta Vilma Núñez.
El Cenidh considera que a través del decreto Ortega reglamenta las funciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Y los artículos recurridos por el Cenidh fueron el 13, 14, 15 y 17, por considerar que establecen la intromisión y la destrucción a la que quieren llevar a las asociaciones civiles sin fines de lucro, a las que supervisarán bajo la Ley contra el lavado de dinero.
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“Prácticamente es el diseño de la intromisión de una instancia como es la UAF que no tiene nada que ver con asociaciones civiles sin fines de lucro, la ponen prácticamente a buscar como regular, examinar, y exigir obligaciones a estas organizaciones”, dijo la defensora de derechos humanos.
Este es el segundo recurso por inconstitucionalidad que presenta el Cenidh, ante la Corte Suprema de Justicia a las que considera son “disposiciones arbitrarias” que el régimen Ortega Murillo, ha dictado “dentro del contexto de la represión y como parte de la represión que están impulsando”.
En el caso del decreto recurrido este jueves, Núñez considera que representa “una espada de Damocles” contra las organizaciones, e invisibiliza y duplica las funciones de la Dirección de Asociaciones Civiles sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación (Migob), que tiene esas funciones, según la Ley 147.
Y que según esa ley es a esa instancia del Migob que las organizaciones someten todo lo que hacen y remiten toda la información requerida. Y es así que esa dirección les emite cada año el certificado de legalidad para que las organizaciones puedan operar.
Una violación a las normas de la UAF podría hacer que las ONGs caigan en violaciones a la “Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, aplicada a personas que se oponen al régimen, consideró el Cenidh.
Con el decreto el régimen pretende que haya otro control a través de la UAF, que tiene otras características y otras funciones, al tiempo que duplicarían el trabajo, según la apreciación de los miembros del Cenidh.
Y que lleva a la presidenta del Cenidh a afirmar que dentro de este contexto de represión, lo que el régimen busca es terminar con la autonomía de las organizaciones civiles sin fines de lucro.
Y representa “una violación flagrante al derecho humano de libre asociación y por consiguiente es violatorio a la Constitución de la República y a las normas internacionales de derechos humanos”, dijo Núñez, quien menciona entre otros instrumentos internacionales la Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que a su vez son reconocidos por la Constitución de Nicaragua en su artículo 47.
El recién aprobado reglamento, estipula hasta el 3 de diciembre próximo para registrarse ante la UAF.
Recurso anterior
El primer recurso presentado por miembros del Cenidh fue contra la Ley 977 que califica todo como terrorismo, el cual ya está en tramitación y el dictador Daniel Ortega y el diputado orteguista, Gustavo Porras, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras rindieron su informe, según conoció Nuñez “y está en proceso de estudio”.
Núñez recordó que ese organismo de derechos humanos interpuso el 17 de septiembre un recurso de inconstitucionalidad parcial, es decir, para ciertos artículos de la Ley 977 que violentan derechos constitucionales de los nicaragüenses.
Entre los derechos violentados por la ley, según el Cenidh, figuran la violación al derecho a la seguridad y personalidad jurídica, a la privacidad, entre otros. Hasta hace unos meses la Policía Orteguista (PO) cada que presentaba a un autoconvocado detenido le tildaba de terrorista.
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