Roberto Courtney, a través del grupo civil Ética y Transparencia, ha visto “qué ha pasado todos los días del año y todos los años en Nicaragua en temas electorales” por las últimas dos décadas. Hoy, domingo 6 de noviembre, le toca analizar unas nuevas elecciones presidenciales catalogadas como un “circo” por los opositores al presidente inconstitucional Daniel Ortega, cuyo partido, el Frente Sandinista, controla al árbitro encargado de contar los votos: el Consejo Supremo Electoral (CSE).
A la espera de si se aprueba o no en Estados Unidos (EE. UU.) la “Nica Act” —una ley que daría a los norteamericanos la potestad de frenar préstamos internacionales hacia Nicaragua mientras este no garantice apertura democrática—, Daniel Ortega se comió sus palabras de junio pasado y dio luz verde a la Organización de Estados Americanos (OEA) para abrir un diálogo y dejarlos visitar Nicaragua durante el fin de semana electoral.
En esta entrevista, Courtney nos habla de la presencia de la OEA, de los posibles resultados positivos que puede tener para Nicaragua en el futuro, pero también del presente: de la abstención, las irregularidades del CSE y cuánto vale este polémico proceso electoral de 2016.
En 2015 usted dijo que el CSE no merecía el beneficio de la duda, pero hace cuatro meses dijo hay que votar a pesar de todo. ¿Hoy qué recomienda al nicaragüense?
Lo más sabio que he escuchado es que el voto es un asunto de conciencia, como dijo la Iglesia. El ciudadano enfrenta como primera decisión: participo o no participo. ¿Cuál de las dos opciones contribuye más al mejoramiento de las condiciones en el país? Y una vez que toma una decisión, debe escoger al partido que siente que lo representa o que por lo menos le parece más atractivo.
¿El voto se cuenta es productivo?
Mmm… Puede ser. Como te digo, es parte de la misma decisión ciudadana. A ver, la abstención es un voto-rechazo. Toda elección como esta, que tiene seis casillas, en realidad tiene una séptima casilla en la que votás contra todo. La abstención es una forma de expresión de desinterés o de rechazo, en algunos casos de rechazo específico, pero yo creo que no es uno de los grandes temas porque por ejemplo podés tomar un caso como el de Nicaragua, que ha tenido una mutación enorme en sus grados de participación. Pasamos de votar el 90 por ciento en el 2001 a votar el 58 por ciento en las (elecciones) del 2011. Tenés una pérdida del 30 por ciento, y sin embargo, ese índice de participación de 58 por ciento era más grande que el de todos sus vecinos. Entonces hay una tendencia preocupante pero hay otra cara de la moneda: esos números son ejemplares para los otros países de la región. Aparte que el desencanto puede ser con el sistema pero también puede ser con los partidos. Por ejemplo, sí hay alta abstención pero el partido de Gobierno tiene su caudal de votos, bueno, pues la explicación de ese partido puede ser: “Todos los míos vinieron”. El tema de la abstención es interesante, pero va a haber tres o cuatro teorías con más o menos la misma calidad de soporte, ellas muy contradictorias entre sí. “Los que me aman vinieron y los otros no encontraron por quién votar”, los otros te dicen que hubieran ganado si los hubieran dejado correr; algo que también te dicen es no importa quién había o quién no, “yo soy del 42 por ciento que de todos modos ya no venía desde la vez pasada, es decir, no creo en nadie”. Tenemos una parte de la población en el país que según la Ley le tocaría tener derecho a votar y más bien la estamos sacando del padrón, que es donde tienen el derecho a estar porque tienen que votar cada vez que quieran, cuando quieran.
¿Se refiere al padrón pasivo? ¿De cuánta gente hablamos?
Bueno, estamos estimando según los datos oficiales que te hablan de un padrón activo y otro pasivo. La diferencia entre ellos es que en el pasivo están los que no han votado en las últimas dos elecciones. Una explicación es porque probablemente no están en el país y algún porcentaje van a estar muertos, pero la tasa de fatalidad de Nicaragua es pequeña, tanto que la población crece un 3.7 por ciento interanual. Entonces tenés que la población en el extranjero, según la Ley, tiene el derecho a votar con solo venir al país cuando quiera venir para las elecciones que le parezca. Deberían tener una junta receptora de votos y nosotros los estamos tratando, desde el punto de vista electoral y de acuerdo a la ley, como muertos, solo para maquillar estadísticas de participación.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2015 había unos 640 mil nicas en el extranjero. ¿Si pudieran votar vía embajadas sería un caudal de votos importante?
Sería el subsegmento electoral más grande después de Managua. Si lo vemos como departamento los nicas en el exterior serían el segundo departamento más grande del país con enorme diferencia sobre el tercero. Acordate que según nuestra ley de nacionalidad, los hijos de los nicaragüenses, nazcan a donde nazcan, también son nicaragüenses, y entonces ya ese 600 mil se te hace más interesante, porque vos podés dar por un hecho que los que tienen más de 20 años de estar fuera, más de alguno ha dado frutos a otro nicaragüense en el extranjero. Por eso nosotros con el tema de la abstención encontramos preocupante que ciudadanos con su derecho a votar según la Ley no solamente no se les está habilitando para votar si no que se les está sacando del sistema electoral. Ni siquiera si vuelven, porque tienen que pasar por un proceso de volver a tener su documento de votación que ni siquiera está inscrito en ningún lado.
¿Por qué cree que el Consejo Supremo hizo esto?
El argumento del CSE es que este padrón activo y padrón pasivo obedece a un esfuerzo de depurar el padrón electoral. Nosotros consideramos que se parece al dicho de parar la violencia con un bate de beisbol. Si lo que quería era depurar el padrón, el método de eliminar personas que no han participado en dos elecciones consecutivas es un absurdo. Simple y sencillamente estaban ejercitando su derecho a no votar o estaban fuera del país, y no debería haber una penalidad de perder tu derecho automático a votar y volver a pasar por un proceso de reingreso solamente por el deseo pequeño del aparato electoral de esconder crecientes índices de abstención. Porque si lo que querés es depurar el padrón electoral, hay diez maneras mejores, más baratas y bonitas de hacerlo que con el bate de beisbol parar la violencia, es decir, sacar gente que no participó dos veces seguidas. Podés agarrar personas que han cumplido más de 100 años, ya asumís que entregaron su alma al creador. Empezar a hacer diferentes procesos, por ejemplo en muchas partes del mundo tienen el voto electrónico, el voto por correo, para facilitar el proceso a los que están fuera del país… Ese es el tipo de cosas que uno esperaría que se hagan para depurar un padrón. No violar la Ley Electoral quitándole el derecho a los que no han votado dos veces. Ideay, supongamos que esta vez vota solo el 40 por ciento y en la próxima lo mismo. Ideay, al 60 por ciento del padrón lo borraste porque no le gustó la oferta en esta ni en la otra… No es así.
¿El CSE modificó el padrón de forma antojadiza?
De la forma más chabacana posible, cuyo efecto es sacar del padrón a la mayor cantidad posible de personas. A los observadores nos encantan los hechos. No especular sino ver los hechos. El padrón electoral en el 2006 era de 3.8 millones de nicaragüenses. Ese era el total de nicaragüenses mayores de 16 años con cédula. En estas elecciones el padrón vuelve a ser 3.8. 10 años más tarde no hemos crecido. No solamente estamos hablando de datos y hechos, sino de datos y hechos oficiales. El mismo Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos te dice que la cantidad de nicas mayores de 16 años con su cédula son cinco millones. Entonces, antes el padrón (2006) era de 3.8 millones y la gente con la capacidad de votar era la misma cosa. Ahora el padrón está compuesto de un millón 200 mil personas que están en edad de votar que han sido suprimidas de los registros electorales con el solo propósito de maquillar.
Considerando esto, ¿cómo valora este proceso electoral?
Casi todas las constituciones de los países establecen que el voto tiene que ser universal, secreto. Una persona, un voto. Debe permitirse la competencia amplia y abierta de partidos políticos, debe haber condiciones para poder emitir el voto, debe haber un registro sano y oficial. Es decir, los principios ya están establecidos, no solo en la propia ley nicaragüense sino que ya están canonizados a nivel internacional. Hay el equivalente de los 10 mandamientos. No podés venir a decir: “Son 11 y 12 mandamientos ahora, que los acabo de inventar yo”. El gran tema inicial es de participación: el pueblo y los candidatos. Debe ser fácil para una persona participar. Debe ser fácil abrir un partido político. El único lugar donde vos tenés problemas para abrir un partido político, es donde el Estado, con el dinero de los contribuyentes, financia los partidos políticos. Nicaragua no. Aquí el único dinero que obtenés del Estado, es reembolso después de las elecciones basado en tus resultados. No hay razón para que sea difícil hacer un partido político en Nicaragua. Y sin embargo, el problema en estas elecciones es que hubo dos partidos políticos que cumplieron con los requisitos para convertirse en contendientes y el Gobierno nunca les entregó los sellos. Lo único que tenés que hacer es presentar el cuatro por ciento de las firmas en el padrón y ya pasás a ser partido político. El Consejo ha inventado unos trámites, diez mil maneras, para no cumplir la ley. Una cosa es que el aparato electoral interprete la ley a su modo, que ya es malo cuando tenés un sesgo partidario, cuando perdiste tu función de árbitro; cuando ya no ves al Bóer y a los Dantos del mismo modo, sino que en realidad el Bóer es tu equipo y vos estás cantando a su favor las bolas y los strikes. No, no, no. La competencia reclama que todos los otros contendientes estén cómodos con el árbitro. No con el papá y la mamá del pícher diciendo qué es bola y qué es strike. El juego se degenera.
“La Ley Electoral dice que ningún partido debe tener más de un miembro en los cuerpos de tres miembros que son los consejos departamentales electorales, municipales, regionales y las juntas receptoras de votos. Según los estudios de panoramas electorales en estas elecciones, el 60 por ciento de los municipios tienen consejos en los cuales un partido tiene dos o tres miembros”. Roberto Courtney.
Roberto Courtney. LA PRENSA/Jader Flores.
Y aquí tenemos un Consejo Supremo Electoral liderado por Roberto Rivas con siete magistrados abiertamente sandinistas y dos del PLC.
A nivel de la Asamblea, es feo, es malo para el pluralismo, desvirtúa el proceso electoral, que todos los magistrados sean elegidos por un mismo partido, pero cumpliste la ley. Cumpliste la ley. Sin embargo, esa misma ley dice que ningún partido o alianza debe tener más de un miembro en los cuerpos de tres miembros que son los consejos departamentales electorales, municipales, regionales y las juntas receptoras de votos. Ahí rompés la ley cuando tenés más de un miembro. Según los estudios de panoramas electorales en estas elecciones, el 60 por ciento de los municipios tienen consejos departamentales en los cuales un partido tiene o dos o tres miembros. Y la ley te dice, clarito, que eso no puede pasar. Lo otro, cómo termina todo el aparato electoral en manos de un partido, digamos, es feo, no debería ser así el arbitraje, pero bueno, se cumplió la Ley. En lo otro sí estamos grave. La Ley Electoral dice que no podés tener más de uno y te despachaste con todos.
Esto podría ser observado por delegados de la OEA que vinieron por el diálogo entre Ortega y Almagro, pero impulsores de la ley “Nica Act”, como la congresista Ros-Lehtinen, criticó esta medida diciendo que es una forma de validar las elecciones de hoy. ¿Cómo lo analiza usted?
Hay que entender lo que está pasando. “Nica Act” es una ley tipo waiver. Ya la conocemos porque en Nicaragua tuvimos la Ley de la propiedad, que era tipo waiver y que igual que esta Ley, anticipa el mismo tipo de penalidades y sanciones. Es decir, tenés una Ley que dice: “Tales y tales sanciones ocurrirán a menos que anualmente, el ejecutivo decida que el país está haciendo esfuerzos por componer la cosa”. En el caso de la propiedad, tuviste 20 años en que la ley decía: “Inmediatamente vamos a ayudar a quebrar tu economía si no hacés ciertas cosas”. Pero nunca entró en vigencia porque el Estado cumplía con devolver propiedades o indemnizar a propietarios. Anualmente las sanciones no entran vigencia. Solo lo hacen cuando el Gobierno (de EE. UU.) dice: “Este país está estancado en este tema”. Las propiedades eran fáciles de medir. Casos, indemnizaciones. Fácil llegar al número. ¿Pero cómo llegás a la decisión de si el país está cumpliendo en materia democrática? Ahí es donde entra la OEA. Es el tipo de actor multilateral, reconocido por los Estados Unidos, que si te presenta que el país está dando pasos para resolver la situación electoral, probablemente, el “Nica Act”, si es que se convierte en ley, sus sanciones no entrarían en vigencia. Entonces viene el tema de “qué paso debo dar. Qué hoja de ruta cumplo paulatinamente para cada año evitar las sanciones”.
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¿Usted cree que el gobierno de Ortega hará cambios en favor de la democracia para evitar esas sanciones?
Es que si vos te fijás, no se devolvieron y se indemnizaron todas las propiedades el primer día. Se fueron negociando cuantas fueran necesarias para conseguir el waiver cada año, pero se dejaron fichas de negociación para el año siguiente. Entonces no me extrañaría que para las elecciones municipales haya observaciones. Y son fundamentales, porque ya en la observación, en el entorno de la “Nica Act”, ya no es una lista de observaciones de “agarralas si querés o no querés”. Si tu valoración del proceso electoral es mala, ya tenés enormes problemas a la hora de pasar ese escrutinio anual. El peso de la observación no solo pasa a ser obligado sino que pasa a ser significativo. Yo me esperaría que como mínimo que la OEA debe de lograr que se restablezcan las condiciones que su propio informe dice desde 2006. Es decir, que se vuelvan a independizar y pluralizar las juntas receptoras de votos, que se permita la fiscalización, que se entreguen copias fieles del escrutinio, que se publiquen los resultados como Dios manda, que participen los partidos políticos y que haya observación. Lo de la observación es fundamental y lo podés ver con que viene la OEA: “Saquen la propaganda electoral de las instituciones públicas”. La observación se basa en el principio de Einsenberg. Sacado de la física cuántica pero se ha metido en el ámbito de las ciencias sociales. Le llaman la ley de la incertidumbre, ¿por qué? Porque el mero hecho de observar un fenómeno le cambia la naturaleza. Es decir, lo que observás no es lo que hubiera pasado si no lo hubieras observado. Ya no estás midiendo lo que iba a pasar, estás midiendo lo que estás haciendo pasar a través de observación. Dicho en nica, si encendés la luz se esconden las cucarachas y ya no ves lo que estaba pasando en lo oscuro.
¿De esta presencia de la OEA puede salir un cambio significativo en favor de la democracia nicaragüense?
Hay que verlo de buena manera. El trabajo de la OEA, de Almagro, por lo menos merece el voto de confianza de todos los ciudadanos. Eso me parece a mí que lo debemos de valorar como la posibilidad de salir de una forma pacífica y saludable de un tema electoral del cual muy fácilmente se pudo salir mucho tiempo más tarde y de manera mil veces más fea. Hay informes de esa misma organización que establecen lo que tiene que venir a pedir. No es que va a pedir lo que se le ocurra. Esa es la parte que podríamos llamar positiva. Ética y Transparencia trabaja con la OEA como miembro de sus organizaciones de sociedad civil y también hemos sido miembros de misiones de la OEA y por supuesto hay una dinámica entre observadores nacionales e internacionales. Los internacionales se aparecen en algún punto cercano a la efeméride electoral y necesita a alguien que le diga qué ha pasado. Ahí entramos nosotros, que hemos visto qué ha pasado todos los días del año y todos los años del mundo por 20 años. Esa simbiosis entre observadores es inevitable.
Roberto Courtney. LA PRENSA/Jader Flores.
Plano personal
Roberto Courtney Cerda, de 52 años, es licenciado en Economía y doctor en Derecho.
Está “felizmente casado” con Geyssel García, no tiene hijos, pero sí una “bonita camada de perritos” con los que tiene “mucha afinidad”.
Tiene las nacionalidades nicaragüense y estadounidense, pero se siente “ciento por ciento nica”.
Su madre es bisnieta de Miguel Ramírez Goyena, científico y matemático nicaragüense.
Es hermano materno del doctor Rafael Solís, magistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia.
Hizo sus estudios universitarios en Estados Unidos y abrió su propio bufete de abogado en Los Ángeles, pero a mediados de los 90 regresó a Nicaragua para pasar más tiempo con sus padres. Tenía la idea de trabajar en un guion para cine, pero en Centroamérica se sintió como “pez fuera del agua”, lejos del mundo del entretenimiento que dejó en California.
“Aquí en Nicaragua lo más interesante y apasionante era trabajar para un país más democrático”, explica.
El grupo Ética y Transparencia nació en 1996, tras una idea que se le presentó al recién llegado Courtney. Ahora la organización tiene 20 años.
Sus pasatiempos son practicar surf, leer y hacer senderismo de montaña.
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