A través de la práctica política nicaragüense se percibe claramente el proceso sostenido de concentración de poder. Esto se pone de manifiesto con solo dirigir la mirada al funcionamiento de instituciones estatales, municipales, sociales, económicas y mediáticas, para apreciar de qué manera se ha venido produciendo y cuáles son, al momento, sus alcances y perspectivas para el futuro inmediato.
Una vista panorámica de la situación pone de manifiesto el control del poder central sobre los poderes y órganos del Estado, el sistema municipal, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, y sobre entidades que han sido consideradas representativas de la institucionalidad, tales como el Ejército y la Policía, sobre las que se observa un creciente control.
La raíz de este fenómeno de concentración de poder, que niega la democracia, se encuentra no solo en la voluntad de mando de quien gobierna, sino, sobre todo, en la falta de una cultura política que vea al poder como lo que la ley dice que es y cuyo ejercicio debe realizarse dentro de los espacios y límites que esta establezca, y que perciba a las instituciones y al sistema jurídico como la causa que lo produce y el cauce en el que debe ejercerse.
En el momento político actual en Nicaragua, no cabe duda que el tema electoral reviste significativa importancia, tanto por ser una condición necesaria de la democracia, como por la proximidad de las elecciones y el cuestionamiento generalizado al sistema electoral.
El tema electoral en nuestro país tiene particular sensibilidad, sea en lo que concierne a las elecciones en sí mismas, sea a lo que atañe a las consecuencias que de ellas se derivan para la vida política, económica y social.
El cuestionamiento de las elecciones afecta no solo al tema específico que le concierne, sino también a la estabilidad política y credibilidad institucional, generando un clima de incertidumbre que puede derivar en confrontación y violencia.
Ligado a este aspecto se encuentra el que concierne a la unidad de la oposición como elemento fundamental del ejercicio democrático. Es evidente que los partidos políticos no pueden desatender la proximidad de las elecciones programadas para el 2016, ni perder de vista que el tema de la unidad, sobre el que tanto se debate actualmente, está en relación con ellas, sobre todo acerca del punto referido a si la participación de las organizaciones políticas debe tener como condición la renovación de todo el sistema, empezando por el cambio de los magistrados del Consejo Supremo Electoral.
No obstante, lo que no se puede ni se debe hacer, es limitar el asunto de la unidad exclusivamente a la situación electoral, aunque en este momento sea prioritario, pues se corre el riesgo de que una vez pasadas las elecciones, la unidad, en el supuesto que esta se hubiese producido, desaparecería junto con los intereses que la motivaron alrededor de ese objetivo concreto.
Para un adecuado funcionamiento de la democracia se requiere, además, la propuesta de un proyecto estratégico, como alternativa alrededor de la cual se unan los mejores esfuerzos en la búsqueda de la democracia y el Estado de Derecho.
Sin elecciones limpias y honestas no hay democracia, pero también habría que decir que solo ellas no son suficientes para asegurar su ejercicio y permanencia. Ellas son necesarias pero no suficientes. “La democracia —como dice el filósofo español José Luis Aranguren— nunca puede dejar de ser lucha por la democracia Antes y más profundamente que un sistema político es un sistema de valores que demanda una educación político-moral”.
La democracia moderna nace sustentada en la idea de la representación. Los representantes representan a los representados. La soberanía es la fuente del poder y reside en los representados. Por ello la democracia más que un sistema político es la filosofía y el sistema de los límites al poder, que busca la legalidad en la observancia de las normas jurídicas, y la legitimidad, en la adecuación de la ley a la voluntad general que se expresa en aquella.
Hay pues una necesaria relación entre el poder y la ley que le da su validez formal, con la voluntad colectiva y los valores fundamentales que la sustentan, los que le confieren su legitimidad esencial. La ley puede dar legalidad cuando es formalmente válida y al mismo tiempo negar legitimidad cuando no expresa la voluntad colectiva sino el interés del poder que mediante manipulaciones políticas la ha adaptado a sus intereses.
La democracia requiere que la ley tenga al mismo tiempo legalidad y legitimidad, pues solo en esta forma el ejercicio del poder estaría justificado democráticamente. En caso contrario el poder sería un ejercicio arbitrario, manipulador de la Constitución, las leyes y la voluntad colectiva, lo que exige una rectificación de su modo de actuar para justificar su ejercicio y evitar la confrontación y la violencia.
Hay situaciones en las que, debido al autoritarismo y personalización del poder, se requiere alcanzar un consenso nacional sobre las correcciones que deben hacerse a esa forma arbitraria de ejercerlo y sobre los valores políticos que deben constituir las bases en las que deba sustentarse la sociedad. En el momento actual en Nicaragua la situación política requiere de un consenso que se alcance mediante una concertación, frente a la prefiguración de un poder autoritario que puede llevar al país a situaciones de confrontación que afecten el ejercicio cívico del quehacer político y la paz social.
Es necesario un consenso sobre los valores fundamentales que deben sustentar el ejercicio político y sobre la actuación que garantice su establecimiento y desarrollo. Nicaragua requiere una concertación para establecer una verdadera democracia que exige no solo la necesidad de un proceso electoral limpio y honesto, sino un ejercicio del poder ajustado al sistema jurídico, que exprese la voluntad general y que garantice la estabilidad y desarrollo de la sociedad. Un sistema de valores que norme el quehacer político y garantice el respeto del poder al ordenamiento jurídico al cual debe subordinarse. Todo ello constituye un requisito necesario en el proceso de formación y consolidación de la democracia.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.
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