La primera parte de la audiencia para escuchar los testimonios de los diplomáticos William Taylor y George Kent concluyó y entre los puntos más destacados está la confirmación por parte de Taylor que se enteró de la llamada telefónica de Trump por medio de un asistente.
Ante esto, los republicanos respondieron que esto prueba que los demócratas aún no tienen más que conocimiento de segunda y tercera mano de las acusaciones de que Trump retuvo millones de dólares en ayuda militar para la nación de Europa del Este que enfrenta la agresión rusa.
Trump está acusado de tratar de usar esa ayuda a cambio de investigaciones ucranianas sobre el exvicepresidente Joe Biden y el Comité Nacional Demócrata.
La audiencia sirvió también para preguntar a los diplomáticos sobre las acusaciones del presidente Trump en Twitter de que ambos diplomáticos están en contra del mandatario, algo que rechazaron tajantemente.
“NEVER TRUMPERS (Son anti Trump)!”, tuiteó el presidente poco antes de que iniciaran las audiencias en la sede del Congreso.
El congresista demócrata Eric Swalwell preguntó a los dos funcionarios si era verdad lo que decía el mandatario.
George Kent, subsecretario de asuntos europeos y euroasiáticos del Departamento de Estado, respondió que en 27 años de servicio ha trabajado con tres presidentes republicanos y dos demócratas. Agregó que él trabaja con “cualquier presidente debidamente electo”.
“No señor”, respondió por su parte William Taylor, el diplomático estadounidense de mayor rango en Ucrania.
El largo día de testimonios se ha desarrollado en parte de la forma en que los demócratas que lideraron la investigación querían: en los tonos sombríos de los oficiales de carrera del servicio exterior que dicen lo que saben sobre las acciones de Trump en relación a Ucrania.
Al principio, el representante Adam Schiff, presidente demócrata del Comité de Inteligencia, describió la cuestión en el centro de la investigación de juicio político: si el presidente utilizó su oficina para presionar a los funcionarios de Ucrania para obtener ganancias políticas personales.
«El asunto es tan simple y terrible como eso», dijo Schiff de California. «Nuestra respuesta a estas preguntas afectará no solo el futuro de esta presidencia, sino también el futuro de la presidencia misma, y qué tipo de conducta o mala conducta puede esperar el pueblo estadounidense de su comandante en jefe».
Los legisladores republicanos inmediatamente presionaron a los demócratas para que escucharan en una sesión cerrada del denunciante anónimo. Schiff negó la solicitud en ese momento, pero dijo que sería considerada más tarde. «Haremos todo lo necesario para proteger la identidad del denunciante», declaró Schiff.
El principal republicano en el panel, el representante Devin Nunes de California, dijo que Trump tenía una «razón perfectamente buena» para querer investigar el papel de los demócratas en la interferencia electoral de 2016, dando tiempo a una teoría que va en contra de las agencias de inteligencia de Estados Unidos que encontraron que Rusia intervino y favoreció a Trump.
Nunes acusó a la mayoría demócrata de llevar a cabo una táctica de «tierra quemada» para destituir al presidente después de que la investigación de Rusia del fiscal especial sobre las elecciones de 2016 no pudo llevar a procedimientos de juicio político.
«¿Se supone que debemos tomar la palabra de estas personas al pie de la letra cuando presentan nuevas acusaciones?», Dijo Nunes, un importante aliado de Trump. Nunes llamó a Ucrania una secuela de «bajo alquiler» de la investigación de Rusia. «Los demócratas están avanzando en su farsa de juicio político», dijo.
Por el momento, el comité ha declarado un receso a la audiencia.
Después de todo el Bóer logró rescatar a uno de los dos peces gordos que se le estaban escapando, al llegar a un acuerdo con el zurdo costeño de los Dodgers, Leonardo Crawford, quien además pasa a ser la figura cumbre de la liga.
Crawford lanzó este año en la categoría Doble A y tuvo la mejor temporada de su carrera. Si los Dodgers no lo protegen, es elegible para el draft de la regla 5. Mientras tanto será un espectáculo verlo lanzar aquí con el Bóer, pues se trata de un jugador que está a las puertas de las Grandes Ligas.
No pasó lo mismo con el tirador Fidencio Flores, con quien la tribu no llegó a un acuerdo salarial o hasta el momento no se han entendido.
Crawford fortalece al Bóer, aunque falta por ver qué límite de innings tiene para lanzar en esta liga. De cualquier modo está llamado a ser el hombre clave del picheo esta temporada. En un principio, se manejó que el zurdo costeño jugaría con los Yaquis de Obregón, pero no se completó.
En medio de la desbandada de funcionarios del régimen del expresidente Evo Morales, quien renunció al cargo tras las protestas en su contra por el fraude electoral que estaba perpetrando en Bolivia, apareció en Nicaragua su ahora ex canciller Diego Pary Rodríguez.
La vicepresidenta designada de Nicaragua, Rosario Murillo, celebró el aterrizaje en Nicaragua del exdiplomático boliviano, quien según fuentes periodísticas de La Paz, Bolivia, huyó de Sudamérica junto a su familia y se sospechaba allá que aparecería por Caracas.
La dictadora Murillo dijo que su régimen y sus fanáticos «se sienten contentos y orgullosos de recibir (…) al canciller del invicto pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero Diego Pary Rodríguez, quien nos visita como parte de un recorrido por distintos países».
Murillo sigue molesta por la derrota política de Evo
Sin diluir su rabia por las protestas sociales que obligaron a Morales a renunciar tras querer perpetrar el fraude electoral, Murillo se desató en elogios y lisonjas al exfuncionario diplomático, mientras fustigaba con odio a los manifestantes bolivianos que se opusieron al fraude electoral.
«A quien recibimos con cariño creciente, con admiración para ese valiente pueblo, en total repudio y rechazo a la intervención política, foránea y a la confluencia del fascismo y el racismo que autodenominándose cívicos, como aquí, han propiciado, ejecutado y consumado brutalidades, crímenes de odio, con patrones y guiones de destrucción, de negación de todos los derechos, ejecutado, propiciado, ejecutado y consumado un golpe de estado que ayer fue denunciado en la OEA por nuestra misión, nuestra delegación, junto a otros países de nuestra América caribeña», despotricó.
El funcionario no ha sido presentado en público y de acuerdo a las versiones de medios bolivianos, no anda en ninguna «gira de países», sino buscando asilo político porque no alcanzó en el avión en que huyó Morales a México.
Docenas de agentes antidisturbios de la Policía Orteguista (PO) y algunos parapolicías en motocicletas cercaron la mañana de este miércoles, las entradas de la Iglesia San Francisco en Managua, tras conocerse una convocatoria de un plantón de la oposición.
El plantón estaba previsto a llevarse a cabo la mañana de este miércoles, pero los agentes de la PO hora de antelación.
Los ciudadanos que habían llamado a protestar frente a la Iglesia San Francisco no pudieron ingresar al templo, según refirieron, por temor a la presencia policial.
Algunos de los que pudieron entrar al templo religioso, permanecieron dentro y rezaron frente a la bandera de Nicaragua y Cristo crucificado, solicitando paz, democracia y justicia para Nicaragua.
«Con esta imagen de Cristo mutilado en nuestras manos, con la Virgen María a nuestro lado y nuestra bandera, pabellón nacional, nos hemos comprometido con nuestro pueblo a luchar por la vía cívica y pacífica, no por la vía violenta o armada. Eso solo beneficia a los que tienen otros intereses diferentes a los que creemos en María», dijo el activista y fotoreportero Frank Cortés.
Asimismo, hizo el llamado al régimen Orteguista a «quitarse el odio y el rencor hacia quienes piensan diferentes. Esto no puede ser visto ni condenado como un delito, mucho menos por cargar este crucifijo, pero sé que si tengo que pagar por cargar a nuestro señor Jesucristo mutilado, pues lo voy a hacer», añadió.
Es importante resaltar que, el asedio policial se dió en la presencia de menores de edad que se congregan en la Iglesia San Francisco, que por seguridad permanecían en la parte trasera del centro religioso.
Este plantón se convierte en la segunda convocatoria, en los últimos 15 días, que es impedida por agentes de la Policía. La otra ocasión fue el pasado 04 de noviembre, cuando docenas de agentes cercaron la entrada del Diario La Prensa, ante la convocatoria de manifestación realizada por el movimiento Cambio Democrático.
Un hombre de aproximadamente 70 años e identificado preliminarmente como Domingo Rojas Ferrufino, fue asesinado a balazos por personas todavía desconocidas, en la microrregión de Wamblán, ubicada en el municipio de Wiwilí, Jinotega.
El cuerpo de Rojas fue encontrado a la orilla de un camino y hasta el momento se desconoce en cuáles circunstancias y por qué motivos fue asesinado, aunque investigadores policiales se habían movilizado al sitio para realizar las indagaciones pertinentes.
La Policía también estaba averiguando quién o quiénes pudieron cometer el crimen, el primero de naturaleza homicida registrado en este mes en Wiwilí, uno de los municipios con mayor cantidad de hechos de ese tipo en el departamento, donde las cifras superan las de años anteriores.
Las cifras, extraoficiales por el secretismo policial, señalan que en 2019 han muerto al menos 96 personas en circunstancias homicidas. Ese dato excluye tres muertes más registradas el 11 de febrero durante un supuesto enfrentamiento entre soldados del Ejército y un grupo calificado como “delincuencial” en el municipio de San José de Bocay.
En ese supuesto choque murió el soldado William Alfredo Aguilar Gómez, además de un hombre identificado solo como Juan López Guillén y una mujer cuya identidad nunca fue precisada. Los dos últimos supuestamente eran parte del grupo “delincuencial”.
Casi el 80 por ciento de los crímenes de 2019 en Jinotega, según ha documentado LA PRENSA, ha ocurrido en los municipios de San José de Bocay, El Cuá y Wiwilí.
La organización de estudiantes universitarios Movimiento de Defensa Estudiantil (MDE) hizo un llamado al Ejército de Nicaragua a seguir el ejemplo de los militares de Bolivia, quienes rechazaron la dictadura de Evo Morales.
«Tomen el ejemplo del Ejército de Bolivia y por la pacificación y el bienestar de sus familiares y de las familias de sus seres queridos, hagan la sugerencia de retiro del Presidente de Nicaragua. No es un golpe de Estado, es liberar a Nicaragua», manifiesta el comunicado leído este miércoles en la Universidad Centroamericana (UCA).
«Por sus hijos y los hijos del pueblo, por las nuevas generaciones de nicaragüenses. Señores generales del Ejército les exigimos retomen el coraje y el valor moral para hacer respetar la dignidad del pueblo. Cumplan con su mandato constitucional de proteger al pueblo a quien ustedes se deben, quienes pagamos sus salarios», agrega la carta.
El llamado de los estudiantes está dirigida a los Generales del Estado Mayor de Ejército de Nicaragua, a los Coroneles y Mayores activos y en retiro de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua.
«Le solicitamos formalmente que caminen al lado del pueblo. Generales de Brigada y Generales del Estado Mayor y Coroneles Activos soliciten al Presidente de la República que por el bienestar de Nicaragua presente su renuncia», expresan los estudiantes en otra parte del escrito.
La presión social y la posición del Ejército de Bolivia a la par del pueblo, obligaron a Evo Morales a renunciar del poder.
En Nicaragua el jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, ha declarado su lealtad a la dictadura de Daniel Ortega. El pasado 2 de septiembre, el general Avilés demostró su apoyo a la dictadura con un discurso en el que por primera vez dijo que «organismos no gubernamentales» incitaban a los miembros del Ejército a dar un golpe de Estado, en consonancia con el discurso oficialista.
Losestudiantes de la UCAfueron uno de los primeros grupo que iniciaron las protestas contra Ortega en abril de 2018: primero en reclamo por la falta de atención al incendio en la reserva natural de Indio Maíz y después contra las fallidas reformas al Seguro Social.
Mas de 328 personas murieron por la represión policial y de grupos armados contra las protestas, a partir del 19 de abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, el régimen de Ortega solo reconoce doscientos muertos, que identifica como policías y simpatizantes de su gobierno. Además, el orteguismo atribuye la crisis a un “fallido golpe de Estado”.
Un joven de 20 años identificado preliminarmente como Roberth Ariel Calisaya Soto, fue asesinado la tarde de este miércoles durante un enfrentamiento entre policías y simpatizantes del exmandatario Evo morales quienes amenazaban con saquear el mercado local de la ciudad de Montero, ubicada en el departamento de Santa Cruz, reportó el diario boliviano EL Deber.
La muerte del joven fue confirmada por el médico Richard Orellana quien aseguró que Calisaya fue llevado sin signos vitales a la clínica San Miguel y murió tras recibir un impacto de bala que perforó la parte derecha del tórax.
«Mas o menos a las 14:30 horas (2:30 hora local) de la tarde, nos llega un paciente herido aparentemente por un proyectil de arma de fuego, ingresa directamente a la unidad de Terapia Intensiva en estado de gravedad. Revisamos al paciente, no tenía signos vitales, se inician medidas de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 30 minutos sin conseguir resultados positivos», manifestó el doctor Orellana.
«Tiene herida en el tórax, al lado derecho. (El proyectil) pasó de un costado hacia el otro y en su trayecto, aparentemente lesionó lo que es el corazón», agregó el médico.
El enfrentamiento se da después de que el grupo afín a Morales llegara una área cercana al mercado local de Montero, donde se organizaban para realizar una marcha en apoyo al alcalde de esa ciudad, Mario Baptista, del partido MAS, a quien la oposición boliviana le exigía su renuncia por supuestamente estar vinculado a la muerte de dos personas el pasado 30 de octubre.
Al iniciar su marcha, los seguidores de Morales procedieron a desmontar la bandera de Santa Cruz ubicada en el Banco La Unión y posteriormente se avalanzaron contra los policías que resguardaban el lugar.
El sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, confirmó este miércoles que Daniel Ortega seguirá siendo el candidato único del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las próximas elecciones presidenciales de 2021.
«Desde ya nos preparamos para el triunfo de Daniel en el 2021 y parte de esa preparación es la unidad entre todos los trabajadores», dijo Porras en la Asamblea Nacional de los Sindicatos de Trabajadores, trasmitida por los medios de comunicación oficialistas.
Estas declaraciones de Porras llegan un día después que se conociera la recomendación del exguerrillero Edén Pastora, conocido como «Comandante Cero», de nombrar a un sucesor de Ortega en el FSLN en caso de «una muerte segura» del dictador.
Pastora propuso reactivar las asambleas sandinistas en todos los niveles, para elegir al sucesor de Ortega en un «gran Congreso Sandinista».
«Yo recomendaría a nuestro comandante Daniel Ortega estructurar ese gran partido científico y que sea él que nos diga cuál va a ser el próximo candidato, el próximo dirigente cuando a nuestro comandante Dios le mande cualquier fatalidad: un derrame cerebral, una enfermedad grave, una vejez…, una muerte segura. Que sea el gran congreso el que diga es fulano y todos, por disciplina partidaria, por obediencia partidaria, apoye la decisión de ese gran congreso», dijo Pastora en un programa de un medio oficialista.
Desde que se realizaron las primeras elecciones bajo el régimen sandinista en 1984, Ortega ha sido el único candidato del FSLN. Si se presenta como candidato en las elecciones presidenciales de 2021, sería su octava candidatura presidencial.
«El que no cumpla con sus obligaciones después no se queje y el que evada impuesto en este país va a ser sancionados y los trabajadores decimos algo más: el que no pague que vaya preso, ese es el planteamiento de los trabajadores», dijo González.
Ortega regresó al poder en 2007 y se ha mantenido en la presidencia con fraudes electorales, sentencias judiciales de magistrados que responden a los intereses del partido gobernante, concentración de poder, control de las instituciones del Estado, represión policial y violencia de sus simpatizantes.
“Juan Carlos supo acompañar el dolor de las madres de abril, fecundó con su canto la desaparición de sus hijos”, dijo el escritor Guillermo Rothschuh Villanueva durante la presentación del poemario sonoro “Versos Azules & Rimas Blancas” de Juan Carlos Duarte Sequeira.
La primera parte de este poemario escrito en cuartetos con versos octosílabos y alejandrinos, recuerda el estallido social contra Daniel Ortega del año pasado en la que más de 300 personas resultaron muertas, otras centenares fueron encarceladas y miles se vieron obligados a marcharse al exilio.
En el evento también participó el artista Porfirio Solís quien musicalizó el poema “El Obispo”, dedicado a Monseñor Silvio Báez antes de partir a Roma, y que se encuentra publicado en las redes sociales. Así periodistas, familiares y amigos del poeta emergente.
Ortega insensible al sufrimiento de los presos políticos
Como parte de su ponencia “La poesía, el más alto de los cantos”, Rothschuh Villanueva recordó el poema “En la prisión” que Daniel Ortega escribió durante su cautiverio en la Cárcel Modelo de Tipitapa (1968-1974), donde recibió torturas de los carceleros somocistas.
Este poema fue incluido en la antología “Poesía Política Nicaragüense” (1979), y publicado en Barricada, el diario oficial del FSLN, un 17 de noviembre de este mismo año.
“En su condena a la infamia, Ortega ofrece un retrato de las vejaciones recibidas en las cárceles somocistas: Patéalo, así, así /en los güevos, en la cara /en las costillas. /Pasá el chuzo, /la verga de toro, /hablá, hable hijueputa, / a ver, el agua con sal, /habláaaaaa, que no queremos joder… Juan Carlos suscribe: Hay garabatos escritos /de imposible descifrar, /consignas, dolor y gritos /de las almas del penal”, señaló Rothschuh Villanueva al asociar el poema de Ortega al de Duarte Sequeira, “Versos de la prisión”.
“El dolor de los prisioneros de ayer es idéntico a la angustia que sufren los detenidos de hoy (…). ¿Cómo no comprender el llanto de un pueblo por los detenidos?”, se preguntó Rothschuh Villanueva, al cuestionar la insensibilidad humana de Ortega para con los actuales presos políticos.
Juan Carlos Duarte Sequeira, autor del poemario “Versos Azules & Rimas Blancas”, su hija Leiri Carolina Duarte, el escritor Guillermo Rothschuh Villanueva y la poeta Madeline Mendieta, LA PRENSA/Jader Flores
Rothschuh Villanueva destacó la poesía de Duarte Sequeira como “comprometida” y puso de ejemplo el poema “Un pedazo de abril”, el cual puede verse como “versos transidos de esperanza” y de una “posición inclaudicable del pueblo nicaragüense”.
También tomó la palabra la poeta Madeline Mendieta quien dijo que Duarte Sequeira es un periodista de Radio Camoapa que a partir de los sucesos acontecidos en abril del año pasado, su inquietud poética despertó y después de un proceso de publicación en redes, se decidió a publicar «Versos azules y Rimas Blancas», el cual honrosamente aceptó presentar y que viene a ser «un eslabón más de la resistencia permanente que escritores, editores, lectores tenemos por apostar al arte a la creación como la oportunidad de ese cambio cultural que tanto anhelamos».
Asimismo destacó que “Duarte, evoca su numen y transpira estos versos cargados de emotivas palabras para quienes perdieron un hijo, se aferran a la fe, el aroma de las montañas, la pérdida de la libertad y esperanzas. La protagonista de sus versos siempre es Nicaragua, quien es un ser vivo, que sufre, llora por la pérdida de sus hijos».
Gioconda Belli: “Versos hermosos y llenos de vigor y amor patrio”
Las otras dos partes del libro “Versos Azules & Rimas Blancas” que ha titulado “De la vida y el amor” y Versos irreverentes”, están relacionados a los temas del amor en versos líricos.
En un breve comentario publicado en el libro la poeta Gioconda Belli, dice que Duarte Sequeira, “ha plasmado en estos versos hermosos y llenos de vigor y amor patrio, su sensibilidad poética que se demuestra hija y nieta del verso métrico y sonoro de nuestro Rubén Darío y por lo mismo lleva en sí una música y lírica que llegará al corazón de sus lectores”.
Al respecto Juan Carlos sostuvo que la mayoría de sus versos son cuartetos rimados, porque busca también que sean canciones.
Reveló que antes de publicar su poemario de cuarteto en cuarteto, se dio a la tarea de declamarlos. Y luego los subió en las redes: “Cuando pienso”, “A la flor de pino”, “La rosa”, entre otros.
Y otros, además del poema “El Obispo”, fueron musicalizados por Porfirio Solís. Así dio a conocer en mayo del 2018, “Canto a Masaya” y en julio, “Pueblo valiente”.
Nacido en Camoapa, 2 de octubre de 1972, Juan Carlos Duarte Sequeira. Se marchó al exilio a Costa Rica, cuando solo contaba con catorce años. Retornó en los años noventa, al triunfo de Violeta Barrios de Chamorro, y de la Unión Nacional Opositora, UNO.
En 1998, egresa de la carrera de Derecho, en la Universidad Centroamérica, UCA. En el 2000 incursiona en la radiodifusión. Es cofundador de la Radio Camoapa, siendo la primera emisora comunitaria de la región, del cual es su director. Además de escribir sus poemas, Duarte Sequeira, es un apasionado por las artes plásticas.
Un peatón y dos motociclistas murieron en accidentes de tránsito ocurridos entre el martes y este miércoles en circunstancias y lugares distintos del departamento de Matagalpa.
En uno de los casos, un hombre identificado únicamente como Pablo, murió atropellado por una camioneta al anochecer de este miércoles 13 de noviembre cerca del kilómetro 89 de la carretera Panamericana, entre las ciudades de Darío y Sébaco.
Según reportes extraoficiales, la camioneta con placa M 272749 era conducida por Eduardo Ríos Treminio, quien dijo a investigadores policiales que el peatón presuntamente cruzó la vía de manera imprudente, sin darle tiempo a esquivarlo. Ríos fue retenido por la Policía.
Motociclista choca contra camión
Mientras tanto, en la mañana de este miércoles, el motociclista identificado como José Daniel Gadea Tinoco murió tras colisionar la moto que manejaba contra un camión que presuntamente estaba aparcado sobre la ruta Matiguás-Río Blanco.
Bomberos del municipio de Matiguás llegaron al sitio para tratar de ayudar a Gadea, sin embargo, este había fallecido.
Otro caso en La Dalia
Un caso similar ocurrió en el poblado de La Dalia, cabecera municipal de El Tuma-La Dalia, donde el motociclista Melinton Rubén Picado Sánchez, de 27 años, murió a las 11:45 p.m. del martes recién pasado, al colisionar la moto que conducía contra un camión que estaba aparcado.
Según una nota de prensa divulgada este miércoles por la Policía en Managua, el motociclista manejaba de norte a sur la moto con placa MT 33259, presuntamente ebrio y a exceso de velocidad, provocando el choque por el que sufrió un trauma craneoencefálico severo.
Todavía resuenan en sus oídos las desgarradoras confesiones de violación y tortura que contaron sus representados (presos políticos) en el banquillo de los acusados, durante los juicios políticos promovidos por el régimen de Daniel Ortega durante el 2018.A la abogada Leyla Prado se le hacía un nudo en la garganta y luchaba por no llorar, mientras observaba a un juez y a una fiscal inmutables ante el dolor ajeno.
“Después de los juicios muchas veces lloré en el silencio de mi cuarto, al ver tanta humillación, mentiras, torturas y violaciones que recibieron aquellas personas a quienes defendí”, comenta la abogada que ahora está en el exilio, desde septiembre de 2019, ante amenazas de muerte de parte de paramilitares.
Prado fue Fiscal Auxiliar y por su experiencia fue contratada el 16 de Mayo de 2018 para defender a presos políticos a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), en la que culminó sus labores el 13 de septiembre de 2019.
“Sabía que era un trabajo diferente, que tenia que tener valor, pero estaba enterada que trabajaría con las víctimas de la represión orteguista. Y en mi perfil laboral como ex fiscal tenia conocimiento y preparación para atender a este segmento de ciudadanos. El asedio y amenazas para ellos y sus familiares nos alcanzó a nosotros los defensores de derechos humanos”, relata Prado.
La abogada recuerda que la última gestión que realizó como abogada y defensora de derechos humanos fue el 11 de septiembre de este año, ante la Fiscalía en el caso de Eddy Montes, preso político asesinado dentro del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro el 16 de mayo de 2019. “Interpuse el tercer escrito demandando la investigación de este caso. Ya había decidido irme del país”, puntualizó.
Días antes a la presentación del escrito, Prado fue a tomar entrevistas a excarcelados políticos que vieron el asesinato de Montes. “El 4 y 5 de septiembre hice dos viajes a Matagalpa y Jinotega para entrevistar y fuimos perseguidos y asediados por paramilitares”, dijo la defensora de derechos humanos.
Asedio de turbas
La decisión de exiliarse la tomó el 8 de septiembre, durante una noche larga de asedio de parte de civiles armados que llegaron al frente de su casa en Praderas del Doral. Llegaron en al menos 10 motos y le gritaron «plomo a terroristas, golpistas, abogada de los tranqueros», además de otros insultos obscenos, mientras aceleraban los motores de la motos, relató Prado.
“Mi esposo me dijo que llamáramos a la Policía. Marqué al 118, le dije a la oficial que me atendió que tenía una emergencia, les dije que había un grupo de hombres violentos y amenazantes frente a mi casa y luego que le di mis datos me dijo que iban a mandar a una patrulla, que jamás llegó”, relató la perjudicada.
Durante el asedio cortaron la energía eléctrica por 40 minutos y le marcaron la casa con la palabra “Plomo” que significa muerte y los delincuentes nunca se quitaron los cascos.
“Mi familia y esposo pensaron que era tiempo de salir. Ya me lo habían pedido antes, pero pensé que de habladurías no iban a pasar. Mi decisión cambió drásticamente ese 8 de septiembre. Ahí sentí el peligro real de la muerte”, dijo Prado, quien también lamentó que sus hijos de 12 y 13 años perdieron el año escolar.
Casa de la abogada Leyla Prado fue marcada por turbas de civil que llegaron a gritarle golpista, abogada de tranqueros, la noche del 8 de septiembre de 2019. LA PRENSA/ CORTESÍA
Futuro incierto en Estados Unidos
Ahora se encuentra en Estados Unidos, con sus hijos, dos menores de edad y su esposo. Todos los gastos corren por su cuenta y tiene permiso de permanecer en ese país hasta abril de 2020.
“Es duro. Estoy sin trabajo. Nadie apoya a los exiliados ni en orientación, ni servicio médico. Y aquí la salud es carísima. Tengo incertidumbre. Pues aquí la cuestión migratoria no es muy benévola. Cada día recrudecen más las medidas en contra de los migrantes”, dijo la abogada que defendió a más de 60 presos políticos.
La abogada Prado goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta abogada representó a su colega María Oviedo, quien fue procesada, condenada y suspendida su licencia de abogada por la CSJ. Durante esta defensa, Prado fue enviada a Medicina Legal por la juez, para verificar si estaba enferma de los riñones, ya que ella había presentado una justificación de incomparecencia por enfermedad.
La abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Leyla Prado, se presentó al Instituto de Medicina Legal por orden de la juez orteguista Nalía Úbeda para constatar si está enferma. LA PRENSA/Jader Flores
Los dos casos que más impactaron a Leyla Prado
De los 60 presos políticos que representó, la abogada Leyla Prado recuerda dos casos como si fuera hoy. Uno de Jinotepe donde eran 12 los procesados y uno de ellos relató en el juicio, durante la última palabra, como los paramilitares lo violaron con una AK cuando lo capturaron. “Le metieron la punta del fusil AK y le rasgaron sus intestinos, dijo que pasó tres días sangrando y sin atención médica. El juez Melvin Vargas no se inmutó para nada”, recuerda Prado.
El otro caso que le impactó fue el asesinato de Eddy Montes, porque ya era mayor, estaba apoyando una causa social muy consciente que ya no le iba a servir a él, pero sí para los que venían creciendo y terminó asesinado dentro del penal. “Esa muerte trágica a pocos días de su juicio y a menos de un mes que excarcelaran a todos los presos políticos. Ese 11 de junio lo hubieran sacado vivo, pero fueron ingratos», dijo la abogada.
El Banco Central de Nicaragua (BCN) decidió también suspender la publicación sobre la evolución de la inflación en Nicaragua, cuyo comportamiento de este indicador no se conoce desde septiembre pasado.
Hasta ayer el máximo emisor bancario mantenía sin publicar el comportamiento de la inflación en septiembre y octubre de este año, pese a que en el caso del último hasta el seis de noviembre ambos meses ya deberían estar actualizados.
Según el calendario de divulgación de estadísticas del Banco Central, el 7 de octubre se debió publicar la inflación de septiembre y el 6 de noviembre la de octubre. Sin embargo, en ninguna de esas fechas se han cumplido los compromisos de divulgación.
La última vez que se publicó el comportamiento de este indicador, que refleja la evolución de los precios de los bienes y servicios en el mercado nacional, ya había superado el 4 por ciento, por encima del 3.89 por ciento acumulado en todo el 2018.
También la canasta básica
Tampoco se está divulgando la evolución de la canasta básica, luego que esta se disparara desde que se puso en marcha la reforma a la Ley de Concertación Tributaria en marzo de este año.
Desde agosto el BCN dejó de publicar los precios promedios de cada producto que incorpora la canasta básica. LA PRENSA venía dando seguimiento al comportamiento que estaban experimentando los precios de los bienes afectados por la reforma tributaria, que perdieron algún tipo de exoneración o exención.
Y aunque el BCN en septiembre ya tenía los datos sobre la evolución de la cesta familiar en agosto, porque es hasta ese mes que se tiene la inflación, decidió desistir de publicar el desagregado de la canasta básica.
De esta manera, estos dos indicadores claves para evaluar el deterioro de los salarios se sumó a otros informes estadísticos que permanecen desactualizados desde hace varios meses.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) ha venido denunciando que «el Estado de Nicaragua, ha limitado la publicación de informes, datos y estudios económicos y sociales. Además, la escasa información oficial disponible tiene rezagos, lo que dificulta el seguimiento de la situación socioeconómica, incidiendo negativamente en las expectativas de los consumidores e inversionistas».
Los indicadores con mayor rezagos son los de turismo, con 331 días. Ahora se suman la inflación, que lleva cerca de cien día de atrasos. También están sin conocerse datos como el Índice Mensual de la Actividad Económica, que lleva como nueve meses de atrasos.
Hay retrasos en indicadores de finanzas públicas, salarios mínimos promedio, empleo: afiliados al INSS y Gobierno Central, indicadores productivos, informe de Comercio exterior e indicadores monetarios, según un monitoreo de Funides.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) reclamó al Gobierno en un reciente comunicado la publicación de la información económica, lo que hace temer que la situación no anda bien como quiere hacer entender el discurso oficialista.
“Los datos económicos relevantes -algunos de los cuales no se dan a conocer públicamente- evidencia que el país enfrenta su mayor crisis económica”, dijo en su comunicado Cosep.
Este apagón estadístico no tiene precedente en los últimos 10 años, cuya política se está imponiendo bajo la administración del presidente del BCN, Ovidio Reyes, quien también ha cerrado desde hace varios años las puertas a las conferencias a los medios independientes para evitar cuestionamientos sobre el desempeño de la economía.
Según el discurso del Gobierno de Nicaragua en un comunicado oficial y sectores de la izquierda internacional, el domingo pasado en Bolivia se consumó “un golpe de Estado” parecido al intento golpista que no se consumó en Nicaragua en los días que siguieron al 18 de abril del año pasado.
Evitan expresar nada sobre las masivas protestas populares que tuvieron su origen en el fraude descarado, comprobado más tarde por la OEA con abundantes pruebas, que le daban la ventaja a Evo Morales en primera vuelta, evitando así un desenlace de balotaje, que muy probablemente le sería desfavorable. El verdadero golpe de Estado en Bolivia fue el fraude.
Hubo otro “golpe de Estado” visto desde la óptica de la dictadura orteguista que pudo haber sido evitado, si tan solo la Policía y el Ejército boliviano se hubieran involucrado en una “operación limpieza” disparando contra los manifestantes con fusiles de precisión Dragunov y otras armas de guerra.
Pero ni el Ejército ni la Policía de Bolivia decidieron manchar sus manos con la sangre de hermanos bolivianos y fue así que se dio una salida incruenta que terminó con la renuncia de Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera y los principales funcionarios de su partido en el Estado boliviano.
El ejército se mantuvo al margen y tras 20 días de protestas masivas y un paro indefinido, su jefe, el general Williams Kaliman, sugirió al presidente Morales que presentara su renuncia en aras de mantener la paz y este, en un gesto patriótico, accedió. La Policía, por su parte, se amotinó a favor del reclamo popular y marchó al lado del pueblo, en un ejemplo de civismo digno de ser emulado.
Fuimos testigos de un milagro, que a como bien dijo mi correligionario Rodolfo Quintana, “los milagros se logran cuando el Ejército y la Policía no son instrumentos partidarios y cuando la sociedad política no ha sido desarticulada. En Nicaragua la fusión Estado-partido-Ejército creada en los 80, que sobrevivió latente a 16 años de democracia, hicieron imposible un desenlace como éste”.
En Bolivia, 14 años de gobierno del Movimiento al Socialismo de Evo Morales no lograron coaptar las instituciones del Estado, como la Fiscalía, y aunque hubo esfuerzos por coaptar totalmente al Ejército, el resultado final es que no lo lograron.
No ha habido un “golpe de Estado” en Bolivia porque los militares no han tomado el poder, sustituyendo a los civiles, sino que se han negado a disparar contra el pueblo. Lo que tiene lugar ahora es una sucesión de orden constitucional que terminará su período devolviendo al soberano su derecho a elegir a sus autoridades de manera transparente, sin recurrir al fraude, que es en realidad el verdadero golpe de Estado contra el pueblo.
En seis meses la reforma a la Ley de Concertación Tributaria generó al Ejecutivo 6,570 millones de córdobas adicionales, lo que significó un aumento del 10.3 por ciento con respecto a lo que recaudó en similar lapso del año pasado, según refleja el informe de ejecución presupuestaria hasta septiembre de este año.
Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público luego de la caída del 12.3 por ciento en el primer trimestre (antes de la reforma tributaria), en los siguientes dos trimestres hubieron crecimientos significativos: 24.2 por ciento en cada uno.
Con ello, los ingresos tributarios sumaron entre enero y septiembre de este año 55,365.7 millones de córdobas, el 93 por ciento del total de los ingresos totales del erario.
Por tipo de impuesto el aporte se distribuyó así: el Impuesto sobre la Renta (IR) generó 26,064.2 millones de córdobas; el Impuesto de Valor Agregado (IVA) importado e interno aportó 17,623.2 millones de córdobas; el conglobado a los combustibles 4,214.3 millones de córdobas; y el Impuesto Selectivo de Consumo captó 3,296.8 millones de córdobas.
Al respecto, un economista que prefiere no ser citado, señala que la recaudación tributaria en términos reales (es decir ajustado al impacto inflacionario), habría aumentado solo alrededor de un 5 por ciento, pero “dada la carencia de datos, cuya publicación ha sido suspendida por el BCN, no es posible establecer una relación precisa entre la variación real de las variables económicas agregadas o del comportamiento del consumo de ciertos productos, y el comportamiento de la recaudación”.
Cae el impuesto sobre la renta de trabajo
Uno de los aspectos que revela Hacienda es la caída del IR que aporta el mercado del trabajo, lo que refleja la grave situación en la que se encuentra este sector, en momentos que el régimen de Daniel Ortega ha minimizado el quiebre de empresas.
El IR en general creció 10.7 por ciento, lo que significó un aporte de 2,562.5 millones de córdobas adicionales con respecto a los acumulados en similar periodo del año pasado.
Y si bien el IR muestra incrementos en todos sus componentes, el que grava la renta del trabajo cae 3.4 por ciento. Al respecto, «hasta septiembre se recaudó 4,951.8 millones de córdobas mientras que el año pasado para la misma fecha se captó 5,125.5 millones de córdobas, esto a pesar de la reforma tributaria».
“La caída en la recaudación del Impuesto sobre la Renta que grava las Rentas del Trabajo estaría reflejando la reducción del empleo en el sector privado formal”, considera el economista.
Recientemente la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) señaló que antes del estallido de la crisis, en el 2017, habían 121,000 nicaragüenses que estaban buscando empleo, pero esta masa se habrá ensanchado a 237 mil al finalizar 2020.
El economista también explicó que hubo un fuerte incremento en la tasa del anticipo sobre el Impuesto del Pago Mínimo Definitivo y en las tasas de retención, lo que “fue capaz a duras penas de contrarrestar los efectos de la caída de la actividad económica sobre la recaudación del Impuesto sobre la Renta de Actividades Económicas. Lo mismo ocurre en el caso de las ganancias y pérdidas de Capital”.
En el caso de la recaudación del impuesto sobre las Rentas del Capital, el informe establece que el fuerte incremento «es producto de la aplicación de la nueva tasa de retención de este rubro del IR, sobre ingresos extraordinarios por operaciones de venta de activos y otras operaciones relevantes».
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), este muestra una modesta recuperación, apenas creció 1.5 por ciento en los productos importados y en ventas internas comparado con el 2018.
“La recaudación neta del IVA total (por transacciones internas más importaciones) acumulada a septiembre fue de 17,623.2 millones de córdobas, lo que equivale una sobre ejecución de 2.4 por ciento con respecto a la meta presupuestada en el período. En relación al mismo período del año 2018, la recaudación es mayor 941.7 millones de córdobas, es decir 5.6 por ciento, originado principalmente por la recaudación del IVA a las importaciones”, detalla el informe.
La recaudación de IVA por ventas internas a septiembre 2019 es de 7,092.0 millones de córdobas, mientras que en el IVA importado, a septiembre 2019 alcanzó un total de 10,531.2 millones de córdobas.
Crece el Impuesto Selectivo de Consumo
Por otra parte la recaudación total a septiembre por Impuestos Selectivos al Consumo (ISC) es de 9,806.8 millones de córdobas, de los cuales 2,295.7 millones de córdobas, o sea el 23.4 por ciento corresponden a ventas internas; 4,214.3 millones de córdobas (43 por ciento) a impuesto específico al consumo de combustibles; y 3,296.8 millones de córdobas (33.6 por ciento) a importaciones.
Con respecto al año 2018, se observa un incremento de 1,681.4 millones de córdobas, es decir un 20.7 por ciento.
Baha Abu Al-Ata fue el planificador y ejecutor de cientos de estos ataques mencionados en el breve resumen de la estadística anterior. La inteligencia israelí, que sabía exactamente donde localizarlo, hasta conocía la habitación en la que se encontraba, calculó el momento preciso de golpearlo, para minimizar daños colaterales, como ocurrió. Esta misma inteligencia obtuvo información de que en estos días, Abu Al-Ata estaba planeando el próximo gran ataque, que realizaría con su típico modus operandi, ataques continuos que incluyen disparos masivos de cohetes, y de francotiradores, uso de drones, hasta la posibilidad de secuestrar civiles israelíes, para desaparecerlos en la Franja de Gaza, Israel no va a permitir esto, hará lo que sea necesario para defender a sus ciudadanos.
Mientras Israel utiliza sus mejores recursos para proteger a sus ciudadanos de terroristas como Al-Ata, los líderes palestinos continúan negando a los suyos. En lugar de destinar los recursos y de preocuparse por el bienestar de sus ciudadanos, los destinan para obtener más misiles y construir más túneles de terror para dañar a civiles de Israel; esta es la fórmula ad perpetuam. ¿Qué quieren lograr exactamente los terroristas palestinos mientras matan a más personas inocentes?, solamente el Dios del mal puede responder la pregunta. No obstante, cada misil y cada metro de túnel construido para realizar actos terroristas, implican menos habitaciones y libros de texto, menos camas y equipo médico en los hospitales de Gaza, menos educación, menos medios de subsistencia, pero más desesperación y angustia. A lo largo de la historia del conflicto, los ataques terroristas no han logrado mejorar la vida de ningún palestino, ni siquiera en un 1 por ciento. Al contrario, un liderazgo que prioriza la matanza de otros, en lugar de buscar el bienestar de su pueblo, es un liderazgo criminal.
Israelíes y palestinos conocieron días mejores, miles de palestinos disfrutaron de becas del gobierno israelí y participaron en cursos de capacitación realizados en Israel, decenas de miles trabajaron codo a codo con israelíes en el sector empresarial, agrícola e industrial, con una relación de amistad, conociéndose, uno al otro, como hermanos y padres de familia, no a través de los ojos del conflicto impuesto por los extremistas islámicos, como Al-Ata, respaldados y financiados por el agente terrorista más grande de la región, Irán. La coexistencia es la primera víctima del terrorismo, la esperanza de paz la siguiente.
Un discurso que trata de mantener un equilibrio artificial y considera a la Jihad Islámica y a Hamas, como nuestra contraparte, equivoca el punto. Las verdaderas partes son ambos pueblos: israelíes y palestinos, sus deseos de vivir en paz uno al lado del otro; y un intento de crear un enfoque equilibrado entre las acciones de Israel y las acciones de Al-Ata y similares, es el mayor error de los que lo comparan.
Condenar este tipo de terrorismo que dispara contra civiles debe ser claro y audible. Cualquier otra referencia a la situación perjudica, en primer lugar, las esperanzas de paz de la gran mayoría de los residentes de la región, la paz tan anhelada finalmente vencerá el extremismo y el terrorismo, si no hoy, mañana, o la mañana siguiente.
La oportunidad que permitirá al pueblo palestino expresar su voz y decir no al terrorismo y sí a la esperanza, puede ser pronto. Después de 14 años sin ningún proceso democrático en la Autoridad Palestina, se habla de elecciones. Y si de verdad el liderazgo lograra realizar elecciones ordenadas y creíbles, entonces por primera vez en muchos años podremos escuchar la voz de los palestinos y saber hacia dónde caminan. ¿Dirán no a personas como Al-Ata y al fanatismo de Hamas y la Jihad Islámica? ¿Y darán esperanza al liderazgo pragmático que pone el bienestar del pueblo ante sus ojos?
Todos en Israel deseamos que esto sea lo que pase y la esperanza volverá a nuestra región y reemplazará los sonidos explosivos y disparos de los que ambas naciones se han cansado.
El autor es embajador de Israel en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.
Desde el comienzo de las protestas en Nicaragua, en abril de 2018, los estudiantes universitarios han advertido a los seguidores de Daniel Ortega que el dictador no se los llevará en el avión cuando se vea obligado a dejar el poder y se tenga que marchar del país. Los acontecimientos ocurridos en Bolivia son una muestra.
Evo Morales, quienrenunció a la presidencia el 10 de noviembre, decidió refugiarse en México, según él, para preservar su vida que corría peligro. En el avión con él viajaban únicamente cinco personas: dos familiares: su hermana Esther Morales Ayma y su hija Eva Liz Morales Alvarado; y dos funcionarios: el exvicepresidente del país, Álvaro García Linera, y la exministra de Salud, Gabriela Montaño. Viajaba además una persona que no ha sido identificada. Los diarios bolivianos informaron que el exvicepresidente García Linera ya había sacado del país a su familia.
Cuando Evo Morales viajaba a México con dos familiares y dos funcionarios, en Bolivia eran arrestados 34 miembros de tribunales electorales de diferentes partes del país, acusados de ejecutar el fraude electoral que le estaba dando el triunfo en primera vuelta en las elecciones del 20 de octubre. Entre los detenidos hay vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los tribunales departamentales, además de un funcionario del gabinete de Morales, señaló el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, según un comunicado del Ministerio Público de Bolivia.
Nicaragua tiene el antecedente de lacaída de la dictadura somocista. El 17 de julio de 1979 fue el día en que el dictador Anastasio Somoza Debayle se marchó del país, tras el triunfo de la Revolución Sandinista. Son muchas las historias de guardias somocistas que dejaron abandonado su uniforme militar para buscar refugio y esconderse de los guerrilleros sandinistas.
Monseñor Juan Moreira, sacerdote de Granada, contó aLA PRENSAel año pasado que durante la dictadura de Somoza los sandinistas se refugiaban en las iglesias, para escapar de la guardia somocista, y cuando Somoza dejó el país, eran los guardias que llegaban a las iglesias a pedir refugio, para escapar de los sandinistas. “El 17 de julio (1979), cuando Somoza se fue y la Guardia evacuó la ciudad, huyendo de las tropas sandinistas, el primer refugiado que tuvimos en la casa cural fue un guardia. Los seminaristas le dieron ropa civil y dejó ahí tirado en la casa cural el uniforme militar y las armas”, recordó el sacerdote.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), han rechazado las amenazas del dictador Daniel Ortega contra los empresarios privados, proferidas el 8 de noviembre en la conmemoración del aniversario de la muerte de Carlos Fonseca Amador.
Como es conocido, la empresa privada independiente ha protestado por las políticas económicas del Gobierno, que causan la reducción de sus operaciones y el aumento del desempleo. Algunas empresas enfrentan inclusive la posibilidad de quiebra. Pero Ortega, en vez de reaccionar racionalmente ha respondido con insultos y amenazas contra los empresarios. “Dicen que están quebrando algunos, ¡pues que quiebren!”, vociferó el dictador que se dice socialista del siglo XXI.
No es la primera vez que Ortega amenaza a la clase empresarial desde el estallido social y político de abril de 2018. En ocasiones anteriores ha dicho que el modelo de diálogo y consenso del Gobierno con los empresarios es cosa del pasado y que ahora estos se tienen que someter a la dictadura.
Ortega cree, al parecer, que los empresarios deben agradecerle por el extinto modelo de alianza público-privada de tipo corporativo, que le permitió al Cosep influir en la aprobación de 124 leyes en el período de 2008 a 2017 y tener puestos de representación en más de 40 instituciones estatales.
En julio de este año, Ortega dijo al canal de televisión Fox News que solo estaba abierto “a dialogar y establecer acuerdos (con los empresarios) partiendo de las nuevas condiciones”. Y el recién pasado 8 de noviembre repitió esa posición en términos particularmente agresivos, dando a entender que su régimen puede sobrevivir con una economía de pequeña y mediana empresa subordinada al sistema dictatorial socializante.
Dijo textualmente Ortega que los empresarios tienen que cumplir las normas establecidas “y no venir con el cuento de que tenemos que hacer un Diálogo Político, que tenemos que ver cuándo son las elecciones, porque hay que adelantar las elecciones, o que ya se vaya Daniel de la Presidencia…”
Pero los empresarios agrupados en el Cosep y Amcham han respondido al dictador con serenidad y firmeza. “Ha sido el sector privado a través de la inversión, el empleo y los impuestos que recauda el Gobierno, el que impulsa el crecimiento y el desarrollo, el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y la reducción de la pobreza”, dice el Cosep en el comunicado que dio a conocer el martes de la presente semana.
Aunque moleste a Ortega, los empresarios reafirman la demanda de reformas electorales sustanciales para que haya elecciones libres, transparentes y observadas. Estos “son pasos necesarios para alcanzar la paz y la estabilidad política, social, económica que todos los nicaragüenses anhelamos”, sostiene el Cosep en su digna respuesta al descontrolado dictador.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) creó la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención (DCIP)para que abogados y notarios obligados por la ley de lavado de dinero entreguen sus informes a esta entidad, según información publicada en el sitio web del Poder Judicial.
Según las reformas aprobadas a la Ley de prevención del lavado de dinero, el abogado y notario público es sujeto obligado en esta materia y debe mandar este informe a esta dirección creada por la CSJ.
«Una dependencia que sea un órgano especializado, con pleno dominio respecto de las recomendaciones, estándares y demás instrumentos que emite el grupo de Acción Financiera Internacional y del Caribe (GAFIC), actualmente el GAFILAT”, dijo la magistrada Alba Luz Ramos, presidenta del poder judicial.
Los magistrados también aprobaron tres normativas para el funcionamiento de esta instancia; entre estos: los modelos de reportes con sus respectivos instructivos, la nómina de señales de alerta; el manual de organización y funcionamiento y otros instrumentos propios de su quehacer.
Dirección es coordinada por ficha orteguista
Los notarios “tienen un compromiso con el país, de reportar a la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención de la Corte (DCIP), porque es una responsabilidad como fedatarios públicos”, agregó Ramos.
En Nicaragua están registrados actualmente 30,720 abogados y notarios, ante la Corte, de los cuales 17,642 están autorizados para cartular y son los que deberán presentar informes a la nueva Dirección Centralizadora de la Información y Prevención (DCIP).
El magistrados orteguistas del poder judicial nombraron como coordinador de la DCIP a una de sus fichas políticas fieles, el juez Julio César Arias Roque, titular del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua,uno de los que admitió acusaciones contra autoconvocados y está incluido en una lista del Congreso de Estados Unidos, al igual que la magistrada Ramos, para que ser sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El mes pasado los abogados Julio Montenegro y José López recurrieron por inconstitucionalidad contra dicha norma por considerarla violatoria a varios derechos constitucionales, entre estos a la inviolabilidad de su correspondencia y demás comunicaciones y los lleva a violar el sigilo profesional que deben a sus representados.
Mi niño, te extraño mucho. Pido a Dios fuerzas para llegar hasta al final, cuando castiguen a tus asesinos”. Francisca Machado le habla a su hijo, al que le mataron el 20 de abril de 2018. Lo visita seguido en el cementerio San Francisco de Asís de Estelí. Vuelve a hablarle: “Tenemos claro que no vamos a tener justicia hasta que cambie este gobierno”, le dice.
Las madres de abril saben que mientras Daniel Ortega esté en el poder no habrá justicia para sus hijos porque lejos de investigar los asesinatos, el régimen aprobó la Ley de Amnistía el pasado 8 de junio. Conocida también como Ley de autoamnistía que pretende dejar impune los delitos cometidos por el régimen durante la represión a las protestas.
Franco Valdivia era un universitario y lo mataron durante los primeros días de las protestas en contra del régimen orteguista. Su muerte es una de las 109 muertes investigadas por el Grupo Interdisciplinaria de Expertos Independientes (GIEI) durante su estadía en Nicaragua entre julio y diciembre de 2018.
Su asesinato se hizo viral en redes sociales porque los agresores se ensañaron con su cadáver: lo arrastraron por más de una cuadra y un día después civiles lavaron la sangre de la escena del crimen en un intento por borrar las evidencias. “El 21 de abril de 2018, mediante un video se observó a gente de civil limpiando el lugar, lo que constituyó un accionar que alteró la escena del crimen y obstaculizó seriamente la posibilidad de identificar y recoger evidencias fundamentales para el esclarecimiento del caso”, dice el informe del GIEI.
Francisca Machado sostiene una fotografía del cuerpo de su hijo Franco Valdivia. LA PRENSA/Manuel Esquivel
El último escrito que interpuso Machado ante la Fiscalía fue el 11 de julio de 2018. “Nunca me dieron respuesta. Entonces no he vuelto a presentar. La Fiscalía es de este mismo gobierno y no harán nada”.
La ansiedad por obtener justicia, dice, no la deja superar el duelo y ni siquiera entrar al cuarto que era de su hijo. “Me hace falta llegar a la verdad y la justicia, que los responsables sean castigados. Creo que eso me da más impotencia saber que los asesinos de mi hijo andan libres y las autoridades no les interesa investigar”, confiesa.
Lo mismo siente, Paula Hernández Pérez, mamá de Maycol González, de 34 años, asesinado el 30 de mayo de 2018, mientras participaba en la Marcha del Día de las Madres. “Sabemos que fue la Policía, todas las madres culpamos al gobierno, fue el asesino de nuestros hijos porque dio la orden. No podemos esperar nada de la Policía y la Fiscalía, porque son los mismos. Me duele que no hay justicia”, asegura Hernández.
Paula Hernández Pérez, mamá de Maycol González, asesinado con arma de fuego, el 30 de mayo, mientras participaba en la Madre de todas las marchas. LA PRENSA/Manuel Esquivel
Se necesita Fiscalía Especial
El exfiscal departamental Boanerge Fornos asegura que el Ministerio Público ha omitido su función de investigar, perseguir delitos y ejercer la representación de las víctimas de la violencia estatal y paraestatal contrario a la severidad, abuso y exceso en el ejercicio de la acción penal contra las personas que fueron criminalizadas por ejercer su derecho constitucional a manifestarse.
Esta situación ha generado desconfianza y falta de credibilidad en la Policía, Fiscalía y Poder Judicial en Nicaragua, por lo que los abogados de Acción Penal, quienes han representado a presos políticos y a víctimas de represión estatal, proponen tres alternativas para buscar una solución legal a la falta de credibilidad en la justicia penal actual y es la asignación de fiscales especiales, crear una Fiscalía Especial o bien crear un órgano independiente internacional.
En el marco del contexto de la crisis sociopolítica ha habido una erosión en la credibilidad de estas instituciones y nadie les cree en la labor que hacen. Para superar esta situación se requiere la creación de unidades de investigación y persecución que sean independientes y que tengan credibilidad”, dice Fornos.
Según el coordinador de Acción Penal, existe un marco legal nacional e internacional que sustenta la creación de cualquiera de estos órganos, pero debe aplicarse en un período de transición o cambio de gobierno.
Este nuevo órgano a crear sería el encargado de investigar, formular acusaciones y sostener las acusaciones en cada una de las etapas del proceso (Primera Instancia, Apelación y Recurso Extraordinario de Casación) cuando exista prueba y esté identificado el autor de los hechos acusados, respetando los derechos y garantías del debido proceso de las personas que sean investigadas y acusadas por los hechos delictivos ocurridos durante este período de crisis sociopolítica.
Límites de cada alternativa
Fornos explica que la limitantes de nombrar fiscales especiales es que deben ser nombrados por el fiscal general y en este contexto no servirían porque la actual fiscal general Ana Julia Guido está plegada al régimen orteguista y se quedaría en lo mismo.
Mientras la Fiscalía Especial necesita la aprobación de una Ley Especial para su aprobación y ahorita la Asamblea Nacional está controlada por el oficialismo. Mientras el Órgano Independiente internacional debe ser creado de común acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Cualquier alternativa elegida debe crearse en otro contexto con un nuevo gobierno democrático”, dice Fornos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe sobre Nicaragua también propone la creación de una Fiscalía Especial en su recomendación número 20 . “Con la finalidad de recuperar la confianza y la credibilidad del Ministerio Publico, y garantizar a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto una investigación pronta, independiente e imparcial de los hechos violentos ocurridos en el periodo comprendido entre el 18 de abril y 30 de mayo, así como los ocurridos con posterioridad, se recomienda con urgencia la creación de una Fiscalía Especial, integrada por miembros debidamente seleccionados por sus calidades personales y profesionales y por el reconocimiento de su autonomía e independencia…”, se lee en el informe.
Para la designación de Fiscales Especiales o Fiscalía Especial se debe tomar en cuenta las Directrices sobre la función de los fiscales establecidos en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, específicamente las relacionadas a su calificación, selección e ingreso, de tal forma que las personas designadas como fiscales especiales sean personas probas e idóneas, con formación y calificaciones adecuadas, sugiere Fornos.
Funcionarios tienen responsabilidades
Los funcionarios públicos que han contribuido a la impunidad de los crímenes ocurridos en el contexto de las protestas tienen responsabilidades penales y administrativas, explica Fornos. “Es una investigación la que debe determinar en qué grado, pero definitivamente aquí hay responsabilidades y deben investigarse y procesarse, según la responsabilidad”, dice.
Entre los delitos cometidos por funcionarios públicos están: incumplimiento de deberes, omisión del deber de perseguir delitos, entre otros.
Las pérdidas en Nicaragua han sido enormes y de todo tipo: más de 328 vidas humanas, pérdidas económicas y contables, hasta morales y sociales. Desde abril de 2018, la represión desatada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sumido al país en una agobiante racha de pérdidas y derrotas.
LA PRENSA entrevistó al sociólogo y economista Oscar René Vargas, al investigador en asuntos de defensa y seguridad Roberto Cajina y a la Red Internacional de Derechos Humanos para elaborar esta lista que reseña, a grandes rasgos, las siete grandes pérdidas del país desde el inicio de las protestas sociales en 2018 y su resistencia hasta 2019.
1. Adiós desarrollo económico
Entre los años 2007 y 2017 la economía creció, en promedio anual, 3.78 por ciento. A partir de abril 2018 la economía ha entrado en recesión con un acumulado negativo de menos 10.1 por ciento.
Desde abril 2018 hasta diciembre 2019, la economía tendrá siete trimestres y 21 meses de contracción económica. Las reformas fiscales, el aumento del precio de la energía y los combustibles y otras duras medidas económicas de la dictadura han empeorado las condiciones de vida de los ciudadanos.
De acuerdo a las proyecciones, en los años 2018 y 2019 se ha producido un incremento de la pobreza de cerca de 1.2 millones de nicaragüenses bajo la línea de la pobreza, para alcanzar niveles que existían a finales de la década de los 80, cuando uno de dos nicaragüenses vivía en estas condiciones.
Estas dos niñas, estudiantes del Distrito cinco de Managua, llegan cada día a los semáforos de El Paraisito para hacer malabares con pelotas en plena vía. Otros usan teas con fuego. LA PRENSA/ ÓSCAR NAVARRETE
2. Inestabilidad del INSS en picada
Entre el 2018 y 2019, debido a la crisis de represión que derivó en una profunda crisis económica, se desafiliaron 173,069 mil trabajadores del INSS y se destruyeron más de 417,000 empleos.
El régimen de Ortega proyecta este 2019 que el Seguro Social cierre con un déficit de 3,138.8 millones de córdobas y en 2020 con un déficit de 3,184.8 millones de córdobas, mientras cerró 2018 con un faltante de 4,333.19 millones de córdobas.
Esta serie de pérdidas forzaron a la dictadura a una brutal reforma que no ha logrado revertir la crisis del Seguro Social. Al contrario, las sanciones de Estados Unidos al presidente ejecutivo, capitán en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto López Gómez, por corrupción y lavado de dinero, han empeorado la situación de la institución.
Las finanzas del INSS cada vez más van en picada bajo la dictadura Ortega-Murillo. LA PRENSA/ J. FLORES
3. Imagen de país más seguro destrozada bajo bota policial
Antes de abril de 2018, la dictadura realizaba una campaña de mercadeo internacional por medio del slogan «Nicaragua país más seguro de Centroamérica», para atraer inversionistas y turistas, a criterio del investigador en temas de seguridad, Roberto Cajina.
Después de la sanguinaria actuación policial y parapolicial contra los manifestantes, con más de 328 víctimas mortales, miles de heridos de balas, cientos de secuestros, abusos de los derechos humanos y la aplicación de facto de un estado policial, aquella campaña ha quedado hecha añicos y la imagen policial más degradada que nunca en la historia del país.
Los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2018 y 2019, más los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que achacó crímenes de lesa humanidad a la dictadura y sus funcionarios, a criterio de Cajina, enterró para siempre a nivel nacional e internacional la credibilidad policial y la imagen país.
Esta situación se evidencia en el siguiente dato: el director de la policía Francisco Díaz Madriz ha sido sancionado por Estados Unidos y Canadá por violación de derechos humanos, junto al subdirector, Ramón Avellán Medal, a quien específicamente le achacan la aterradora cifra de 107 personas asesinadas.
La reforma al INSS ha causado protesta a nivel nacional. LAPRENSA/ARCHIVO
4. Torturador de los derechos humanos
Antes de abril de 2018, Nicaragua aun guardaba ante la comunidad internacional una cuestionada y cada día más deteriorada imagen de país respetuoso de los derechos humanos. Sin embargo, la matanza de más de 328 personas desde abril de 2018, la violación masiva y sistemática de los derechos humanos más elementales de los nicaragüenses y la enfermiza negación de tales abusos, han colocado la imagen del país ante el mundo como uno de los más déspotas y violentos regímenes contra su propio pueblo.
Las condenas consecutivas en 2018 y 2018 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, más las declaraciones a granel de cientos de organizaciones de derechos humanos, defensores, personajes y países, han desnudado las políticas de abusos contra los derechos humanos que aplica la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Estas políticas de terror estatal han provocado hasta la degradación internacional de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que en esencia debería ser independiente, pero que bajo la dictadura se volvió un instrumento más para negar los derechos humanos a los nicaragüenses.
Un joven pone una flor sobre el joven Ezequiel Gamaliel Leiva, de 26 años de edad, durante su entierro en el cementerio «Milagro de Dios», a las afueras de Managua (Nicaragua) el pasado 18 de septiembre de 2018. LA PRENSA/ EFE
5. Ortega y Murillo, parias internacionales
Si al inicio de 2018 la dictadura de Ortega y Murillo gozaba de alguna mínima credibilidad internacional, después del 18 de abril de 2018 y hasta la fecha, han perdido todo reconocimiento diplomático y junto a Cuba y Venezuela, se han convertido en gobiernos parias ante la comunidad internacional.
Después de abril 2018, el discurso del régimen sobre el “fallido golpe de estado” y las múltiples negaciones sobre la existencia de los paramilitares, parapoliciales y paraestatales en la represión cotidiana ha perdido toda credibilidad ante la abrumadora mayoría de los medios de comunicación internacional, así como en las cancillerías de la mayoría de gobiernos latinoamericanos y europeos representados en los foros internaciones como ONU, OEA, UE.
Perdieron hasta la imagen de «izquierda» ante la Internacional Socialista, que expulsó al FSLN de sus filas y todo ello ha alejado la cooperación internacional del país.
Daniel Ortega junto a Rosario Murillo. LA PRENSA/ARCHIVO
6. Azote de la libertad de expresión
El asesinato de un periodista en abril de 2018, el exilio forzado de decenas, la cárcel a varios periodistas, la invasión, asalto, destrucción y robo a los edificios de varios medios de comunicación, más el asedio, acoso y censura contra los medios de comunicación independientes que han sobrevivido, colocan a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la vitrina de los peores regímenes en el continente en materia de libertad de expresión y libertad de prensa.
Bajo sus políticas de represión contra los medios, han cerrado varios periódicos y radioemisoras, mientras mantiene el bloqueo aduanero a LA PRENSA desde hace 63 semanas.
Mientras Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau siguen en la cárcel, el canal 100% Noticias está cerrado, en manos de la Policía Orteguista. LAPRENSA/ARCHIVO
7. Turismo en fuga
Un Informe del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) detalla que en el 2018 se cerraron 123 establecimientos de alojamiento turísticos debido a la crisis sociopolítica generada por la represión; en consecuencia, hay 977 habitaciones menos y 1,742 camas que ya no están disponibles.
Ahora (2019) hay 360 hoteles inferior a los 388 en el 2017. La crisis obligó, además, al cierre de al menos 800 restaurantes y muchos países mantienen las alertas de viaje a Nicaragua, debido a la presencia de parapolicías, policías y fanáticos del régimen asolando en los sitios públicos y privados, lo cual ha alejado no solo a los turistas, sino también a los inversionistas.
Las bandas de parapolicías y fanáticos de la dictadura, que asolan en todo el país, han incidido en la fuga de turistas en Nicaragua. LA PRENSA/ARCHIVO
![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)
